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Apuntes para una estrategia: el Ni Casco Ni Uniforme y el MOC de Chile ante la nueva ley de SMO (20.045)

Preparandonos para la acción

Sección:Objeción de conciencia
Miércoles 19 de abril de 2006 2 comentario(s) 3634 visita(s)

“FIN DEL SERVICIO MILITAR Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA SIN RESTRICCIONES AHORA. INSUMISIÓN”

1.- Introducción
La presente Estrategia para enfrentar el nuevo escenario del SMO (ley 20.045) y del militarismo en Chile se construyó a lo largo de una serie de discusiones y encuentros que, a contar de la puesta en práctica de la nueva ley los primeros días de abril de 2006, hemos sostenido para ajustar un planteamiento que desde bastante tiempo atrás, estaba diseñado en lo grueso. En efecto, la discusión acerca de cómo enfrentar los cambios al servicio militar y la aplicación de los resultados de esas discusiones se remontan a la raíz misma de esos cambios, es decir, los años 1997 y 1998.

Esos cambios adquieren estatura política y carácter legal a partir del Foro Nacional sobre Servicio Militar Obligatorio del 2000. Allí mismo, y de acuerdo a la práctica antimilitarista de la Insumisión en Chile, fuimos delineando la respuesta a los cambios del servicio militar, cuyos objetivos eran (y siguen siendo): Relegitimar el SMO luego del crimen de pedro Soto Tapia y los múltiples “accidentes” y muertes que en el ocurrían. Relegitimar a las FFAA producto de lo anterior. Justificar entrega de recursos estatales para cierta función “social” de las FFAA vía SMO. Deslegitimar la opinión crítica a las FFAA, a la política de Defensa y, en particular, deslegitimar y quitar peso específico a la acción del movimiento de Objeción de Conciencia.

La respuesta del antimilitarismo a este accionar militarista fue: denunciar el abandono de un derecho humano por parte de una serie de gobiernos nacidos con el supuesto de la lucha por el respeto de los DDHH; denunciar lo insustancial de los cambios en el SMO en tanto proseguían (y era predecible su prosecución en el tiempo) los “accidentes” y muertes sospechosas de conscriptos en el SMO, además del carácter publicitario de su acción “social” (nivelación escolar, prevención del consumo de drogas, capacitación laboral, etc.) y específicamente denunciando la continuidad del carácter de carga racial y de “clase” del SMO en tanto era un impuesto que pagaban preferentemente los pobres y morenos de Chile.

Por otra parte se asumió y continuó a plenitud con la estrategia de resistencia y desobediencia civil e insumisión al servicio militar, es decir, con la no participación absoluta en el proceso de SMO: el llamado a la NO INSCRIPCION. Esta definición (la INSUMISIÓN) venía siendo asumida desde el momento mismo de constituirse el Ni Casco Ni Uniforme -NCNU- (mayo-julio 1997), recogiendo la experiencia del antimilitarismo anterior (Asamblea Antilimilitarista, Colico, Bloque Negro, AIT-SCH, GIC, JAM, etc) y en su adopción le cupo especial participación al primer grupo de objetores declarados, en particular al fallecido Cris Sahlí.

Ante el intento de manejar la creciente impopularidad del SMO el eje Concertación (gobierno)-Ejército (FFAA) a través de la política de “voluntarización”, el Antimilitarismo en Chile y en particular el NCNU intentó responder ampliando la insumisión a través una política de alianzas que resultó, a la larga, si no perjudicial, errática: intentamos fortalecer la “Red de OC”- Chile aún a sabiendas el anti-anarquismo militante de esas ong’s marxistas, eclesiales y legalistas y de su mirada estrictamente utilitaria de las organizaciones sociales de base. Con todo, logramos que asumieran el llamado a NO Inscripción, aunque esto fue por corto tiempo en tanto servía para justificar los proyectos que alimentaban su burocracia con dineros que solicitaban por un accionar en el ámbito de la OC que en la práctica realizaba el NCNU. Esta situación se daba a espaldas nuestras y de todos/as los/as insumiso/as.

El eje gobierno-ejército por otro lado ahondó esta fractura interesando a la ROC en una labor de lobby durante el largo proceso de discusión parlamentaria de la Ley 20.045 (nueva ley de SMO). La ROC adquirió entonces su verdadera cara: una oficina de lobby y comunicación política entre sectores de la izquierda extraparlamentaria y el gobierno.

El quiebre entre el NCNU y la ROC fue claro y radical: descubrimos las trapacerías económicas que realizaban utilizando nuestro accionar y por otro lado denunciamos con justeza una política de lobby que terminaría liquidando el derecho de objeción de conciencia. Y no nos equivocamos.

La ROC en su afán de instalarse como interlocutor del gobierno y el parlamento en el tema SMO, durante el período que se inició a nuestra salida de esa instancia (2001) terminó claudicando hasta del nombre del Derecho de Objeción de Conciencia (lo llamó “inaptitud ética”), antes de llegar a eso, había claudicado ya del contenido de la OC (para ser objetor había que presentar un “certificado” emitido por iglesias y ong’s, se debía pasar ante un “tribunal de conciencia” y la OC no tendría validez en caso de guerra). Esta actitud entreguista y claudicante de la ROC se vio fortalecida por dos hechos: el acercamiento político entre la izquierda extraparlamentaria y la Concertación por la elección presidencial en segunda vuelta 2005-2006 de Michelle Bachelet y la llegada a Chile, previamente, de Cascos Blancos italianos vía la Comunidad Católica Juan XXIII, quienes facilitaron recursos y experticia en lobby y negociación política a los funcionarios “objetores” de la ROC. Esta descarada intervención política significó el fin de la ROC.

El antimilitarismo tuvo que enfrentar pues dos grandes complicaciones en su accionar: la labor propia del militarismo y el gobierno, y la labor disolvente de la ROC. Para responder a ello emprendimos con mayor énfasis la apuesta por la autonomía, la acción directa, el trabajo de base, el internacionalismo insumiso y la insumisión. Adquirimos local propio, realizamos cursos, talleres y entrenamientos exitosos, participamos en encuentros y redes internacionales, logramos darle un giro antimilitarista a la Red Latinoamericana de OC (ROLC) convirtiéndola en la CLAOC (coordinadora antimilitarista latinoamericana de OC).

Logramos llegar a más gente. Pero no pudimos sostener el ritmo; el equipo de gente comprometido con la gestión no sólo no creció sino que se redujo, el mantenimiento del local no se sostuvo sino que al contrario, en honor a la realidad, debimos dejarlo. El crecimiento del anarquismo en Chile se tradujo, paradójicamente, en una merma del antimilitarismo organizado. Por otro lado una concepción un tanto asistencialista del apoyo que dábamos a la gente que pasaba por el conflicto del SMO nos produjo una crisis interna, la relación con la IRG en tanto nos trajo otra peor pues puso en aprietos nuestra apuesta histórica por un proyecto asambleario y de rotación en las representaciones. A fines de 2004, por lo menos, el NCNU era un fantasma que no rondaba nada, salvo el esfuerzo de un puñado de insumisos/as.

El año 2005 nos pilló en un sostenido esfuerzo por reconstruirnos. La discusión parlamentaria sobre la nueva ley de SMO se cerraba con 45 cadáveres rondándola: en mayo de ese año se produjo la matanza de Antuco. A ello pudimos, con limitaciones, responder: se levantó una Plataforma Amplia por el fin del SM que realizó numerosas acciones boicoteadas y reprimidas por el gobierno. Con todo estuvimos ahí y no cejamos en nuestro empeño de recomponernos.

Para 2006 estábamos ya en plena recuperación: logramos levantar cursos y talleres, realizamos acciones directas en función de Antuco logrando afianzar lazos con los organizados familiares de las víctimas; ante todo preparamos una preplanificación para enfrentar la nueva ley de SMO a nivel de MOC Chile

A partir del reconocimiento práctico (no mediático) del fracaso de la política de “voluntarización del SMO” que realizaron, primero el gobierno (a través de la propuesta electoral de Michelle Bachelet) y luego el propio ejército, como ya lo explicamos en el texto “La situación del SMO, la OC y La Insumisión 2006: propuestas para la acción” , el eje Concertación-FFAA se ha lanzado a la tarea de manejar la crisis y convertir el fracaso en una oportunidad. La “voluntarización” se ha convertido en un paso a la “profesionalización” y “feminización” del Servicio Militar. Han desplegado, para ello, nuevamente una potente labor mediática, publicitaria y política para asegurar el respaldo de la prensa, de los partidos políticos y de la así llamada “sociedad civil”: es decir la burocracia oenegística. La idea es asegurar que no solamente no se discuta el incremento exponencial del gasto militar que significará el pago de sueldos a los soldados profesionales -un “soldado” pasará de costar 26.000 pesos reales hoy, a 200.000 pesos reales en un periodo de no más de tres años-, sino que se apoye incondicionalmente un largo y a esta altura permanente proceso de “modernización”,

La incorporación masiva de mujeres al SMO dará también un matiz “igualitario” a este “nuevo” Ejército que sigue comprometido con la vieja impunidad a los crímenes y criminales no sólo de la dictadura de Pinochet, sino también de la gestión de este como Comandante en jefe del Ejército hasta 1998, donde operó como jefe de una mafia de traficantes de armas.

El compromiso gobierno-FFAA no es sólo el hecho de tener una Ministra de Defensa, es también la entrega de conocimiento real del ejercicio de la guerra que la izquierda está entregando (uno de los subsecretarios, socialista, del Ministerio de Defensa fue comandante sandinista) y la plena aceptación de la agenda armamentista de las FFAA (compra de F-16, fragatas, tanques, submarinos, “humvees”). El nuevo escenario planteado al antimilitarismo implica revertir una situación complicada en tanto el compromiso de mantener a las fuerzas armadas contentas no ha sido adquirido exclusivamente por los partidos políticos sino también por la así llamada “sociedad civil”.

En este sentido se trata, para nosotres, de desarticular la operación de silencio y aceptación que hay sobre el incremento sostenido del gasto militar, sobre la “relegitimación” de las FFAA, la “feminización” y “profesionalización” de las FFAA y sobre la “internacionalización” de los compromisos militares de Chile (mantenimiento de tropas en Haití, participación bajo paraguas ONU en operaciones fuera del continente americano), Este compromiso del gobierno encuentra apoyo, con detalles de los partidos y juventudes políticas de la Concertación y también de los partidos de la izquierda extra-parlamentaria (PH; PC; IC) y sus juventudes políticas y especialmente sobre la impunidad ante la matanza de Antuco y todas las muertes del SMO..Podemos decir, que sólo tendremos recepción amable en el ámbito anarquista libertario para enfrentar socialmente el complicado escenario que el nuevo militarismo presenta, especialmente si cuenta con la excusa de un conflicto con Perú o Bolivia, escenario que los militaristas de los tres países se encargan de alimentar, en tanto sirve para justificar aumento tras aumento del gasto militar, su necesidad e influencia

Se trata, entonces, de interrumpir ese proceso permanente de militarización social mediante una estrategia que pasa por fortalecer el movimiento antimilitarista, insumiso de Objeción de Conciencia en Chile y Latinoamérica, procurando enriquecer tanto en recursos materiales y humanos como en conocimientos y formación a los diversos goc’s autónomos y asamblearios de Chile y América Latina. Se trata por supuesto también de lograr el reconocimiento social del derecho de Objeción de Conciencia mediante la Insumisión y la acción directa.

Pelao Carvallo

Abril 2006

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Comentarios


  • Apuntes para una estrategia: el Ni Casco Ni Uniforme y el MOC de Chile ante la nueva ley de SMO (20.045)

    19 de abril de 2006, por David

    Es interesantísimo todo el proceso que se está dando en Chile, ¡¡¡mantenednos informados!!!

    Salud




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