El injustificable plan «B» para la fábrica de las bombas de racimo vendidas a Gadafi

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Pareciera que un sólido rechazo social y las consiguientes prohibiciones internacionales para la fabricación de bombas-racimo y minas anti-persona pudieran poner en serias dificultades a determinadas empresas de armamento y obligarlas a desviarse de esta letal producción hacia actividades socialmente provechosas.

Sin embargo, desde ámbitos institucionales, siempre puede realizarse la oportuna maniobra para que la industria armamentista siga por sus derroteros, sin la más mínima necesidad de plantearse una conversión de su actividad. Un paradigma de esta situación la pueden constituir, si nadie lo remedia, la empresa de armamentos Instalaza (socia con un 10,88% de la empresa pública DEFEX) y la clase política más asentada en el poder, encabezada en Zaragoza por el alcalde Juan Alberto Belloch, que en la campaña electoral ha decidido como estrategia de márketing destacar su sigla, como en su momento hiciera otro candidato socialista, Jose Luis Rodríguez Zapatero, pero en este caso sólo con una letra: «B».

«B» de bombas

En una noticia que los medios reproducen en España se ha explicado que, coincidiendo con la prohibición adoptada en Dublín por 107 estados, Instalaza entró en crisis y el futuro de su fábrica de Zaragoza está pendiente de un convenio urbanístico para construir 160 viviendas que ha solicitado, duplicando lo señalado en el PGOU de la ciudad. Hace precisamente 3 semanas el equipo de gobierno del alcalde Belloch aprobó inicialmente un convenio con ese fin.

Pero, ¿qué ha ocurrido estos días para que una siempre discreta empresa de armamento con una decaída fábrica madre en pleno casco viejo de Zaragoza y otras instalaciones en las inmediaciones de la capital salte a las portadas de la prensa local, estatal e incluso internacional? ¿Un plan urbanístico que apenas afecta a una manzana de una ciudad media española puede tener semejante repercusión? Evidentemente no, y tampoco ha sido la esa razón.

Esta empresa ha estado estos días en boca de todo tipo de medios por ser la productora de un número indeterminado de unidades del modelo MAT-120 de bomba-racimo, fabricadas en 2007 (un año antes de que España se adhiriera a la Convención Internacional contra las Bombas de Racimo) que fueron vendidas durante 2008 al régimen dictatorial de Gadafi (régimen que, naturalmente, nunca firmó la convención).

Pese a las explicaciones y justificaciones que se han intentado dar estos días desde el PSOE, hay que aclarar que hay constancia de que la delegación española presionó en la la conferencia de Dublín -donde se aprobaría su prohibición- para que estas bombas de racimo españolas no fueran prohibidas y allí mismo se repartió un informe contando las bondades de la munición que ahora usa Gadafi.

Sólo la constatación de que esa estrategia no estaba dando los resultados deseados obligaría, como han reconocido medios afines al gobierno, a dar un giro de 180 grados en su actitud.

Denuncias del Human Rights Watch (HRW), confirmadas gráficamente al mundo por el New York Times, parecen demostrar que esas unidades de MAT-120 están siendo usadas ahora, al menos, en el asedio gubernamental a la ciudad libia de Misrata.

La causa de la crisis, ¿la prohibición o una pésima gestión?

Pero volvamos la vista un poco hacia atrás para hacer un somero repaso a la situación de esta empresa. En octubre de 2008 medios especializados informan que la emprersa aragonesa, con sede social en Madrid, y cuyo consejero, Pedro Morenés Eulate, es un ex-alto cargo del gobierno de Aznar(secretario de Estado de Defensa del gobierno de José María Aznar entre 1996 y 2000, secretario de Estado de seguridad de 2000 a 2002 y secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004), se encuentra en quiebra técnica y puede entrar en concurso de acreedores -suspensión de pagos- en cualquier momento..

El día 11 de diciembre de ese año, la Dirección General de Armanento del Misterio de Defensa se reune con los responsables de las empresas suministradoras y de armamento para acordar un calendario de negociación que les permita salir con bien de la crisis.

El Secretario de Defensa, Constantino Méndez insiste en “la necesidad de crear una comunidad de intereses entre el Ministerio, las Fuerzas Armadas y las empresas” con el fin de potenciar la industria militar. “Todos estamos en el mismo barco".

La situación de la empresa aragonesa, pese a los buenos deseos expresados por el ministerio, no mejora, y continúa en plena tensión interna, con reclamaciones judiciales de cantidades por despidos de trabajadores sin abonar la correspondiente indemnización, y otras reclamaciones por deudas. Un intento de compra por la compañía armamentista israelí Rafael como salida a su caótica situación, finalmente no cuaja.

De conversión de su actividad, para salir de la crisis, nada de nada

Algunos trabajadores mantienen por entonces sorprendentes debates públicos en los post a noticias de distintas webs que critican la mortífera producción de Instalaza, entre elllas insumissia, y se pone de relieve el malestar con la dirección y entre los propios empleados, que en varias ocasiones son obligados a aceptar colectivamente salarios de 500 euros para no ser despedidos. En ellos se advierte de la sospecha de que la empresa continúe ensamblando las bombas-racimo gracias a a laxitud en las inspecciones del propio gobierno. Algunos de los argumentos de los más críticos hacia la empresa la acusan de escudarse en las prohibiciones internacionales para esconder una pésima gestión y su ineptitud a la hora de «diversificar» su producción. Uno de los comentarios es especialmente llamativo: «Si Instalaza quiere dar futuro a estas 120 familias, que fabriquen bicicletas que ahora hay mucho carril bici y si son capaces de hacerlas bien incluso pueden crear nuevos puestos de trabajo.»

Para ayudar a sanear por algún lado sus balances, cuaja de nuevo la idea en Instalaza de solicitar la firma de un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de la capital aragonesa (que unos años antes no había llegado a buen puerto) con el objetivo declarado de trasladarse al extrarradio. La operación, que no saldrá a la luz hasta la entrega de la documentación correspondiente al ayuntamiento a mediados de septiempre de 2010, se financiaría mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que posibilitaría la construcción en el solar de la compañía de unas 160 viviendas, tanto libres como protegidas.

Mientras tanto, dos contratos firmados con el Misterio de Defensa relaccionados con los sistemas lanza-granadas Alcotan y C-90 a finales de 2009, al menos uno de ellos negociado sin publicidad (en la justificación de motivos de los contratos, se especifica que «se ha comprobado por asesores técnicos que la oferta de Instalaza se ajusta a los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y la solvencia de la compañía»), y la firma de un contrato de mayor entidad con Estonia en marzo de 2010 suponen, finalmente, un balón de oxígeno que prolonga por unos meses la supervivencia de la fábrica.

...«B» de Belloch

En su plan especulativo, la empresa calcula que, con la venta de los suelos recalificados, y al margen de las dificultades en las que está inmerso en este momento el mercado inmobiliario, se podrían obtener entre 11 y 12 millones de euros (demasiado dinero sólo para pagar el camión de la mudanza, ¿no?). Como en convenios similares, la empresa se compromete a que su nueva ubicación esté en el término municipal de Zaragoza y a que se mantengan los empleos.

Instalaza solicitó este convenio formalmente para trasladar la fábrica a las afueras de la ciudad. Pero, para redondear su propio negocio inmobiliario, Instalaza pretende aumentar el aprovechamiento de los suelos, ya que con las 85 viviendas por hectárea que se permitían no podían generar los recursos que, según ella misma, son necesarios para financiar el traslado. Con la recalificación inicialmente aprobada ahora, Instalaza tendrá una densidad permitida de 150 viviendas por hectárea, es decir que el equipo de Belloch consiente graciosamente aceptar prácticamente duplicar las viviendas construibles sin ninguna contraprestación de peso añadida.

Advertencias en los informes

Los servicios técnicos municipales advirtieron en un informe precisamente que sería necesaria «una reconsideración de los parámetros de edificabilidad y densidad, aproximándolos a los ya previstos en el plan general», que los fijaba en un tope de 85 viviendas por hectárea. Sin embargo, el mismo informe reconoce que «el aprovechamiento que el plan general atribuye a esta zona es insuficiente para asumir los costes del traslado». Por ello, remite a los órganos municipales competentes «valorar si la propuesta contiene elementos de interés público suficientemente importantes como para motivar el incremento de la edificabilidad y de la densidad establecidas por el plan general».

Nadie menciona, sin embargo, en ese sentido, que una «propuesta que contuviera elementos de interés público suficientemente importantes» bien pudiera ser la que forzara a la empresa a cambiar de actividad.

La aprobación inicial llevada a cabo salió adelante a finales del mes pasado con los votos favorables de PSOE, PAR y PP, mientras que IU votó en contra y CHA se abstuvo. El portavoz de CHA, Juan Martín, mostró sus reservas al proyecto simplemente porque «duplica la edificabilidad prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)» y porque «no se mantienen las cesiones que marca» el citado plan. Además, criticó que no haya «una reserva para equipamientos sociales». Por su parte, el portavoz de IU, José Manuel Alonso, se mostró contrario a la operación porque su formación persigue que «la fábrica salga, pero que no se vuelva a instalar en otro punto de la ciudad».

AMPLIACIÓN: Un «pelotazo» inmobiliario para la recuperación de las inversiones realizadas en la MAT-120

Existe una curiosa coincidencia de cifras entre lo estimado de beneficio mínimo por este «pelotazo» urbanístico, y la inversión realizada por la empresa para la investigación, desarrollo, e inversión en maquinaria para la fabricación de las MAT-120 que ahora pudiera estar esparciendo Gadafi sobre población civil: 11 millones de euros. Una potente inversión, dado el nivel de la empresa, que se fue por el desagüe del tratado internacional de prohibición de bombas de racimo, pero que ahora el convenio urbanístico podría reintegrarle.

Ésta es una información que difundió la propia Instalaza al hacerse públicas sus ventas a Libia, y de la que se hacía eco una agencia de noticias, donde pasaba desapercibida en una línea al final del texto, y el blog carloscapote.com, que la reproduce literalmente:

“Ya en 1.993 INSTALAZA S.A. decidió, por su propia iniciativa, suspender la producción del ESPIN, antecesor del MAT-120, e intentar resolver definitivamente el problema de las municiones explosivas fallidas.

Diez años después, con una inversión de fondos propios del orden de 11 millones de Euros, el MAT-120 era homologado y entraba en servicio..."

Documentación: Nº 91 del Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza de fecha 25/04/11

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