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De Juana Chaos y la guerra contra Al Qaeda

Guerra Eterna

Sección:Informativa
Martes 13 de febrero de 2007 0 comentario(s) 1270 visita(s)

Guerra Eterna

Charles Stimson sabe cómo hay que ganar la "guerra contra el terrorismo". No con las armas de la democracia, sino con las de la propaganda. Es más, Stimson está convencido de que los principios del Estado de derecho son un obstáculo en el camino hacia la victoria final. Quizá por eso fue nombrado en su momento al frente del departamento del Pentágono que se ocupa de los detenidos.

Una de las piedras angulares del sistema judicial en una democracia es el derecho a la defensa, íntimamente relacionada con la presunción de inocencia. Un juicio justo exige la mejor defensa posible para el acusado, también cuando se trata de un asesino fanático y sin el más mínimo respeto por la vida humana. Es decir, como dicen en las películas, si no puede permitirse un abogado, se le facilitará uno de oficio.

Los grandes bufetes de EEUU son empresas que facturan millones de dólares. No todos sus clientes son millonarios, pero todos los millonarios, incluidas las mayores corporaciones, son sus clientes. Algunos de sus abogados, en la mejor tradición jurídica norteamericana, destinan una parte de sus horas de trabajo —no aquellas en las que facturan minutas astronómicas— a presos que carecen de medios económicos para costearse un letrado que no se duerma durante el juicio. Y entre estos últimos están los internos de la prisión militar de Guantánamo, entre los que están desde hace algún tiempo los arquitectos del 11-S. Son los De Juana Chaos de Al Qaeda.

Puede que algunos sólo sean unos don nadie cuya entrega a los norteamericanos por campesinos o espías paquistaníes sólo se justificaba por una jugosa recompensa. Otros pertenecieron a la jerarquía de Al Qaeda. En cualquier caso, llevan encima la etiqueta de enemigos peligrosos, y ésa es la consideración que reciben en la base cubana.

Hace un mes, Stimson creyó tener preparada una jugada maestra para cercenar las pocas posibilidades de una defensa de entidad ante un tribunal que tienen estos presos. Reprochó públicamente a esos grandes bufetes que estuvieran dedicando su valioso tiempo a los internos de Guantánamo. No pretendía abrir un debate político ni una discusión filosófica sobre los límites de las libertades en la guerra contra Al Qaeda. Buscaba desencadenar el pánico entre los jefes de esos abogados, en especial entre los que se ocupan de gestionar los ingresos.

Stimson advirtió de que esos bufetes, de los que dio los nombres, también tenían otros clientes más respetables: las mayores empresas del país. ¿Estaban de acuerdo en financiar, digamos indirectamente, a terroristas fanáticos empeñados en destruir EEUU?:

“I think, quite honestly, when corporate C.E.O.’s see that those firms are representing the very terrorists who hit their bottom line back in 2001, those C.E.O.’s are going to make those law firms choose between representing terrorists or representing reputable firms, and I think that is going to have major play in the next few weeks. And we want to watch that play out.”

Stimson no se terminaba de creer que esa asistencia jurídica fuera desinteresada. Sin tener ninguna prueba, sugirió que esos bufetes sí estaban recibiendo algún tipo de compensación económica por sus servicios y que sería interesante conocer la fuente de esa financiación.

Algo tiene la Constitución de EEUU cuando la bendicen tanto. La ofensiva de Stimson fue frenada a los pocos días. Colegios de abogados, grupos de derechos civiles, profesores de Derecho y editoriales de periódicos criticaron las amenazas contra estos abogados. El Pentágono se distanció de las declaraciones de Stimson que, poco después, tuvo que pedir disculpas. El 2 de febrero, presentó su dimisión.

En España, este alto cargo no habría tenido que renunciar al puesto. Es probable que su gesto hubiera sido calurosamente aplaudido por muchos medios de comunicación. Algunos periódicos habrían publicado íntegra esa lista de bufetes, los habrían presentado como cómplices de los terroristas y habrían pedido a sus clientes que renunciaran a sus servicios. Nuestra tradición jurídica no está tan fuertemente enraizada en la democracia como la de EEUU.

El caso del preso etarra De Juana Chaos es un ejemplo obvio. Fue condenado a 3.000 años de prisión por el asesinato de 25 personas y, en aplicación del Código Penal, cumplió su pena con una estancia de 18. El derecho de un acusado a la mejor defensa posible puede ser importante, pero no lo es menos el principio de no retroactividad de las leyes. No se puede mantener indefinidamente a un terrorista en prisión vulnerando los términos de la sentencia que le condenó.

Las sucesivas reformas del Código Penal han ido endureciendo las condiciones del encarcelamiento de presos, al hacer más difícil la redención de penas. Por lo visto, el franquismo era más benevolente con los presos que la democracia, ya que las leyes que beneficiaron a De Juana Chaos fueron aprobadas en 1973.

El etarra iba a salir de prisión en febrero del 2005, lo que provocó un muy comprensible malestar en la opinión pública. De Juana Chaos cumple a la perfección el papel del asesino sin escrúpulos. Nunca ha demostrado el más mínimo arrepentimiento. En sus tratos con el personal penitenciario, ha demostrado que sólo ve a las personas que no piensan como él como enemigos a los que se puede eliminar. Pero la ley es la ley. La misma ley que permitió que pagara por sus crímenes obligaba a ponerlo en libertad al final de su condena.

Fue ése el momento en que los demagogos entraron en escena. Para descubrirlos, sólo es necesario hacer una sencilla prueba: suelen ser aquellos que dicen que la ley debe estar al servicio de la justicia, y que a veces la primera vulnera la segunda. Evidentemente, ellos se reservan el derecho de establecer en qué consiste la justicia y cuándo la ley ha perdido valor.

Ante tal presión, el Gobierno reaccionó con debilidad. Se comprometió a bucear en los antecedentes del preso De Juana Chaos para mantenerlo en prisión. Encontró dos cartas, escritas con el lenguaje

que se espera de un terrorista, y las utilizó como excusa para entablar un nuevo proceso judicial contra él. La fiscalía de la Audiencia Nacional intentó volver a acusar al etarra de pertenencia a banda armada, aparentemente con la idea de que en una democracia se puede condenar dos veces a una persona por el mismo delito, siempre que se encuentre una razón que tenga sentido ante el tribunal de la opinión pública.

En este ejercicio de creatividad jurídica, el fiscal que llevaba el caso pidió inicialmente 96 años de prisión por el contenido amenazante de las dos cartas, mucho menos punibles que otras declaraciones y escritos más explícitas de presos etarras que habían ocasionado castigos menores. Uno de ellos, Iñaki Bilbao, fue condenado a dos años en marzo del 2005 por una acción que admitía menos interpretaciones que una carta. Se colocó ante el juez Garzón y le apuntó con la manos simulando el acto de disparar con una pistola. La sentencia era una consecuencia lógica del comportamiento del preso. Nadie lo denunció, quizá porque Bilbao repite su gesto cada vez que comparece ante un juez, lo que garantiza sucesivas condenas.

En el juicio a De Juana, otro fiscal —el anterior se retiró del caso cuando su jefe le ordenó una reducción de la petición de pena— solicitó entre 4 y 13 años de pena, que el tribunal estableció definitivamente en doce.

Ahora el Tribunal Supremo está a punto de resolver el recurso contra esa condena. Tiene la opción de enviar un mensaje claro a la sociedad: no se puede condenar a un delincuente dos veces por el mismo delito ni inventarse subtergios legales cuando está a punto de salir de prisión. La democracia es lo bastante fuerte como para encajar el desafío que presentan las organizaciones terroristas y puede hacerlo desde la defensa de la ley.

No estamos a punto de ser derrotados por Al Qaeda o por ETA. Más bien, al contrario. Su única posibilidad de victoria pasa por que nosotros se la concedamos. Siempre habrá demagogos que anuncien escandalizados que el respeto estricto a los principios del Estado de derecho es una forma de rendirse ante los terroristas. En nuestras manos está dejarles claro que la venganza no es una forma admisible de justicia.


21.15
El Tribunal Supremo ha rebajado la pena a De Juana Chaos a tres años de prisión "como autor de un delito de amenazas del artículo 170.1 del Código Penal en concurso ideal con un delito de enaltecimiento del terrorismo". La Sala de lo Penal, compuesta por 13 magistrados, no ha considerado que las dos cartas supongan un delito de amenazas terroristas.

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