«El Gobierno de Uribe dio estatus político al narcotráfico y el paramilitarismo»

Fernando Arellano Ortiz

Argenpress

Su voz de denuncia y sus acciones categóricas en defensa de los derechos humanos y de los sectores marginados de la población le han valido la persecución de los sectores de derecha en Colombia. Sus afirmaciones son contundentes.

En esta entrevista, es enfático en señalar que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha sido condescendiente con el narcoparamilitarismo, hasta el punto que le dio “estatus político”, habida cuenta que la gran mayoría de los congresistas que hacen parte de su bancada parlamentaria se encuentran en la cárcel o son procesados judicialmente por el fenómeno que se conoce como la “parapolítica”.

Las represalias por atreverse a opinar abiertamente no se han hecho esperar. Los sectores militaristas y el propio gobierno de Uribe han desplegado una serie de acciones políticas y de persecución judicial en contra del sacerdote jesuita y sociólogo Javier Giraldo Moreno SJ. En la actualidad cursan en su contra tres procesos judiciales que buscan, por una parte, vincularlo con grupos armados al margen de la ley, y por otra, silenciar sus denuncias acusándolo de cometer injuria, calumnia y falsa denuncia, y de esta manera, estigmatizarlo ante la opinión pública nacional e internacional.

En uno de los procesos judiciales se ha ordenado vincular a este sacerdote a la investigación penal mediante indagatoria por parte de la Fiscalía 216 seccional. Giraldo Moreno es vicepresidente de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, una organización con estatuto consultivo ante Naciones Unidas; además, es coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Con una trayectoria como activista de derechos humanos de más de 30 años, acompaña varias comunidades víctimas del terrorismo de Estado y es reconocido a nivel nacional e internacional por sus denuncias, reflexiones e inquietudes.

Inquietante denuncia

Es inquietante y a la vez sorprendente que el proceso penal que se ha iniciado en su contra se sustente en una denuncia presentada por el teniente coronel del Ejército Néstor Iván Duque, oficial que ejercía el mando operacional de las tropas que ejecutaron el 21 de febrero de 2005, la masacre en contra de ocho personas de la Comunidad de Paz de en la población San José de Apartado, en el departamento de Antioquia.

Duque en múltiples oportunidades ha sido señalado por el padre Giraldo como uno de los responsables de ese atroz delito. Por eso es que las organizaciones de derechos humanos han señalado que es más que preocupante que la Fiscalía otorgue credibilidad al citado oficial, quien solicito permiso de los paramilitares, según relato de Hebert Veloza, alias “H.H.”, uno de los líderes de las autodefensas, para asesinar a uno de los testigos de la masacre.

La denuncia del teniente coronel se presentó coincidentemente, 40 días después de ejecutado este crimen en contra de la comunidad.

Masacre planificada

El padre Giraldo en diálogo con este Observatorio Latinoamericano, señala en forma enfática que esta fue una masacre del Ejército perpetrada conjuntamente con paramilitares que estaban comandados por alias don Berna. Además, agrega, “fue planificada y obedecía a la Operación Táctica Feroz, dentro de un operativo más amplio que se denominaba Fénix, comandado por el coronel Néstor Iván Duque, acusado por torturas contra miembros de la comunidad”.

“Dentro de esa masacre se descuartizó a un niño de 18 meses, y a sus dos hermanitos: de de cinco y diez años de edad”, denuncia Giraldo, pero lo más grave es que “la línea de investigación estaba trazada por el Ejército” para tapar los móviles de tamaño delito y acusar de su autoría a la guerrilla de las Farc.

“Gracias a la Procuraduría y la presión internacional se logró esclarecer el caso. Esa presión llevó a la Fiscalía a actuar como debía actuar porque durante dos años no quiso hacerlo”, afirma el sacerdote jesuita.

Institucionalización del paramilitarismo

- ¿El paramilitarismo se ha acabado en Colombia como afirma el gobierno del presidente Álvaro Uribe?

 De ninguna manera. El paramilitarismo hay que analizarlo a lo largo de toda su trayectoria que tiene diversas fases y etapas, para resumir considero que la etapa en que nos encontramos ahora es la de su legalización e institucionalización porque todas las desmovilizaciones que ha habido de paramilitares son ficticias. Los paramilitares han regresado a su accionar, no han sido tocados por la justicia. La Ley de Justicia y Paz aún no da frutos y se ha quedado muy corta frente a las confesiones que muchos de ellos han hecho, pero lo peor es que la gente que fue indultada por la Ley 782, alrededor de 20 mil que nunca utilizaron su propio nombre porque ese era una de las condiciones, acudieron a nombres ficticios, por lo tanto nunca van a ser investigados por la justicia.

- Usted ha manifestado que en el gobierno de Uribe se le ha dado estatus político al narcotráfico. ¿En qué sustenta esta afirmación?

 Es muy conocido el hecho de que la inmensa mayoría de los líderes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz están ligados con el narcotráfico. El mismo Carlos Castaño dice que esa fue su principal contradicción con el resto de los jefes paramilitares y por eso seguramente lo mataron. Es que la mayoría de los comandantes eran capos del narcotráfico y muchos de ellos compraron las comandancias por miles de millones de dólares para poder aprovechar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Además, una de las fuentes de su financiación más importantes fue el narcotráfico y todos sabemos que Castaño y varios de sus compañeros lucharon mucho porque se le diera estatus político al paramilitarismo y Uribe se lo concedió, por eso yo afirmo eso.

- También ha señalado usted que Colombia vive un “proceso de neofascismo” ¿A qué atribuye ese fenómeno?

 El modelo que estamos viviendo actualmente en el de un excesivo gasto militar que ha permitido que el pie de fuerza se haya multiplicado como lo demuestran algunos estudios como el del rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza. Más del 80% de los puestos públicos es para fuerza armada y si a eso le sumamos la fuerza del paramilitarismo y una fuerza que ha creado el gobierno del presidente Uribe que es un paramilitarismo ‘más decente’, por llamarlo de alguna manera, como las redes de informantes y de cooperantes, y el nuevo estatuto para las compañías de seguridad privada que agrupan centenares de miles de personas, podemos decir que todo este componente hoy día controla a la población civil en Colombia. Al mismo tiempo no se permite el accionar de los movimientos sociales sino que sutilmente se los está deslegitimando, estigmatizando y exterminando ya sea por la vía del asesinato o por otras vías. Yo he seguido muy de cerca la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a la que le han asesinado cerca de 200 líderes y ahora el Estado quiere destruirla por otras vías: por la vía jurídica o la económica, sobornando a cantidad de campesinos con el propósito de que se salgan de la Comunidad para lo cual el Gobierno les da millones de pesos para que reactiven sus fincas; en fin, son muchas las maneras que tiene para el control de la población civil.

- ¿Y a qué atribuye el alto nivel de popularidad de Álvaro Uribe?

 El Presidente ha sabido manejar bien al hombre-masa, las masas y la sicología de las masas. Pero, además, ha tenido una buena relación con poderes mundiales, como por ejemplo haber logrado una importante interlocución con el anterior gobierno norteamericano; y uno de los factores más importante de su popularidad es el manejo que ha tenido de los medios masivos de comunicación. Realmente el problema tanto de la información como de la comunicación se ha vuelto neurálgico para una democracia y en el caso colombiano existe una democratización mínima de los medios, los cuales son muy controlados.

- ¿Usted se siente estigmatizado por la labor de defensa de los derechos humanos que realiza en Colombia?

 He sido tan estigmatizado que en más de una oportunidad me he visto obligado a salir del país.

Javier Giraldo

Alfredo Molano
Columnista de El Espectador

La vida de este jesuita se resume en una lucha dolorosa pero inquebrantable contra la impunidad, por la justicia.

Yo me pregunto a esta hora de la vida del padre Javier Giraldo, cuando ha dado tantas batallas —ninguna éticamente perdida—, qué lo ha llevado a ser el más valiente acusador de altos oficiales del Ejército Nacional que en nombre del orden han cometido por acción o por omisión horrendos crímenes que el derecho internacional califica como de lesa humanidad. Enfrentarse casi solo con la impunidad que ha rodeado a tantos batallones parecería ser un simple acto demencial. ¿Qué impulsa a este sacerdote jesuita a desafiar tanto poder? ¿Por qué cuando se piensa en el general ( r) Rito Alejo del Río, el ‘pacificador de Urabá’, o del difunto general Yanine Díaz, el ‘pacificador del Magdalena Medio’, salta la figura modesta pero triste de Javier Giraldo? Por la simple razón de que al contrario de los generales que se atrincheran tras sus uniformes, el cura no se ha defendido nunca con la sotana. Más aun, siempre ha usado los argumentos que la Constitución pone en la mano de cualquier ciudadano para denunciar las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y señalar a los responsables. Pocas veces ha salido victorioso de los litigios que incoa, pero con ello ha demostrado no sólo la debilidad de los funcionarios encargados de fallar sino los vicios del sistema judicial.

En nuestra historia la cruz y la espada han sido socios en el atropello de los débiles. El padre ha sacado la cara por una Iglesia sometida al poder político y de refilón ha limpiado el nombre de muchos soldados, víctimas asimismo del poder militar, tan caro y necesario al establecimiento. Javier es en el sentido esencial de la palabra un Justo. Y, por tanto, también un juez severo de los crímenes de la guerrilla. Su misión ha sido dolorosa, terriblemente dolorosa; lo expresa un cierto rictus que lo acompaña a todas partes: de San José de Apartadó a Trujillo, del Casanare a Urabá. Ha vivido entre la gente del pueblo, conoce su tragedia, la comparte, la vive y la pelea. Sólo quien vive con la gente puede conocerla. Razón por la cual los uniformados y los togados, los gentiles y los profesores son aislados en guetos y por esa misma razón sólo conocen su propia causa. A Javier lo he visto en el río Salaquí —aguas que han arrastrado tantos cadáveres— compartiendo cansancio e ilusiones con los desplazados y aterrorizados campesinos; lo he visto en San José de Apartadó parársele a paramilitares sin agacharse. Y sobre todo lo he leído. He leído y releído uno de los documentos más brillantes salidos de su mano: su carta de objeción de conciencia, un retrato en blanco sobre negro de la justicia e impunidad en el país. La conclusión no puede ser más dramática: Giraldo ha apelado a las normas —y las ha defendido, para verse traicionado en su aplicación—. Siempre que denuncia a un criminal, los testigos son asesinados. Su conciencia moral nunca ha estado en juego y por eso no va adonde sus juzgadores lo quieren llevar: a la complicidad con los victimarios