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La profesionalización del ejército: el fracaso de nunca acabar

Sección:Documental
Jueves 24 de marzo de 2005 0 comentario(s) 3957 visita(s)

MISERIAS Y DESVENTURAS DEL EJÉRCITO PROFESIONAL: A LA CAZA DE MUJERES E INMIGRANTES

Fernando Hernández Holgado

La profesionalización del ejército como fracaso

Sabido es que el bombardeo mediático desencadenado a raíz de los recientes acontecimientos del doble atentado de Nueva York y Washington, más la campaña militar en Afganistán, ha tenido el efecto -intencionado según los casos- de desplazar a un segundo plano de la agenda informativa varios asuntos que, en circunstancias normales, habrían sido merecedores de la atención del público. Uno de ellos, de no poca trascendencia, ha sido el del fracaso del plan de profesionalización del ejército diseñado por el gobierno Aznar en 1996, algo reconocido por el propio gobierno aunque con la boca pequeña. El 10 de octubre del año pasado, el subsecretario de Defensa admitió resignado que las fuerzas armadas españolas solo podrían contar para finales de año, coincidiendo con la desaparición de la mili, solamente con 80.000 soldados profesionales, frente al objetivo mínimo recogido en la Ley de Régimen de Personal Militar de 1999 que daba una horquilla de entre 102.000 y 120.000. La diferencia entre lo que querían y lo que han conseguido -unos 40.000 soldados profesionales, el 50% de los existentes en la actualidad- no es poca.

El fracaso estaba anunciado, sin embargo, por mucho que les costara admitirlo. Ya la primera convocatoria de tropa profesional del año 2001 tuvo aun menos éxito que la del año anterior: solo 6.000 jóvenes para 5.500 plazas. Un dato muy significativo, que coincidía con el bombardeo mediático acerca del doble atentado y la vulnerabilidad del Coloso del Norte, fue el de la renuncia del ministro Trillo a seguir reclutando a hijos de antiguos emigrantes españoles en América Latina para su nuevo ejército. El escándalo, pese a que Defensa intentó minimizarlo, estalló a finales de octubre. El ministro daba carpetazo así a una experiencia de ambiciosa cobertura informativa iniciada a principios de año, consistente en reclutar a hijos de emigrantes españoles que gozaran de la doble nacionalidad. De los más de 20.000 hombres y mujeres con los que Defensa contactó en Argentina y Uruguay, solamente se alistaron unos trescientos. El plan original calculaba un aporte para el nuevo ejército profesional de unos 15.000 soldados de doble nacionalidad -un 15% del total previsto- pero los resultados fueron muy distintos: de los 304 que lograron pasar las pruebas de selección y alistarse, medio centenar abandonó el ejército a las pocas semanas de haber llegado. El argumento más utilizado por estos jóvenes fue que las expectativas creadas -por los propagandistas del ejército profesional desplazados a esos países- no se correspondían con la realidad. Y entre los factores del abandono del proyecto se cuenta también el fuerte debate generado en los medios de comunicación de Argentina -coincidiendo con la crisis en aerolíneas- que argumentaron que el alistamiento de sus jóvenes en un ejército extranjero era contrario a los intereses nacionales. El ex-Defensor del Pueblo, Adolfo Cartañá, llegó incluso a querellarse en la Corte Suprema contra el gobierno argentino y contra funcionarios del Ministerio de Defensa español, afirmando que su iniciativa dañaba «el sistema de lealtades que el ciudadano tiene respecto a su bandera».

La idea de reclutar inmigrantes

Menos mal que la campaña fue interrumpida a tiempo, porque podemos imaginarnos cómo habría sido recibida en estos días, cuando el saqueo del patrimonio estatal argentino a manos de las multinacionales españolas es un hecho cotidianamente denunciado y protestado por una población justamente indignada. La campaña concreta para reclutar a los hijos de emigrantes españoles en América Latina terminó en octubre del año pasado -ni siquiera llegó a cumplir los doce meses- pero ante el fracaso evidente de los planes de profesionalización el gobierno comenzó a elaborar un plan para reclutar a inmigrantes extranjeros que residieran legalmente en territorio español. El plan saltó a la prensa en forma de globo sonda durante la primavera del año pasado, y recientemente, ya como proyecto de ley, ha sido aprobado en el mismo consejo de ministros que acordó la eliminación del delito de insumisión de los Códigos Penal y Militar (1-2-2002). Recordemos brevemente la secuencia de los hechos.

En marzo de 2001 trascendió a la prensa un informe de la Dirección General de Reclutamiento que proponía la contratación de hasta 2.000 inmigrantes al año para «paliar el déficit de reclutamiento de nacionales», que por aquellas fechas estaba padeciendo el naciente ejército profesional en toda su intensidad/1. Pero el discurso esgrimido procuraba no tanto incidir en estas carencias como «mostrar a las Fuerzas Armadas como una institución que realiza una integración social y profesional» de los inmigrantes. A la luz de lo ocurrido posteriormente, no resulta difícil imaginar el calvario que debían de estar padeciendo los responsables de la Dirección General de Reclutamiento, al asistir con creciente desolación al descenso en picado del número de aspirantes que acompañaba a cada convocatoria. Pero merece la pena detenerse en algunos de los detalles del plan propuesto. Uno de ellos, no poco significativo, es el que limitaba el reclutamiento de extranjeros a «ciudadanos de países hispanoamericanos», bien entendido que el hecho de compartir una misma lengua y religión» con los españoles reduciría las posibilidades de que se produjeran «problemas significativos de integración cultural». La formulación última del plan ha ratificado esta pretensión, ya que la nueva ley solamente será aplicable a «los ciudadanos de países con especiales y tradicionales vínculos históricos y lingüísticos con España» /2. Resulta evidente que la campaña iniciada poco tiempo atrás para el reclutamiento de hijos de emigrantes españoles en Latinoamérica se insertaba en esta línea de trabajo, cuyo fracaso se supone que habrá hecho reflexionar a las autoridades correspondientes.

Otro detalle del plan es el de la limitación de la entrada de inmigrantes a unidades determinadas «con personalidad propia, capaces de inculcar a sus componentes tradición y espíritu específicos». Esto es, unidades especiales como la Legión -de rancia tradición en la acogida de extranjeros-, las brigadas de paracaidistas o la infantería de marina, cuerpos todos ellos que tendrían mayores posibilidades de entrar en acción en cualquiera de los operativos militares en el exterior del tipo de los que se han venido realizando durante los últimos años -desde Bosnia-Herzegovina hasta Afganistán- y que quedarían por tanto expuestos a sufrir una mayor cantidad de bajas.

Una imagen de progresía

Rasgos como estos aparte, resulta particularmente interesante analizar el presunto discurso progresista esgrimido por el Ministerio de Defensa acerca de la «integración social y profesional» de los inmigrantes, aunque sólo sea por el contraste que presenta en apariencia con la política inmigratoria gubernamental y especialmente con la actual Ley de Extranjería, que no sólo excluye y discrimina a los inmigrantes «ilegales», sino que pende también como una amenazadora losa sobre los «legales». Dicho discurso evoca de inmediato otra decisión «progresista» tomada recientemente por Defensa, como fue y sigue siendo la de promover la incorporación de mujeres al nuevo ejército profesional en todas las unidades de tropa. Habrá que empezar por recordar que tal política no se ha venido impulsando por un reconocimiento previo de falta de efectivos masculinos suficientes -un problema real y grave que el ministerio nunca ha admitido abierta y humildemente- sino con la presuntamente altruista voluntad de superar situaciones de discriminación laboral por razón de género.

Todo indica que en ambos casos, con las mujeres y los inmigrantes, se ha proyectado un discurso -y por tanto una imagen de ese ejército que nos quieren vender- definido esencialmente por la «igualdad de oportunidades», rasgo por antonomasia de todo pensamiento «avanzado» : que tanto unas como otros puedan acceder a un espacio social que tradicionalmente hasta entonces les había sido prohibido. Con ello, el ejército ha pretendido sacudirse el rancio e impopular lastre de su propio pasado para pasar a proyectar una imagen de progresía, atajando cualquier atisbo de crítica hacia estas medidas que, según este mismo discurso, pecarían de sexistas cuando no de racistas. Maniobra de indudable sagacidad, ya que precisamente la institución epítome de todo comportamiento autoritario, violento, excluyente y sexista se ha presentado en público como una institución modernizada, avanzada en lo social y sensible a las cuestiones de discriminación y exclusión. Un cebo bellamente adornado para atraer a los anhelados aspirantes a la tropa profesional, legitimarse de paso ante la ciudadanía y justificar el aumento del gasto militar que se nos viene encima.

Pero es rascando esta seductora imagen y este impecable discurso cuando se perciben su naturaleza y sus propósitos. La integración en curso de las mujeres en las unidades de tropa del ejército profesional ha venido determinada por dos factores que, con el tiempo, se han revelado de manera palmaria: la escasez de aspirantes masculinos y la rentable posibilidad de instrumentalizar la imagen de las mujeres para legitimar el proyecto de profesionalización. Si el creciente cupo de mujeres incorporadas ha servido para amortiguar, aunque de manera casi insignificante, el fracaso de las sucesivas convocatorias de tropa, la insistente utilización de su imagen ha respondido cabalmente al objetivo de «embellecer» y hacer más atractivo ese nuevo ejército profesional. No hay más que revisar la publicidad al uso, en la que tantos millones se ha gastado Defensa, para encontrar una abrumadora presencia de imágenes femeninas que no se corresponde con el porcentaje real de mujeres incorporadas a las diversas unidades del ejército, por debajo de un 5% de los efectivos. La imagen de las mujeres, irónicamente, ha servido de cebo para atraer a unos potenciales soldados mayoritariamente masculinos, y sobre todo para maquillar la imagen de las nuevas fuerzas armadas. Instrumentalización de cuerpos e imágenes: en eso ha consistido la política del ministerio hacia las mujeres, reflejando con fidelidad, lejos de combatirla, la situación general de discriminación que socialmente siguen padeciendo.

Mujeres e inmigrantes en el nuevo ejército profesional

Es precisamente aquí donde estalla la analogía de las mujeres y los inmigrantes. Ambos no son, para los intereses del ministerio de Defensa, más que instrumentos subsidiarios aunque útiles para su política. Detrás de un discurso también presuntamente integrador, el inmigrante de nacionalidad extranjera que en un futuro sea reclutado servirá al terrenal y prosaico interés de cubrir aquel margen de plazas que no hayan alcanzado a llenar los «aspirantes nacionales» : la zanahoria, en este caso, no será otra que el acceso a la propia nacionalidad española. Si al mismo tiempo la medida se presenta adornada de tintes igualitarios, y se procura corregir la perversa imagen proyectada por la política migratoria del gobierno, mejor que mejor. Por lo demás, según reza la ley en trámite de aprobación, en el nuevo ejército profesional sólo tendrán cabida los inmigrantes de la misma comunidad cultural que la nuestra, definida esencialmente por la lengua castellana y la religión católica. Con lo que, en teoría, sólo los ciudadanos latinoamericanos católicos podrán optar a integrarse en determinadas unidades. Bonita lección la que nos daría en ese caso el gobierno con una medida de tintes tan etnocéntricos. A su lado, la Legión fundada por Millán Astray en 1920, que en buena parte se nutría de mercenarios magrebíes y subsaharianos, casi parecería un prodigio de multiculturalidad. Lo irónico de la situación es que, a fecha actual, nada menos que la cuarta parte de las tropas desplegadas en Ceuta y Melilla -un total de 4.500- son españoles de origen marroquí, en su gran mayoría de religión musulmana, en un porcentaje que aumenta sin cesar y que ya ha empezado a inquietar a los mandos militares/3. La mayor parte son hijos de marroquíes que gozan de la nacionalidad española y que, por razones socioeconómicas, tienden a engrosar las filas del ejército en mayor proporción que la de otros ciudadanos.

En suma, y teniendo en cuenta que la manipulación descarada no viene a ser más que una inteligente y sutil forma de exclusión, el resultado es que el Ejército con mayúsculas, como institución, no sólo no deja de excluir a mujeres e inmigrantes -en correspondencia con lo que ocurre a nivel general en la actual sociedad española- sino que los instrumentaliza para sus fines disimulando y escamoteando de paso esas mismas formas de exclusión. Para ese Ejército, mujeres e inmigrantes son simples objetos de una lógica instrumental y manipuladora, patriarcal a la vez que etnocéntrica. Una lógica que tradicionalmente ha sometido y excluido a las mujeres -un «colectivo» que abarca a más de la mitad de los seres humanos del planeta- y a los no-ciudadanos, a los diferentes, al Otro en términos culturales, al que no comparte los valores culturales oficiales y dominantes. Una lógica que encuentra su más acabada síntesis simbólica en la institución militar y en el discurso que la envuelve y justifica. Mujeres e inmigrantes quedan así hermanados, siguiendo una tradición secular, por un común destino de sometimiento y manipulación. O al menos eso es lo que pretenden los que nos gobiernan. Ya veremos si lo consiguen.

Notas

1. «Defensa planea reclutar 2.000 inmigrantes anuales ’para paliar el déficit’ de soldados», El País, 20.3.2001.

2. «El Ejecutivo aprueba el acceso de los inmigrantes en el Ejército», El País, 2.2.2002.

3. «La cuarta parte de las tropas desplegadas en Ceuta y Melilla son ya de origen marroquí», El País, 31.10.2001.


[Publicado en la revista electrónica Pimienta Negra, el 9 de marzo de 2002]

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