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Godzilla en Madrid 4: la maraña legislativa

Sección:Recursos multimedia
Viernes 6 de junio de 2014 0 comentario(s) 941 visita(s)

GODZILLA EN MADRID

PROGRAMA 4

AUDIO DEL PROGRAMA:

La maraña legislativa

Los proyectos de la Ley de Seguridad Ciudadana y la Reforma del Código Penal constituyen un ataque gravísimo contra los derechos de toda la población. Se trata de tejer una maraña en la que enredar y detener toda la protesta social, así como expulsar a las excluidas del espacio público. Su complejidad es elevada ya que esta tela de araña se retroalimenta de otras leyes aprobadas previamente y que, aún levantando una cierta protesta social, pasaron más desapercibidas como la Ley de Tasas. Un ejemplo de estas retroalimentaciones se da en la consabida desaparición de las faltas y su conversión bien en delitos o bien en sanciones administrativas. A la falta de garantías procesales y a la dilación del proceso que conlleva la vía administrativa hay que sumar la dificultad de acceso a esta para las capas más empobrecidas, dificultad que se desprende de la, ya citada, Ley de Tasas. Así se dibuja un complejo mapa de represión jurídica lleno de pequeños matices que hacen más lesiva esta agresión.

Conviene remarcar, antes de proseguir, que como bien se afirma en las primeras palabras de este texto se trata de proyectos, por lo que tanto la Reforma del Código Penal como la Ley de Seguridad Ciudadana no se encuentran aprobadas. Su futura aprobación dependerá del grado de movilización y de la respuesta social que podamos ir creando entre todas.

La ley 16/1970 de 4 de agosto o Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social era heredera de la Ley de Vagos y maleantes aprobada 33 años antes durante la Segunda República. Ambas compartían un objetivo común defender a la sociedad frente a los sujetos temibles aún antes de que delinquieran. Ambas se basaban en la peligrosidad, no se juzgaba un hecho determinado, sino la percepción del futuro comportamiento de una persona en la medida en que pudiese atentar contra el orden establecido. Se desarrollaba así un derecho que podríamos etiquetar de autor, es decir, se aplicaba atendiendo a la persona y no a los actos que esta pudiera cometer. Parece claro, que a esta persona agresora del buen funcionamiento social habría que buscarla entre las capas empobrecidas de la sociedad o entre la disidencia política, que por su propia necesidad y formas de hacer cuestionaban el estado de las cosas. Esto señalaba a determinados grupos como enemigos y los situaba, previamente a sus actuaciones, fuera de la ley. La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social apagó sus efectos ya entrada la democracia.

Pues bien, hoy por hoy vuelven a saltar a la palestra términos como peligrosidad, derecho penal de autor y derecho penal del enemigo. Vuelven por tanto concepciones jurídicas que un estado que, aún en un grado ínfimo, desee llamarse democrático no puede permitir en su corpus legislativo. Vuelven a aparecer modos de defensa de un poder que se siente amenazado y que no pretende ver desmantelada su injusta estructura. Vuelven armas del pasado aunque adaptadas a este presente, como el silencioso giro de la represión hacia lo administrativo. Y lo hacen siempre amparadas en el miedo, en el sacrosanto dogma de la seguridad. Es ahí donde plantar cara a sus conceptos oponiendo los nuestros, donde el trabajo teórico y las prácticas cotidianas de ocupación de los espacios han de darnos las definiciones de orden público y seguridad ciudadana bajo las que queremos vivir, y es ahí donde debemos alzar nuestras voces con claridad para denunciar que la mayor peligrosidad que conocemos se encuentra en esa violencia estructural que nos devora.

No podemos terminar sin decir: ¡No Somos Delito!

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