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El regreso de los bárbaros: resistencia y estado de excepción en México

Claudio Albertani

Sección:Observatorio de conflictos
Martes 11 de diciembre de 2007 1 comentario(s) 5007 visita(s)

La tradición de los oprimidos nos enseña que el «estado de excepción» en el que vivimos es la regla.
Walter Benjamin

El totalitarismo moderno puede ser definido como la instauración por medio del estado de excepción de una guerra civil legal que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos, sino de todas las categorías de ciudadanos que, por alguna razón, no resultan integrables en el sistema político.
Giorgio Agamben

En un librito de gran importancia para entender los tiempos actuales, el filósofo italiano Giorgio Agamben analiza la figura paradójica e inquietante del “estado de excepción”. Rasgo típico del nazismo, el “estado de excepción” es la respuesta violenta de los poderes constituidos a los conflictos extremos, el espacio vacío que marca la suspensión del orden jurídico y de la relación usual entre norma y autoridad. Agamben lo define como una franja de indeterminación en donde se esfuman las diferencias tradicionales entre democracia, absolutismo y dictadura; la grieta por la que se desliza la barbarie. Lejos de desaparecer con la derrota de los totalitarismo clásicos, el estado de excepción se insinúa a finales del siglo XX como paradigma de poder, llegando hoy a su máxima expansión planetaria. En todas partes, la violencia gubernamental puede al fin ignorar el derecho internacional y sus aspectos normativos en una total impunidad.

El espectro de la guerra sucia

El análisis de Agamben se dirige principalmente a los Estados Unidos de George Bush. Promulgada a finales de 2001, la “Ley Patriota” suprimió el habeas corpus e introdujo una cultura de la sospecha que es típica de los regímenes totalitarios. Quien recibe el estigma de “enemigo”, pierde automáticamente los derecho más básicos -en primer lugar el derecho a la vida- y es tratado como un paria expuesto a la tortura, las cárceles clandestinas, el asesinato y la desaparición forzada. Con diferentes grados de intensidad, el modelo se está generalizando al mundo entero. En América Latina, se ha aplicado principalmente en Colombia y, últimamente, en México. Veamos.

Según una reconstrucción periodística, el 24 de mayo de 2007, la “Unidad policial de Operaciones Especiales” del Estado de Oaxaca llegó en las inmediaciones del hotel Del Árbol por la presunta presencia de un «grupo armado». Acto seguido, se hizo presente el ejército. Un boletín informó de la aprehensión de cuatro personas, supuestamente unos policías ministeriales de Chiapas que no habían entregado su oficio de comisión a la procuraduría estatal. Pronto, las organizaciones de derechos humanos concluyeron que no se trataba de policías, sino de guerrilleros y precisamente de dos militantes del EPR, Gabriel Cruz Sánchez (también conocido como Raymundo Rivera Bravo) de 55 años y Edmundo Reyes Amaya de 50 años, detenidos y desaparecidos desde entonces.

El 1 de junio, el Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario, PDPR, Comandancia Militar de Zona del Ejército Popular Revolucionario, EPR, dio a conocer un comunicado en donde reclamaba la presentación con vida de sus militantes. La edad de ambos (unos cincuenta años) indicaba que no eran neófitos ni cuadros medios, sino militantes de larga trayectoria. Otros comunicados siguieron, pero, salvo contadas excepciones, gran parte de los medios impresos y electrónicos los ignoraron. El 20 de junio, Alejandro Cerezo, integrante del comité Cerezo (organización dedicada a la defensa de los Derechos Humanos de los presos políticos y de conciencia ), recibió algunos mensajes de amenazas en su teléfono celular (otorgado por la Secretaría de Gobernación, cuyo número al igual que el de sus hermanos Francisco y Emiliana, es confidencial). El 26, le llegó un correo electrónico que vale la pena citar en su integridad:

From: tiburcio loxicha  hotmail.com>
To:  nodo50.org>,  espora.org>
Subject: DE PAPÀ
Date: Tue, 26 Jun 2007
como están? calientitos? que pedo con los desaparecidos? familia? adorado tío? fabuloso padre? Así son las cosas de la vida otra vez en pedos la family, ni modos los ni modos los tenemos bien cercas a ustedes tres, a los de la palma y a tu querida familia, y a tu tiito cara de culito y a su amiguito habladorcito que no para y el otro también habla y habla, pero a lo mejor ya no hablan ya se quedan calladitos o ya les cargo la verga. Solo diosito sabe, y también marxito y leninito culito. Dile a papito y a mamita que nos sean cobardes que hagan sus mamaditas para que vean como los vamos a poner a ustedes desnuditos y bien cojiditos. Pobre de tío y zapatito se creían muy chingoncitos y cayeron como palomitas del sur. Hasta luego amorcitos. Desde la sierra del sur. Sus verdaderos padres".

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) señaló lo siguiente: a) el nombre Tiburcio Loxicha alude a Tiburcio, nombre que según órganos de inteligencia corresponde a Tiburcio Cruz Sánchez, dirigente histórico del EPR (en libertad), supuesto padre de los afectados y hermano de uno de los detenidos; b) Loxicha es la región que los órganos de inteligencia mencionan como de influencia del EPR; c) “misserezos” es una alusión a los mensajes de la madre de los jóvenes. La frase: como están? calientitos? que pedo con los desaparecidos? familia? adorado tío? fabuloso padre? remite claramente a los desaparecidos de Oaxaca del 24 de mayo; d) zapatito podría ser una alusión a Gabino Flores Cruz, detenido el 14 de junio 2007, en Ixhuatlán de Madero, Veracruz y vinculado a la otra campaña. Las amenazas tenían la marca inconfundible de la guerra psicológica; ostentaban, además, un alto nivel de información de manera que, muy probablemente, procedían de los órganos de inteligencia. La conclusión es que el Estado mexicano considera a los hermanos Cerezo Contreras como rehenes, susceptibles de ser castigados en cualquier momento, a pesar de que su única culpa es la de ser activistas de los derechos humanos.

El 27 de junio, un nuevo y angustiado comunicado del EPR preguntaba: “¿Qué necesitamos hacer para ser considerados noticia? Ya son 33 días los que llevan nuestros camaradas (...) en calidad de detenidos desaparecidos por este gobierno criminal; 33 días de estarse ensañando los torturadores mientras los hombres del sistema siguen buscando las argucias legaloides para presentarlos como delincuentes o terroristas.” Una vez más, las autoridades callaron y los medios también.

Entre el 5 y el 10 de julio, tuvieron lugar ocho explosiones en gasoductos y oleoductos de PEMEX, ubicados en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago, Guanajuato; y en la comunidad Presa de Bravo, municipio de Corregidora, Querétaro, afectando seriamente al corredor industrial centro-norte. Aunque la procedencia era obvia, en un primer momento, las autoridades mexicanas hablaron de “incidentes”. El día 10, el EPR declaró que los atentados eran una represalia por la desaparición de sus militantes. El comunicado detallaba que “las acciones de hostigamiento no pararán hasta que el gobierno de Felipe Calderón y el de Ulises Ruiz presenten con vida a nuestros compañeros”. En las semanas sucesivas, el EPR llevó a cabo otros atentados de carácter demostrativo en Chiapas y en la propia ciudad de Oaxaca, en los días anteriores a la celebración de los comicios para elegir alcaldes y diputados locales.

No es mi intención hacer una defensa del EPR. Sin contar los daños que las explosiones ocasionan en el ya deteriorado medio ambiente mexicano, es claro que atentar contra PEMEX en estos tiempos neoliberales es -por decir lo menos- intempestivo, pues para esto ya están el PAN y la iniciativa privada. Asimismo, los bombazos de Oaxaca fueron usados por el gobierno local como propaganda electoral para justificar su política represiva. Aun así, es necesario reconocer que el EPR volvió a poner sobre la mesa el tema candente de los desaparecidos.

Al respecto, la postura del gobierno -tanto oaxaqueño como federal- es escalofriante: “no hay desaparecidos; las personas buscadas no están en ninguna de las cárceles del sistema penitenciario nacional”. Después de realizar una visita al Campo Militar No. 1, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó, por su parte, que “no se halló a los dos eperristas presuntamente desaparecidos”. Es fácil observar que, aun cuando hayan estado ahí (y no en mazmorras clandestinas), difícilmente los militares los hubieran entregado.

La Procuraduría General de la República (PGR) -dependencia federal- alegó que nadie reclamó a los desaparecidos, pero Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, reportó que la delegación oaxaqueña de la PGR se negó a recibir la denuncia por la desaparición de su padre. ¿Y la izquierda? En gran parte, hizo caso omiso. Particularmente torpe fue el silencio de la “Otra Campaña” ya que, como señalado, las amenazas involucraban a los propios neozapatistas.

Por su parte, el presidente “legitimo”, Andrés Manuel López Obrador, consideró que se trataba de auto-atentados del gobierno para tapar los muchos escándalos que enfrenta. Según AMLO, la verdadera guerra sucia es la que el gobierno libra contra él y la coalición de centro-izquierda que lo sostiene, el Frente Amplio Progresista.

Pocos, muy pocos exigieron lo elemental: la desactivación de los mecanismos de la guerra sucia y la presentación con vida de los dos eperristas desaparecidos. Hacerlo no implicaba aprobar los atentados, ni adherirse a la estrategia de los grupos armados, mucho menos compartir su perspectiva marxista-leninista. Implicaba, únicamente, un acto elemental de justicia y un mínimo de percepción política. Por lo pronto, la ofensiva se desató contra los “grupos terroristas”, pero podrían seguir los militantes pacifistas y hasta los ciudadanos comunes...

¿Hechos desligados?

Con sus sesenta millones de pobres -más de la mitad de los cuales vive en una situación de miseria extrema- México hace alarde dos récord inusuales: el hombre más rico del mundo -el magnate de las telecomunicaciones, Carlos Slim - y el decomiso de dinero en efectivo más grande de la historia de la humanidad -dos cientos cinco millones de dólares atestados en bolsas de lona en una apacible villa de un barrio exclusivo de la Ciudad de México.

Así las cosas, el control social es una prioridad estratégica ya que el país es como una olla de presión, lista para estallar en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto explica por qué el gobierno mexicano está negociando con el de los Estados Unidos un “Plan México”, equivalente al “Plan Colombia” que tantos estragos ha causado en el país sudamericano. Bajo el pretexto de combatir la producción de enervantes, el crimen organizado y el terrorismo, de lo que se tata es acabar con toda oposición política al sur del río Bravo.

Igualmente preocupante es el Acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad en América del Norte (ASPAN) que el gobierno norteamericano impulsa desde los atentados a las torres gemelas. Firmado el 23 de marzo de 2005 en Waco, Texas, por los entonces presidentes George Bush, Vicente Fox y Paul Martin y refrendado el 21 de agosto de 2007 en Montebello, Canada, por Harper, Calderón y el propio Bush, el acuerdo busca en primer lugar fortalecer la seguridad de Estados Unidos y secundariamente el comercio, la economía y el sector energético en la senda marcada por el TLCAN. “El ASPAN -escribe Carlos Fazio- se inscribe dentro de la tendencia hacia la militarización y trasnacionalización de la “guerra a las drogas”, fabricada e impuesta por Estados Unidos en todo el continente, a la que se suma, ahora, como parte de un mismo paquete de tipo contrainsurgente, la “guerra al terrorismo”. Tal tendencia contribuye al reforzamiento y a la relegitimación del papel doméstico de las fuerzas armadas y los cuerpos policiales militarizados, similar al cumplido durante las dictaduras del cono sur y que provocó su desprestigio y condena por la dramática incidencia sobre los derechos humanos”.

El ASPAN es pues una suerte de TLCAN militarizado planificado por el gobierno de Washington y el Consejo para la Competitividad de América del Norte (CCAN), organismo empresarial integrado por los principales hombres de negocios de México, Estados Unidos y Canadá. Uno de sus objetivos es derogar la ley mexicana de no intervención abriendo paso a la participación de tropas mexicanas en las guerras imperiales y, sobre todo, a la intromisión directa del ejército norteamericano en los asuntos internos del país, tal y como sucede en Colombia.

Por su parte, el gobierno de Felipe Calderón ya está dando pasos significativos en esa dirección. En marzo, el Senado aprobó una “Ley contra el terrorismo” que criminaliza la protesta social y posibilita que luchadores sociales sean acusados de ser terroristas.

El 9 de mayo de 2007, el Diario Oficial de la Federación, publicó un decreto -firmado por el presidente Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván- por el que se crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal” con el propósito de restablecer “el orden público y el Estado de derecho” en donde sea necesario, lo cual se configura como un nuevo instrumento de represión al servicio directo de la presidencia de la república.

En total sintonía con el modelo impulsado por Estados Unidos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) plantean que la justicia civil no podrá juzgar a militares que cometan violaciones a derechos humanos y otro tipo de delitos, mientras actúen como policías federales.

En junio, se produjo un hecho insólito: la destitución de todos los mandos de las dos principales instancias represivas del Estado mexicano: la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP). La medida se planteó como necesaria para “combatir la corrupción y evitar que el crimen penetre en los cuerpos de seguridad del Estado” pero es claro que en el contexto actual tiene implicaciones en la estrategia contrainsurgente.

Al mismo tiempo, se da una reestructuración del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) cuyo objetivo principal es trasladar las funciones de inteligencia al ejército.

Otros dos sucesos son dignos de consideración: la liberación del general Mario Arturo Acosta Chaparro y el amparo concedido al ex presidente Luís Echeverría. Juzgado por delitos contra la salud (por los cuales pasó seis años y 10 meses en el Campo Militar Número Uno), el primero es uno de los máximos responsables de la guerra sucia de los años setenta. La sentencia le restituye todos sus derechos y el grado de general.

Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité ¡Eureka!, denuncia que esa resolución es signo de una injusticia enorme, pues numerosos testimonios prueban que el militar fue responsable de muchas desapariciones forzadas y actos de tortura en el Estado de Guerrero.

A su vez, Echeverría fue juzgado por las matanzas de Tlatelolco (1968) y del Jueves de Corpus (1971), pero esas acusaciones han ido cayendo una tras otra. Obra maestra de incongruencia jurídica, el último fallo establece que los hechos considerados configuran, en efecto, el delito de genocidio pero, al mismo tiempo, exonera de toda responsabilidad a su principal organizador.

La impunidad de Echeverría y otros funcionarios -por ejemplo, el siniestro torturador Miguel Nazar Haro, ex jefe de la Dirección Federal de Seguridad, quien también salió libre- fue avalada incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver que, aun cuando fueron cometidos, los delitos por los que se les juzgaba ya habían prescrito según las leyes mexicanas.

El afán de rehabilitar a los peores represores de la historia reciente de México se embona con los constantes llamados del presidente Felipe Calderón a las fuerzas armadas para que “combatan las amenazas de quienes pretenden afectar la seguridad del país con acciones criminales” lo cual transmite la idea que el ejército es el mejor defensor de la legitimidad republicana.

Es evidente que tales sermones dan vía libre a los atormentadores de Cruz Sánchez y Reyes Amaya -y a todos los torturadores que actúan en las cárceles clandestinas del país- para que sigan operando en la más total impunidad. Según el general disidente José Francisco Gallardo -quien purgó ocho años de prisión por haberse atrevido a exigir un ombudsman militar en México -, “Felipe Calderón gobierna en los Estados mediante los comandantes militares. (...) Estamos en los albores de llegar a un Estado de guarnición, donde el Ejército está en permanente confrontación con la sociedad civil y la tiene permanentemente bajo el miedo. Eso ocurre ya, cotidianamente, en el sur y la zona fronteriza.”.

Sólo en este cuadro desconcertante -que corresponde al estado de excepción descrito por Agamben-, se entiende la detención, desaparición y tortura de los dos militantes del EPR. No se trata únicamente de un acto de barbarie, sino de una maniobra contrainsurgente ejecutada al más alto nivel. El objetivo es claro: forzar al EPR a cometer actos desesperados para después criminalizar al movimiento social. Recordemos que el intento de vincular a los movimientos sociales con la guerrilla no es nuevo. En el transcurso del levantamiento protagonizado el año pasado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la entonces Procuradora General de Justicia de Oaxaca, Lizbeth Caña Cadeza denunció a esta organización por su actuación con tácticas “guerrilleras y subversivas”.

Quienes ejecutaron los secuestros -el EPR denuncia directamente al general Juan Alfredo Oropeza Garnica, titular de la octava región militar con sede en Oaxaca y experto en lucha contrainsurgente - pensaban, con toda probabilidad, que la respuesta de los guerrilleros sería local. Si esto fuera así, los atentados contra PEMEX fueron una desagradable sorpresa para los arquitectos de la guerra sucia, lo cual explica las discordantes declaraciones al respecto de los funcionarios gubernamentales.

Como parte de la misma campaña de intimidación, en los últimos meses se han multiplicado las filtraciones de inteligencia militar a periodistas complacientes que relacionan a ex presos políticos con el EPR abriendo el paso a la represión. Uno de esos, Vladimir Galeana, escribió que en el Distrito Federal el grupo armado celebra sus reuniones en la sede del Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, una colectivo de carácter público y abierto que no tiene absolutamente nada que ver con la lucha armada y que no comparte la ideología del EPR, pero tiene la gran culpa de haber llevado a cabo actividades solidarias con los presos políticos. Aun cuando se trata de falsedades evidentes, el intento es claro: criminalizar la disidencia.

Y es que la definición de “subversivo” ya no incluye únicamente a quienes practican la lucha armada, sino que, según las necesidades, puede hacerse extensiva a militantes políticos, a periodistas incómodos (dos de ellos cayeron el año pasado en Oaxaca ), a fastidiosos defensores de los derechos humanos...

Es evidente que vincular a la APPO y a sus simpatizantes con la guerrilla proporciona una excusa inmejorable para justificar la represión contra el movimiento social. Así las cosas, cuando los grupos armados no actúan -el año pasado no lo hicieron- es necesario inventarlos. Esto explica primero la aparición de guerrilleros postizos en Oaxaca y después la abierta provocación de secuestrar-desaparecer a dos dirigentes del EPR. Ahora como antes, el objetivo es, principalmente, la APPO que los órganos de inteligencia consideran una amenaza mucho más grave precisamente por ser “incontrolable”.

Una Guelaguetza ensangrentada

La “Guelaguetza” que se celebra oficialmente en Oaxaca es más una simulación que una fiesta popular. La tradición, sin embargo, es auténtica. Se remonta a la época prehispánica, cuando los pueblos del valle central rendían tributo a Centéotl, -diosa del maíz - en un templo situado en el actual cerro del Carmen Alto y dedicado a Tláloc, el señor de la lluvia. Con la conquista, el ritual se convirtió en la conmemoración de la Virgen del Carmen que se celebraba el domingo siguiente al 16 de julio y se repetía ocho días después en la llamada “octava”.

Consumada la ceremonia religiosa, el lunes -llamado “Lunes del Cerro”- iniciaba la fiesta profana con sus sincretismos y transgresiones carnavalescas. Los indígenas de la ciudad y de los pueblos vecinos acudían a bailar e intercambiar regalos al son de pitos, tambores y chirimías. El mezcal, el aroma de las comidas, el humo del copal y del cigarro se fundían en la comunión colectiva, el éxtasis y el tiempo destinado a la regeneración de la comunidad. A partir de los años treinta, la tradición sufrió una nueva mutación al transformarse en un ritual laico, al servicio del Estado posrevolucionario. De lo que se trataba, ahora, era rendir un “homenaje racial” a los oaxaqueños de abajo lo cual -como señala Hermann Bellinghausen- era de por sí una idea racista.

La fiesta empezó a incluir delegaciones de las siete regiones (los Valles Centrales, la Sierra Juárez, la Cañada, Tuxtepec, la Mixteca, la Costa y el Istmo de Tehuantepec) que desfilaban con sus trajes típicos, música y danzas ante la mirada complacida de la clase dominante local. Pronto, se le llamó “Guelaguetza”, palabra zapoteca que remite a la idea de cooperación y reciprocidad. “Guelguees” significa, literalmente, “milpa de cigarro” ya que el trabajo de la milpa implica al apoyo muto y el cigarro evoca un aspecto ceremonial y por lo tanto sagrado.

En los últimos años -y particularmente a partir de los noventa-, la Guelaguetza se ha convertido en un gran negocio en provecho de la industria hotelera, los restaurantes, las agencias de viajes y las tiendas para turistas refrendándose, al mismo tiempo, el aspecto político de apoyo al gobernante en turno. En el Auditorio de la Guelaguetza, los caciques regionales se pelean los lugares mejores para retratarse junto al mandatario en turno y a la burocracia estatal.

En 2006, la APPO boicoteó con éxito la fiesta oficial obligando al odiado gobernador, Ulises Ruiz Ortiz (URO), a suspenderla. Acto seguido, organizó una fiesta alternativa en el Estadio del Instituto tecnológico de Oaxaca con la participación de danzantes indígenas provenientes de las siete regiones -más una octava, la Sierra Sur, en homenaje a la lucha de los pueblos loxichas- acompañados de cohetes, bandas musicales y miles de personas que coreaban demandas políticas entre las que destacaba la destitución del tirano. A pesar de que unos días antes, desconocidos “guerrilleros” habían quemado el entarimado del Auditorio oficial, el evento fue un éxito.

Este año, la APPO volvió a impulsar una Guelaguetza no comercial. Sin embargo, las circunstancias eran ahora mucho más difíciles. Envalentonado por el clima de represión que prevalece en el país, URO buscaba vengarse. Después de la represión de 2006, la presencia policial se había vuelto al mismo tiempo espectral y aterradora. Las detenciones eran más selectivas -como la de David Venegas, concejal de la APPO quien sigue preso a pesar de que le fue concedió un amparo- y la militarización más discreta, pero el estado de terror seguía.

Con el “Operativo Guelaguetza 2007”, volvía el estado de sitio lo cual, paradójicamente, dañaba a la industria del turismo más que las manifestaciones, pues es sabido que los turistas no aprecian la violencia. El domingo 15 de julio, los danzantes alternativos desfilaron por las calles de Oaxaca, listos para la celebración. Mientras tanto, la tensión subía: varias caravanas que pretendían ingresar a la ciudad fueron interceptadas y sus integrantes expulsados de la entidad, sin el menor apego a la legalidad. En esta situación, el magisterio optó por celebrar la fiesta en la Plaza de la Danza y no en el tradicional auditorio ubicado en cerro del Fortín, territorio a todas luces “enemigo”. Mientras tanto, URO aguardaba. La ocasión que esperaba se presentó el lunes 16. Hacia las 11 de la mañana, unas 10 mil personas -entre maestros, danzantes y simpatizantes de la APPO- marchaban del zócalo a la Plaza de la Danza. A la altura de la calle Crespo, enfilaron hacia el cerro del Fortín, en donde se ubica el auditorio oficial. A un kilómetro de ese lugar, se toparon con un retén instalado por cientos de policías preventivos, auxiliares y municipales auxiliados por elementos del ejército. Durante una media hora, los manifestantes intentaron dialogar con las autoridades hasta que un cohete estalló en las inmediaciones del Hotel El Fortín. Era la señal. De repente, policías municipales, preventivos, bancarios, PFP y hasta militares en divisa (novedad ominosa) lanzaron un ataque de gran envergadura.

Volvía la pesadilla. La policía masacró sin reparos y los manifestantes se defendieron como pudieron, dando lugar a un enfrentamiento que se prolongó durante 4 horas y dejó un saldo de más de 70 personas detenidas y unas 40 heridas. Entre los vapuleados se hallaba el maestro Emeterio M. Cruz, quien permaneció varias semanas en estado de coma y todavía padece las secuelas de la paliza. Si bien hay fotos del momento en que los policías lo golpean con saña, el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, declaró, imperturbable, que “existe un procedimiento interno abierto, pero no hay ninguna prueba sobre quiénes pudieron haber sido los responsables”.

Como ya había sucedido en la represión del 25 de noviembre del año anterior, nadie estuvo a salvo y las fuerzas del orden se enfurecieron contra los transeúntes y los reporteros, varios de los cuales resultaron heridos, a pesar de haberse identificado como informadores.

“Ahí tienes, para que no sigas defendiendo a esos pinches appos”, espetó un rabioso policía antimotín al abogado Jesús Alfredo López García, quien yacía exánime en el asfalto con la cabeza cubierta de sangre, después de haber sido golpeado con toletes y puntapiés. Lo peor fue el trato que se le suministró a los presos. La violencia -en gran parte contra las mujeres, pero también contra los hombres- no es un exceso, sino una estrategia deliberada y planificada desde arriba como parte de la guerra psicológica.

Del estado de excepción al estado de rebelión

Si el terrorismo es una técnica dirigida a provocar miedo y zozobra en la población, sin distinguir entre objetivos militares y víctimas civiles, lo que el gobierno mexicano está haciendo contra los movimientos sociales es terrorismo puro. Desapareció la división entre la violencia que funda y la violencia que conserva la ley y declaró una guerra despiadada contra todas las categorías de ciudadanos que no resultan integrables en el sistema político. Las escenas que contemplamos impotentes -sangre en el pavimento, rostros inocentes aterrorizados, niños, mujeres y ancianos brutalizados, activistas arrodillados ante la mirada sádica de los represores- recuerdan al Chile de Pinochet o al Irak de nuestros días, más que a un país que se dice democrático.

Ya sea por rabia, impotencia o ineptitud, las autoridades no quieren o no pueden actuar dentro del ordenamiento jurídico que supuestamente representan. “La policia -escribió Benjamin en los albores de la era nazi- interviene por razones de seguridad en casos innumerables en los que no subsiste una clara situación jurídica, (...) como una vejación brutal, sin relación alguna con fines jurídicos.”

A un año de la toma de posesión de Felipe Calderón, la represión se generaliza, los derechos laborales se encuentran prácticamente suspendidos y el Estado reprime a los mineros, a los maestros, a los sobrecargos, en fin a todos los trabajadores que reclaman sus derechos. Según afirma Rosario Ibarra, en siete años de administraciones federales panistas han ocurrido cerca de cien desapariciones forzadas. Asimismo, continúan las detenciones arbitrarias, las torturas, los cateos ilegales, las órdenes de aprehensión sin fundamento jurídico y una nueva modalidad, las violaciones sexuales, que no se presentaban en los años 70 y 80. Todos los hechos examinados -la detención-desaparición de los militantes del EPR, la militarización de los cuerpos policiales y de inteligencia, la rehabilitación de los arquitectos de la guerra sucia, el ASPAN, el Plan México, la suspensión de las garantías individuales y la brutalización de manifestantes indefensos- se explican en el marco de un estado de excepción latente. Experimentado en Oaxaca, el modelo se va extendiendo a todo el país, incluso a las Estados en donde gobierna el Partido de la Revolución Democrática, PRD.

En la región de la Montaña, Guerrero, se multiplican los ataques del gobernador Ceferino Torreblanca (PRD) contra la policía comunitaria, el cuerpo de vigilancia y ayuda que crearon los pueblos mephaa, na savii, nahuas y mestizos para defenderse de los caciques y de los talamontes.

Un activista, David Valtierra, fundador de Radio Ñomndaa (“La Palabra del agua”) fue detenido el 9 de agosto (que incidentalmente es el día internacional de las poblaciones indígenas). ¿Su culpa? Defender los usos y costumbres de su pueblo, luchar a favor de la construcción del municipio autónomo Sulja (o Xochixtlahuaca), y mantener un espacio radiofónico donde se le da voz y opinión a los indígenas amuzgos, con el fin de contrarrestar los excesos de poder. En el sureste de Morelos, 13 comunidades indígenas luchan contra un proyecto de urbanización salvaje impulsado por el gobernador panista, Marco Adame, en alianza con empresas depredadoras. Los pueblos objetan la construcción de 50 mil viviendas en una reserva ecológica y la perforación de inmensos pozos que acabarían con los ya castigados manantiales de la región. Ante la exigencia de frenar la especulación edilicia y salvaguardar los recursos naturales (particularmente el agua), las autoridades morelenses iniciaron una campaña de desprestigio del movimiento popular, con el argumento de que es “ilegítimo”, buscando asimismo vincularlo con ... ¡el EPR!

En agosto la ofensiva contrainsurgente se extendió al Estado de Chiapas, gobernado por el PRD. El día 18, helicópteros de la policía federal y estatal arribaron a los poblados de San Manuel y Buen Samaritano en la Selva Lacandona para desalojar a sus habitantes bajo la estrafalaria acusación de destruir las montañas de la reserva ecológica de los Montes Azules. La razón es clara: los operativos “son parte de la estrategia global de despeje del territorio de mayor biodiversidad, cubierta forestal y caudales de agua dulce no contaminada, del país y de Mesoamérica”, según afirma la organización ambientalista Maderas del Pueblo del Sureste. El 28 de agosto, soldados federales incursionaron en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, en busca de un campo de entrenamiento y de campesinos acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR). Al mismo tiempo, operativos similares se llevaban a cabo en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y en Coyuca de Benítez, Guerrero. En las comunidades donde no hay conflictos, pero si recursos naturales, son la propias autoridades que promueven la violencia. Es el caso -un ejemplo entre muchos- de Santiago Xanica, comunidad zapoteca de la sierra sur de Oaxaca. En este pueblo de apariencia apacible y vegetación lujuriosa, el gobierno del Estado ha estado provocando confrontaciones sangrientas entre campesinos que anteriormente eran vecinos solidarios. ¿Cuál es el objetivo? Acabar con una sociabilidad considerada incompatible con los valores dominantes y, sobre todo, apropiarse de sus recursos naturales, especialmente el agua y la biodiversidad. Así las cosas: ¿cómo detener la máquina infernal de la violencia?

La labor de denuncia que llevan a cabo los organismos de derechos humanos es muy importante. En el mes de agosto, se celebró en el zócalo de la Ciudad de México, un juicio simbólico contra Ulises Ruiz y Felipe Calderón en el que participaron personalidades del mundo académico, cultural, artístico y defensores de los derechos humanos. El veredicto de los jurados fue contundente: “[en el curso de la represión] se infligieron dolor y sufrimiento físico y psicológico grave, tratos crueles, inhumanos y degradantes a detenidos y ciudadanos, con objeto de que dejen de participar en la movilización social”.

También son de señalar los reiterados llamados de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) que de alguna manera han puesto al gobierno mexicano en la defensiva. Sin embargo, es preciso reconocer que, aun cuando las denuncias son muy necesarias, ya no son suficientes. Lo más importante es que los movimientos sociales cobren conciencia de su propia fuerza y no se dejen amedrentar. Si los poderosos endurecen sus esquemas militares y de seguridad es por qué temen nuevas oleadas de luchas sociales. Es necesario unificar las resistencias y construir un movimiento amplio, incluyente y no violento que luche a nivel nacional -y también internacional defendiendo los derechos de los migrantes en las fronteras sur y norte- contra la militarización de la sociedad y la criminalización de la protesta.

Un movimiento así tendría como eje principal la construcción de un espacio autónomo e independiente de los partidos políticos que tendría como objetivo mínimo y eje unificador, el cese de la tortura, la vigencia de los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y de la guerra social, así como la aparición de los detenidos-secuestrados. Podríamos, por esta vía, parar la guerra sucia y transformar el estado de excepción en estado de rebelión .

septiembre de 2007

claudio.albertani (arroba) gmail (punto) com

NOTAS

1 Giorgio Agamben, Estado de Excepción, Pre-textos, Valencia, 2004.

2 Carlos Montemayor, “EPR”, La Jornada, 14 de julio de 2007. La versión de Montemayor se basa en la de Pedro Ansótegui, columnista político oaxaqueño vinculado a inteligencia militar.

3 LIMEDDH, “Detención desaparición de dos integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario, PDPR, en Oaxaca”, http://espora.org/limeddh/spip.php?article178

4 Véase: http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=146297

5 El 13 de agosto de 2001, los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras fueron detenidos y torturados en la Ciudad de México a raíz del estallido de algunos petardos en sucursales bancarias. Alejandro salió libre y exonerado el 01 de marzo de 2005 mientras que Antonio y Héctor siguen recluido el en el penal de Alta Seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México.

6 LIMEDDH, http://espora.org/limeddh/spip.php?article194

7 Hermann Bellinghausen, La Jornada, 6 de julio de 2007. Véase también: http://zapateando.wordpress.com

8 Véase: http://www.estesur.com/categoria.jsp?categoriaid=4&id=5857

9 Véase: http://www.el-universal.com.mx/notas/vi_436125.html

10 La Jornada, 29 de julio y 2 agosto de 2007.

11“Niega la PGR captura de dos guerrilleros” http://www.milenio.com/index.php/2007/07/12/92321/

12 La Jornada, 15 de agosto de 2007.

13 Carta de Nadín Reyes a Florentín Meléndez, relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. http://hastaencontrarlos.blogspot.com

14 “Alerta AMLO de guerra sucia contra él y el FAP”, La Jornada, 21 de julio.

15 Francesc Relea, “Entrevista con el hombre más rico del mundo”, El País, 12 de julio de 2007.

16 La Jornada, 17 de marzo de 2007.

17 “U.S. Anti-Drug Aid Would Target Mexican Cartels”, The Washington Post, 7 de agosto de 2007; Nydia Egremy, “Plan Colombia para México”, http://hastaencontrarlos.blogspot.com

18 Tratado de libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés) que entró en vigor el primero de enero de 1994, día de la insurrección zapatista.

19 Carlos Fazio, “La sombra del ASPAN”, La Jornada, 27 de agosto de 2007.

20 Para más información sobre el ASPAN, véase: http://www.psp-spp.com/?q=es

21 La Jornada, 27 de abril de 2007. Todavía no aprobada por el pleno del Congreso, la ley se encuentra en una surte de limbo legal.

22 “Fuerza sin límites”, http://revolucionesmx.blogspot.com/2007_05_18_archive.html

23 La Jornada, 29 de agosto de 2007.

24 “México releva a 284 mandos policiales para luchar contra la corrupción”, El País, 25 de junio de 2007.

25 “Cambios en el CISEN”, http://www.poresto.net/content/view/8141/1/

26 La Jornada, 30 de junio y 13 de julio de 2007. Otro de los responsables de la guerra sucia de los años setenta, Miguel Nazar Haro, había sido liberado en los meses anteriores.

27 “Aberrante, la liberación de Acosta Chaparro: Rosario Ibarra” http://www.notiver.com.mx/index.php?id=74632

28 Véase la carta del comité Eureka y las declaraciones de Rosario Ibarra a La Jornada, 29 de julio de 2007.

29 La persistencia de la tortura en México ha sido denunciada por las principales organizaciones internacionales de derechos humanos incluyendo a Amnistía Internacional y a Human Rights Watch. Véase: http://thereport.amnesty.org/esl/Re...; “Human Rights Watch urge a Ulises indagar y sancionar abusos policiacos”, La Jornada, 25 de julio de 2007.

30 La Jornada, 30 de julio de 2007.

31 “Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos”, Informe sobre los hechos de Oaxaca, febrero de 2007, http://cciodh.pangea.org

32 EPR, comunicado del 19 de julio, http://www.estesur.com/categoria.jsp?categoriaid=4&id=5947&pagenum=1

33 Véase en particular el “Reporte Índigo” (http://www.reporteindigo.com), los artículos de Raimundo Riva Palacio en El Universal y los de Vladimir Galeana (http://www.rumbodemexico.com.mx).

34 Vladimir Galeana, “Se activan nuevamente los grupos guerrilleros”, 24 de agosto de 2007, http://www.rumbodemexico.com.mx/macnews-core00000/notes/?id=77048

35 “Los 37 periodistas asesinados y desaparecidos en México” http://periodismodeesperanza.blogspot.com

36 “Supuesto comando armado hizo explotar tres petardos en Oaxaca”, La Jornada, 3 de octubre de 2006.

37 Hermann Bellinghausen, “La revancha de la Guelaguetza”, La Jornada, 23 de julio de 2007.

38 Entrevista con Nicéforo Urbieta, 30 de julio de 2007.

39 Para un análisis de lo que sucedió el año pasado, remito a mi artículo, “El espejo de México. Oaxaca un año después”, www.rebelion.org/noticia.php?id=52119

40 En las dos semanas sucesivas, los prisioneros del 16 de julio fueron liberados a cuentagotas y no sin sufrir toda suerte de vejaciones. El 27 de agosto, Marino Cruz fue dado de alta pero salió en silla de ruedas, con sonda gástrica y respirador artificial.

41 Véase las fotos en: http://oaxacaenpiedelucha.blogspot.com/

42 Reconstrucción basada en: http://oaxacaenpiedelucha.blogspot...., correspondiente a los días 16 y 17 de julio de 2007.

43 La Jornada, 4 de agosto de 2007.

44 Véase el testimonio de algunos presos en: http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article18985

45 Walter Benjamin, “Para una crítica de la violencia”, Ensayos escogidos, Ediciones Coyoacán, México, DF, pág. 183.

46 La Jornada, 1 de septiembre de 2007

47 “Guerrero: Ataca gobierno estatal a policías comunitarios”, http://cml.vientos.info/node/10390

48 Véase: http://www.apiavirtual.com

49 Andrés Barreda, “Morelos: provocación gubernamental vs. propuestas populares”, La Jornada, 5 de agosto de 2007.

50 Véase la denuncia respectiva en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/795/

51 Documento citado por Hermann Belllinghausen, La Jornada, 29 de agosto de 2007.

52 La Jornada, 28 de agosto de 2007.

53 Véase: “Informe de la “Caravana de salud y resistencia contra la represión y marginación de los pueblos indios de Oaxaca”, http://www.lahaine.org/index.php?p=24253

54 Juicio popular contra Ulises Ruiz y Felipe Calderón. Zócalo de la Ciudad de México celebrado los días 3 y 4 de agosto de 2007.

55 Véase, en particular, http://cciodh.pangea.org/index/index.shtml y el último reporte de Amnistía Internacional, “México Leyes sin justicia: Violaciones de derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública”, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR410022007


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Comentarios


  • El regreso de los bárbaros: resistencia y estado de excepción en México

    20 de diciembre de 2008, por  gmail.com">Fernando Rubilar

    Aviso.En Cocepción,Talcahuano y Lagunillas; trabaja un pseudo dentista.Pues le cancelé 300 70 mil pesos mil pesos,y no me terminó el trabajo,al contrario, quedé peor de mi dentadura que antes.(tengo toda la documentación donde esta su firma en que se recibió los 300 70 mil pesos Dicho sujeto, se dice llamar —Giovani Ulloa Becerra,—ojo, no se atiendan con ese dentista «chanta» de —Giovani Ulloa Becerra—,que reside en Coronel,es un pillo. Y,para darle seriedad a mí denuncia....pongo mi RUT,y nombre completo RUT.6578467-K. Fernando Rubilar


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