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Paul Kennedy: La amenaza del tráfico mundial de armas pequeñas

Paul Kennedy: La amenaza del tráfico mundial de armas pequeñas

Estamos muy familiarizados -gracias al tamborileo de escenarios
terribles servidos a diario por la Casa Blanca y el Pentágono- con esa
atroz amenaza de las «armas de destrucción masiva», esas cosas
espeluznantes y bestiales que envenenarían o devastarían nuestros
paisajes con sustancias químicas, biológicas o nucleares.

(...)

Hoy en día existe una red mundial en la sombra pero
extraordinariamente organizada de fabricantes de armas, agentes de
compra, intermediarios, transportistas, bancos aquiescentes y aerolíneas
de transporte delictivas dispuestas a evadir las sanciones.

Debido a la forma en que se cargan y descargan las mercancías
transportadas en contenedores, la tarea de vigilar las ventas ilegales
es aún más difícil que antes; y la venta de cientos, si no de miles, de
aviones de transporte Antonov rusos desde 1991 ha dado a los
contrabandistas mucha más flexibilidad. No son bombarderos B-52, pero
resultan extremadamente útiles cuando uno necesita enviar paquetes de
munición para ametralladoras y proyectiles de mortero de Zimbabue a Sudán.

Todo este tráfico discurre paralelamente al denominado comercio legal de
armas, es decir, la compraventa de sistemas armamentísticos aprobada por
los propios Gobiernos, muchos de los cuales conceden favores especiales
a este sector de la industria, prestan su apoyo a prestigiosas
exhibiciones aéreas (París, Farnborough) y ferias de armas, y envían
ministros al extranjero para que fomenten las ventas.

El problema a este respecto es que algunos Gobiernos son mucho más
estrictos que otros en los controles de exportaciones, la concesión de
licencias y el cumplimiento de las sanciones del Consejo de Seguridad.
Para ciertos regímenes (Egipto, Rusia), las exportaciones de armas se
han convertido en una fuente vital para obtener divisas fuertes; para
otros (China, Israel), es un sistema para comprar influencias en el
extranjero.

Por último, en este ámbito, la comunidad mundial carece de tratados
internacionales y estructuras de vigilancia similares a los creados para
las armas nucleares a través del Tratado de No Proliferación y de los
inspectores del OIEA. Por supuesto, existen resoluciones de Naciones
Unidas acerca de la supresión de las minas terrestres (que el Gobierno
estadounidense no ha firmado). Y, a menudo, el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas impone sanciones concretas contra el comercio de armas
en países destruidos por la guerra, como Liberia y Sierra Leona, pero
son episódicas y, como ya hemos explicado, fáciles de evadir. Cuando los
envíos ilícitos de armas se pagan con diamantes ilegales, a las
autoridades no les resulta fácil rastrear a los experimentados
intermediarios.

La comunidad internacional sólo está adoptando medidas de forma
paulatina para lidiar con esta amenaza. Se ha creado un Comité de
Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Servicio de
Investigaciones del Congreso estadounidense, diversos Gobiernos nórdicos
y varios grupos de estudio, algunos centros universitarios canadienses,
muchas iglesias y ONG como Amnistía Internacional están recabando
pruebas. Interpol, la CIA y diversos organismos de información secreta
siguen su propia senda, porque el comercio de armas ilegal es una fuente
de ingresos para los terroristas internacionales.

Y las diversas propuestas de Kofi Annan para que una ONU reformada se
centre en la «seguridad humana» incluyen, como debe ser, llamamientos a
los Estados miembros para que acaben con ese tráfico infame. Lo cual
deja el problema en manos de los líderes políticos de aquellos países
preocupados por el tema y que entienden lo importante que es destruir
esta red tenebrosa, no sólo por razones morales, sino también por su
impacto corrosivo en la sociedad civil de África, Asia, Oriente Próximo
y otros lugares.

Pero, por su naturaleza, los políticos se mostrarían más firmes si
sintieran tras ellos la presión de la opinión pública. En última
instancia, son los votantes los que deben ejercer dicha presión, lo cual
supone prestar más atención a este tema de la que ustedes y yo le hemos
dedicado en el pasado. Siempre podríamos empezar con una pregunta
molesta a nuestro congresista o parlamentario local: "Señor, ¿qué
propone usted para frenar la muerte de 300.000 seres humanos al año
debido al uso de armas de destrucción ingente?".

Paul Kennedy es titular de la cátedra J. Richardson de Historia y
director de Estudios sobre Seguridad Internacional en la Universidad de
Yale. Traducción de News Clips. © Tribune Media Services Inc.

Diario El País.

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