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Militares españoles reclaman dinero al estado para compensar la “gran angustia, aflicción y humillación” que les crea la nueva ley militar

El agravio comparativo para ascender entre suboficiales activos y en la reserva «ataca gravemente su honor, su dignidad, su estima social e incluso su salud física y psíquica».

Sección:Instituciones militares
Martes 27 de enero de 2009 0 comentario(s) 1316 visita(s)

ABC

Suboficiales reclaman dinero al Estado por los perjuicios que les ocasiona la Ley Militar

Una gran parte de los 12.000 militares afectados denuncian que ataca «gravemente su honor y su dignidad»

Los afectados

8.935
En el Ejército de Tierra, los afectados por la normativa son 8.935 suboficiales en activo, que ingresaron en la Escala Básica entre 1977 y 1989. 4.709 son brigadas, 4.031 subtenientes y 195 suboficiales mayores.

1.471
Este es el número de suboficiales del Ejército del Aire que han salido perjudicados con la aplicación de la Ley de la Carrera Militar. Esa cantidad se desglosa en 1.341 subtenientes y 130 suboficiales mayores.

1.231
La Armada es el Ejército con menor plantilla de suboficiales perjudicada por esta Ley, con un número total de 1.231 militares agraviados. De ellos, 1.133 son subtenientes y 98 suboficiales mayores.

PALOMA CERVILLA | MADRID

Los cerca de 12.000 suboficiales de las Fuerzas Armadas que se sienten perjudicados por la aplicación de la disposición transitoria séptima de la Ley de la Carrera Militar (sólo les permite ascender a teniente en la reserva y no en activo) han emprendido una nueva cruzada contra el Gobierno para hacer valer sus derechos. El hecho de que esta nueva normativa legal sí que permita ascender a los suboficiales que se encuentran en la reserva, significa un agravio con respecto a los que están en activo, que denuncian la pérdida económica que les supone.
La fórmula que han utilizado los afectados para que el Gobierno les compense la pérdida de dinero es la Reclamación Patrimonial al Estado, acogiéndose a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Este texto legal indica que «las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos».

«Aflicción y humillación»

Los afectados ya comenzaron en diciembre a enviar al Consejo de Ministros una serie de escritos, a los que ha tenido acceso ABC, en los que ponen de manifiesto el «grave daño y perjuicio en su esfera profesional y moral» que les ha causado la aplicación de esta Ley. Una Ley Militar que les provoca una «gran angustia, aflicción y humillación» y que «ataca gravemente su honor, su dignidad, su estima social e incluso su salud física y psíquica».

Como ha sucedido en la Armada, los suboficiales denuncian un problema similar, como es que militares les salten en el escalafón con menos méritos que ellos. Ello les lleva a afirmar que han comprobado «que el servicio prestado, día a día en las unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa o en misiones internacionales carece de valor, ya que suboficiales, con independencia del empleo que ostentaban o del tiempo prestado en situación de activo, son ascendidos a un empleo y categoría superior, por el mero hecho de estar sin destino, «en su casa», en definitiva, en la reserva».

Las reclamaciones económicas que han pedido los suboficiales se refieren a tres conceptos distintos. Primero, cifran en 50.000 euros los daños sufridos «por haber sido saltados por un suboficial de inferior empleo o más moderno en el escalafón». Consideran que esta cantidad hay que multiplicarla por el número total de suboficiales que han saltado en el escalafón a los afectados. La segunda cuantía económica que reclaman es 5.000 euros. En este caso por el «daño sufrido por la pérdida de puestos en el orden de precedencia o prelación en las Fuerzas Armadas, al haber ascendido al empleo de teniente a suboficiales de inferior empleo o más modernos». Por cada puesto perdido se debe compensar con esta cantidad. Finalmente, quieren 200.000 euros «por el grave perjuicio moral, en su honor y dignidad profesional, que trasciende a la esfera social, al haberse ascendido al empleo de teniente a suboficiales de inferior empleo o más modernos».
Los suboficiales insisten que, según sentencias del Supremo, el asunto es competencia del Consejo de Ministros.

Los afectados sólo renunciarían a la indemnización en dos supuestos. Primero, «si, en aplicación de los pertinentes cambios legislativos, fuese ascendido al empleo de teniente en servicio activo, con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos de 1 de enero de 2008, recuperando su puesto en el escalafón y el orden de prelación en las Fuerzas Armadas en relación con los que le han sobrepasado». El segundo supuesto es que, en caso de no ser posible el anterior, renunciarían a esa compensación si «fuesen pasados a la situación de reserva y ascendido al empleo de teniente, con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos de 1 de enero de 2008». Estos escritos «se están enviando masivamente desde los tres Ejércitos», según aseguraron a ABC algunos de los afectados. Pero el Gobierno no quiere ponerles fácil el camino. Así, una vez que algunos de estos escritos han llegado a La Moncloa, desde el Ministerio de la Presidencia se les contestó el 30 de diciembre, comunicándoles que el órgano competente es la Subdirección General de Recursos e Información Administrativa del Ministerio de Defensa. Y hasta allí se han ido los afectados, como consta en el escrito enviado por uno de ellos el 13 de enero.

Aunque están siguiendo el trámite que les indican, los suboficiales insisten que, según sentencias del Supremo, el asunto es competencia del Consejo de Ministros. Además, consideran que el Gobierno está maniobrando para no solucionar el problema.

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