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La política exterior chilena, elaborada por el estado mayor

Haití, cobre, armamentismo y como nos joden a cada rato

Sección:Informativa
Viernes 23 de febrero de 2007 0 comentario(s) 1644 visita(s)

La política exterior chilena la dictan las fuerzas armadas. De ellas nacen los propósitos y objetivos, la estrategia y la aplicación. Del gobierno o la academia diplomática, el soporte para la ejecución. Se fomenta un conflicto con Perú por un conflicto de límites marítimos y la Armada define la postura chilena instalando en el septentrional puerto de Arica dos nuevas lanchas norteamericanas tipo Defender, con la excusa de “combate al narcotráfico”. Esos son los gestos típicos con los que las FFAA dictan tanto la política exterior como la interior del país. De paso adelantan la tarea de reforzar su presencia en el área policial.

Es bien sabida la historia de diferencias entre los gobiernos “socialistas” de la concertación en Chile y el gobierno “chavista” venezolano. Para opinar en el asunto la Fuerza Aérea Chilena (fach) ofrece a Colombia, rebajados, sus aviones Mirage Elkan. A la ministra Blanlot sólo le cabe asentir e indicar que la venta sería un buen negocio. El asunto si, reside en la Fuerza Aérea, encantada de reforzar a su par colombiana ante la guerrilla y ... ante el “chavismo”.

La adquisición de esos aviones por parte de la Fuerza Aérea Chilena estuvo marcada por la corrupción y la coima. Investigaciones judiciales en Bélgica y Chile han involucrado a ex comandantes en jefe de la fach. Los Mirage V Elkan fueron, luego de un muy corto periodo de uso, dados de baja por la compra a EEUU de los aviones F-16, que vinieron a dejar en claro la carrera armamentista del estado chileno, que en Sudamérica compite... contra él solo. La venta de estos aviones servirá para comprar... otros aviones necesarios para mantener en el aire a los F-16. Así la fach habló de su opinión respecto a Colombia y Venezuela.

Haití

Las Naciones Unidas decidieron esta semana vía Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una extensión de ocho meses para su “operación de mantenimiento de paz en Haití” basados en que continúa “representando una amenaza para la paz y seguridad internacional” en la región del Caribe. Chile impulsaba el mantenimiento de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) por un período de 12 meses. Para ello había logrado el consenso de los países latinoamericanos que forman parte de la MINUSTAH. En Lima, los representantes gubernamentales de los países latinoamericanos que forman parte de la así llamada “misión de estabilización de ONU en Haití” (MINUSTAH), acordaron dar su apoyo a la continuidad de esta operación de “normalización democrática” (léase ocupación extranjera). Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay (ahora además Panamá) tienen tropas y civiles destacados en el país caribeño, para un total de 6.642 militares y 1700 civiles. El mayor contingente es brasileño y hay tropas también de Canadá, Francia, Croacia, Jordania, etc.

Las tropas de MINUSTAH han sido denunciadas de abuso sexual sobre menores de edad, incluyendo prostitución. El número de tropas chilenas es de 545, poco menos del 10%. En ese número se incluyen policías. Además hay civiles de instituciones de “voluntariado” (ong’s) y de ministerios tales como educación, salud, oficinas de infancia, vivienda, agricultura, servicios sociales en general.

Estas oenegés chilenas son parte del apoyo a la propuesta de ley de reconocimiento del derecho de objeción de conciencia, que incluye entre sus puntos la obligación para los objetores de cumplir un servicio alternativo que incluye ser parte de las “fuerzas de paz” con las que se realizarían intervenciones en el extranjero, como ésta en Haití.

Las fuerzas armadas chilenas están a cargo, a través del estado mayor de la defensa, de coordinar todo la operación del estado chileno en Haití. Dictan, en buena medida, las razones y argumentos para estar allí. Como aliados y socios de EEUU la principal preocupación del alto mando chileno es detener el tráfico incontrolado de drogas desde Haití a EEUU (los ingresos ilícitos de droga desde Haití a EEUU constituyen el 8% del total) y asegurar, en el corto plazo, un estado eficiente, “ordenado” y “responsable” en Haití, que logre controlar sus fronteras (es decir la emigración) y a los “bandidos” (es decir a la oposición armada a la ocupación extranjera), todo esto asuntos que preocupan especialmente a EEUU. También y al mismo tiempo demostrar que las ffaa chilenas están en condiciones de operar en escenarios internacionales. Haití, igualmente ha servido para actualizar el “entrenamiento” de los militares chilenos en un conflicto real, según palabras de parlamentarios provenientes de las ffaa.

Autonomía económica de las ffaa chilenas

Las ffaa chilenas se preocupan entonces de establecer las prioridades no sólo de la defensa sino también de la política exterior. Las ventas y compras de armamentos, fuente de ingresos ilegales de los comandantes en jefe durante el tiempo de Pinochet como tal, siguen siendo privativas de cada rama de las ffaa. Los ministerios de defensa, hacienda y exteriores, sólo interviene en el último tramo del negocio, para cumplir con las formalidades internacionales del asunto (es decir lograr la venia de EEUU y, en menor medida, la UE). Y este gran logro del gobierno civil sobre el militar, es consecuencia de los escándalos por las ventas ilegales de armas a Croacia y Ecuador.

El poder de las FFAA se basa entre otras cosas, en su gran autonomía económica. En dictadura, mediante decretos leyes y normas secretas, la Ley reservada del Cobre tomo su forma actual, que permite disponer para las fuerzas del 10 % de los ingresos por exportaciones de la estatal Codelco. Esto además suplementado por un “piso” mínimo de ingresos que, en caso de no cubrirse por los ingresos del cobre debía complementarse con aportes del Fisco. Este piso desde su nacimiento en tiempo de Pinochet, se va reajustando año a año, así habiendo partido en US$ 90 millones, va hoy por los 279 millones. No ha habido en general problemas para cumplir ese piso. Más aún los altos precios internacionales del cobre en los últimos años han implicado un aumento significativo de los ingresos de las FFAA. He aquí una muestra de los ingresos anuales del 2000 a hoy, en millones de dólares USA: 2000 = US$ 296, 2001 = US$ 257, 2002 = US$ 223, 2003 = US$ 253, 2004 = US$ 598, 2005 = US$ 850, 2006 = US$ 1.262. El estimado para 2007 es un poco menor al de 2006.

Estos dineros se dividen en partes iguales para las tres ramas de las FFAA chilenas (Fach, Armada y Ejército) y deben, por ley, destinarse exclusivamente a la adquisición de armamentos. El gobierno, como gran logro, he impulsado por la decisión de mantener la norma de superávit estructural, obtuvo que una parte de los ingresos se ahorrara anualmente. Se estima que la cuenta de ahorros para armas de las FFAA ronda hoy los US$ 1.600 millones. Estos ingresos del cobre, más la autonomía que tiene en su gestión económica e inmobiliaria, permite a las FFAA chilenas reforzar su presencia política en el país, con miras a asegurar su participación en las decisiones estratégicas de alcance interno y externo.

Este sobrante de recursos permite a las FFAA desarrollar nuevos emprendimientos que les acercan a la comunidad científica (estudios antárticos y de los campos de hielo, nódulos de gas en el océano, etc), que le permiten ser parte de grandes proyectos inmobiliarios (nuevo hospital del ejército, ventas de terrenos urbanos) y al mismo tiempo financiar desarrollos estratégicos en el negocio de las armas (fortalecimiento de Enaer, Famae y Asmar, ésta última desarrollando una versión reducida de su fallido plan “tridente” mediante la construcción de dos buques PZM de 1700 toneladas en los astilleros de Asmar en Talcahuano). Pone también en el tapete la falta de control civil, por parte de gobierno y parlamento de cualquier inversión de las FFAA.

Esta falta de control es producto de un gran entendimiento entre las ffaa y la clase política del país. Entendimiento impulsada por la Concertación y activada por las FFAA, especialmente en la era post Pinochet (1998 en adelante). Ello implicó dejar fuera de discusión parlamentaria y pública el excesivo gasto militar, Chile es uno de los países del mundo con el más alto gasto militar respecto a su PIB, un 3,8%, estimado en más de US$ 3.240 millones anuales (al 2005). Esto incluye un excesivo gasto en lo previsional. El negocio entre ffaa y clase política ha consistido en devolver “legitimidad” y “normalidad” a las ffaa, asegurando un estatus económico que les permita no tener cambios traumáticos y por otra parte, dejar en el “pasado” el tema de las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Para los gobiernos de la Concertación el negocio está en conseguir la dirección estratégica de las FFAA para el mando civil y el control económico del área de la defensa. En esto han ido mucho mas lento de lo que desean y quieren, pues las FFAA no están dispuestas a ceder sus autonomías así tan fácil. Ley reservada del cobre y negociado concertación-ffaa Muestra de ellos es el asunto de la ley reservada del cobre. El famoso 10 % del cobre. Eliminar esa ley forma parte del programa fundacional de la Concertación hoy en el gobierno, a fines de los ’80. Pero fue dejada de lado producto del “realismo” y la “gobernabilidad” tan caros a los gobiernos concertacionistas. Esperaron hasta que las condiciones cambiaran. La pérdida del monopolio de Codelco sobre la producción nacional de cobre ha significado que ese diez por ciento, en principio sobre todas las ventas de cobre del país, ahora son sólo sobre una parte del total. Las ventas de cobre de cupríferas privadas superan ya a la estatal. Por otra parte internacionalmente se cuestiona esta forma de generar ingresos para las ffaa. Por ello, hoy, las ffaa están generando, directa e indirectamente, las discusiones para derogar la ley reservada del cobre. Directamente a través de seminarios y reuniones para formalizar una propuesta de gobierno al congreso. Indirectamente a través de los parlamentarios de la ex bancada militar. El negocio, para las ffaa, consiste en eliminar la ley del cobre para ganar en legitimidad, conservando la seguridad en los ingresos que ella les da. Es decir conservar un piso alto de ingresos, con flexibilidad en caso de “emergencias” o “necesidades no contempladas”. Para ello dan señales: no vetarán la propuesta del gobierno para modificar la composición del directorio de la empresa Codelco. Ésta, por ley, debía contar en su directorio con un representante de las ffaa. La propuesta de gobierno implica suprimir ese director delegado.

El gobierno apuesta a saldar este asunto el año en curso. Prepara el ambiente para ello. Las ffaa han sido claras. Dejarán de tener ese 10% a cambio de asegurar ingresos similares o “no traumáticos”, aval estatal para adquisiciones militares, presupuestos plurianuales, ante todo “seguridad y tranquilidad” para las ffaa. Y autonomía en su manejo económico, que “Hacienda no tenga la última palabra”. Para obtener esto propiciarán el apoyo de la derecha en el congreso a la ratificación del tratado de Roma sobre el Tribunal Penal Internacional. Este tratado firmado por el gobierno chileno en 1998, no ha sido aún ratificado por el Congreso chileno, razón por lo cual no es ley aún. Esta demora en su ratificación se debe a la oposición de las ffaa (y sus “representantes en el congreso nacional) y de los EEUU, quienes amenazan con sanciones en el área de armamentos a quienes no firmen tratados bilaterales que excluyan a los soldados de los EEUU de los efectos del TPI, esto de acuerdo a la ASPA (american servicemembers protection act). Ante todo este negociado la clase política que no es parte, calla. Nosotres, desde la insumisión, denunciamos y actuamos.

Pelao Carvallo, Ni Casco Ni Uniforme, M A O C

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