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El complejo militar-industrial de Estados Unidos

Es mucho más tarde de lo que piensas (aunque aún hay tiempo para detenerlo)

Sección:Iraq
Jueves 7 de agosto de 2008 0 comentario(s) 3097 visita(s)

Chalmers Johnson
Tom Dispatch

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Introducción del editor de Tom Dispatch:

¡Ojo! Mercenarios a la obra

Si se quiere presentar algo de contexto para la última presentación de Chalmers Johnson sobre la privatización de los servicios de inteligencia de EE.UU., es importante saber hasta qué punto es lucrativo el “negocio” de la inteligencia. Según el último cálculo, el presupuesto acumulado de inteligencia para 2009 de las 16 agencias en la comunidad de la inteligencia de EE.UU. será de más de 55.000 millones de dólares. Sin embargo, es posible que la cifra real en ese presupuesto extremadamente confidencial pueda subir a más de 66.000 millones de dólares, lo que significaría que el presupuesto de EE.UU. para agentes secretos se ha más que duplicado en menos de una década. Como señala Robert Dreyfuss en su invaluable blog en The Nation, de modo aún más espectacular (y derrochador), gran parte de ese dinero terminará en manos de los “contratistas privados” quienes ya tienen su propio mini-complejo inteligencia-industria.

Chalmers Johnson, quien una vez fue consultor de la CIA y más recientemente llamó a que se cerrara la Agencia en su libro “Nemesis: The Last Days of the American Republic” [Némesis, los últimos días de la república estadounidense], tercer volumen de su “Blowback Trilogy,”, sabe un par de cosas sobre el mundo de los servicios de inteligencia de EE.UU. Como escribiera: “Una agencia de inteligencia incompetente o inescrupulosa puede representar una amenaza tan grande para la seguridad nacional como no tener ninguna.” Ahora, consideremos, junto con Johnson, lo incompetente e inescrupulosa que puede resultar una “comunidad” de inteligencia privatizada.

Tom


El complejo militar-industrial
Es mucho más tarde de lo que piensas

La mayoría de los estadounidenses tienen una vaga idea de lo que significa el término “complejo militar-industrial” cuando lo ven en un periódico o escuchan que un político lo menciona. El presidente Dwight D. Eisenhower presentó la idea al público en su discurso de despedida del 17 de enero de 1961. “Nuestra organización militar actual tiene poca relación con la conocida por alguno de mis predecesores en tiempos de paz,” dijo, “o por cierto por los combatientes en la Segunda Guerra Mundial y Corea... Hemos sido forzados a crear una industria permanente de armamentos de vastas proporciones... No debemos dejar de comprender sus graves implicaciones... Debemos precavernos contra la adquisición de influencia injustificada, sea buscada o no, por el complejo militar-industrial.”

Aunque la referencia de Eisenhower al complejo militar-industrial ya es bien conocida, creo que su advertencia contra su “influencia injustificada” ha sido generalmente ignorada. Desde 1961, ha habido demasiado poco estudio serio, o discusión de, los orígenes del complejo militar-industrial, cómo ha cambiado con el pasar del tiempo, cómo el secreto gubernamental lo ha ocultado de la supervisión de los miembros del Congreso o de ciudadanos atentos, y cómo degrada nuestra estructura constitucional de división de poderes.

Desde sus orígenes a comienzos de los años cuarenta, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt estaba preparando su “arsenal de la democracia,” hasta la actualidad, la opinión pública ha asumido usualmente que involucraba relaciones más o menos equitativas – a menudo llamadas una “colaboración” – entre el alto comando y los jefes supremos de las fuerzas armadas de EE.UU. y empresas de propiedad privada, con fines de lucro, de producción y servicios. Por desgracia, la realidad es que, desde que emergieron por primera vez, esas relaciones nunca fueron equitativas.

En los años formativos del complejo militar-industrial, el público aún desconfiaba profundamente de firmas industriales de propiedad privada debido al modo como habían contribuido a la Gran Depresión. Por lo tanto, el papel dirigente de la nueva relación emergente estuvo en manos del sector gubernamental oficial. Un presidente profundamente popular y carismático, Roosevelt, patrocinó esas relaciones público-privadas. Obtuvieron más legitimidad porque su propósito era rearmar al país, así como a naciones aliadas en todo el mundo, contra las fuerzas crecientes del fascismo. El sector privado estaba ansioso de seguir esa línea, en gran parte como una manera de recuperar la confianza del público y de disfrazar sus beneficios en tiempos de guerra. A fines de los años treinta y comienzos de los cuarenta, el uso por Roosevelt de “cooperaciones” público-privadas para incrementar la industria de municiones, y con ello terminar de superar la Gran Depresión, no pasó enteramente sin cuestionamiento. Aunque él mismo era enemigo implacable del fascismo, unos pocos pensaban que aún así el presidente se acercaba a copiar algunas de sus instituciones clave. El destacado filósofo italiano del fascismo, el neo-hegeliano Giovanni Gentile, argumentó una vez que debiera ser llamado de modo más apropiado “corporativismo” porque era una fusión entre el poder corporativo y estatal. (Vea Eugene Jarecki: “The American Way of War,” p. 69.)

Algunos críticos se alarmaron temprano por la creciente relación simbiótica entre el gobierno y responsables corporativos porque cada cual protegía y otorgaba al mismo tiempo poder al otro, mientras confundía considerablemente la separación de poderes. Ya que las actividades de una corporación son menos afectadas por el escrutinio público o del Congreso que las de una institución pública, las relaciones de colaboración público-privadas dan al sector privado una medida adicional de seguridad contra un escrutinio semejante. Esas preocupaciones terminaron por ser enterradas por el entusiasmo por el esfuerzo de la guerra y la era de prosperidad de posguerra producida por esta última.

Bajo la superficie, sin embargo, había un movimiento menos claramente reconocido del gran capital para reemplazar las instituciones democráticas por aquellas que representaban sus intereses. Este movimiento es ascendente en la actualidad. (Vea el nuevo libro de Thomas Frank: “The Wrecking Crew: How Conservatives Rule” [Los demoledores: como gobiernan los conservadores], para ver un excelente análisis del eslogan de Ronald Reagan: “el gobierno no es una solución para nuestro problema, el gobierno es el problema.”) Sus objetivos han sido desde hace tiempo desacreditar lo que llaman “el gran gobierno,” mientras capturan para intereses privados las inmensas sumas invertidas por el sector público en la defensa nacional. Puede ser interpretado como una reacción a fuego lento ante lo que los conservadores estadounidenses consideraban como el socialismo del Nuevo Trato.

Sheldon S. Wolin, probablemente el teórico de la democracia más destacado del país, ha escrito un nuevo libro “Democracy Incorporated” [Democracia & Cía.], sobre lo que llama “totalitarismo invertido” – el ascenso en EE.UU. de instituciones totalitarias y de regimentación cortadas según el modelo de formas anteriores alemanas, italianas y soviéticas. Advierte contra “la expansión del poder privado (es decir sobre todo corporativo) y de la abdicación selectiva de la responsabilidad gubernamental por el bienestar de la ciudadanía.” También condena el grado en el que la así llamada privatización de actividades gubernamentales ha menoscabado insidiosamente nuestra democracia, dejándonos en la creencia generalizada de que ya no se necesita al gobierno y que, en todo caso, éste no es capaz de realizar las funciones que le hemos confiado.

Wolin escribe; “La privatización de los servicios y cometidos públicos manifiesta la permanente evolución del poder corporativo hacia una forma política, para convertirse en un socio integral, incluso dominante, del Estado. Marca la transformación de la política estadounidense y de su cultura política, de un sistema en el que las prácticas y los valores políticos eran, si no definidores, por lo menos importantes elementos contribuidores, hacia otro en el que los elementos democráticos restantes del Estado y sus programas populistas están siendo sistemáticamente desmantelados.” (p. 284)

Mercenarios a la obra

El complejo militar-industrial ha cambiado radicalmente desde la Segunda Guerra Mundial o incluso desde plena Guerra Fría. El sector privado se encuentra ahora en pleno ascenso. Las fuerzas uniformadas aéreas, terrestres y navales del país así como sus agencias de inteligencia, incluyendo la CIA, la NSA (Agencia de Seguridad Nacional), la DIA (Agencia de Inteligencia de la Defensa), e incluso redes clandestinas encargadas del peligroso trabajo de penetrar y espiar a organizaciones terroristas, dependen todas de hordas de “contratistas privados.” En el contexto de las funciones de seguridad nacional del gobierno, un mejor término para estas sería “mercenarios” que trabajan en privado para compañías en busca de beneficios.

Tim Shorrock, periodista investigativo y principal autoridad sobre el tema, resume esta situación de un modo devastador en su nuevo libro: “Spies for Hire: The Secret World of Intelligence Outsourcing” [Espías de alquiler: el mundo secreto de la subcontratación de la inteligencia]. Las siguientes citas resumen algunas de sus principales conclusiones: “En 2006... el coste de las actividades de espionaje y vigilancia de EE.UU. subcontratadas a contratistas ascendió a 42.000 millones de dólares, o sea a cerca de un 70% de la suma estimada de 60.000 millones que el gobierno gasta cada año en actividades de inteligencia en el exterior y en el interior del país... La cantidad de empleados subcontratados excede ahora el personal a tiempo completo [de la CIA] de 17.500... Los contratistas componen más de la mitad de la fuerza de trabajo del Servicio Clandestino Nacional de la CIA (antiguamente el Directorado de Operaciones), que realiza operaciones clandestinas y recluta a espías en el extranjero...

“Para satisfacer la insaciable demanda de la NSA de datos y tecnología de la información, la base industrial de contratistas que tratan de hacer negocios con la agencia aumentó de 144 compañías en 2001 a más de 5.400 en 2006... En la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), la agencia a cargo de lanzar y mantener los satélites de fotoreconocimiento y de escuchas de la nación, casi toda la fuerza laboral está compuesta de empleados a contrata que trabajan para compañías [privadas]... Con un presupuesto anual estimado en 8.000 millones de dólares, el mayor en la IC [comunidad de la inteligencia], los contratistas controlan negocios por cerca de 7.000 millones de dólares en la NRO, dando a la industria de los satélites espías la distinción de ser la parte más privatizada de la comunidad de la inteligencia...

“Si hay una generalización que se pueda hacer sobre los programas IT [de tecnología de la información] subcontratados por la NSA, sería la siguiente: no han funcionado bastante bien, y algunos han sido fracasos espectaculares... En 2006, la NSA no pudo analizar gran parte de la información que estaba reuniendo... Como resultado, más de un 90% de la información que estaba recolectando era descartada sin haber sido traducida a un formato coherente y comprensible; sólo cerca de un 5% era traducida de su forma digital a texto y luego enviada a la división correcta para ser analizada.

“La frase clave en el nuevo léxico del contraterrorismo es ‘cooperaciones público-privadas’... En realidad, ‘cooperaciones’ es una cobertura conveniente para la perpetuación de los intereses corporativos.” (pp. 6, 13-14, 16, 214-15, 365)

Varias deducciones pueden ser extraídas de la estremecedora revelación de Shorrock. Una es que si un servicio de espionaje extranjero quisiera penetrar los secretos militares y gubernamentales estadounidenses, su camino más fácil no sería conseguir acceso a alguna de las agencias oficiales de EE.UU., sino simplemente conseguir trabajo para sus agentes en cualquiera de las grandes compañías privadas orientadas hacia la inteligencia, de las cuales el gobierno ha llegado a depender de manera notable. Estas incluyen a Science Applications International Corporation (SAIC), basada en San Diego, California, que típicamente paga a sus 42.000 empleados salarios más elevados que si trabajaran para puestos semejantes en el gobierno; Booz Allen Hamilton, uno de los contratistas más antiguos en la inteligencia y las operaciones clandestinas que, hasta enero de 2007, fue el empleador de Mike McConnell, el actual director de inteligencia nacional y el primer contratista privado nombrado para dirigir a toda la comunidad de la inteligencia; y CACI International que, bajo dos contratos de “servicios de tecnología de la información,” terminó suministrando en 2003 unas dos docenas de interrogadores al Ejército en Iraq en la ya vergonzosa prisión Abu Ghraib. Según el general Anthony Taguba, quien investigó el escándalo de tortura y abusos en Abu Ghraib, cuatro de los interrogadores de CACI fueron “directa o indirectamente responsables” de la tortura de prisioneros. (Shorrock, p. 281)

De modo bastante notable, SAIC ha virtualmente reemplazado a la Agencia Nacional de Seguridad como el principal recolector de inteligencia por señales para el gobierno. Es el mayor contratista de la NSA, y esta última es hoy el mayor cliente de la compañía. Hay literalmente miles de otras empresas con fines de lucro trabajando para suministrar al gobierno las así llamadas necesidades de inteligencia, a veces incluso sobornando a miembros del Congreso para financiar proyectos que nadie quiere realmente en el poder ejecutivo. Fue el caso del congresista Randy «Duke» Cunningham, republicano del Distrito 50 de California quien, en 2006, fue sentenciado a ocho años y medio en una prisión federal por solicitar sobornos de contratistas de la defensa. Uno de los sobornadores, Brent Wilkes, amañó un contrato por 9,7 millones de dólares para su compañía, ADCS Inc. («Automated Document Conversion Systems») para computarizar ¡los archivos centenarios de la excavación del Canal de Panamá!

Un país que se ahoga en eufemismos

EE.UU. ha tenido un prolongado y lamentable historial cuando se trata de proteger su espionaje de la infiltración extranjera, pero la situación actual parece particularmente peligrosa. Se recuerda el caso descrito en el libro en 1979 de Robert Lindsey “El juego del halcón” (aparecido como película en 1985 bajo el mismo nombre). Cuenta la historia verdadera de dos jóvenes californianos del Sur, uno con una alta aprobación de seguridad que trabajaba para el contratista de la defensa TRW (apodado “RTX” en la película), y el otro, drogadicto y pequeño contrabandista. El empleado de TRW es motivado para su comportamiento por su descubrimiento de un documento desviado de la CIA que describe planes para derrocar al primer ministro de Australia, y el otro por necesidad de dinero para pagar su adicción.

Deciden ajustar cuentas con el gobierno vendiendo secretos a la Unión Soviética y los denuncian sus propias chapucerías. Ambos son sentenciados a prisión por espionaje. El mensaje del libro (y de la cinta) reside en la facilidad con la que traicionaron a su país – traición que duró hasta que fueron dejados al descubierto y aprehendidos. Actualmente, gracias a la pasmosa sobre-privatización de la recolección y análisis de la inteligencia en el exterior, se generalizan las oportunidades para semejantes violaciones de la seguridad.

Aplaudo a Shorrock por su extraordinaria investigación de un tema casi impenetrable, basándose solo en fuentes abiertamente disponibles. Existe, sin embargo, un aspecto de su análisis del que difiero. Es su aseveración de que la absorción generalizada de la recolección y análisis oficiales de inteligencia por compañías privadas sea una forma de “subcontratación.” Este término se limita usualmente a una empresa de negocios que compra bienes y servicios que no quiere producir o suministrar desde adentro. Cuando se aplica a una agencia gubernamental que trasfiere muchas, si no todas, de sus funciones clave a compañías adversas a los riesgos que tratan de ganar un beneficio con su inversión, la “subcontratación” simplemente se convierte en un eufemismo para actividades mercenarias.

Como David Bromwich, crítico político y profesor de literatura en Yale, observara en New York Review of Books: “La contabilidad y responsabilidad separadas urdidas para Blackwater, DynCorp, Triple Canopy, y negocios similares, formó parte de una transferencia cuidadosa de la supervisión del Congreso al vicepresidente y a los administradores de sus políticas en varios departamentos y agencias. El que gran parte del trabajo sea repartida entre compañías privadas que no son responsables ante las reglas del ejército o la justicia militar, significaba, entre sus numerosas otras ventajas, que el coste de la guerra podía ser ocultado más allá de toda detección.”

Los eufemismos son palabras destinadas a engañar. EE.UU. ya está cerca de ahogarse en ellos, particularmente palabras y términos nuevos diseñados, o utilizados, para ejercer presión, para justificar la invasión estadounidense de Iraq – expresiones de nuevo cuño destacados por Bromwich como ser “cambio de régimen,” “técnicas realzadas de interrogatorio,” “guerra global contra el terrorismo,” “dolores de parto de un nuevo Oriente Próximo,” “ligero aumento de la violencia,” “llevar la tortura hacia el derecho,” “ahogo simulado” y, por cierto, “daño colateral,” queriendo decir la matanza de civiles desarmados por soldados y aviones estadounidense, seguida – pocas veces – por disculpas a la ligera. Es importante que no se confunda la intrusión de funcionarios corporativos no elegidos, con motivos ocultos de lucro, en lo que son ostensiblemente actividades políticas públicas, con negocios privados que compran cintas adhesivas, sujetapapeles, o tapas de cubos.

La transferencia generalizada de funciones militares y de inteligencia a agentes privados, a menudo anónimos, comenzó bajo la presidencia de Ronald Reagan y se aceleró fuertemente después del 11-S bajo George W. Bush y Dick Cheney. A menudo, sin embargo, no se entiende bien lo siguiente: La mayor expansión privada hacia la inteligencia y otras áreas de gobierno ocurrió bajo la presidencia de Bill Clinton. Parece no haber tenido los mismos motivos antigubernamentales y neoconservadores que los privatizadores de las eras de Reagan y Bush II. Sus políticas involucraban típicamente indiferencia hacia – y tal vez incluso ignorancia de – lo que realmente se estaba infligiendo al gobierno democrático, responsable, en nombre de la reducción de costes y una supuesta mayor eficiencia. Uno de los puntos fuertes del estudio de Shorrock es que entra en detalle respecto a las contribuciones de Clinton a la privatización generalizada de nuestro gobierno, y en particular de las agencias de inteligencia.

Reagan lanzó su campaña para reducir el tamaño del gobierno y ofrecer una gran parte de los gastos públicos al sector privado con la creación en 1982 del “Estudio del sector privado sobre control de costes.” A cargo del estudio, que fue conocido como la “Comisión Grace,” nombró al empresario conservador. J. Peter Grace, Jr., presidente de W.R. Grace Corporation, una de las mayores compañías químicas del mundo – tristemente célebre por su producción de asbesto y su participación en numerosos juicios contra la contaminación. La compañía Grace también tuvo una larga historia de inversiones en Latinoamérica, y Peter Grace estuvo profundamente comprometido con el menoscabo de los que consideraba como sindicatos izquierdistas, en particular porque a menudo propiciaban el desarrollo dirigido por el Estado.

Los logros reales de la Comisión Grace fueron modestos. El mayor fue indudablemente la privatización en 1987 de Conrail, el ferrocarril de carga para los Estados del noreste. No pasó mucho más en ese frente durante el primer gobierno de Bush, pero Bill Clinton volvió enérgicamente a la privatización.

Según Shorrock: “Bill Clinton... recogió el garrote donde lo había abandonado el conservador Ronald Reagan y... lo usó profundamente en servicios que otrora eran considerados inherentemente gubernamentales, incluyendo operaciones militares de alto riesgo y funciones de inteligencia que estaban reservadas sólo para agencias del gobierno. A fines del primer período [de Clinton], más de 100.000 puestos del Pentágono habían sido transferidos a compañías del sector privado – entre ellos miles de puestos de trabajo en la inteligencia... A fines de su [segundo] período en 2001, el gobierno había reducido 360.000 puestos de trabajo de la nómina federal y el gobierno gastaba un 44% más en contratistas de lo que había hecho en 1993.” (pp. 73, 86)

Esas actividades fueron considerablemente favorecidas por el control republicano de la Cámara de Representantes en 1994, por primera vez en 43 años. Un periodista liberal describió “la subcontratación como una empresa conjunta virtual entre [el jefe de la mayoría en la Cámara] Gingrich, y Clinton."

La derechista Heritage Foundation calificó apropiadamente el presupuesto de Clinton de 1996 como la “agenda de privatización más atrevida presentada por algún presidente hasta la fecha.” (p. 87) Después de 2001, Bush y Cheney agregaron una justificación racional al proceso que Clinton ya había lanzado con tanta eficiencia. Eran partidarios entusiastas de “un impulso neoconservador para trasegar gastos estadounidenses de defensa, seguridad nacional, y en programas sociales a grandes corporaciones amigas del gobierno de Bush.” (pp. 72-3)

La privatización – y pérdida – de la memoria institucional El resultado final es lo que vemos en la actualidad: un gobierno ahuecado en términos de funciones militares y de inteligencia. La KBR Corporation, por ejemplo, suministra alimentos, lavanderías, y otros servicios personales a nuestros soldados en Iraq gracias contratos extremadamente lucrativos adjudicados sin licitación, mientras Blackwater Worldwide suministra seguridad y servicios analíticos a la CIA y al Departamento de Estado en Bagdad. (Entre otras cosas, sus mercenarios armados abrieron fuego contra, y mataron, sin provocación alguna, a 17 civiles desarmados en Nisour Square, Bagdad, el 16 de septiembre de 2007, según informes militares de EE.UU.) Los costes – tanto financieros como de personal – de la privatización en los servicios armados y en la comunidad de la inteligencia exceden de lejos cualquier supuesto ahorro, y algunas de las consecuencias para la autoridad democrática pueden resultar irreparables.

Esas consecuencias incluyen: el sacrificio del profesionalismo dentro de los servicios de inteligencia de EE.UU.: la buena disposición de contratistas privados a emprender actividades ilegales sin remordimientos y con impunidad; la incapacidad del Congreso o de los ciudadanos de realizar una supervisión efectiva de actividades de inteligencia administradas por privados por el muro de secreto que las rodea; y tal vez lo más serio: la pérdida del recurso más valioso que posee cualquier organización de inteligencia – la memoria institucional. La mayor parte de esas consecuencias son obvias, incluso si los políticos nunca hacen comentarios al respecto ni los medios dominantes les prestan mucha atención. Después de todo, los estándares de un agente de carrera de la CIA son muy diferentes de los de un ejecutivo corporativo que debe cuidar el contrato que está cumpliendo y los contratos futuros que determinarán la viabilidad de su firma. La esencia del profesionalismo de un analista de inteligencia de carrera es su integridad al presentar lo que debiera saber el gobierno de EE.UU. sobre un tema de política exterior, sin tener en cuenta los intereses políticos de, o los costes para, los principales protagonistas.

La pérdida de semejante profesionalismo de la CIA fue revelada de manera descarnada en el Cálculo Nacional de Inteligencia de 2002 sobre la posesión de armas de destrucción masiva por Iraq. Todavía parece sorprendente que ningún alto responsable, comenzando por el Secretario de Estado Colin Powell, haya considerado que era apropiado renunciar cuando quedaron en evidencia las verdaderas dimensiones del fracaso de nuestra inteligencia, menos todavía en el caso del director de Inteligencia Central, George Tenet.

La disposición a emprender actividades que van de lo dudoso a lo abiertamente delictuoso parece existir de un modo aún más predominante entre nuestros contratistas de la inteligencia que entre las propias agencias, y para un extraño es aún más difícil detectarla. Por ejemplo, después del 11-S, el contra-almirante John Poindexter, que trabajaba entonces para la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa (DARPA) del Departamento de Defensa, tuvo la brillante idea de que DARPA debía comenzar a compilar expedientes sobre la mayor cantidad posible de ciudadanos estadounidenses a fin de ver si procedimientos de “minería de datos” podrían revelar modelos de conducta asociados con actividades terroristas.

El 14 de noviembre de 2002, el New York Times publicó una columna de William Safire con el título «You Are a Suspect» [Eres sospechoso] en la que reveló que DARPA había recibido un presupuesto de 200 millones de dólares para compilar expedientes sobre 300 millones de estadounidenses. Escribió: “Cada compra que haces con una tarjeta de crédito, cada suscripción a una revista que compras y receta médica que presentas, cada sitio en la Red que visitas y cada correo electrónico que envías o recibes, cada depósito que haces en el banco, cada viaje que reservas, y cada evento al que asistes – todas esas transacciones y comunicaciones entrarán en lo que el Departamento de Defensa describe como “una grandiosa base de datos virtual centralizada.” Esto pareció a muchos miembros del Congreso algo demasiado cercano a las prácticas de la Gestapo y de la Stasi bajo el totalitarismo alemán, y por lo tanto, el año siguiente votaron para retirar los fondos al proyecto. Sin embargo, la acción del Congreso no terminó con el programa de “conocimiento de información total.” La Agencia Nacional de Seguridad decidió en secreto continuarlo a través de sus contratistas privados. La NSA convenció fácilmente a SAIC y a Booz Allen Hamilton que continuaran con lo que según el Congreso constituía una violación de los derechos de privacidad del público estadounidense – por un precio.

Que sepamos, el “Programa de conocimiento de información total” del almirante Poindexter sigue actualmente con el mismo ímpetu. La consecuencia inmediata más grave de la privatización de actividades gubernamentales oficiales es la pérdida de memoria institucional por parte de las organizaciones y agencias más confidenciales del gobierno. Shorrock concluye diciendo: “Tantos ex agentes de inteligencia ingresaron al sector privado [durante los años noventa] que, en el nuevo siglo, la memoria institucional de la comunidad de la inteligencia de EE.UU. reside ahora en el sector privado. Es en gran medida la situación que existía el 11 de septiembre de 2001.” (p. 112) Esto significa que la CIA. la DIA, la NSA, y las otras 13 agencias en la comunidad de inteligencia de EE.UU. no pueden ser reformadas fácilmente porque sus personales han olvidado en gran parte lo que supuestamente deberían hacer, o cómo hacerlo. No han sido entrenados o disciplinados en las técnicas, resultados inesperados, y conocimientos profesionales de proyectos previos, exitosos y fracasados.

Como han dejado en claro numerosos estudios realizados hasta ahora, el vil fracaso de la ocupación de Iraq tuvo lugar en gran medida porque el Departamento de Defensa envió a Bagdad fuerzas armadas notablemente privatizadas, repletas de aficionados incompetentes, para administrar el manejo de un país derrotado. El Secretario de Defensa, Robert M. Gates (ex director de la CIA), ha advertido repetidamente que EE.UU. está entregando demasiadas funciones a los militares debido a que vació el Departamento de Estado y la Agencia para Desarrollo Internacional desde el fin de la Guerra Fría. Gates cree que estamos presenciando una “militarización reptante” de la política exterior – y, aunque esto generalmente no se dice, tanto los militares como los servicios de inteligencia han entregado demasiadas de sus tareas a compañías privadas y mercenarios.

Si hasta Robert Gates comienza a sonar como el presidente Eisenhower, ya es hora de que los ciudadanos de pie presten atención. En mi libro de 2006: “Nemesis: The Last Days of the American Republic,” propugné a fin de imponer por lo menos un cierto modesto control sobre la presidencia imperial, que aboliéramos por completo la CIA, junto con otras agencias peligrosas y redundantes de nuestra sopa de letras de dieciséis agencias secretas de inteligencia, y las reemplazáramos por personal profesional del Departamento de Estado dedicado a recolectar y analizar inteligencia del exterior. Sigo manteniendo esa posición.

Aún así, la actual situación representa el peor de todos los mundos posibles. Sucesivos gobiernos y Congresos no han hecho ningún esfuerzo por alterar el papel de la CIA como ejército privado del presidente, incluso si hemos aumentado su incompetencia entregando muchas de sus funciones al sector privado. Con ello hemos aumentado los riesgos de una guerra por accidente, o por capricho presidencial, así como de un ataque sorpresa, porque nuestro gobierno ya no es capaz de evaluar exactamente lo que sucede en el mundo y porque sus agencias de inteligencia están tan abiertas a presión, penetración, y manipulación de todo tipo.


[Nota a los lectores: Este ensayo se concentra en el nuevo libro de Tim Shorrock: “Spies for Hire: The Secret World of Intelligence Outsourcing,” New York: Simon & Schuster, 2008.

Otros libros señalados: Eugene Jarecki: “he American Way of War: Guided Missiles, Misguided Men, and a Republic in Peril,” Nueva York: Free Press, 2008; Thomas Frank: “The Wrecking Crew: How Conservatives Rule, New York”, Metropolitan Books, 2008; Sheldon Wolin: “Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism,” Princeton: Princeton University Press, 2008.] Chalmers Johnson es autor de tres libros relacionados sobre las crisis del imperialismo y del militarismo estadounidenses. Son: “Blowback” (2000), “The Sorrows of Empire” (2004), y “Nemesis: The Last Days of the American Republic” (2006). Todos existen en rústica en Metropolitan Books.

Copyright 2008 Chalmers Johnson

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