Paramilitarismo, herramienta de Estado: El caso Colombia

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Desde 1977 un fantasma rondaba en el ambiente social de Colombia. Frecuentemente se atribuía atentados terroristas identificándose solamente con esa sigla, AAA, que hacía pensar inmediatamente en escuadrones de la muerte de Brasil y en Argentina, al amparo de dictaduras militares de “seguridad nacional”

Orígenes del paramilitarismo

En 1977, por ejemplo, fueron colocadas bombas explosivas en la revista Alternativa, en el diario El Bogotano y en el semanario Voz Proletaria, hechos que reivindicó la “Triple A” (“Acción Anticomunista Americana”). En 1978 el abogado José Manuel Martínez Quiroz, militante político del ELN fue secretamente capturado luego de haber cumplido una condena legal y luego su cuerpo fue hallado horriblemente torturado y mutilado, comprobándose la autoría de un escuadrón secreto de inteligencia militar.

En 1979 desapareció el estudiante universitario y militante de la izquierda política Claudio Medina y por esos mismos meses, en Tunja, el estudiante de Ingeniería Hernando Benítez López fue mantenido por varias semanas ilegalmente retenido por agentes secretos del ejército, provocando una fuerte protesta estudiantil que tomó la catedral de Tunja.

Denuncia

Estos y otros muchos hechos de violencia se aclararon cuando el 20 de julio de 1980, cinco integrantes del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, del ejército nacional, denunciaron ante el Presidente de la República, el Procurador General de la Nación, el Parlamento, la Organización de Estados Americanos y diversos organismos de Derechos Humanos, la constitución del grupo terrorista paramilitar llamado «TRIPLE A», por parte de la Comandancia de dicho Batallón. Esta denuncia fue publicada en el diario mejicano EL DIA, del 29 de noviembre de 1980 (pg.16).

En su denuncia los militares afirman que todos ellos son «funcionarios al servicio de la Inteligencia Militar desde hace varios años (...) a quienes precisamente el ejército al cual servimos por tantos años con decisión y sacrificio, haciendo cosas ilícitas, realizando delitos por órdenes superiores, que van desde el secuestro, torturas, terrorismo, hasta el asesinato para defender dizque al Estado, y hoy en día perseguidos por esos superiores que ordenaron hacer tales cosas».

Entre los hechos allí denunciados están: colocar letreros murales alusivos a la Triple A, empleando una moto del batallón; colocar artefactos explosivos en la sede de la revista Alternativa y de los periódicos El Bogotano y Voz Proletaria; hacer seguimientos, retener, torturar y asesinar al abogado José Manuel Martínez Quiroz, militante del ELN; secuestrar al estudiante de Tunja Hernando Benítez López; torturar y asesinar al estudiante Claudio Medina, torturar a numerosos militantes del M-19 en una caverna de la Escuela de Comunicaciones del Ejército en Facatativá.

Entre quienes dirigían la estructura criminal y ordenaban perpetrar los crímenes, mencionan al Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro, comandante del Batallón (1978/79); al Teniente Coronel Jaime Ruiz Barrera, comandante del Batallón (1979/80); a otro comandante (no mencionan rango) Humberto Cardona Orozco; al capitán, luego Mayor, Iván Ramírez Quintero, jefe de operaciones del Batallón; al Teniente Felkin Pinilla Reyes (+); al Cabo Primero Ernesto Rivera; al Sargento Viceprimero Heriberto Ochoa Gómez; al militar retirado Jorge Florez Suárez; al Capitán, luego Mayor, Alvaro Hurtado; al Mayor Augusto Bejarano Bernal; al Sargento Viceprimero Héctor Evelio Guisoly; al Teniente Mario Montoya Uribe; al Capitán Luis Horacio Urquijo Arroyo; al Teniente Juan Vicente Caldas Trujillo; a un Sargento Primero apodado «Pacho Bobo»; al Sargento Francisco Mora Valbuena; a un agente civil de apellido Parra; al Capitán Eusebio Pineda; al Capitán Mariano Guzmán; a los civiles Luis Gerardo Angel Tovar, Manuel Ignacio Ardila y Jorge E. Padilla (todos al servicio del Batallón); al Mayor Jaime Piñeros Rubio; al Sargento Mayor José Vicente Arango; al Sargento Primero Juan Evangelista Vera; al Sargento Viceprimero.

La “Triple A”

Rafael Ochoa; al Sargento Segundo Rubén Darío Guzmán. Mencionan como colaborador especial que daba apariencia legal a estos crímenes al Juez 3 de Instrucción Criminal, Luis Eduardo López Zuluaga.

También menciona la denuncia la interceptación de los teléfonos de las embajadas socialistas y el seguimiento permanente a sus funcionarios, para lo cual contaban con la colaboración del ingeniero de la Empresa de Teléfonos llamado Gabriel, a quien sobornaban mensualmente con un pago de $ 5.000,oo.

Varios de los oficiales mencionados en la denuncia ascendieron posteriormente a los más altos rangos de las fuerzas armadas y les fueron encomendadas las más altas responsabilidades castrenses. No se tiene noticia de que los destinatarios de las denuncia (Presidente, Procurador, Parlamento) hubiesen ordenado investigación alguna, ni que los poderes judiciales o disciplinarios hubiesen ejercido sus obligaciones ante una denuncia conocida internacionalmente.

Los relatos de denuncia que contiene dicho documento son muy concretos y podían haber sido verificados fácilmente por funcionarios judiciales que hubieran querido cumplir sus deberes. Así, por ejemplo, se narra la desaparición del estudiante Claudio Medina:

«Medina, sindicado de pertenecer al Movimiento de Defensa Obrera, en el mes de enero de 1979 cuando se realizaba una operación paralela a la que se realizaba contra el M-19 fue capturado por parte del Teniente Juan Vicente Caldas Trujillo, el SV Pineda Eusebio, Co. Guzmán Mariano y el civil al servicio del Batallón, Luis Gerardo Angel, y conducido al llamado Bunker o Caverna de la Escuela de Comunicaciones, donde fue torturado hasta tal extremo que le pasaron un pico de botella por las venas hasta que lo asesinaron. El Teniente Caldas ante el incidente por causa del exceso de tortura informó al comandante del Batallón, Teniente Coronel Jaime Ruiz Barrera quien con su instinto sanguinario ordenó al Teniente Caldas hacer desaparecer el cadáver de Claudio Medina ofreciendo para esta actividad el vehículo Renault 6 en el cual el Coronel se movilizaba, la suma de diez mil pesos para gastos, más la promesa de que nada les pasaría jurídicamente y esto no tendría trascendencia.

El cadáver fue transportado en el Ranault-6 del Comandante del Batallón hasta Armero y lanzado al río Magdalena. Para quitar el olor a sangre que había quedado en el baúl del auto, los ejecutores del hecho se vieron en la necesidad de comprar pescado y trasportarlo hasta Bogotá, para disimular».

Esta forma de paramilitarismo en la que son los mismos militares los que se cubren bajo la sombra de delincuentes comunes para poder ejecutar modalidades de represión política, no se diferencia en sus parámetros esenciales de la forma que será más rutinaria en los años siguientes, consistente en la utilización de civiles que usan ropaje militar para lograr los mismos objetivos.

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