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Incluso hasta el año 2007, una autorización genérica de carácter trimestral se ha utilizado como amparo legal de los vuelos

Amnistía mantiene que España no ha actuado para evitar las detenciones de los vuelos de la CIA

Amnistía mantiene que España no ha actuado para evitar las detenciones de los vuelos de la CIA

AGENCIAS

MADRID.- Amnistía Internacional ha denunciado que el Gobierno "no ha tomado ni una sola medida" para impedir las "detenciones ilegales" efectuadas por los servicios de inteligencia norteamericanos (CIA) en la guerra de Estados Unidos "contra el terror", una campaña por la que, según la ONG, más de 200 personas han sido trasladadas a la cárcel de Guantánamo en vuelos secretos que pasaron por España.

Esta es una de las conclusiones del informe ’Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas’ presentado este miércoles por la organización. El documento evalúa la implicación de España en las actividades de la CIA relacionadas con la persecución del terrorismo islámico tras los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de Nueva York y las posteriores invasiones de Afganistán e Irak.

"Las entregas extraordinarias y detenciones secretas lideradas por Estados Unidos a través de territorio español, los interrogatorios ilegales de policías españoles en Guantánamo o la violación de la prohibición absoluta de la tortura con relación a extradiciones y expulsiones demuestran que España ha respondido a la ’Guerra contra el Terror’ incumpliendo obligaciones internacionales de derechos humanos", señala el texto.

Para el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, lo más grave es que España no adoptara medidas después del año 2005, "cuando ya no podía alegar desconocimiento de la existencia de estos vuelos", muchos de los cuales no despegaron desde el país, pero sí cruzaron su espacio aéreo. "Sobre estos vuelos, el Gobierno español no informó ni al Parlamento Europeo, ni al Consejo de Europa ni al Congreso de los Diputados", denuncia la ONG.

El informe recopila las investigaciones del Parlamento Europeo, que documenta 68 escalas de aviones que se relacionan con actividades ilegales de la CIA en aeropuertos españoles hasta 2005. También denuncia "la falta de control en las bases militares" de EEUU en España porque, afirman, "ha permitido una docena de escalas de aviones militares estadounidenses con origen o destino Guantánamo, que podrían haber trasladado personas detenidas de forma ilegal".

"En el caso de las bases de Rota y Morón de la Frontera, amparadas por el Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos, las autoridades españolas dieron luz verde a estas escalas a través de una autorización genérica de carácter trimestral a las autoridades estadounidenses", según explica el informe.

España no investiga

El informe señala, asimismo, que "la ausencia de investigaciones exhaustivas e independientes del Gobierno español para llegar hasta el fondo del asunto en relación con los vuelos secretos de la CIA" y si bien reconoce un "avance" las pesquisas iniciadas en la Audiencia Nacional, considera "urgente aclarar en qué medida España pudo facilitar la comisión de prácticas ilegales".

En este sentido, Amnistía también acusa a la Unidad Exterior de la Policía (UEP) de haber participado en los interrogatorios de al menos 13 presos de Guantánamo en julio de 2002, aprovechando el limbo legal en el que se encontraban, y de ser "cómplices de las torturas cometidas por los estadounidenses en esa prisión".

Uno de los interrogados fue el Marroquí Lahcen Ikassrien, quien ha explicado cómo fueron los interrogatorios llevados ’in situ’ por policías españoles y cómo le torturaban a continuación sus carceleros americanos.

La organización también califica de "inquietantes" las extradiciones y expulsiones aprobadas por el Ejecutivo español y que, firmadas con el pretexto de luchar contra el terrorismo, permiten que solicitantes de asilo político sean devueltos a países como Marruecos, Argelia, Egipto o Estados Unidos, donde no se garantiza la salvaguarda de los derechos humanos. Por todo ello, el informe de AI exige al Gobierno que colabore "activamente" con la Audiencia Nacional, que investiga en qué medida ha facilitado o ayudado España en la comisión de prácticas ilegales y si puede haber responsabilidades penales, y que aclare el alcance de los viajes de los policías españoles que grabaron algunos interrogatorios en Guantánamo.

Asimismo, pide al Gobierno que garantice que "ninguna parte del territorio español" -incluido el espacio aéreo, aguas, aeropuertos y bases militares- volverá a utilizarse para detenciones ilegales o secretas y que cumpla "estrictamente" el principio internacional de no devolución de personas que puedan sufrir torturas o malos tratos en los países que los reclaman.

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