En un océano de manipulación navegantes antimilitaristas se encuentran en una isla virtual de desobediencia, noviolencia y construcción de la Paz
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Los iniciadores del movimiento de objetores de conciencia en España (1971-1977)

Pedro Oliver Olmo

Sección:Historia del antimilitarismo
Jueves 24 de septiembre de 2009 3 comentario(s) 5596 visita(s)

“Soy católico, pero me parece equivocado alegar este motivo cuando en mi país los obispos tienen graduaciones y honores militares y presiden los desfiles... Creo mejor plantearlo por motivos éticos” (Pepe Beunza en el Consejo de Guerra celebrado en Valencia el 23 de abril de 1971

En los últimos años del franquismo algunos pocos jóvenes conscriptos se negaron a cumplir el servicio militar con argumentos que inquietaron a las autoridades de la dictadura y ofuscaron a su sector más ultraderechista. Plantearon una objeción de conciencia que evocaba postulados antimilitaristas, sobre todo los que resultaban de la contraposición de valores como la paz, la justicia y la noviolencia con los del militarismo, la injusticia social y la obediencia ciega. Chocaba esa actitud desobediente, que provenía de quienes también se consideraban católicos, porque hasta entonces sólo la habían planteado los Testigos de Jehová, una minoría religiosa que continuaría siendo mayoritaria entre los objetores españoles hasta los primeros años ochenta.

Aquellos objetores de conciencia alegaron motivos no religiosos en el contexto de un régimen que había sido construido décadas atrás, además de con otros ingredientes ideológicos, a base de militarismo golpista, patriotismo dictatorial e integrismo nacionalcatólico. De esa forma resituaron históricamente a la objeción de conciencia en sus auténticas coordenadas subversivas, y emitieron mensajes políticos que conformaron la base ideológica que identificaría a sucesivas generaciones de activistas, hasta llegar a lo que en los años noventa acabó siendo conocido como movimiento de insumisión (1). Fueron, pues, los iniciadores de un nuevo movimiento social (2).

Difícilmente se podrá entender el peculiar recorrido seguido en España por este nuevo movimiento social sin valorar sus inicios, porque de una u otra forma el significado de aquellas iniciativas individuales (y pronto colectivas, a partir de 1975) continuaría vivo durante todo el ciclo de movilización, irradiando desde el MOC hacia otros grupos antimilitaristas (3). Por eso en los apartados que siguen se abordan aquellos aspectos de los inicios del movimiento de objeción de conciencia que resultaron ser verdaderamente trascendentes para su desarrollo posterior: en primer lugar, el alcance histórico de la irrupción de los primeros objetores de conciencia no violentos en la agenda política del franquismo; y en segundo, el mundo simbólico de los valores que defendieron, porque en líneas generales nunca dejaron de ser valores compartidos, ideas políticas, imágenes y representaciones culturales con las que se identificaron después otros muchos activistas del movimiento, de la misma manera que las métodos que adoptaron para llevar a cabo la desobediencia se convertirían en referentes de un repertorio de acciones que iría enriqueciéndose cada vez más, hasta el final de la conscripción.

DEL PROBLEMA DE LA OBJECIÓN RELIGIOSA AL DESAFÍO DE LA OBJECIÓN POLÍTICA

Puede que para los historiadores sea más que discutible la forma de distinguir etapas en la historia española de la objeción de conciencia, pero lo que rápidamente salta a la vista es que atravesó dos períodos completamente distintos: hasta 1971 la historia de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio fue la historia de los Testigos de Jehová que se negaban a hacer la mili por imperativo religioso, pero desde ese mismo año la objeción de conciencia entró en unas coordenadas históricas totalmente diferentes: a pesar de que la problemática específica de los Testigos de Jehová continuaría estando presente en el devenir de esta postura disidente, la objeción de conciencia empezó a ser sinónimo de otra cosa, porque apelaba a unos valores muy distintos y defendía unos métodos de acción que ciertamente sonaban subversivos en el seno de aquel orden autoritario, donde el ejército era un pilar imprescindible.

Desde finales de los años cincuenta, los militares franquistas y las más altas instituciones del régimen dictatorial, sus propagandistas y sus más egregios intelectuales y académicos, se fueron acostumbrando a oír hablar de “los llamados objetores de conciencia”, una manera de denominar a los que, en realidad, eran Testigos de Jehová.

La cuestión no se prestaba a más distingos. No alarmaba a nadie, pero preocupaba a muchos. Evidentemente, aquello era un problema menor para la dictadura. Se sabía que si un recluta decía ser Testigo de Jehová, con total seguridad iba a terminar siendo encarcelado, irremediablemente, porque su religión le prohibía realizar un servicio armado. Por eso, a la altura de 1970, la objeción se había convertido en una realidad asumida por los mandos de los cuarteles franquistas. En cambio, las autoridades políticas (algunas de ellas también militares) creyeron que había llegado el momento de regular esa situación anómala y embarazosa. Había 35 Testigos de Jehová objetores de conciencia en prisiones militares y era de temer que la cifra siguiera aumentando (4).

Los militares se acostumbraron a hablar de los objetores como se hace cuando en el trascurso ordenado de las cosas sobreviene una contradicción rara y extravagante. Unos se alarmaban, otros muchos despachaban el asunto con desdén, entre burlas y desprecios, y la mayoría aludía a ellos con cierta afectación, para resaltar su dimensión problemática. Verdaderamente la presencia de los objetores, o de los Testigos de Jehová, además de una molestia para la familia militar, se convertía en una complicación muy peculiar en el desarrollo de las políticas reformistas del tardofranquismo, porque ponía de manifiesto las insuficiencias, quizás la vacuidad, de la Ley de libertad religiosa. Esas actitudes se explican porque desde el principio la objeción de conciencia se dio a conocer en España como una forma peculiar de entender la religiosidad que chocaba frontalmente con el nacionalcatolicismo de la dictadura. Eran objetores de conciencia los reclutas que pertenecían a ciertas minorías religiosas, entre ellos los Cristianos Adventistas del Séptimo Día, y sobre todo los Testigos de Jehová, como ya se ha dicho. Eran jóvenes con un credo milenarista no exactamente pacifista sino neutralista, lo que les obligaba a negarse a participar en servicios de armas. Frente a ese problema, en un Estado que naturalizaba la condición de católicos como la propia de los españoles, y que en su Fuero de los Españoles proclamaba que “constituye título de honor servir a la patria con las armas”, la legislación militar, lejos de ser una herramienta que pudiera hacer frente al reto que planteaban los objetores, se convertía en un problema y situaba la cuestión en un auténtico callejón sin salida, porque obligaba a sentenciar a los objetores a “condenas en cadena”. Habida cuenta de que la codificación militar no contemplaba la posibilidad de la objeción de conciencia, los Testigos de Jehová, al rechazar el servicio armado y negarse a vestir el uniforme militar, eran condenados a una pena de entre 6 meses y 6 años de prisión por desobediencia (5). Una vez cumplida la primera pena, a veces mínima, volvían a ser llamados a filas y, si seguían declarándose objetores, nuevamente se les juzgaba en Consejo de Guerra. En esta segunda ocasión solían recibir una condena de 6 años de prisión. Y así sucesivamente. En la práctica quedaban expuestos a esa dinámica represiva hasta que cumplieran 38 años, la edad de licencia definitiva.

Si objetivamente la objeción de conciencia era ya un problema palmario (porque la represión tampoco lo solucionaba sino que más bien lo dilataba y agravaba), a partir de enero de 1971, con la irrupción en escena del “caso Beunza”, se convertiría en una controversia mayor que aún se iba a agrandar más a lo largo de ese mismo año, cuando otros jóvenes católicos, y por lo tanto muy distintos a los ya conocidos Testigos de Jehová, se declararan objetores de conciencia argumentando literalmente razones éticas que, en realidad, no dejaban de parecer motivaciones políticas. En principio, al negarse a vestir el uniforme militar, los dos tipos de objetores ofrecían una forma idéntica de manifestar su desobediencia; pero la verbalizaban de una manera muy distinta: mientras que aquéllos poseían dogmas de fe que obligan a la neutralidad política y a permanecer ajenos a cualquier ejército terrenal, estos otros decían ser pacifistas que luchan por un mundo sin injusticias sociales, sin violencia, sin guerras y sin ejércitos (6).

El año 1971 es un hito sin duda alguna porque con él arranca la nueva historia de la objeción de conciencia, pero es que, además, el año 1971 fue el más productivo de todos para la causa de la objeción de conciencia por motivos políticos, al menos hasta 1975.

Es verdad que aquellos jóvenes nunca llegaron a ser, literalmente, más de un puñado, y por lo tanto podemos detenernos en la experiencia de cada uno de ellos, pues de sus discursos de entonces y de algunas memorias más recientes vamos a entresacar la información acerca de los valores comunes y el repertorio de acciones que utilizaron, dos de los componentes primigenios de lo que con los años iba a ser el movimiento de objetores de conciencia. Con mayor o menor conciencia de estar promoviendo algo que podía prosperar socialmente, lo cierto es que todos ellos fueron iniciadores de ese movimiento social. Hablamos de Pepe Beunza, quien desde 1967 ya estaba pergeñando su propia desobediencia y, con ella, la primera campaña de objeción de conciencia pacifista y no violenta, iniciada en enero de 1971; de Jordi Agulló, un militante de la Juventud Obrera Católica (JOC) del Alcoi que creó su propio grupo de apoyo a la objeción de conciencia y objetó el 10 de mayo de 1971; de Juan Guzmán Salvador, un cabo instructor que, también en 1971, realizó la primera objeción sobrevenida de la historia del movimiento de objetores de conciencia; y, por último, de Víctor Boj, quien se declaró objetor de conciencia en la primavera de ese mismo año pero de manera muy aislada, actuando prácticamente en solitario, sin referentes directos y con un discurso singular y muy personal, ajeno a grupos de apoyo y a colectivos organizados, lo que hizo que su caso no fuera conocido hasta varios meses después 7. Desde entonces apenas creció el número de objetores no violentos, salvando el caso de Rafa Rodrigo en 1972, un objetor al que podemos considerar sobrevenido, porque realizaba milicias universitarias, y que, tras entrar en contacto con Pepe Beunza, pese a que el Servicio de Inteligencia Militar interceptó la comunicación epistolar entre ellos dos, materializó su objeción, en ese mismo año, aunque no llegara a ser encarcelado hasta 1974. La objeción no religiosa no crecía pese a que la cuestión empezaba a cobrar más notoriedad que nunca gracias a la campaña de solidaridad con Pepe Beunza (8).

Con esos poquísimos primeros objetores de conciencia no religiosos todo iba a cambiar. Aunque el régimen franquista era consciente de que tenía un problema con los objetores de conciencia religiosos, al menos lo creía despolitizado, o en todo caso circunscrito a la cuestión de la presencia en España de algunas minorías protestantes, un terreno simbólico que socialmente no parecía preocupante en un país tan mayoritariamente católico, por más que se debiera llevar a la práctica la restrictiva legislación que en materia de libertad religiosa se había promulgado pocos años antes: la presión que ejerció la Iglesia católica para que se regulara la libertad religiosa abrió tímidamente la estructura de oportunidad (9). Sin embargo, con esos nuevos objetores, con jóvenes católicos que se negaban a cumplir el servicio de armas alegando razones éticas, el problema se complicaba y adquiría una forma mucho más incómoda, sencillamente porque estaban politizando la problemática de la objeción de conciencia, una circunstancia nada deseable para un régimen que constantemente intentaba despolitizarlo todo, procurando a duras penas eludir las aristas de una realidad que sin embargo cada vez se politizaba más y más. Ya no tenían que responder al objetor religioso que “no puede” hacer la mili porque se lo impiden sus creencias. Ahora debían enfrentarse al objetor que “no quiere” cumplir el servicio militar por razones políticas (10).

Antes del “caso Beunza” no había razones para preocuparse por los posibles contenidos políticos del mensaje de los jóvenes conscriptos que se declaraban objetores de conciencia al servicio militar obligatorio. El régimen prefería hablar del “problema de los Testigos de Jehová” a sabiendas de que sus razones eran estrictamente religiosas. Prueba de que el asunto no iba a preocupar al régimen hasta 1971, porque no había sido concebido como un reto político, es este testimonio de Pepe Beunza sobre sus primeros tímidos intentos de hacer algún tipo de difusión y presión:

“Cuando estaba en la cárcel me acordaba muchas veces de que fue en el año 1967 cuando me empecé a meter en aquel lío tan gordo. Con un grupo de amigos de la Universidad de Valencia formamos un grupo de apoyo a la objeción de conciencia y nos dedicábamos a dar charlas, a dar información. Era un tema tabú, completamente desconocido. Enviamos unas cartas firmadas de manera personal al Estado Mayor pidiendo el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia. No parece que aquello fuera todavía peligroso porque recibimos contestación dándonos esperanzas.” (11)

El fenómeno era tan nuevo, y sobre todo hubo de resultar tan chocante en el marco normativo de una dictadura que obligaba o al silencio o a las discusiones más bizantinas, que el tema, además de generar cierta jeringonza informativa, también daba para debatir en la Real Academia acerca de si el término gramaticalmente más conveniente era el de “objetores” o el de “objetantes”, como defendía, entre otros, el ínclito académico Don José María Pemán (12). Y así, como “objetantes de conciencia”, fueron definidos los objetores en los titulares periodísticos, e incluso de esa forma llegaron a autodenominarse los propios afectados (lo que prueba la correspondencia que mantuvieron en esas fechas), pues de semejante manera se refería a ellos el proyecto de ley que para regular la objeción de conciencia presentó el Gobierno a las Cortes en julio de 1971, una iniciativa que parecía estar pensada sólo para solucionar el problema de los Testigos de Jehová (13).

Era la segunda vez que se intentaba pero provocó una reacción parecida por parte del sector ultra de las Cortes, como si se hubiera puesto en peligro la conciencia nacional. En 1970 el gobierno ya había enviado a las Cortes un primer proyecto de Ley de Objeción de Conciencia que tan sólo contemplaba la regulación de los motivos religiosos, pero la comisión de Defensa Nacional lo había rechazado (por 21 votos en contra, 9 a favor y una abstención). Aquello fue un hecho insólito en la historia del régimen. Entre proclamas, discursos afectados y gritos, la ley se rechazó. En los debates, protagonizados por “generales azules” y procuradores ultraderechistas, desde Ángel Campano a Carlos Iniesta Cano, pasando por Tomás García Rebull, Agustín Muñoz Grandes, Camilo Alonso Vega, Raimundo Fernández Cuesta, Antonio Barroso y

Blas Piñar, se pudieron escuchar comentarios como los del señor García Bravo Ferrer, médico militar y procurador familiar por Sevilla, quien presentó una enmienda en la que solicitaba “tratamiento psiquiátrico para los objetores”, ya que según él “la mayoría son gente trastocada, paranoica, a la cual no conviene contrariar para evitar el lógico enfurecimiento (...)”. Esta opinión no era demasiado ajena a lo que se pensaba en los cuarteles, como se verá más adelante. Sólo Merino García, procurador por Málaga, demostró que estaba al tanto de lo que históricamente significaba la objeción de conciencia, recordando las tesis antibelicistas de Bertrand Rusell cuando objetó y no participó en la Primera Guerra Mundial14. En aquel ambiente la objeción, aunque provocara la ira de la caverna del régimen, sin embargo, no podía estimular una verdadera controversia política. No obstante, sus efectos políticos llegarían mucho más allá de un debate entre engolado y gritón. Más aún cuando se discutió la segunda iniciativa del gobierno, en julio de 1971, pues para entonces se habían dado a conocer los mensajes políticos de los nuevos objetores no religiosos y de sus apoyos internacionales y nacionales. Tal y como se temía el régimen, la campaña de solidaridad con Pepe Beunza, efectivamente, estaba muy bien “orquestada”. Cuando se discutió en las Cortes el segundo proyecto, además de algunas acciones de apoyo en capitales extranjeras, ya se había celebrado la Marcha Internacional de solidaridad con Pepe Beunza, la cual, partiendo de Ginebra el 21 de febrero de 1971, fue disuelta por la Guardia Civil en la frontera el 11 de abril, cuando sumaba unas 700 personas. El 23 de abril, durante el consejo de guerra, hubo acciones de solidaridad en Valencia, incluyendo una huelga de hambre de doce personas de varios países. Se hizo un cartel en siete idiomas con una foto de Pepe Beunza tocando la flauta y consiguieron que Joan Báez diera su apoyo público y económico a la campaña, leyendo en los conciertos la carta que Pepe había enviado al Capitán General de Valencia (15).

Las iniciativas gubernamentales de 1970 y sobre todo la de 1971 buscaban “zanjar el problema, controlando su difusión pública. Su principal propósito parecía centrarse en rebajar el conflicto que generaban los objetores no violentos”16. Quizás fuera inevitable la división interna por razones ideológicas. Desde luego que el bunker no dudó en impugnar las iniciativas reformistas del gobierno en materia religiosa y militar, alegando que ponían en peligro los principios políticos esenciales del régimen. Y es que no es difícil imaginar que la posibilidad legal de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio no casaba bien con la violencia fundante de la España nacida a partir del golpe militar de 1936. Sólo por esa razón de principios, Blas Piñar y los otros voceros del sector más ultra del régimen, ya tenían muchas bazas a su favor, lo que demostraron al ser capaces de rechazar la pretensión gubernamental (y las aspiraciones modernizadoras de la elite militar que encabezaba Díez-Alegría). Blas Piñar fue cambiando sus argumentos pero para continuar siendo el más correoso enemigo de los nuevos objetores. En 1971 entendía mejor “la actitud humilde” de los objetores Testigos de Jehová que la de los objetores católicos, pues en estos últimos resultaba “subversiva”. El dirigente ultraderechista y la revista Fuerza Nueva arremetieron contra “el jovencito Beunza” (cuya conducta les resultaba más afrentosa por ser nieto del carlista mártir Don Joaquín Beunza, asesinado en 1936), y contra “el retorcidísimo y repugnante tinglado” de Justicia y Paz, la organización católica que demanda una ley de objeción de conciencia, porque esa idea favorecía al comunismo de Carrillo y ponía en peligro la estabilidad del régimen, además de ser algo inconcebible entre católicos (17).

Pero no es menos cierto que las divergencias y las convergencias también tenían un carácter más prosaico. Al estar en juego la forma de entender el papel de los ejércitos en una sociedad cada vez más moderna y mejor relacionada con su entorno internacional, se provocó una coincidencia de objetivos entre el sector militar profesional que encabezaba el teniente general Diez-Alegría y los tecnócratas que dirigían desde el ejecutivo la política de desarrollo económico. Ambos sectores se entendían bien en la práctica porque para lograr sus objetivos necesitaban mejorar la imagen de España en el mundo, lo que llevó a algunos mandos y miembros de los Cuerpos Jurídicos militares a plantear la regulación de la objeción como forma de acabar con la aberración jurídica de las “condenas en cadena” (o condenas correlativas). Una necesidad que se hacía imperiosa, entre otras cosas, porque la penosa realidad de los Testigos de Jehová encarcelados había trascendido más allá de los Pirineos18. Si la preocupación había crecido con las repercusiones internacionales de la situación de los objetores por motivos religiosos, aún aumentó más y cambió de tono cuando en 1971 se dio a conocer el caso de objetores por motivos éticos. De esa forma también aumentaban los motivos para la movilización internacional a favor de los “presos de conciencia españoles” (19).

El bunker y la prensa más ultra se llevaron el gato al agua y el gobierno tuvo que abandonar su intención de regular la objeción de conciencia. Hubo que esperar a que en 1973 volviera a debatirse en la Comisión de Defensa de la Cortes un Proyecto de Ley sobre negativa a cumplir el Servicio Militar que, por cierto, tuvo un amplio eco periodístico, con referencias a la situación de los nuevos objetores de conciencia católicos no violentos. Al final se aprobó la Ley 14/73 que, en definitiva, al añadir un artículo (el 383 bis) al Código de Justicia Militar, permitía imponer penas de 3 a 8 años, además de una especie de “muerte civil”, a quienes se negaran a prestar el servicio militar obligatorio. De esa forma se puso fin al problema de las condenas en cadena.

Empezaron a ser excarcelados los “soldados corrigendos” que estaban presos en los castillos de Santa Catalina (Cádiz), San Francisco del Risco (Las Palmas de Gran Canaria) y en el Fuerte de Rostrogordo (Melilla) (20). Puesto que se había hecho imposible encontrar una salida legislativa, hubo que encontrar una solución penal, algo que si bien por un lado aliviaba el problema de los Testigos de Jehová, por otro dejaba abierto el camino de la agitación política para los objetores de conciencia no violentos (21). Tras comprobar que el intento de legislar en materia de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio levantaba ampollas ideológicas demasiado peligrosas, entre otras cosas, porque provocaba el rechazo tajante de la mayoría de los mandos militares, el gobierno de la dictadura adoptó una actitud elusiva y dilatoria, algo que no sería esencialmente distinto a lo que, tiempo después, harían otros gobiernos ya democráticos, concretamente lo que decidió hacer UCD cuando, a través de una orden interna del Vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado, se declaraba “en incorporación aplazada” a todos los reclutas que dijeran ser objetores de conciencia, mientras no hubiera una ley que regulara su situación, por lo que en la práctica se estuvo aplicando entre 1977 y 1985. En el tardofranquismo, al tiempo que empezaba a andar lo que durante la democracia iba a ser un nuevo movimiento social, las autoridades también iniciarían una peculiar manera de eludir la cuestión de fondo que planteaba la objeción de conciencia: no regularla legalmente para tramitarla administrativamente.

VALORES COMPARTIDOS Y REPERTORIO DE ACCIONES

“Es una satisfacción personal constatar que en este breve periodo de tiempo, si miramos desde una perspectiva histórica la abolición del servicio militar obligatorio, motivo por el que los primeros objetores fuimos encarcelados, se ha convertido en un hecho. Se trataba de una cuestión de justicia y de libertad, y con nuestra lucha pienso que hemos contribuido, aunque sea en una muy pequeña parte, al progreso de la sociedad y la consecución de un mundo mejor” (22).

Aunque lo que los primeros objetores iniciaron tímidamente tuvo que adaptarse y radicalizarse con el paso de la dictadura a la democracia y con el correr de los años hasta el fin de la mili, básicamente, el discurso que se refería a sus propios valores no ha cambiado demasiado. Eran muy diferentes las reivindicaciones de entonces y las de la época de la insumisión, sobre todo porque mientras que los primeros objetores demandaron un estatuto legal y unos servicios civiles alternativos, los insumisos rechazarían radicalmente toda conscripción. Sin embargo, los primeros objetores no han tenido problema alguno a la hora de solidarizarse con los insumisos encarcelados y, para hacerlo, tampoco se han visto obligados a cambiar el pensamiento que forjaron cuando declararon su objeción en los cuarteles franquistas. De una u otra manera todos siguieron prestando apoyo al movimiento de objeción de conciencia, aunque han sido Pepe Beunza y Rafa Rodrigo los que siguieron haciéndolo de forma más militante.

Durante los años del tardofranquismo se empezaron a escuchar en España los mensajes de Bertrand Russell, de la Internacional de Resistentes a la Guerra, y de la no violencia de Tolstoi y Gandhi, porque los primeros objetores, unos con más y otros con menos argumentos, y siempre con matices muy personalizados (entre los que se puede encontrar desde un vago pacifismo a un velado antimilitarismo), hablaron de oponerse a la preparación de la guerra y de hacer frente a las injusticias como causantes de la violencia y de la guerra, y se plantearon un importante reto (una utopía): ir extendiendo como una mancha de aceite la actitud de quienes se negaban a empuñar las armas (23).

Repetían entonces y repiten ahora que desobedecieron porque, para luchar por la paz y contra el militarismo, para contribuir a la abolición de los ejércitos y al fin de las guerras, ellos no querían aprender a matar y, en cambio, quisieron ser un ejemplo de no violencia (aunque ellos prefieren escribir noviolencia para evitar que sea interpretada como sinónimo de pasividad y de mera actitud pacífica, conceptualizándola como herramienta de participación y activismo a veces desobediente). Decían entonces y dicen ahora que la noviolencia era el camino para la paz, y que eso siempre empieza por uno mismo. Prácticamente sostienen los mismos argumentos que quedaron reflejados en sus primeros escritos, entre otras cosas, porque la mayoría de ellos hizo entonces, entre 1971 y 1974, la evolución ideológica más importante, la que, tras el impulso inicial, fueron tejiendo a golpes de experiencia desobediente.

Pepe Beunza, con una acendrada experiencia sociopolítica, como joven católico solidario y como impulsor del Sindicato Democrático de Estudiantes en la Universidad de Valencia, había madurado los mensajes que dirigió a la autoridad militar y a la opinión pública, porque había conocido la experiencia y el discurso de grupos europeos de noviolencia y objeción de conciencia, sobre todo franceses. Gonzalo Arias y el resto de hombres y mujeres que caminaron desde Ginebra para solidarizarse con el objetor encarcelado en Valencia, fueron aún más explícitos y profirieron mensajes antimilitaristas, contrarios a todo ejército (fuera “de derechas o de izquierdas”) y críticos con el ejército español del momento, por sus funciones de “defensa de la patria contra los enemigos interiores”, es decir, “contra otros españoles” 24. Por su parte, Pepe Beunza, en la carta que dirigió al tribunal que lo juzgó en Consejo de guerra, además de reclamar un servicio civil alternativo al militar, apoyándose en argumentos religiosos que pudieran hacer más digerible su alegato durante una época dictatorial y en aquel ambiente castrense, también echaba mano de un discurso político insubordinado:

Mientras nuestra sociedad esté en manos de 200 personas dueñas de la banca y los monopolios, mientras que un 1% de los propietarios posean más de la mitad de las tierras de España, mientras que, como en nuestra provincia (Valencia), 111 fincas ocupen más de la tercera parte de la superficie total, no podemos exigir, salvo engañándolos, que hombres cuyo único haber son la miseria y los callos en las manos arriesguen su vida por defender la riqueza de los demás” (25).

Jordi Agulló, un mes antes de su incorporación a filas, prevista para mayo de 1971, entró en contacto con las personas que dinamizaban la campaña de apoyo a Pepe Beunza, lo que le ayudó a enriquecer una postura que en su caso estaba ya teñida de compromiso político obrerista e izquierdista. Acerca del impacto de la objeción de conciencia noviolenta en las culturas políticas de las distintas militancias antifranquistas Jordi Agulló dice que, a juicio de sus amigos de las JJSS, la objeción de conciencia no era oportuna en esos momentos históricos, por lo que le propusieron que fuera a la mili y organizara allí “una célula”; y por lo que respecta a la opinión de sus compañeros de la JOC, aunque tampoco entendían el fondo de la cuestión, le aseguraron que lo iban a respaldar si al final se decidía por no hacer la mili. No obstante, su relación con los socialistas de la oposición antifranquista también sirvió para dejar en ellos alguna huella positiva hacia su causa: cuando estaba en la prisión militar de Cartagena le dijeron que un diario de los socialistas que estaban en el exilio, en Perpiñán, daba la noticia de un joven de las juventudes socialistas de Alcoi que se había negado a hacer la mili (26).

A pesar de la juventud del desobediente su trayectoria obrerista hubo de darle cierta experiencia y algo de madurez, si descontamos ese otro momento ciertamente dramático que tuvo que afrontar Jordi frente a unos padres que no entendían su actitud y se alarmaban por ello (una experiencia personal que identifica, si no al colectivo entero, a la mayoría de objetores e insumisos de ayer y de hoy). La madurez tuvo que demostrarla haciendo acopio de firmeza serena ante los militares, no sólo porque era consciente de que iban a condenarlo (de hecho fue condenado a 3 años y 1 día de prisión por desobediencia), sino porque “no claudicó” ante ellos en los primeros momentos, a pesar de los intentos que hicieron para que “se ablandara”, por ejemplo, prometiéndole que iban a respetar su sensibilidad no obligándolo a realizar servicios con armas27. Al salir de la cárcel, al igual que Pepe Beunza, Jordi Agulló quiso orientar de forma política la causa por la que se estaba sacrificando personalmente, haciendo de la reivindicación de los servicios civiles una experiencia que fuera didáctica y aleccionadora, a la vez que desobediente y desafiante de cara al Estado. Pero, necesariamente, para todos los objetores del momento fueron tiempos de vértigo e improvisación, al igual que fue muy distinto el tipo de castigo que recibieron unos y otros. Pepe aceptó ir al Batallón disciplinario del Sahara porque de esa forma terminaría para él el período de reclutamiento forzoso y, una vez en libertad, podría continuar con la lucha, como así hizo a partir de 1974. Jordi Agulló, en cambio, optó por otra estrategia y otro camino, entre otras cosas porque cuando cumplió su condena en 1973 todavía existían las “condenas correlativas”:

“Pasé dos años tres meses y trece días en la cárcel. Después me tocaba volver a hacer la mili al Sahara. No me presenté, teníamos el proyecto de hacer un servicio civil en Belfast, durante un año, y volver a presentarse en la frontera. No salió bien. Crucé la frontera con Francia clandestinamente. Tenía que optar por pedir la legalidad como exiliado político o volver a Barcelona a vivir en la clandestinidad. Viví en la clandestinidad en Barcelona, hasta 1976, no tuve el pasaporte hasta el 1984” (28).

Pepe y Jordi iniciaron un procedimiento de desobediencia que iba a quedar fijado dentro de la historia del repertorio de acciones del movimiento de objeción de conciencia. Pepe Beunza lo hizo cuando, después de salir de su primera estancia en prisión, en noviembre de 1971 inició su propio servicio civil. Aunque había sido condenado por “desobediencia” a un año y tres meses de prisión en el primer consejo de guerra, salió en libertad el 1 de noviembre de 1971, gracias al llamado “indulto MATESA”, y, acto seguido, fue llamado nuevamente a filas. Pero esta vez iba a nacer otra forma de ejercer la desobediencia civil, lo que colocaría a la objeción de conciencia en un plano radicalmente diferente al conocido hasta entonces. Pepe no se presentó en el cuartel.

Dio a conocer a las autoridades militares, y después a la prensa (concretamente, a La Vanguardia Española) que estaba realizando un servicio civil alternativo en el barrio valenciano dels Orriols, lo que le supondría ser llevado nuevamente ante un consejo de guerra por “deserción”, el 7 de marzo de 1972 (29). Por su parte, Jordi Agulló proyectó algo parecido con su idea de hacer un servicio civil en el extranjero y después provocar algún tipo de respuesta por parte del Estado presentándose en la frontera, previsiblemente, para ser detenido y encarcelándolo.

La estrategia de los primeros objetores no violentos, valiente e incierta en el contexto de una dictadura, empezaba a estar clara: además del aspecto propositivo de la protesta, el que se expresaba a través de propuestas de regulación de la objeción de conciencia (lo que hicieron en 1971 los activistas que apoyaban a Pepe Beunza) (30), se trataba de hacer un servicio civil alternativo y autogestionado que retara al Estado, con el fin de abrir la posibilidad del cambio normativo. En todo caso, esa estrategia contaba con objetivos inmediatos más realistas y alcanzables: que el servicio civil, al convertirse en la forma de ejercer la desobediencia, fuera anunciado públicamente y consiguiera cierto eco social, que de esa manera el objetor y su discurso se relacionaran con las problemáticas de la gente corriente, y que al mismo tiempo se consiguiera que un buen número de personas, personajes célebres y colectivos se implicaran en la defensa política del desobediente, sirviéndole de “colchón social” (31). Eso mismo es lo que harían, a partir de 1975, en principio, cinco objetores del barrio de Can Serra y, después, otros colectivos de objetores. Y, en esencia, ese mismo sería el proceder de los objetores insumisos cuando años después materializaran su desobediencia a través de “presentaciones colectivas” en gobiernos militares o en entidades prestacionistas y otros organismos, haciéndose acompañar de activistas de movimientos sociales, organizaciones populares, personas relevantes, autoinculpados, familiares y grupos de apoyo (32).

Volviendo al plano de los valores, aunque en los discursos de cada uno de los primeros objetores se puede distinguir un pensamiento específico sobre la objeción de conciencia, un rosario de ideas expresadas de forma más o menos diferente, no es menos cierto que apelaron a unos valores verdaderamente compartidos. Las creencias religiosas ayudaban a crear el marco cultural de un pacifismo socialmente asumible y, sin embargo, también radical. Todos se recuerdan como jóvenes católicos que habían experimentado algún tipo de compromiso social inspirado en el referente evangélico. Frente a los Testigos de Jehová se identificaron y se reafirmaron como católicos, en primer lugar, porque lo eran, y en segundo, porque pensaron en los riesgos de su actitud y en la necesidad de ser comprendidos: apelar al catolicismo se convertía en un mecanismo de comunicación con las autoridades de la dictadura y con la sociedad española de aquel momento.

Deducimos que desde su primera juventud reflexionaban acerca del papel que debía cumplir la Iglesia para conseguir un mundo con más justicia social y con menos violencia, aunque alguno de ellos, concretamente, Joan Guzmán, volcaba esa inquietud más hacia lo personal, buscando el camino para ser un verdadero cristiano, y otros, como Pepe Beunza, acabaran alejándose de la Iglesia tras comprobar en la cárcel que sus pastores estaban más cerca del poder que de la gente. No es, pues, de extrañar que construyeran buena parte de su discurso antibelicista y pacifista a base de referencias cristianas, sin ir más lejos, con el mandato evangélico del “no matarás” y la “ley del amor” de Jesús de Nazaret. Además, y de una manera aún más precisa, también se apoyaron en el espíritu renovador del Concilio Vaticano II, el cual se mostraba a favor del reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia. Como prueba de todo ello en 1966 la Iglesia católica publicó la Constitución pastoral Gaudium et Spes, en la que, entre otras cosas, se pedía que las leyes protegieran a quienes se negaban a tomar las armas por motivos de conciencia. Además, el Sínodo Mundial de los Obispos apoyó en 1971 la estrategia de la no violencia frente a la guerra y exigió a los gobiernos que regularan la objeción de conciencia. Al socaire de esos tiempos de cambio, en España, donde la Comisión Episcopal de Misiones había pedido en 1968 que las nueva Ley General del Servicio Militar contemplara la posibilidad de un servicio de cooperación apostólica en el extranjero, y donde algunos obispos, como Javier Osés (el de Huesca), y José María Setién (el de San Sebastián) mostraban una actitud positiva hacia los objetores, fueron apareciendo publicaciones católicas favorables a la objeción y el pacifismo o que por lo menos reflejaban su nueva dimensión pacifista (33). Hasta que en 1973 la Asamblea Episcopal Española se decidió a valorar positivamente el ejemplo de los objetores de conciencia en una sociedad siempre necesitada de paz y justicia (34).

Sin embargo, el alimento propiamente ideológico lo buscaron los objetores no violentos en otras lecturas, no tanto en Thoreau, Tolstoi o Bertrand Rusell, como en Gandhi y en uno de sus discípulos, el cristiano Lanza del Vasto, el cual, a nivel personal y a través de los grupos que dinamizaba con su trabajo y su carisma (las llamadas Comunidades del Arca) apoyó fervientemente las causa de los primeros objetores españoles. También tuvieron en cuenta el eco de las experiencias y los discursos del líder de los derechos civiles, Martin Luther King (al menos así lo recuerdan Pepe Beunza y Jordi Agulló). En el repertorio posterior del incipiente movimiento de objeción aparecerán otros nombres de referencia, como el poeta italiano Danilo Dolci (conocido como “el Gandhi siciliano”), el líder campesino chicano Cesar Chávez y el obispo brasileño de la Teología de la Liberación, Hélder Câmara, personajes que habían destacado por su pensamiento o su activismo favorable a la noviolencia política.

De todas formas, no todos los primeros objetores no violentos procedían de ambientes politizados. A tenor de su discurso, a Víctor Boj la conciencia pacifista le había nacido leyendo la Biblia. Poder llevar a la práctica con coherencia el dictado de los preceptos evangélicos era todo un reto personal para él. Decía que cuando fue llamado a filas y comprobó la gran contradicción que eso le provocaba no quiso huir, pues “un prófugo no da testimonio de nada porque no está”, ni tampoco creyó conveniente hablar en privado con algún “superior”, para no escamotear el problema: “Adopté otra forma, me negué en público para que no pudiese ocultarse ni disminuirse. Voceé ¡Viva la Paz!, ¡Viva el Amor!, ¡Amaos los unos a los otros!, etc. Y nadie me comprendió” (35).

Boj fue conducido al Psiquiátrico Militar de S. Baudillo. En un Consejo de Guerra llegó a ser acusado de “sedición”. Finalmente, en abril de 1971 fue condenado a 6 años de prisión. En el auto se dice que se definió como pacifista, que profirió frases como “Mientras haya soldados habrá guerras” y llamamientos a la deserción que ningún soldado secundó. Pasó por varios establecimientos penales militares, hasta el 6 de octubre de 1973, pero todavía tuvo que cumplir otros 15 meses de Batallón disciplinario. Por su parte, Joan Guzmán, antes de que se sintiera animado para identificarse como objetor de conciencia, había sido un joven plenamente entregado a la Iglesia. Un católico, en cierto sentido, tan religioso y tan practicante o más que los Testigos de Jehová, pero, eso sí, con una práctica seglar muy apegada a la realidad social de las parroquias y los barrios:

“Yo era muy cristiano (…) iba cada domingo a misa, y, en fin, participaba, o sea vivía mucho lo que es el tema de la fe (…) estaba en la parroquia, organizaba festivales, u organizábamos con otras personas festivales en hospitales para animar a la gente; hacia de payaso, y tocaba la guitarra, cantaba. O sea, eso fue mi mundo, no fue el mundo ni político ni sindical, fue un mundo religioso, de parroquia, del barrio” (36).

Joan Guzmán sigue entrelazando la memoria de aquellos tiempos de compromiso desde su singular distancia política y militante, la de alguien que cuando salió de la cárcel no continuó en esa lucha: “mi postura coincidió con un grupo de personas que se decían objetores de conciencia, que hacían, que hacíamos lo mismo”. A Guzmán la objeción le sobrevino, después de una larga meditación, cuando ya llevaba más de siete meses de una mili que por aquel entonces duraba 18 meses: “me fui al cuerpo de guardia y dije, mire, vengo a decir que ya no sigo con la mili”. Cuando fueron a registrar su taquilla no encontraron en ella ni libros subversivos ni panfletos pacifistas. Tampoco había referencia alguna a la objeción de conciencia, la noviolencia o la desobediencia civil y el antimilitarismo, ni siquiera a las minorías cristianas protestantes. Joan Guzmán había llegado a esa actitud por sí mismo y desde sus propias reflexiones, a la luz de su propia fe y de la forma de entender los valores pacifistas, cuando iba a cumplir 20 años de edad. Por eso quiso diferenciarse tajantemente de los Testigos de Jehová.

Entonces no tenía ni idea de lo que ya habían hecho Pepe Beunza y Jordi Agulló, hasta que este último coincidió con él en el penal de Cartagena y lo puso al tanto37. Años más tarde declaraba que se había planteado la objeción por una razón fundamental:

“El hecho de aprender a manejar un fúsil, para matar a otros semejantes sólo porque están más allá de una demarcación, llamada frontera, y porque así el hombre lo había impuesto, no me parecía razonable ni humano” (38).

En el cuartel Joan había continuado fuertemente apegado a la Iglesia, ayudando al capellán y organizando actividades de instrucción con un cierto tinte parroquial y asambleario, lo que lógicamente le ocasionó problemas con los mandos. Actuó como siempre, como hacía en su vida normal, hasta que empezó a verse ajeno a todo aquello y a notar como una punzada en su conciencia, como “una gran contradicción, constante y permanente”, lo que sentía al confrontar los valores del Evangelio, su idea de amor al prójimo y a la paz entre los hombres con todo lo que significaba la mili como forma de prepararse para la guerra. Su decisión fue firme, más aún cuando logró revestirla de sentido, el que le daban otros jóvenes católicos como él, y otorgó significado a su desobediencia porque, aunque lo declararon “psicópata con posible remisión”, siempre se negó a aceptar componendas que le hubieran facilitado una salida personal. Pepe Beunza, el primero de ellos, tenía un discurso político elaborado. Había comenzado a prepararse y a organizarse en 1967. Ni estaba solo ni quería estarlo. Contaba con el referente de las movilizaciones llevadas a cabo por los objetores no violentos de Francia y de otros países europeos. Tenía apoyos y con ellos había preparado una estrategia colectiva a favor de su causa. Su primera desobediencia pretendía convertirse en un recurso para la movilización, algo que muy pronto comprendió también Jordi Agulló. Pero, lógicamente, en el contexto de una dictadura como la franquista, aquellos primeros activistas no pudieron impulsar una verdadera campaña pública que diera proyección y posibilidades de crecimiento a la objeción de conciencia. No es de extrañar, pues, que a la altura de 1971 los primeros jóvenes que se declararon objetores por motivos no religiosos fueran numéricamente irrelevantes.

ESTRUCTURANDO LA MOVILIZACIÓN COLECTIVA

En 1974, después de la reforma que en 1973 acabó con las condenas en cadena, los objetores no violentos continuaban siendo poquísimos; pero lo que resultó ser trascendente del impulso inicial de 1971 fue el hecho de que, con el referente de unos cuantos casos individuales (y aislados, o sin conexión previa), en 1975 otros activistas se lanzaran a hacer de la objeción de conciencia una experiencia colectiva de desobediencia civil y, ahora sí, un incipiente movimiento social que verdaderamente se movía y hacía mover a gente que, mientras luchaba por el cambio social y empujaba para que pudiera darse el cambio político, también empezaba a darle sentido a las nuevas identidades políticas, como la pacifista, la no violenta y la antimilitarista. Previamente a la puesta en marcha de la estrategia de objeción colectiva que a finales de 1975 pudo materializarse en el barrio de Can Serra, durante el año 1974, Gonzalo Arias, como destacado veterano activista de la noviolencia política, y Pepe Beunza, quien acababa de salir de un Batallón disciplinario en el Sahara, habían emprendido una larga campaña de concienciación titulada Voluntariado para el Desarrollo. De esa forma querían reivindicar el reconocimiento oficial de un servicio civil alternativo al militar y, más aún que eso, intentaban incitar a los posibles objetores y a sus apoyos sociales a que se planteasen la forma de conseguir el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia. Para poder elevar la propuesta al gobierno contaron con apoyos relevantes, como los del procurador Marcelino Oreja y los de Enrique Miret Magdalena, Gabriel Cisneros y Joaquín Ruiz Jiménez, en representación de Justicia y Paz. Pero sus promotores, y los más de 1.200 firmantes que avalaron el proyecto, recibieron la callada por respuesta. En ese contexto surgirá la iniciativa de Can Serra.

Ovidio Bustillo, Vicente Amurgos, Jesús Viñas, Guillermo Luís Cereceda y José Díez Faixat fueron los cinco reclutas que, en la Navidad de 1975, hicieron pública su negativa a acudir al llamamiento a filas, arguyendo, junto a sus propias motivaciones pacifistas como objetores de conciencia, razones de utilidad social que les animaban, antes que a hacer la mili, a trabajar en el barrio de Can Serra, en L’Hospitalet de Llobregat, realizando una especie de servicio civil alternativo que consistía en distintas actividades comunitarias y de apoyo al movimiento ciudadano (39). De esa manera, además de desafiar al Estado para que procediera legalmente contra ellos (pues en caso contrario se habría podido interpretar que el régimen asumía de facto las actividades autogestionadas de Can Serra como modelo de servicio civil alternativo al militar), los objetores hacían patente su compromiso con la defensa de valores colectivos como la paz y la solidaridad, la democracia y la participación. Fueron detenidos en febrero de 1976 y encarcelados en la prisión militar de Figueras. La represión fue contestada con algunas acciones de solidaridad y con nuevas incorporaciones de objetores a la experiencia desobediente de Can Serra (40). El discurso de los objetores expresaba de forma harto elocuente tanto el trasfondo ideológico de los colectivos de objetores -la noviolencia y el antimilitarismo-, como la voluntad expresa de llevar a la práctica una estrategia clara de desobediencia civil, tal y como quedó reflejado en la carta que dirigió Ovidio Bustillo a las autoridades militares:

“(…) mi actitud es de desobediencia e insumisión a la ley de Servicio Militar, por lo que me declaro culpable (según las leyes) por cometer el „delito‟ de objeción de conciencia al servicio militar” (41).

Los militantes del naciente movimiento de objeción de conciencia afrontaron las incertidumbres del primer período postfranquista con el capital político que les otorgaba haber sido capaces de influir en las agendas políticas e informativas del franquismo (42). Si gracias a unos pocos objetores ya había surgido la primera narrativa del movimiento de objeción de conciencia en España, también gracias a su experiencia iba a ser más fácil organizarse. Nada más comenzar el proceso de transición democrática se formaron grupos de apoyo a la objeción de conciencia en varias ciudades españolas. Aunque sus activistas todavía no se habían podido estructurar del todo para poder movilizarse coordinadamente, aquella incipiente red de colectivos ofrecía algunos de los rasgos que son propios de un nuevo movimiento social (43). Así pudieron aprovechar el desarrollo de los acontecimientos históricos. De momento, en julio de 1976 los presos de conciencia españoles, al igual que los presos políticos, se beneficiaron del decreto de indulto que dictó el primer gobierno presidido por Suárez (44). Ya contaban con más oportunidades para la movilización.

En noviembre de 1976 Justicia y Paz intentó de nuevo que el gobierno Suárez aceptara regular la objeción de conciencia, pero el contenido de la respuesta fue de otra índole: en diciembre de ese mismo año hizo público un Real Decreto sobre Objeción de Conciencia por motivos religiosos que pretendía imponer un servicio civil de tres años y, a ojos vista, sólo parecía querer solucionar la enquistada problemática de los Testigos de Jehová. Los objetores de conciencia no violentos y antimilitaristas, y los grupos de desobedientes que tenían proyectos de servicios civiles autogestionados, se organizaron rápidamente para rechazar el decreto. El 7 de enero de 1977 se celebró en Madrid una asamblea para constituir el Movimiento de Objetores de Conciencia (MOC). A la reunión asistieron 75 personas. Entre ellas había una veintena de prófugos que pensaban declararse objetores de forma colectiva para desobedecer y boicotear el Decreto.

Durante ese año se desobedeció ampliamente la iniciativa del gobierno. Los objetores continuaron con el desafío de los “servicios civiles autogestionados” mientra se sucedían las detenciones de prófugos y, al mismo tiempo, se organizaban marchas de solidaridad con los encarcelados, acciones no violentas en la calle, autoinculpaciones, etcétera. Hasta que en octubre, gracias a la célebre amnistía de los presos políticos, también pudieron salir de prisión 220 objetores. Fue entonces cuando Gutiérrez Mellado dictó la orden interna que registraba en situación de “incorporación aplazada” a todo recluta que al presentarse en el cuartel declarase ser objetor de conciencia, mientras que se aprobara la regulación de esa figura, una manera resolutiva y administrativa de eludir la cuestión de fondo que persistiría hasta 1985 (45).

Durante los primeros años de la transición, al tiempo que se abría la estructura de oportunidad para la protesta colectiva de los objetores, también se cerraban sus expectativas en el terreno legislativo. La objeción de conciencia nunca fue para el legislador un derecho que debiera reconocerse en una Constitución democrática.

Siempre fue concebida como un problema que incomodaba a las fuerzas políticas porque soliviantaba a los militares. La regulación legal de las demandas de los objetores de conciencia se convirtió en un lastre dentro de un proceso de democratización que estuvo mediatizado por la presión del ejército, o por aquello que se temía que podía molestar al “partido militar” (46). Puesto que no se fijaron las reglas del juego, la objeción de conciencia quedó al albur de los grupos de presión y de los movimientos sociales. El hecho de que la Constitución de 1978 no reconociera la objeción de conciencia como un derecho, sino como un motivo de exención del servicio militar, se convertía en el mejor indicador del poder fáctico que mantenía el ejército heredado del franquismo. En cierto sentido la transición a la democracia siguió inconclusa en ese terreno, y continuó su periplo arrastrando un déficit democrático que a la postre tuvo que ser subsanado mediante una campaña de desobediencia civil, algo que no pocos tratadistas que se inspiran en los planteamientos de John Rawls, Habermas y otros pensadores, conciben como una forma alternativa de participación política y un postura radical de defensa de los derechos democráticos frente a normativas que eventualmente los constriñen (47).

Durante la transición hubo dos frentes de oposición que contribuyeron a que la cuestión de la objeción de conciencia quedara en suspenso y se alargara durante años: el rechazo que provenía de los propios objetores, demandando su pleno reconocimiento legal, y el que proyectaba el sector más reaccionario de las Fuerzas Armadas al despreciar la noción misma del derecho a la objeción de conciencia, a la que veían incluso como una amenaza (48). El tiempo demostraría que las presiones militares iban a provocar consecuencias no deseadas. Como la UCD creyó sortearlas dilatando en el tiempo la no regulación legal de la objeción de conciencia, al final, las imposiciones militares resultaron ser beneficiosas para la causa de un movimiento de objetores que crecía y evolucionaba hacia posiciones más radicales (49). El MOC no quiso ser una especie de “sindicato de objetores”, a diferencia de lo que había ocurrido en otros países europeos, como Holanda, donde año tras año el número de insumisos nunca ha pasado de unas decenas. En 1983 el MOC había optado por emprender el camino de la desobediencia.

A la altura de 1984, cuando el primer gobierno del PSOE se decidió a legislar en esa materia, los Testigos de Jehová ya no eran un problema. Sin embargo, se estaba desarrollando a ojos vista un amplio movimiento social de objeción de conciencia antimilitarista que rechazaba tanto el servicio militar obligatorio como cualquier otro servicio civil que sustituyera al militar, al tiempo que amenazaba con una desobediencia civil masiva. Dentro del gobierno socialista hubo quien, como Liborio del Hierro, a la sazón Subsecretario de Justicia entre 1982 y 1990, avizoró el riesgo de lo que preparaba el MOC porque podía convertirse en “el primer caso de desobediencia civil a gran escala en el Estado Español”. Pero para entonces ya casi nadie se acordaba de la buena sintonía que habían mantenido el MOC y PSOE durante la etapa de UCD (50).

No es objeto de este trabajo analizar el proceso que provocó la puesta en marcha de una estrategia exitosa de desobediencia civil al servicio militar obligatorio y a la Prestación Social Sustitutoria, la campaña propiamente llamada de insumisión que de una forma coordinada a nivel estatal comenzó en la mañana del 20 de febrero de 1989. Pero es bien conocido que, sobre todo a principios de la década de 1990, el movimiento de objeción e insumisión alcanzó en España unas dimensiones gigantescas en comparación con el resto de países europeos, donde la insumisión siempre fue marginal y muy minoritaria; un nuevo movimiento social que, además de desprestigiar, boicotear y hacer prácticamente inviable la Prestación Social Sustitutoria, logró tanta repercusión y tantos apoyos sociales, políticos, sindicales, culturales y religiosos, e incluso muchos otros que provenían de instituciones locales y autonómicas, que consiguió incidir decisivamente en el proceso político que puso fin a la conscripción en España (51).

Se crearon los marcos de una nueva experiencia movimentista radical, y, aunque sus estructuras organizativas (y tradiciones o culturas políticas) se diversificaron y a veces llegaron a estar divididas e incluso enfrentadas, básicamente, los grupos que dieron vida al movimiento de objeción e insumisión compartieron unos mismos valores ideológicos, inspirados en el antimilitarismo, y unos métodos de acción basados en las experiencias históricas de la noviolencia política y la desobediencia civil. De esa forma, más que un nuevo movimiento social, en los años noventa la objeción de conciencia y la insumisión se convirtieron en un fenómeno social y cultural que ahondaba la crisis de legitimidad del sistema de reclutamiento, dañaba la imagen de la Fuerzas Armadas españolas, promovía el antimilitarismo e incidía en las agendas judiciales y políticas (52). La acción proactiva del movimiento de insumisión provocaba controversias y disensos que ampliaban todavía más los márgenes de indeterminación sistémica, haciendo cada vez más plausible el aprovechamiento de los costes de la represión (53).

Al calor de la movilización se generaron expectativas de cambio en una mayoría social, sobre todo juvenil, que estaba dando la espalda al servicio militar obligatorio, hasta el punto de que el número de objetores de conciencia llegó a superar al de reclutados. El modelo de reclutamiento estaba irremediablemente dañado cuando, a la altura de 1996, la objeción y la insumisión se convirtieron en un auténtico “problema de Estado” para el ministro de Justicia del último gobierno de Felipe González, y en un requisito de obligado tratamiento para el primer gobierno de José María Aznar, el cual, con el fin de asegurar su estabilidad gracias al apoyo de CiU y PNV, se vio forzado a anunciar para 2003 el fin definitivo del servicio militar obligatorio y la Prestación Social Sustitutoria (54).

Al final la mili quedó suprimida en 2001 y los últimos insumisos encarcelados salieron de la prisión militar de Alcalá-Meco a comienzos de 2002. Con el fin del servicio militar obligatorio también iba a terminar un ciclo de movilización y desobediencia civil que había durado tres décadas. El referente de sus iniciadores nunca se perdió del todo. A nadie que conozca esta historia le sorprenderá saber que una de las últimas muestras de solidaridad con los insumisos encarcelados había llegado de parte de Pepe Beunza. La resistencia de los últimos seguía recibiendo el impulso del primero.


NOTAS

Este texto ha sido publicado como capítulo de libro en: Ortiz Heras, M. (coord.), Culturas políticas del nacionalismo español. Del franquismo a la transición, La Catarata, Madrid, 2009, pp. 219-243.

1. Se utilizan aquí las herramientas analíticas de la teoría sociológica de los movimientos sociales, las que ya han sido aplicadas profusamente al estudio del movimiento de insumisión por sociólogos como P. Ibarra, R. Ajangiz o V. Sampedro. Como referencias básicas véase S. Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Alianza, Madrid, 2004; D. McAdam, J., McCarthy y M. Zald, Movimientos sociales: perspectivas comparadas, Istmo, Madrid, 1999. Véase también X. Godás, Política del disenso. Sociología de los movimientos sociales, Icaria, Barcelona, 2007.

2. Así lo asume el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), la coordinadora de colectivos antimilitaristas que entre 1977 y 2001 impulsó todas las campañas de desobediencia civil a la conscripción. Véase Movimiento de Objeción de Conciencia, En legítima desobediencia: tres décadas de objeción, insumisión y antimilitarismo, Traficantes de Sueños, Madrid, 2001. La consulta de este libro del MOC es imprescindible para conocer la historia y la memoria del movimiento de objeción de conciencia e insumisión. Otro tipo de análisis, desde la óptica de los colectivos Mili KK (o Kakitzak en el País Vasco y Navarra), en Jordi García (ed.), Con razón, insumisión, Talasa ediciones S.L., Madrid, 1990. Hubo colectivos con otros planteamientos: la AOC (Asociación de Objetores de Conciencia), que reclamaba la reforma de la ley de objeción; y “los invisibles”, que eran partidarios de una “insumisión total”, lo que implicaba no acudir a los juicios por insumisión y cambiar la estrategia de desobediencia civil.

3. Aunque el MOC ha mantenido siempre las mismas siglas, en 1977 comenzó llamándose Movimiento de Objetores de Conciencia, después Movimiento de Objetores y Objetoras de Conciencia y, desde 1983, Movimiento de Objeción de Conciencia. Debe distinguirse el movimiento de objeción de conciencia, entendido como nuevo movimiento social, del MOC como forma de denominar a grupos locales y a su coordinadora estatal, aunque es cierto que el MOC siempre fue la estructura de movilización más importante del movimiento de objeción de conciencia (y de insumisión). En este trabajo vamos a centrarnos en la gestación del movimiento de objeción de conciencia, antes de que se creara el MOC.

4. Si en 1971 había 55 encarcelados, la cifra creció más en 1972, hasta 63. Entre 1962 y 1973 estuvieron privados de libertad 264 “ministros de los Testigos de Jehová, objetores de conciencia” (véase Jesús Jiménez, La objeción de conciencia en España, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1973, p. 218).

5. A la desobediencia dedicaba el Código de Justicia Militar de 1945 los artículos 327, 328 y 329.

6. En la causa “instruida al recluta José Luís Beunza Vázquez” en Marines (Valencia), el 16 de enero de 1971, se hace constar que el citado recluta, después de “recibir orden formal del Capitán de la Compañía, Don Jaime Guemes Vargas, se negó rotundamente a obedecer la referida orden de vestir uniforme militar, alegando ser Católico Objetor de Conciencia, no violento”. Por su parte, en la causa abierta contra Jordi Agulló figura que había dirigido una carta al Comandante Jefe del Centro de Reclutamiento de Marina de Alicante declarándose objetor de conciencia por ser “cristiano-católico no violento” (se ha podido consultar esta documentación en el archivo personal de Pepe Beunza, en adelante APPB).

7. En 1972, otro joven alcoyano, Juan Antonio Linares, se declaró objetor, pero no pudo resistir la presión y abandonó su propósito. Pero hubo otros compañeros de viaje: ese mismo año el sacerdote Francisco López de Ahumada se negó a jurar bandera y poco después, otro cura, el madrileño Juan Pescador, seguía sus mismos pasos y devolvía la cartilla militar (Pedro Oliver Olmo, La utopía insumisa de Pepe Beunza. Una objeción subversiva durante el franquismo, Virus editorial, Barcelona, 2002, p. 142).

8. APPB, cartas de Beunza y Rodrigo. La detención de Rafael tuvo cierto eco en la prensa valenciana y en la no valenciana, sobre todo porque a su condición de objetor católico no violento se añadía la de sargento de complemento (Las Provincias, 4 de septiembre de 1974; Informaciones, 5 de septiembre de 1974).

9. Ley de libertad religiosa, 44/1967, de 28 de junio. El general Diez-Alegría, para defender el proyecto de regulación de la objeción de conciencia, destacó que era necesario garantizar la libertad religiosa.

10. Víctor Sampedro se detiene en el comentario de un episodio aparentemente menor (tomado de la página 113 del libro ya citado de Jesús Jiménez) que, sin embargo, ilustra cabalmente la diferencia entre el “no poder” de la objeción de conciencia religiosa y el “no querer” de la objeción de conciencia política. Se trata de la conversación de un Testigo de Jehová con el oficial instructor del Consejo de Guerra que le juzgaba: “Cuando se retiraba [el oficial] del calabozo me dijo: ’¡Ah! ¿qué es lo que respondió usted a mi orden de vestirse el uniforme?’. ’Que no puedo’, le respondí. ’Bien, es que es diferente no puedo a no quiero’, alegó. Y se fue” (aparece en Víctor Sampedro, Movimientos sociales: debates sin mordaza Desobediencia civil y servicio militar, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, p. 65).

11. Reproducido en: Pedro Oliver Olmo, La utopía insumisa…, 2002, pp. 36-37.

12. José María Pemán, “La guerra y sus objeciones”, Gaceta Ilustrada (11 de abril, 1971). Por el contrario, el editorial de Cuadernos para el Diálogo (nº 90, marzo de 1971) destacaba que “la actitud ética, personal, religiosa y no-violenta de la objeción de conciencia está siendo materia de especial interés para una parte de la prensa nacional en las últimas semanas. La T.V. incluso se ha hecho eco del problema…”.

13. Apareció como “proyecto de ley de los objetantes de conciencia”, por ejemplo, en La Vanguardia Española (de julio de 1971), Levante (3 de julio de 1971) y en muchos periódicos provinciales, en los que se destacaba la enmienda a la totalidad que presentó Blas Piñar. Las informaciones publicadas desvelan cierto ambiente de enfrentamiento entre medios. En Informaciones (7 de julio de 1971) se habla de la “Ley de Objetores” para resaltar que serían obligados a jurar la bandera. En La Vanguardia Española del 8 de julio se apoyó postura renovadora del general Díez-Alegría. El diario Madrid ya había noticiado el 2 de junio de 1971 el apoyo de la Santa Sede al estatuto de los objetores. Algunos medios se enfrentaron a otros por esta cuestión, por ejemplo, El Pensamiento Navarro (20 de agosto de 1971) cargó contra Mundo por su postura favorable a que se regulara la objeción. “Triunfo de los piñaristas en los debates sobre objeción de conciencia” había titulado Lorenzo Contreras su crónica en Mundo, el 17 de julio de 1971.

14. “Los objetores de conciencia siguen esperando solución” y “El procurador Merino pide diálogo” escribió Lorenzo Contreras en su crónica del debate (Mundo, nº 1576, 18 de julio de 1970, pp. 17-19).

15. Pedro Oliver Olmo, La utopía insumisa…, capítulo 12). Pepe Beunza también contaba con apoyos importantes en el país: además de recibir “El Memorial Juan XXIII” de parte de Pax Christi, se solidarizaron con él artistas e intelectuales con renombre, como Cristóbal Halffter, Eduardo Chillida, Juan Genovés, Miguel Fisac, Gabriel Celaya y Forjes, entre otros (esas cartas solidarias están en el APPB).

16. Víctor Sampedro, Movimientos sociales: debates sin mordaza..., pp. 125. Un relato detallado de los debates en Jesús Jiménez, La objeción…, pp. 127-170.

17. Pedro Oliver Olmo, La utopía insumisa…, pp. 116-117.

18. Un periodista de The Guardian distribuyó en 1967, a través de la agencia Reuters, fotografías de Testigos de Jehová que sufrían largas condenas de cárcel (MOC, En legítima desobediencia…, p. 50).

19. Al ingresar en prisión P. Beunza recibió una carta manuscrita de un grupo de Amnistía Internacional de Holanda comunicándole que había sido “adoptado” como prisionero (la carta original está en el APPB).

20. “Ganaron los halcones: la nueva ley no resuelve el problema de la objeción de conciencia” fue el titular de la crónica de Francisco Javier Peña en Sábado Gráfico, nº 873, 23 de febrero de 1974. En noviembre de 1973 había 322 objetores encarcelados (sólo 6 eran católicos, según el procurador Ibarra Landete).

21. La reforma del Código Militar de 1973 dictaba la “incapacidad de ejercer derechos públicos, ostentar cargos y funciones públicas, establecer relaciones laborables y contractuales de todo orden con Entidades públicas o subvencionadas o intervenidas por el Estado, coentidades paraestatales autónomas y con las corporaciones de administración local, así como para la docencia”. Por eso se habló de “muerte civil” del objetor de conciencia, una idea que muchos años después recuperaría el ministro socialista de justicia Juan Alberto Belloch en el Código Penal de 1995, para privar de honores, empleos y cargos públicos a los insumisos al servicio militar obligatorio y la Prestación Social Sustitutoria. El insumiso a la PSS quedaría inhabilitado durante un período de entre 8 a 12 años para “desempeñar cualquier empleo o cargo al servicio de cualesquiera de las Administraciones, Entidades o Empresas Públicas, o de sus organismos autónomos, y para obtener subvenciones, becas o ayudas públicas de cualquier tipo” (artículo 527).

22. Así se congratulaba Rafael Rodrigo por el fin del servicio militar obligatorio, en un escrito fechado en Valencia el 26 de octubre de 1999. El testimonio de Rodrigo está incluido en un proyecto de página WEB sobre los primeros objetores que fue presentado en Valencia el 8 de diciembre de 2000 con una carta que iba firmada por Pepe Beunza, Juan Guzmán, Jordi Agulló, Martí Olivella (del segundo grupo de objetores de Can Serra), y el propio Rafael Rodrigo. Agradezco a Pepe Beunza el acceso a ese material electrónico.

23. En parecidos términos analizaba el fenómeno Enrique Álvarez Cruz, en un artículo titulado “La nueva conciencia”, publicado en Cuadernos para el Diálogo, nº 95 (agosto, 1971), pp. 37-38.

24. “Carta de los caminantes de la Marcha a la prisión a los ministros de Justicia y del Ejército”, enviada el 27 de marzo de 1971 desde Toulouse (APPB).

25. La carta, además de encontrarse en el archivo personal de Pepe Beunza, puede leerse en la obra citada del Movimiento de Objeción de Conciencia, En legítima desobediencia…, pp. 17-22.

26. Testimonio escrito de Jordi Agulló i Guerra firmado en Sant Just Desvern, el 29 de agosto de 2000, para el ya citado proyecto de página WEB de los primeros objetores.

27. Entrevista realizada a Jordi Agulló por Ana Isabel Simón Alegre en Barcelona el 18 de diciembre de 2008 para el proyecto “Historia oral de la transición. Testimonios de cambio (1965-1982)”, Seminario de Fuentes Orales de la UCM-Ministerio de Cultura, dirigido por Pilar Folguera. Agradezco a la entrevistadora el acceso al material sonoro y transcrito.

28. Testimonio de Jordi Agulló para el ya citado proyecto de página de WEB de los primeros objetores. Detalla mucho más ese periplo en la citada entrevista que le realizó Ana Isabel Simón Alegre.

29. Para certificar su servicio civil en el barrio dels Orriols Beunza declaró ante el notario Salvador Orts Lluch y envió al Capitán General una copia de su comparecencia (existe copia original en el APPB). El diario Informaciones informó de su detención diciendo que fue “trasladado desde su domicilio del barrio dels Orriols hasta el cuartel” (16/12/1971). El segundo consejo de guerra también fue noticia en los periódicos y revistas. En el número 101 de Cuadernos para el Diálogo Eduardo Cierco denunciaba la detención del objetor (el periodista había recibido “el premio El Ciervo” por el artículo-entrevista que sobre Pepe Beunza realizó en 1971 para Mundo Social).

30. “Carta de los caminantes de la Marcha a la prisión a los ministros de Justicia y del Ejército”. El resto de propuestas de regulación de la objeción de conciencia fueron elevadas al gobierno a través de Pax Christi (en 1973) y Justicia y Paz (1974 y 1976).

31. APPB, carta de 200 vecinos de Orriols dirigida en enero de 1972 al Capitán General de la III Región Militar para solidarizarse con Pepe Beunza y reclamar el derecho a la objeción de conciencia. Por su parte, los grupos de apoyo pusieron en marcha la llamada “Campaña de los Encartelados”, ideada por Gonzalo Arias: cada domingo, en parejas o en grupos de tres, distintas personas de diferentes países deambulaban por calles y plazas céntricas de algunas ciudades portando carteles con leyendas referidas a la objeción de conciencia, a la noviolencia y a la falta de libertad en España.

32. La metáfora del “colchón social” será muy utilizada por el movimiento de objeción e insumisión.

33. Vida Nueva, nº 784, mayo de 1971; Mensajero, nº 989, diciembre de 1971; Iglesia-Mundo, Suplemento 65, 16 de diciembre de 1973, etcétera.

34. “Documento de la Conferencia Episcopal Española sobre la objeción de conciencia”, en Objeción de conciencia: otro servicio, Cuadernos edebé, Ediciones Don Bosco, Barcelona, 1977, pp. 94-97.

35. APPB, documento autobiográfico de Víctor Boj.

36. Entrevista realizada a Joan Guzmán por Ana Isabel Simón Alegre en Barcelona el 18 de diciembre de 2008 para el proyecto “Historia oral de la transición. Testimonios de cambio (1965-1982)”, Seminario de Fuentes Orales de la UCM-Ministerio de Cultura, dirigido por Pilar Folguera.

37. Joan, al cabo instructor, podía haber sido castigado a una pena durísima por alta traición. Estaba en una celda de aislamiento, pero Jordi le pudo hacer llegar “una revista católica” que trataba ampliamente el tema de la objeción no violenta (seguramente era Vida Nueva, nº 784, 29 de mayo de 1971).

38. APPB, “Extracto-informe de la declaración monográfica y situación actual del objetor de conciencia al servicio militar Joan Guzmán Salvado” (sin fecha).

39. Véase el folleto titulado La objeción es un derecho, editado por Pax (Christi) en febrero de 1976.

40. Una buena síntesis reciente de la experiencia de Can Serra, que recoge lo publicado por autores como Vicenç Fisas, John Paul Ledereach o Xavier Rius, en Enric Prat, Moviéndose por la paz. De Pax Christi a las movilizaciones contra la guerra, Hacer, Barcelona, 2006, pp. 34-36.

41. La objeción es un derecho…

42. Cfr. Víctor Sampedro, Movimientos sociales: debates sin mordaza...

43. En un documento titulado Servicio Civil: alternativa al servicio militar, publicado por Pax (Christi) en Barcelona el 25 de noviembre de 1976, además de presentar el proyecto de estatuto elaborado por Justicia y Paz, se hacía una presentación de los servicios civiles alternativos de L`Hospitalet (Can Serra), Málaga (barrio de La Palma), Bilbao (barrio de Uretamendi), Tarragona-Reus, Vic y Madrid (barrio de Tetuán).

44. Se hacía balance de todo lo ocurrido entre 1971 y 1976 en el libro titulado Objeción de conciencia: otro servicio, Cuadernos edebé, Ediciones Don Bosco, Barcelona, 1977.

45. Xavier Rius, La objeción de conciencia: motivaciones, historia y legislación actual, Editorial Integral, Barcelona, 1988.

46. Pedro Oliver Olmo, “El nacionalismo del ejército español: límites y retóricas”, en: Carlos Taibo (ed.), Nacionalismo español: esencias, memoria e instituciones, La Catarata, Madrid, 2007, pp. 213-230.

47. Juan Carlos Rois Alonso, “La insumisión como ejercicio radical y genuino del derecho de objeción de conciencia”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 84 (1993-1994), pp. 503-538.

48. Carmen Gordon-Nogales, “La transición desarmada: objetores, política y prensa en la transformación de las Fuerzas Armadas en la España democrática”, @mnis: Revue de Civilisation Contemporaine de l‟Université de Bretagne Occidentale EUROPES / AMÉRIQUES (http://www.univ-brest.fr/amnis/).

49. Cfr. Rafael Sainz de Rozas, “Objeción de conciencia al servicio militar”, en: Juan Ramón Capella (coord.), Las sombras del sistema constitucional español, Trotta, Barcelona, 2003, pp. 249-292.

50. Víctor Sampedro, Movimientos sociales: debates sin mordaza…, p. 153.

51. Rafael Ajangiz, Servicio militar obligatorio en el siglo XXI: cambio y conflicto, CIS, Madrid, 2003.

52. Para conocer los mejores análisis del movimiento de insumisión, además de consultar los ya citados de V. Sampedro (Movimientos sociales: debates sin mordaza…) y del MOC (En legítima desobediencia…), es imprescindible acudir a Pedro Ibarra (ed.), Objeción e insumisión, claves ideológicas y sociales, Fundamentos, Madrid, 1992; y Xavier Aguirre, Rafael Ajangiz, Pedro Ibarra y Rafael Sainz de Rozas, La insumisión, un singular ciclo histórico de desobediencia civil, Tecnos, Madrid, 1998.

53. Pedro Oliver Olmo, “Políticas represivas y nuevos movimientos sociales: propuestas para su enfoque historiográfico”, VIII Jornadas de Historia y Fuentes Orales (El Barco de Ávila, 19-21/10/2007).

54. Rafael Ajangiz, “Objeción de conciencia, insumisión, movimiento antimilitarista”, Mientras Tanto, nº 91-92 (“25 años de movimientos sociales”, Verano-Otoño 2004); Pedro Oliver Olmo y David García Arístegui, “La evolución del movimiento antimilitarista: de las enseñanzas de la campaña de insumisión a los nuevos retos”, Libre pensamiento, nº 49 (2005), pp. 44-53.


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Los iniciadores del movimiento de objetores de conciencia en España (1971-1977)

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Comentarios


  • Los iniciadores del movimiento de objetores de conciencia en España (1971-1977)

    26 de septiembre de 2009, por Pablo

    Como siempre, un excelente trabajo de Perico, manteniendo encendida nuestra propia memoria histórica reciente. Enhorabuena.


  • Los iniciadores del movimiento de objetores de conciencia en España (1971-1977)

    30 de septiembre de 2009, por  hotmail.com">Ponce

    Muy bueno!!!!! Yo viajo continuamente al pais, la verdad que me interesan mucho estos articulos. Cambiando de tema me recomendaron conocer un pueblo llamado cornella me dejaron este link ustedes que opinan? Saludos


  • Los iniciadores del movimiento de objetores de conciencia en España (1971-1977)

    16 de noviembre de 2016, por  gmail.com">César

    Impresionante trabajo. Un artículo imprescindible. Gracias! (Soy objetor desde enero de 1983)


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