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Arnaldo Pérez Guerra

Chile: Insumisos y Objetores

Chile: Insumisos y Objetores

La Insignia

El servicio militar sigue siendo obligatorio. Varios proyectos de ley han intentado aprobar la Objeción de Conciencia (OC) y un servicio civil alternativo. El primero fue el Proyecto Montes, de 1992; luego, el Proyecto Naranjo, de 1996. Ambos terminaron archivados. Se expresó la necesidad de modernizar el Servicio Militar obligatorio (SMO), sin embargo, la Ley 20.045 -aprobada el 2005-, no introdujo la Objeción de Conciencia, sólo excluyó de la carga del SMO a los hijos de víctimas de violaciones a los derechos humanos. El "Programa de Gobierno 2006-2010" de Michelle Bachelet, prometió aprobar la Objeción de Conciencia y un Servicio Ciudadano Alternativo, además de transitar hacia un "Servicio Militar completamente voluntario". Incluso, se incluyó en el "Plan 100 días" del gobierno. En junio de 2006, al límite del cumplimiento de la fecha, dos proyectos fueron presentados al Congreso: el Proyecto Leal y otro de gobierno.

La actual ley de SMO fue promulgada con premura, en mayo de 2005, tras lo ocurrido en Antuco. La "voluntariedad" ha sido un fracaso. El porcentaje de "voluntarios" no alcanza al 17 por ciento del total de inscritos, unos 19.000 de 145.000. La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) y el ministerio de Defensa siguen publicitando al SMO como la solución a los problemas sociales de los jóvenes.

El reconocimiento a la OC que presentan ambos proyectos se verá restringido por el sistema de reclutamiento. No se podrá ejercer precisamente en "caso de guerra". Quien declare su objeción de conciencia deberá presentar "pruebas". No se podrá apelar de la decisión. Además, el servicio ciudadano alternativo será una carga obligatoria para quienes se declaren objetores. Todo lo anterior es visto por quienes se declaran insumisos como claramente discriminatorio, pues quienes actualmente no cumplen el SMO y no son objetores no tienen ninguna obligación de prestar servicio alguno. "Se entregará más poder y financiamiento a las FFAA. El servicio alternativo quedará en manos del ministerio de Defensa. Se castiga a quienes se declaren objetores pues deberán pagar a un notario para declararse como tales. La ley obligará a los objetores a realizar un servicio ciudadano de ’beneficio comunitario’ y que ’aporte al objetivo de la Defensa Nacional’, es decir, habrá objetores como parte ’civil’ de las ’fuerzas de paz’ chilenas en el marco de la ONU y la OEA -hoy presentes en Haití, Croacia, Bosnia, Timor, Irak y Chipre-, y objetores realizando ’trabajo gratuito’ en ONGs e instituciones de beneficencia, como si fueran ’imputados’ con ’penas alternativas de beneficio a la comunidad’. Todo el proceso estará bajo el arbitrio del ministerio de Defensa. Habrá incrementos ’civiles’ en las partidas presupuestarias de Defensa. Las ONGs recibirán recursos provenientes del ministerio de Defensa y personal gratuito y obligado", advierte Patricio Carballo, de Ni Casco ni Uniforme.

Un derecho

"El Estado chileno debe reconocer este derecho humano. De lo contrario, los objetores quedarán al margen de la ley, sin tener un marco jurídico que los proteja de cualquier agresión o disposición de las instituciones. Si el Estado actúa en desmedro de los objetores, será considerada por los organismos internacionales como una violación de los derechos humanos", dice Luis Venegas, coordinador de la Red Chilena de Objeción de Conciencia (ROC-Chile), que integran la sección chilena de Amnistía Internacional, la Agrupación de Educación para la Paz (Paz y Acción), el Centro Ecuménico Diego de Medellín (Cedm), la Comunidad Papa Juan XXIII, la Corporación de Derechos Ciudadanos (Seal), la Confraternidad Cristiana de Iglesias (CCI), la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), la Corporación chilena Pro Derechos Juveniles (Codeju), la Corporación Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Justicia Paz y Ecología (Conferre), la Pastoral Juvenil de la Iglesia Evangélica Luterana, la Vicaría Pastoral Social y la Vicaría Pastoral de los Trabajadores del Arzobispado de Santiago.

En el Congreso ya comenzó la discusión. Ambos proyectos establecen que en tiempos de guerra el derecho a objetar "no puede ser reclamado", desconociendo que la objeción en conciencia, al ser un derecho humano, no puede restringirse. Otro punto negro es que el servicio ciudadano estará a cargo del ministerio de Defensa. Algunos grupos de objetores plantean que un ente autónomo se encargue, que sea voluntario y se pueda realizar en organizaciones sociales.

"Las autoridades debieran reconocer de inmediato este derecho humano, decenas de miles de jóvenes son obligados a realizar el SMO sin la garantía de este derecho", dice Luis Venegas. Ambos proyectos no tienen urgencia: "Sería una señal concordante con la importancia que se les dio a las 36 primeras medidas que el gobierno propuso para los cien primeros días de gobierno, que se les diera urgencia. La propuesta 34 es crear un servicio alternativo al militar y reconocer la objeción de conciencia", agrega.

El proyecto de gobierno propone que se exima del SMO "a los varones pertenecientes a la Base de Conscripción que invoquen fundadamente convicciones éticas, religiosas, filosóficas o humanitarias que les impidan, en conciencia, su realización. A cambio, podrán realizar un Servicio Ciudadano Alternativo, que puede durar hasta dos años, donde realizarán prestaciones que beneficien a la comunidad y contribuyan al logro de los objetivos de la Defensa Nacional (...) en territorio nacional o el extranjero, mediante la participación en programas de cooperación internacional y operaciones de paz". Los objetores no están de acuerdo.

A fines de octubre, les recibió el ministro de Interior, Belisario Velasco. "El reconoció que era legítima la iniciativa de los objetores de rechazar el servicio militar, pues se apela a un derecho humano reconocido en muchos lugares del mundo. Le exigimos al gobierno ponerle urgencia al proyecto de ley que envió al Congreso en junio, que reconoce la objeción como principio válido para rechazar el SMO y crea un Servicio Ciudadano. Es un avance aunque no estamos plenamente de acuerdo", dice Venegas.

Sin concretar

El servicio militar -instituido hace más de un siglo- continúa siendo obligatorio. Incluso más que antes, pues actualmente todos los jóvenes quedan automáticamente inscritos. A pesar de las expectativas del gobierno de llenar los cupos con quiénes acudieran "voluntariamente" a cumplir con la obligatoriedad, no se logró. Para completar el contingente se realizó un "sorteo público", estipulado en la nueva ley, con los nacidos en 1988. "El proyecto que introduce la objeción, sin urgencia, podría estar archivado en el Congreso por años. Hay cosas que debieran replantearse. No puede ser que se establezca que durante estados de guerra o asamblea la objeción no pueda ser reclamada como derecho. Precisamente rechazamos la guerra porque no la consideramos válida para la resolución de conflictos. Además, hablamos de un derecho que no puede ser restringido o suspendido", dice Luis Venegas.

Por más de una década diversas organizaciones han luchado por el reconocimiento del derecho a la OC, recurriendo incluso a tribunales. "Se han presentado recursos de protección. Pero en la práctica eran declarados inadmisibles. El 2003, se admitió uno a tramitación y eso nos permitió esgrimir nuestros argumentos ante la Corte. En definitiva, el recurso fue rechazado, sin embargo, los argumentos expuestos por el ministro redactor Carlos Cerda, dejan en evidencia la necesidad de adecuar la legislación al ordenamiento jurídico internacional, recomendación que ha hecho en oportunidades anteriores la Asamblea de las Naciones Unidas a los estados que aún consagran el servicio militar como obligatorio", dice la abogada Alejandra Arriaza, de Seal.

El 10 de noviembre terminó el plazo para que los llamados al SMO presentaran "pruebas" frente a la Comisión Especial de Acreditación creada por el nuevo sistema. La comisión evalúa sus antecedentes y decide si acepta o no los argumentos para "objetar". Actualmente, todos los jóvenes están automáticamente inscritos. Aunque la OC ha sido reconocida por el derecho internacional y por decenas de países, Chile aún no lo integra a su legislación, aunque Naciones Unidas se lo ha recomendado a los gobiernos. Si se empeña en no reconocer el derecho, los objetores podrán solicitar asilo para resguardarse de cualquier acción que emprenda el Estado en su contra. Tendrían la condición de refugiados políticos de la ACNUR. "Ya se está conversando con varias embajadas que eventualmente podrían prestar asilo a los objetores", dice Venegas.

ROC-Chile trabajó para que se reconociera el derecho a la OC y, a pesar de haber logrado que se discutiera el 2005 en el Congreso, siendo aprobado por la Cámara de Diputados, se frustró en el Senado. No hubo mayoría. No se incluyó en la Ley de Modernización del SMO. El propio ministro de Defensa de entonces, Jaime Ravinet (DC), declaró que "se quedaba en deuda con los objetores".

En junio, el diputado Antonio Leal, presidente de la Cámara, junto a otros parlamentarios, presentó un proyecto que reconoce en parte la OC. "Valoramos que el gobierno de Bachelet se haya comprometido a legislar y que se hable de un Servicio Social Ciudadano Alternativo (SSCA). En las 36 medidas que el gobierno debería llevar a cabo en sus primeros cien días decía: ’Crearemos un programa de Servicio Ciudadano como alternativa al servicio militar obligatorio. Este programa generará un espacio de interacción de jóvenes de distinto origen social y aporte servicios sociales de alto impacto a la comunidad’. Pero aún no se concreta. La objeción debe ser garantizada como un derecho del individuo y no como mera causal de exclusión de una obligación jurídica. El SSCA no puede prescindir del reconocimiento del derecho a la objeción", dice Luis Venegas.

Cultura militarista

La Plataforma Amplia por el Fin del Servicio Militar está integrada por organizaciones de objetores como Ni Casco Ni Uniforme, Rompiendo Filas (Temuco), Gampoc (Concepción), Re/Evolución (Linares), Insumisos (Rancagua), Colectivo Ideácrata, Corriente Revolucionaria Anarquista (CRA), la CGT y Feministas Jóvenes, entre otras. "Creemos que sólo el ejercicio real de la objeción de conciencia asegura su reconocimiento social. Seguiremos insistiendo en la insumisión e iremos a dejar una corona de flores a la tumba moral de quienes han propiciado tamaños monstruos de los derechos humanos como son estas propuestas de ley", dice Carballo.

Demandan el reconocimiento pleno y sin exigencias del derecho de OC y luchan por el fin del servicio militar y del militarismo. Llaman a la insumisión y a la deserción de las filas castrenses. Oscar Huenchunao, mapuche y periodista, es miembro de Ni Casco Ni Uniforme y del Comité Ejecutivo de la Internacional de Resistentes a la Guerra (WRI, por sus siglas en inglés), que promueven la acción contra la guerra.

WRI agrupa a más de 70 organizaciones en 35 países. Ni Casco ni Uniforme participa de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Antimilitarismo y Objeción de Conciencia (Claoc), que agrupa a organizaciones de objetores y derechos humanos de Ecuador, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia y Argentina, entre otros. Muchos estados garantizan a los indígenas el no realizar el servicio militar en respeto a sus culturas. "La principal finalidad del SMO es el adoctrinamiento ideológico. El nacionalismo chileno claramente es una ideología", advierte Huenchunao. "La muerte de conscriptos no es un accidente, sino una constante en el SMO. Es una lástima que los mass media y la prensa en general tengan que esperar una tragedia para lanzar a la palestra el SMO. ¿Cuántos jóvenes más tienen que morir para que el SMO se derogue? El término ’malos tratos’ es ambiguo. Durante la investigación del caso Soto Tapia, muchos periodistas preguntaron a los conscriptos si recibían malos tratos. Las respuestas en su mayoría eran negativas. Sorprendió pues contrastaba con sus averiguaciones. Decidieron cambiar el enfoque y preguntaron si en el regimiento les pegaban. ’Ah... si po’, eso si’, fue la respuesta. Eso nos habla de una cultura donde el concepto de maltrato es ambiguo. Una cultura machista. En los regimientos hay una serie de prácticas que atentan contra la integridad física y psíquica, que buscan quebrar la personalidad e individualidad. Conductas al filo de lo que se considera tortura", dice.

En Chile hay un promedio de una muerte al mes en el SMO. La inmensa mayoría de los reclutas son de extracción pobre. Un rasgo clasista más de nuestra sociedad. Los jóvenes ABC1 simplemente no "cumplen" con el SMO, pues quienes no se eximen recurriendo a contactos familiares, ingresan a Escuelas de Oficiales y al Batallón Germania. ¿Podemos seguir pensando que el servicio militar hace hombres a nuestros jóvenes por medio de la fuerza bruta y la violencia?

Ni Casco Ni Uniforme realiza un trabajo de promoción, difusión y práctica del derecho de OC y de métodos de acción directa no violenta (ADNV), desde una perspectiva antimilitarista. "La objeción de conciencia es un derecho humano, derivado de la libertad de conciencia y pensamiento, que consiste en la negativa a realizar acciones o cumplir con obligaciones legales que atenten o vayan en contra de nuestra conciencia, por razones religiosas, filosóficas, políticas, etcétera. Conlleva una práctica que va más allá del ámbito estricto del servicio militar, pero por la naturaleza de éste ha sido el frente más polémico. No proponemos ningún servicio alternativo porque estamos en contra del Servicio Militar como institución. La finalidad del SMO nunca ha sido el servicio a la comunidad. Su fin es la instrucción militar y hoy el adoctrinamiento ideológico. El peso de la cultura militarista se manifiesta claramente, pues a pesar de que el Estado es parte y ha ratificado tratados internacionales que incluyen la objeción de conciencia, no se ha regulado en nuestra legislación la práctica este derecho", dice Huenchunao. Incluso los hijos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, que no están obligados a la conscripción como parte de la Ley de Reparación (Ley 19.123), quedan "en calidad de disponibles".

"Cuando se habla quienes hacen el servicio ’voluntariamente’, no sólo se desconocen aspectos sociales como la falta de oportunidades, la pobreza que caracteriza a los conscriptos, sino también culturales como el peso del discurso militarista. Lo vemos en la TV y los medios de comunicación, en el sistema educacional, en algunos historiadores, en los juguetes bélicos, etcétera. No es una ’voluntariedad’ espontánea, es también producto de una industria cultural militarista y enamorada de la violencia", agrega.

Según la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), la "voluntariedad" ha ido aumentando y representaría a un 70 por ciento del total del contingente enrolado en el Ejército. Cifras que constituirían la mejor prueba de que los incentivos otorgados están cumpliendo el objetivo de "atraer a los jóvenes hacia su deber". Pero las cifras no toman en cuenta factores que fuerzan el reclutamiento: alta tasa de desocupación juvenil, elevados índices de pobreza que caracterizan a las familias de gran parte de los conscriptos "voluntarios". Muchos jóvenes de humildes familias ven en el SMO el inicio de una "carrera militar" y la puerta para aprender "un oficio" para desempeñarse en el excluyente mercado laboral. Su ingreso al último escalafón de las Fuerzas Armadas se transforma en la única alternativa de ingresos para muchas familias de la extrema pobreza. ¿Es posible hablar entonces de voluntarios si es la miseria y marginación quien finalmente los obliga? Además, el SMO los "educa" en valores militaristas, marcados por ideas como la jerarquización, la vida militar, la obediencia ciega, el machismo, el racismo, el autoritarismo, la discriminación y la criminalización de los movimientos sociales. El SMO restringe la libertad personal y las libertades públicas erigiéndose como una moderna servidumbre que impone obligaciones por encima y en contra de las convicciones y derechos ciudadanos. Actualmente ni siquiera cumple con las necesidades de la llamada Defensa Nacional. "Es una obligación que se quiere imponer per se, por razones ideológicas y para mantener un ámbito de injerencia de las FFAA en la vida cívica", concluye Oscar Huenchunao.

  • 28 de febrero de 2007 13:43, por pelao carvallo

    Sólo decir que este reportaje está desfazado y contiene informaciones inexactas, sobre todo en lo que se refiere a NCNU: la Plataforma por el Fin del SMO si bien existió ya no existe pues como estaba contemplado en su fundación, concluyó en el momento acordado (septiembre 2005). Las citas no fueron tomadas por el periodista sino recortadas de otros medios y en general las informaciones dan más bien cuenta del escenario 2005 que del actual. El periodista nunca se acercó al NCNU para este trabajo, menos a la IRG/WRI.

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