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La soledad del objetor de fondo (José Luis Gordillo)

Nostalgia de otro futuro

Sección:Historia del antimilitarismo
Martes 15 de marzo de 2011 0 comentario(s) 1835 visita(s)

Publicado como nota editorial en la revista mientras tanto 38 (1989). Fue escrita en colaboración con Juan Ramón Capella.

El 20 de febrero de 1989 se presentaron voluntariamente en varios cuarteles y en distintas ciudades de España los primeros objetores insumisos —transgresores de la ley—. La acción se encuadraba en la estrategia de desobediencia, puesta en práctica por el sector más decidido de los objetores de conciencia organizados, contra el servicio militar obligatorio y la vigente ley reguladora de la objeción de conciencia. Está prevista en los próximos meses la presentación voluntaria ante las autoridades militares de nuevos grupos de objetores insumisos, coincidiendo con los próximos reemplazos, y diversas acciones de desobediencia con motivo de la anunciada puesta en marcha de la prestación social sustitutoria del servicio militar.

La campaña de insumisión a la mili y a la ley de objeción se ha iniciado en un buen momento político: después de la huelga general del 14 de diciembre (1), cuando hay indicios fiables de que resistir ahora puede tener mejores resultados que hace uno o dos años. Además, parece como si los altos cargos hubieran alcanzado con este asunto su específico nivel de incompetencia (todo ayuda), dado que la injusta y defraudante ley de objeción ha creado a sus patrocinadores más problemas de los que esperaban resolver al plegarse a las sugerencias de esos delicados lugares estatales llamados «salas de banderas». En efecto: hasta cuatro años y cuatro meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 28 de diciembre de 1984, la ley que vasectomiza el derecho de objeción de conciencia de la Constitución no ha empezado a aplicarse en lo referente a la prestación social sustitutoria del servicio militar. Durante ese tiempo se ha acumulado un stock de treinta mil objetores que el ministro correspondiente parece no saber cómo quitarse de encima. La ley ha provocado, por si fuera poco, la sentencia más auto­deslegitimatoria emitida hasta ahora por el Tribunal Constitucional, y ha originado decisiones administrativas contradictorias, pues ha servido de base para reconocer como objetores legales a varios miles de jóvenes que presentaron una declaración de objeción contraria a los preceptos de la ley y para denegar ese reconocimiento en otros casos análogos. La ley ha sido impugnada asimismo ante los foros jurídicos europeos.

El variopinto movimiento que pone en cuestión el servicio militar y la ley de objeción de conciencia se ha formado en buena medida al margen e incluso en contra de los instrumentos tradicionales de mediación política, de los partidos. Esto es: se trata de un movimiento sin «flotadores» políticos. Y al tener fuerza pese a ello este movimiento ha abierto una grieta más en el sistema político; una grieta aún muy pequeña, pero de ensanchamiento natural en condiciones de libertad siquiera mínimas.

El aislamiento de los objetores y de los objetores insumisos obliga a las organizaciones de la izquierda social a renovar sus ideas, ya que el movimiento ha nacido a pesar de las existentes. Y obliga a enterrar, en las condiciones de hoy, su recurso retórico al tema de la «insurrección armada en caso necesario», quedando con la cabeza libre para un discurso político—social sobre las instituciones militares que venga realmente al caso.

Porque no hay «pueblo en armas» cuando estamos metidos en un bloque militar transatlántico dispuesto a librar guerras que se harán principalmente apretando botones y mediante mísiles o bombarderos que pueden ir a cualquier punto de la Tierra. Ni hay «ciudadanos-soldados», sino, a lo sumo, «espectadores-soldado”: pues sostener que los ciudadanos participan de alguna manera en la toma de decisiones militares es ignorar que el significado práctico del mayoritario Sí a la OTAN fue un reconocimiento colectivo de impotencia política, una renuncia a ejercer la soberanía popular en las cuestiones militares y la delegación de las decisiones al respecto en quienes tienen acceso a los puestos de mando subterráneos del opaco poder político-militar occidental.

Por otra parte, el referéndum de la OTAN ya se ha convertido en otra promesa incumplida de la democracia: tres años después de su realización nuestros puertos siguen acogiendo buques con armas nucleares, las bases americanas «útiles» siguen ahí, la industria armamentista crece como nunca y se han definido concreta y satisfactoriamente para el Mando Estratégico las funciones militares del ejército y del territorio españoles, ya que obviamente, sólo cabe integrarse en una alianza militar para una función militar estratégica, aunque se la vista de seda.

Lo que obliga a vestir de seda la integración de las bases, los ejércitos y el territorio españoles en los planes de la OTAN es el elevadísimo número de ciudadanos que se opuso a ella primero y resultó derrotado en las urnas finalmente. Y aunque el presidente del gobierno contribuyó decisivamente a esta derrota al crear un subliminal 23-F con su pregunta sobre la gestión de un «no» a la OTAN victorioso y el amago de anuncio de dimisión (una sombra ominosa que coartó la independencia de juicio de bastante gente), esto sólo da cuenta del pequeño porcentaje de votos que decidió el resultado del referéndum.

Desde aquel referéndum una fractura importante divide en dos a la población española: ya una de las dos, mayoritaria a su manera, es una España que ha aceptado con todas sus consecuencias la Europa de las multinacionales, del sistema político «representativo» norteamericanista, del desprecio opulento a los modos de vida del Tercer Mundo... y el instrumento coactivo que defiende y mantiene todo eso: los ejércitos de la OTAN.

La nueva función como instrumento de coerción de estos ejércitos se ha clarificado y redefinido en los últimos tiempos. Los países del Este europeo son cada vez menos el antagonista potencial directo. La coerción real Se va reorientando progresivamente contra quienes se hallan en el lado peor de la división internacional del trabajo impuesta por la lógica de la ganancia: los países pobres, la gran mayoría de la población mundial, las gentes al borde de la subsistencia que suministran con su trabajo barato las materias primas del Norte, y —pero cada vez más secundariamente— contra sus potenciales aliados del Este. Los ejércitos de la OTAN ya no defienden «del comunismo» a las poblaciones occidentales, sino que simplemente garantizan la opulencia europea y norteamericana. La España que suspira por la «europulencia» acepta, activa o pasivamente, estos ejércitos.

Negarse a servir a los ejércitos (ya sea objetando y cumpliendo un servicio civil o declarándose insumiso total) es un acto de resistencia frente a todo eso. Cuando el Estado ha abandonado una política de neutralidad y se ha unido a otros para la coerción armada contra los países más pobres, ese acto de resistencia es una de las cosas que se pueden hacer, en primer lugar, para conservar la propia integridad moral; y, en segundo lugar, para rechazar la aceptación de estructuras de poder económico-político mantenedoras de un statu quo cuyas consecuencias vemos por televisión: millones de niños hambrientos, millones y millones de personas pobres en los países cuyos bienes consumimos nosotros, así como la violencia necesaria para seguir manteniendo nuestra injusta y desigual relación con ellos. Un acto de resistencia, por consiguiente, frente al ahora mayoritario cinismo de los que nos quieren convertir a su «realismo realista» que diría Erich Fried (ése que comienza con el conocimiento de que la mierda apesta y que rara vez avanza más allá de ese conocimiento).

Ahora bien: también es preciso darse cuenta de las limitaciones de lo que se puede conseguir con ese acto de resistencia que es objetar a la mili (precisamente, el hecho de que este tipo de resistencia se haya convertido en el generador de tensión moral de los grupos paciñstas no deja de ser revelador de la debilidad actual del movimiento emancipatorio en España). Porque para acabar con el militarismo y las guerras, en un mundo de bloques militares y armas nucleares, se requiere bastante más que la negativa a Cumplir el servicio militar o la prestación sustitutoria de éste.

La objeción de conciencia al servicio militar (simple o además insumisa) sólo puede ser practicada por un sector reducido de la población: por jóvenes en edad militar de sexo masculino, lo cual ya es una primera limitación práctica de su alcance efectivo. Pero el límite más importante viene determinado por la naturaleza y el origen del militarismo actual.

La experiencia, por un lado, de la República Federal Alemana, donde existe un alto porcentaje anual de objetores, y, por otro, de Estados como Estados Unidos o Gran Bretaña, que no imponen el Servicio. militar obligatorio, muestra claramente la principal limitación, desde una perspectiva pacifista, de lo que se puede conseguir objetando masivamente al servicio militar e incluso habiendo conseguido su abolición. Porque lo que tiene enfrente el movimiento pacifista en los países ricos no es solamente una alianza de ejércitos (que además no son ya ejércitos napoleónicos, de masas, sino agregados humanos más pequeños con un uso intensivo de medios industriales), sino algo más complicado y mucho más enraizado en la estructura de relaciones de producción y consumo de las sociedades opulentas.

Lo que en realidad tiene enfrente el pacifismo es doble: por una parte, el «complejo científico-militar­industrial» (que a pesar de la coyuntura de distensión sigue investigando y produciendo armamento nuevo); por otra, lo que ese complejo defiende: un modo de vida consumista y despilfarrador, al que está habituada gran parte de las poblaciones occidentales, basado en la explotación sistemática de los países sumidos en una pobreza cada vez más extrema.

El análisis no puede dejar de lado tampoco el carácter clasista de las sociedades del primer mundo. En todas ellas, como ya ocurre en las que han profesionalizado el ejército, la coacción física de la necesidad de empleo, ejercida especialmente sobre los más pobres, Seguiría empujando a mucha gente a enrolarse en las fuerzas armadas sin necesidad de coacción administrativa directa.

Por todo ello la resistencia de los objetores está pidiendo a gritos el surgimiento de nuevas iniciativas del movimiento pacifista en asuntos tales como la investigación científica para fines militares, el comercio de armas, el «rearme convencional», las bases yanquis, el racismo o las campañas de solidaridad y ayuda a los países del Tercer Mundo. Pero también vincularse a la lucha milenaria por una sociedad sin desigualdad reproducida socialmente.

Por eso son ajenas a un discurso pacifista de fondo algunas posiciones «liberales» y mercantilistas también contrarias al servicio militar obligatorio. Cuya existencia, por otra parte, no debe extrañar a nadie, porque tanto hablar de las bondades del mercado y tantas alabanzas al individualismo hedonista de la sociedad de consumo acaban creando ciertas paradojas. Los sacrificios personales que implica el servicio militar se han venido justificando tradicionalmente recurriendo a mixtificados y autoritarios valores «colectivistas”. Pero si «el mercado es libre” —se viene a decir implícitamente desde ese liberalismo contrario también al servicio militar— los sacrificios en aras de la colectividad ya no son necesarios, pues las faenas de coerción violenta sobre el mundo de la pobreza (y, menos ingenuamente, sobre los propios pobres domésticos) también pueden hacerlas «libre» y «voluntariamente» unos asalariados contratados.

En esto los liberales coinciden con una parte de los técnicos en esas faenas, que ya empiezan a llenar de «profesionales» las unidades operativas y aspiran a profesionalizar todas las demás que de momento quedan (para la vieja función que también tienen de hecho los ejércitos: disciplinar a la fuerza de trabajo en el ejercicio de la aceptación de lo inevitable o, como diría Passolini, «borrar la sonrisa de los ojos de los jóvenes»).

Aunque continúa existiendo, por supuesto, otra parte del gremio de los tanatóforos o polemógogos que siguen prefiriendo, con vieja sabiduría, dejar las cosas como están, pues para algo «las cosas» cuentan con una recia tradición de discurso jurídico y educativo, con marchas y pasodobles, con poemas de Calderón, maternales metáforas y hasta, literalmente, la Biblia en verso. Pero el tintineo de sus argumentos suena cada vez más a moneda falsa: dicen que el servicio militar obligatorio es una conquista popular, olvidando que la conquista popular sólo consistió en impedir que los ricos se liberaran del servicio con dinero. Tener obligaciones militares jamás fue una conquista popular, sino una de las exigencias de los poderosos que ni siquiera la modernidad ha podido abolir.

Un «realista» tal vez diría que ese acto de resistencia en que consiste la objeción al servicio militar es, de todas formas, «algo pequeño», «poca cosa». Pero ¿qué es pequeño, en política? Porque la valiente movida de los objetores insumisos es ciertamente pequeña —la pulga— frente a lo que tiene delante. Pero no es pequeña frente a otras cosas: por ejemplo, frente a la nada absoluta. No es pequeño su valor ejemplar y educativo, ya que abre paso a una percepción nueva y a un enjuiciamiento moral distinto de la función de las instituciones militares en el pasado y en el (interminable) presente.

Esta nueva percepción se basa en la comprobación diaria, incluso a través de imágenes televisada, de que conceptos como «defensa de la patria» o «nación en armas» no son adecuados para describir la función o la composición efectivas y reales de esos instrumentos estatales que son los ejércitos. Y se fundamenta en el convencimiento, cada vez más extendido, de la peligrosidad del armamento contemporáneo. Antes de que surgiera este armamento ya se había dicho que la guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los militares; lo que ahora parece afianzarse es la convicción de que son demasiado peligrosas, además, las armas que esos militares deben manejar. Y, en estas condiciones, ningún «fin último» político puede justificar las «masacres intermedias» planificadas ya.

La objeción de conciencia genuinamente pacifista no cuestiona sólo el consenso mayoritario de las actuales instituciones militares, sino las ideas aún mayoritarias entre las gentes e instituciones que participan de la idealidad emancipatoria (y eso tampoco es pequeño). Desde la creencia de que la violencia es la partera de la historia, pasando por la «necesidad» de aterrorizar poblaciones a base de bombardear centros habitados durante la segunda guerra mundial, hasta los misiles atómicos, hay un conjunto de problemas que es preciso repensar con mucho cuidado y sin anteojeras ideológicas. Con las armas actuales, lo único evidente es que mediante la violencia no es posible «parir» la historia sino más bien acabar con ella. En este tema, quienes deseamos un mundo sin injusticias sociales ni guerras haríamos bien en desconfiar de las ideas recibidas y empezar a pensar partiendo en este punto de la tradición no violenta. No tomándola como un recetario que ofrece soluciones acabadas; sí como inspiración de fondo para repensar radicalmente los problemas de la defensa y la acción política.

La imposibilidad de legitimar la guerra en las condiciones del presente es pues un importante dato a tener en cuenta: así lo ha comprendido incluso una autoridad religiosa en tan buena sintonía con la derecha Social como el papa Woytila, quien ha argumentado la carencia de legitimación de la guerra contemporánea en función de la naturaleza del arsenal. Pero deslegitimación de la guerra no es sin embargo lo mismo que deslegitimación de los bloques militares o de los ejércitos. Pues éstos buscan legitimarse de un modo distinto: como instrumento de disuasión de la guerra. Éste es el punto crucial, aquél sobre el que la sensatez de tanta gente ha vacilado.

Las ideas no se imponen simplemente por ser verdaderas, sino por ser además fuertes, por sostenerlas muchas personas. La verdad es que contribuye más a disuadir de la guerra carecer de armamento de destrucción masiva y del correspondiente ejército que tenerlo. Pero esto no parece obvio a muchas gentes (y hay que preguntarse por qué): muchos ciudadanos suponen que lo peligroso son los ejércitos ajenos a los cuales es preciso disuadir con los propios. De esta forma siempre se acaba por aceptar como disuasorio a los ejércitos del propio Estado o del propio bloque. En cambio, si es a éstos a quienes se percibe como peligrosos, si se comprende que carecer de ellos disuadirá a los gobernantes propios de una política de fuerza contra otros (o contra dentro), entonces la legitimación por disuasión cambia: lo que no está legitimado es el propio ejército. (Sin olvidar la posibilidad del mal menor intermedio: conservación a lo sumo de fuerzas militares estrictamente defensivas, concebidas y equipadas sólo para esto, es decir, sin posibilidad material de actuación fuera del marco del asentamiento territorial de las poblaciones defendidas.)

No obstante, hay que preguntarse por qué estas y otras buenas razones del antimilitarismo contemporáneo —como el elevadísimo coste de la disuasión armada, su peligrosidad, etc.— se estrellan contra lo que suele llamarse el pragmatismo de los ciudadanos. Un pragmatismo del que son expresión los más de doscientos mil sumisos jóvenes que en España Se prestan cada año a cumplir el servicio militar, pese a que choca en innumerables casos con sus deseos, sus conveniencias e incluso —es triste reconocerlo- su conciencia moral. Y aquí no valen, para dar razón de este pragmatismo, las argumentaciones sobre la precariedad del apoyo social a la objeción, el que para mucha gente hacer la mili es «lo natural», es «evitarse líos», pues enfrentarse radicalmente al asunto exige comprender por qué esto Sigue siendo así. La soledad política en que los objetores insumisos han iniciado su campaña de desobediencia civil invita a una reflexión de toda la izquierda emancipatoria, organizada y no, sobre este interrogante.

Mientras tanto, resulta cada vez más inexcusable la falta de apoyo práctico a los objetores. Ciertamente, desde las posiciones de la izquierda más metida en instituciones se podría argüir que, respecto de la objeción de conciencia, lo importante es lograr libertad para objetar. Que los objetores potenciales no se vean disuadidos de hacerlo por la coerción pública. Y que Sólo después de esto ha de entrar en línea de cuenta la insumisión de los ya objetores a las bien discutibles obligaciones impuestas por la ley de objeción. Pero, en nuestra opinión, las cosas no son tan sencillas. Desde luego, sería sectario contraponer, aunque se trate de comportamientos personales distintos, la objeción pura y simple a la objeción unida a insumisión a la ley. Las dificultades de los insumisos para hacer conocer a la opinión pública —y en particular a la gran mayoría de los jóvenes— las razones de la insumisión pueden tener malas consecuencias no sólo para ellos sino que incluso puede disuadir de objetar a muchos objetores potenciales, que teman sin motivo verse envueltos en quebraderos de cabeza durante años. Pero no nos engañemos: ese resultado no se les podría atribuir a ellos. Lo cierto es que la mayoría de los jóvenes sigue ignorando que es legal para cualquiera preguntarse si su conciencia le permite prestar el servicio militar, y que tiene derecho a negarse a cumplirlo. Pues sencillamente no existen los educadores, la prensa, la radio o la televisión (ésta pese a su constitucional permanente) que haya informado de estos derechos fundamentales a los jóvenes. Ni los ayuntamientos —a veces con mayoría de izquierdas»— que le faciliten información legal (no digamos ya asistencia, colaboración) al proceder al alistamiento. Ni sindicatos que cuestionen la condición «servicio militar cumplido» de las ofertas de empleo. Ni una asociación civil que preste ayuda a la persona que desea objetar, como no sean los propios grupos de objetores organizados.

La acción de los objetores insumisos Se concentra en primer lugar sobre la coerción pública contra el derecho de objeción de conciencia contenido en la propia ley de objeción. Merece el apoyo de cualquiera que se considere vinculado al movimiento y a la idealidad emancipatorios en algunos de sus aspectos. Pero la desobediencia de los objetores invita también a las organizaciones y a las personas que se sitúan en la izquierda social a cuestionar la insolidaria Europa de las multinacionales que necesita de los ejércitos de la OTAN. Y a construir una Europa común, capaz de Satisfacer las necesidades razonables de sus habitantes sin contraponerse al mundo de la pobreza. Fundamentalmente solidaria con este mundo.

1. Del 14 de diciembre de 1988.


Extraído de Nostalgia de otro futuro: la lucha por la paz en la posguerra fría, José Luis Gordillo, Ed. Trotta (2009)

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