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Detenciones políticas y cultura de emergencia

Proceso de Paz

Sección:Observatorio de conflictos
Sábado 22 de enero de 2011 0 comentario(s) 1759 visita(s)

Fernando Mendiola y Manuel Nogueras miembros de Alternativa Antimilitarista – Iruñeko KEM-MOC

Comienza 2011 con mejores perspectivas en el llamado Conflicto Vasco, al menos en su vertiente armada y militar. Da la impresión de que estamos en un momento en el que la actividad política y social se va a situar en el centro del debate y en el que las personas no sean asesinadas en función de su opción política. Perspectivas halagüeñas, en conjunto, y en especial para quienes han sufrido de manera más directa las expresiones más indiscriminadas y descarnadas de la violencia política. Todo lo anterior, sin embargo, viene acompañado de más represión por parte del Estado. Y así, nos encontramos con las detenciones de jóvenes como consecuencia de su pertenencia a la organización Segi, bajo una acusación genérica de terrorismo. O también, la última operación contra el supuesto entramado de ETA (ya todo, ya tantas cosas son ETA…) en la que junto a supuestos militantes de Ekin (que en alguno de los casos se han manifestado, para más lacerante contradicción, abierta, explícita y públicamente a favor de vías exclusivamente políticas…) ha ido a prisión otro grupo de personas por ser los responsables de una página web. Encarcelamientos, en fin, de personas comprometidas en iniciativas sociales, cuya intervención política ha sido pública y civil, y a quienes se les ha aplicado la legislación antiterrorista por hacer política.

No se trata de un caso aislado, es más bien fruto del desarrollo incesante de un marco legislativo de excepción basado en el derecho penal de autor y que conforma un dispositivo jurídico penal sin garantías. Sin habeas corpus, sin derecho a no declarar contra sí mismo, sin derecho a ser atendido en todo momento por un abogado de confianza, sin derecho a no ser condenado sin más pruebas que las atestados policiales… se han cerrado periódicos, se han ilegalizado partidos o se ha privado de libertad a personas que hacen política. Un incesante recorte de derechos que se enmarca en una preocupante “cultura penal de emergencia” cada vez más fortalecida a nivel internacional, con la que se sigue persiguiendo a una parte de la disidencia.

En uno de los casos que nos ocupa, además, asistimos a la crónica de una redada anunciada. Varios jóvenes se presentaron públicamente hace dos meses denunciando su indefensión ante su aparición en listas negras policiales profusamente difundidas en las campañas criminalizadoras de los mass media. Finalmente, se cumplieron los presagios y no pocos de ellos denunciaron golpes, amenazas, torturas y vejaciones sexuales durante el periodo de incomunicación, esa herramienta que, junto con la presión física, defienden sin complejos la CIA o el Mossad y que ha sido criticado en más de una ocasión por organizaciones garantistas como Amnistía Internacional, entre otras, y también incluso por Martin Scheinin, relator especial de la ONU sobre la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en la lucha el Terrorismo.

Como antimilitaristas queremos hacer público nuestro rechazo ante estos hechos. Queremos también compartir una reflexión en torno a los métodos por los que el poder se perpetúa y legitima y, sobre todo, respecto a las posibilidades de movilización social en un momento que transciende las dinámicas del conflicto en estas tierras, en un contexto internacional de crisis económica y cuando el capital busca garantizar sus tasas de ganancia con nuevos recortes de derechos civiles, laborales, políticos y sociales a escala global.

Es necesario remarcar que el deseado cese de la actividad de ETA no va a traer un escenario de ausencia de violencia. Como señaló hace ya décadas Johan Galtung, experto en investigación para la paz, el sistema capitalista lleva una fuerte e inherente dosis de violencia estructural (un buen ejemplo es la legislación española en materia migratoria, co-responsable de la muerte de miles de personas en el sur de Europa). Continúan además el militarismo sostenido por partidas militares exorbitantes, las intervenciones armadas en países empobrecidos (el saqueo se acompaña ahora de la retórica humanitaria), la venta de armas a países en conflicto para sostener a las élites que en cada sitio le sacan un porcentaje al expolio del planeta… o fenómenos a los que hay que añadir unos niveles de control social que se acercan las distopías más siniestras. En este sentido, la reciente militarización del conflicto de los controladores aéreos, más allá de las singularidades del caso, es un anuncio en toda regla de que se han puesto de nuevo en marcha algunos de los clásicos recursos del capitalismo para encarar las dinámicas de conflicto entre Capital y Trabajo que asoman en este nuevo ciclo de crisis.

En este nuevo contexto, tendremos que experimentar con imaginación, audacia y radicalidad maneras de organizarnos y de defendernos colectivamente ante los ataques de las élites que poseen los medios de producción y comunicación, esas élites ahora que ahora se nombran de manera abstracta aludiendo a los mercados. Hay que tejer alianzas aquí, en Palestina y en Shangai, porque las sinergias emancipadoras serán internacionalistas y combinarán prácticas locales con dimensiones globales, en el sentido profundo de la palabra, o están abocadas al fracaso más absoluto. Un escenario en el que fomentar redes horizontales por encima de fronteras visibles o invisibles y combinar nuevas y viejas formas de resistencia que ahonden en la desmilitarización, la desobediencia civil, la acción directa noviolenta, la autogestión y la movilización social. No queremos saber nada de tribunales de excepción, sean legales o clandestinos, que dicten sentencias sobre la vida de la gente o que amparen guerras sucias, encierros o torturas.

Nos adentramos en un nuevo ciclo de lucha a escala mundial. Hoy, como ayer, y seguramente como el día de mañana, exigimos la libertad de la gente encarcelada por hacer política y, en concreto, de los últimos detenidos, así como la investigación de sus denuncias de torturas y malos tratos y la derogación del periodo de incomunicación. Sólo porque a lo largo de la historia todos los gobiernos, ejércitos, policías y religiones se hayan salido con la suya muchas veces avasallando a gente indefensa no vamos a dejar de pedirlo.

Proceso de Paz

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