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Indígenas encarcelados en EEUU

Derecho Penitenciario

Sección:Represión
Martes 11 de agosto de 2009 0 comentario(s) 1949 visita(s)

Fuente

El inglés es el idioma oficial y desconocen que lengua hablan los detenidos; urgen los traductores.

LA OPINION.- Los sobrinos de Omar, residentes en Kentucky, desconocen las vicisitudes por las que ha pasado su padre. Los chiquillos tienen una mejor vida en suelo estadounidense de la que vivirían en tierra indígena.

En el mundo carcelario de Estados Unidos el lenguaje no es parte de las estadísticas. «Tenemos divisiones estadísticas por razas o religión, pero no por lenguas. Generalmente los prisioneros se reúnen en sus propios grupos: mexicanos, afroamericanos, árabes. Para todo, el personal está obligado a hablarles en inglés», detalla el teniente Aaron Shimmin, portavoz de la correccional Pleasant Valley en California.

El reporte Jailed Without Justice, de Amnistía Internacional (marzo, 2009), demostró que aunque las cárceles de EEUU tienen la obligación de proporcionar los manuales de derechos y obligaciones traducidos a las lenguas de mayor uso, en casi un 84% de los casos analizados esta ley no se cumplió en las penitenciarias del país.

A la revelante situación, se suma el informe del Consejo Nacional de Traductores de Cortes que indica que el año pasado 380 lenguas se tradujeron en casos criminales y civiles del país.

Una vez dentro del sistema penitenciario, esas historias se pierden entre la población. Lo que sí se registra en detalle es el culto religioso que profesa cada reo y se sabe con precisión cuántos oran tras las rejas.

En su página de conclusiones, el reporte indica que uno de los efectos mayores observados durante el pasado año fiscal fue la creciente presencia de lenguas indígenas mexicanas, especialmente en Arizona y California.

En ambos estados, indica el informe, al menos el 40% de los casos de inculpados que hablaban español, también dominaban una lengua indígena, por lo que sugiere la urgente necesidad de contar con traductores en estos idiomas.

Sentenciado a cadena perpetua por un error de traducción, y liberado cuatro años después tras comprobarse la equivocación, Sergio Ventura, indígena mixteco de Oaxaca, no le desearía la pesadilla que vivió ni a su peor enemigo.


FRUSTRACION QUE DESAFIA LA VIDA

LA OPINION (CLAUDIA NUÑEZ).- EEUU es un mosaico de experiencias nuevas, y muchas de ellas desagradables, que terminan truncando los anhelos de miles indígenas.

Los rostros indígenas tras las rejas son hoy tan comunes como verlos libres en los campos de cultivo de California, los restaurantes de Nueva York o los establos de caballos de Kentucky.

La encarcelación de indígenas se ha convertido en parte integral de la jugosa industria que representa el sistema penitenciario estadounidense.

Por ejemplo, el reporte Jailed Without Justice, de Amnistía Internacional (marzo, 2009), indica que, en promedio, Estados Unidos gasta 34,675 dólares por prisionero al año.

En comparación, el presupuesto asignado a la población indígena por parte del gobierno mexicano revela que a lo largo de este 2009 destinará en promedio 317 dólares en cada indígena de su país. Es decir, las prisiones de EEUU invierten 100 veces más al año en un indígena tras las rejas que México en uno libre.

Un reporte de la Cámara de Diputados de México señaló que de los casi 200,000 mexicanos arrestados en EEUU, 10 de cada 100 son indígenas; sin embargo, para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cantidad exacta de indígenas encarcelados e incluso los que trabajan libremente permanecen oficialmente en el anonimato.

A diferencia de otros países, entre México y Estados Unidos no existe un acuerdo bilateral que los obligue a compartir información sobre sus connacionales detenidos.

«La interpretación jurídica que hace Estados Unidos de la Convención de Viena es que dicha convención los obliga a decirle a una persona de otro país que tiene derecho a comunicarse con su cónsul y facilitar esa comunicación, pero no necesariamente está obligado a informarle al consulado del país. La realidad es que no sabemos cuántos presos hay», reveló a La Opinión el ministro Daniel Hernández Joseph, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior.

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