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La militarización como arma de control social en España

Bajo el mando del ejército. Desde 1968 son varias las empresas que, por decisión gubernamental, han sido controladas por las autoridades castrenses

Sección:Represión
Domingo 9 de enero de 2011 0 comentario(s) 2285 visita(s)

publico

Carteros, ferroviarios, policías municipales, conductores de metro y, por último, controladores aéreos. Todos comparten una misma experiencia: en algún momento los militares se han convertido en sus máximos jefes.

La tajante decisión del Gobierno de militarizar a los gestores del espacio aéreo con la declaración del estado de alarma el pasado 5 de diciembre fue la última, pero no la única medida de estas características adoptada en España. Durante los últimos años del franquismo, y en los primeros de la Transición, la militarización se convirtió en un instrumento de presión recurrente por parte del Estado para sofocar las movilizaciones que reclamaban mejoras salariales y laborales, por un lado, y nuevas libertades y avances sociales, por otro.

En la Transición el Gobierno intentó evitar protestas en sectores esenciales

Entre 1968 y 1979, los militares estuvieron en algún momento al frente de Correos, Renfe, los astilleros Bazán, la eléctrica Endesa, la Guardia Urbana de Barcelona y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

«Negociábamos el primer convenio de la empresa, que hablaba de libertad y de amnistía y, en respuesta, la dirección decidió no dejar entrar a los astilleros a los miembros de la junta sindical», explica el histórico dirigente de CCOO Ángel Porto, que trabajaba en la ferrolana Bazán cuando fue militarizada. Aquel mes de marzo de 1972, la plantilla del astillero respondió a la decisión de la dirección con un plante que la policía repelió «con disparos al aire».

Los cargos sindicales fueron despedidos y la fábrica se llenó de carteles que explicaban «con detalle» la equiparación del rango militar con las distintas categorías profesionales, agrega Porto. Él y otros siete compañeros fueron condenados a cuatro años de cárcel por un consejo de guerra que les atribuyó un delito de sedición. «Durante nueve días recibí tres palizas diarias en las que estaba presente incluso el juez militar que me había condenado», recuerda.

De los profesionales militarizados consultados por Público Porto fue el que recibió mayores represalias. En los demás casos la militarización se quedó en un susto, pero consiguió paralizar sus reivindicaciones, aunque sólo mientras duró la situación excepcional.

El 9 de enero de 1976 Francisco Benítez y sus compañeros de Correos recibieron un carné militar en cuyo reverso les recordaba que sus actuaciones estaban sujetas a la jurisdicción militar. Llevaban nueve días de huelga «ilegal», reconoce, en protesta por los bajos salarios que recibían, las horas extras que jamás llegaban a cobrar y los duros castigos a los que estaban sometidos «a veces incluso por hacer bromas». No vieron a los militares en las instalaciones de sus oficinas, aunque desde la dirección les insistieron en que al mando estaba un coronel.

Mantuvieron las protestas

Pese al miedo, una vez desmilitarizados, «después de varios meses», mantuvieron sus protestas y ya en 1978 celebraron las primeras elecciones sindicales. Algo similar sucedió en Renfe un año antes. A fuerza de movilizaciones, finalmente se creó el Pleno de Representantes Ferroviarios que fue el organismo encargado de negociar con la empresa los sucesivos convenios colectivos.

«Nuestra generación fue a la que le tocó luchar y la que consiguió los derechos de los que ahora disfrutamos», reivindica Luis Muñoz, por aquel entonces oficial de telecomunicaciones y actual miembro de la ejecutiva federal del sector ferroviario de CCOO. La militarización de Renfe, en enero de 1976, llegó por el temor de la dirección de la empresa ante las primeras negociaciones colectivas.

Según relata Muñoz, cada ferroviario recibió una «M de militar» que debía llevar en todo momento en un lugar visible. «De todas formas la gente mantuvo sus protestas. Hubo incluso quien se ponía la insignia del revés, para simular la W de water», recuerda. Al cabo de unos seis meses, todo acabó con un laudo «que establecía unos acuerdos mínimos entre trabajadores y patronal».

«Una vez fallecido el dictador Franco, hubo una ebullición de movilizaciones», añade Julio Varela, que en 1978 trabajaba en el mantenimiento de Endesa, creada tan sólo dos años antes. En octubre de ese año, dos meses antes de la aprobación de la Constitución, los empleados secundaban una huelga indefinida y, «con la intención de garantizar el abastecimiento de electricidad», Endesa se militarizó. «De vez en cuando aparecían algunos militares en las centrales, pero su presencia era muy discreta», rememora Varela.

Donde se produjo una movilización masiva fue en las empresas municipales de Madrid y Barcelona entre 1976 y 1979. El caso más llamativo fue el de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la capital. Se dio la curiosa situación de que, desde el 27 de octubre de 1976 y durante varias semanas, los autobuses de la capital estuvieran conducidos por militares. El motivo de ello fue que los trabajadores no acudían a sus puestos.

«Se creó una plataforma sindical unitaria para negociar mejoras salariales que no fue aceptada por la dirección y los trabajadores reaccionaron», rememora Julián López, que en los años de la Transición participaba activamente en la negociación de las mejoras salariales de sus compañeros conductores. En Metro de Madrid esas mismas protestas provocaron su militarización en 1976.

La Policía Municipal de la capital estuvo bajo la autoridad militar al menos en dos ocasiones, según explica Miguel Gómez Orcajo, quien durante años se encargó de vigilar la llamada zona azul de pago de aparcamiento de la ciudad. La primera se produjo en 1968. «Existía un malestar general y empezaban los movimientos en las fábricas», señala. Pero antes de que llevaran a cabo cualquier tipo de protesta los militares de Franco se apoderaron de los cuarteles. «Nos leyeron el Código Penal militar y nos amenazaron con condenarnos a pena de muerte si protestábamos», lamenta. La segunda militarización llegó en 1977 por la negociación del convenio.

En 1976, en Barcelona, las reivindicaciones de Guardia Urbana y bomberos finalizaron en militarizaciones. El consistorio se había negado a aceptar los convenios que proponían las juntas sindicales y se agudizaron las protestas, relata Fabriciano Alepuz, líder sindical en el momento. Tres años más tarde, la negociación de las condiciones laborales en el metro de la capital catalana acabaron también con la empresa en manos del ejército.

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