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Coalición colombiana contra la tortura

Informe alternativo sobre tortura en Colombia 2009

Informe alternativo sobre tortura en Colombia 2009

El presente informe analiza la situación de la tortura en Colombia, después del último examen al que fue sometido el Estado, por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en noviembre de 2003. Este documento contiene información que permite evidenciar que Colombia ha incumplido con las obligaciones derivadas de la Convención contra la Tortura de NNUU, y con la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité en 2003. Es urgente que el Comité, en el marco de su análisis, reitere las recomendaciones previas hechas al Estado colombiano.

La práctica de la tortura en Colombia es de carácter sistemático y generalizado. Esta realidad se presenta en el Capítulo I, en el que se estudian datos cuantitativos y algunos patrones de acción, a través de los cuales se demuestra dicha afirmación. Con la tortura se afecta a diversos sectores y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, como son: las mujeres, las niñas y niños, la población carcelaria, el sector campesino, sindicalistas, estudiantes, activistas sociales y políticos, entre otros. Así, a pesar de que la normatividad interna prohíbe y sanciona el uso de la tortura, en la práctica estos hechos se siguen registrando por parte de todos los grupos que participan en el conflicto armado interno.

Con un incremento importante, en el período reciente, de los casos en los que se atribuye la responsabilidad a la fuerza pública directamente. Las personas que se encuentran en prisión, siguen siendo víctimas permanentes de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Capítulo II de este documento, demuestra que el Estado colombiano sigue vulnerando la Convención contra la Tortura, a través de la violación sistemática de los derechos de la población carcelaria.

Esta grave situación se ve acompañada de un preocupante marco de impunidad de estos crímenes, que será abordada en el Capítulo III, pues a pesar de que el delito de tortura está tipificado por la legislación nacional desde hace cerca de 30 años, son escasas las sanciones por este crimen. Esta realidad se ve afectada por el conocimiento recurrente de la justicia penal militar de casos constitutivos de tortura, abusando de su competencia restrictiva.

Recientemente, este marco de impunidad ha sido agravado por la aplicación de la ley 975 de 2005 procedimiento en el que se ha invisibilizando la práctica sistemática de la tortura y la violencia sexual por parte de los grupos paramilitares vulnerándose a su vez los derechos de las víctimas de este crimen a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Es grave destacar que nos encontramos en un contexto de vulneración de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos. En particular por la actitud constate del Gobierno de promover medidas que no garantizan los derechos de las víctimas, imponiendo situaciones de discriminación en contra de las víctimas de crímenes de Estado, y obstaculizando la adopción de disposiciones legislativas que promueven medidas a favor de las mismas, excusándose en razones fiscales. Esta realidad será abordada en el Capítulo IV del informe...


Informe completo:

Alternativa Antimilitarista - moc
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