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Venezuela: El país como un cuartel (Keilyn Itriago Marrufo)

Tal Cual Digital

Sección:Instituciones militares
Jueves 10 de julio de 2014 4 comentario(s) 1569 visita(s)

Provea denuncia el nuevo registro militar obligatorio por inconstitucional. Control Ciudadano advierte sobre una versión de la Ley Sapo derogada en 2008, que atenta contra la disidencia. La decisión de permitir a militares participar en marchas políticas es rechazada por abogados constitucionalistas

KEILYN ITRIAGO MARRUFO

http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=104597&tipo=REP

Desde diferentes espacios de la sociedad se viene advirtiendo desde hace tiempo sobre una progresiva y profunda militarización del país y de las organizaciones sociales, promovida desde el Ejecutivo Nacional.

La promulgación de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, la creación de la Brigada contra las actuaciones de los grupos generadores de violencia y la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la participación de los castrenses en eventos de proselitismo político, son los actos de Estado más recientes, que a juicio de Control Ciudadano, vinculados al rol de la Fuerza Armada Nacional en sociedad, atentan claramente contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Control Ciudadano recuerda que solo son dos los registros obligatorios en Venezuela, el Registro Civil y el Registro Electoral. No obstante, la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en Gaceta el pasado 25 de junio, obliga a todas las personas naturales y jurídicas entre los 18 y 60 años de edad del país a estar bajo un registro de naturaleza militar.

Según denuncia Provea, el incumplimiento del registro impediría por ley la satisfacción plena del derecho al trabajo, al no poder ser contratado por entes públicos ni privados ni tener la posibilidad de obtener solvencias laborales; el derecho a la libertad de tránsito, al prohibir la tramitación de licencias de conducir y el derecho a la educación, al impedir el otorgamiento de títulos universitarios.

SUBORDINADOS A LAS FAN

Pese a que esta nueva norma reitera lo establecido por la Constitución acerca de la prohibición del reclutamiento forzoso, a Provea le resulta preocupante que no figuren como causales de no prestación del servicio militar la posibilidad de elegir libremente un servicio civil o ejercer el derecho a la libertad de conciencia como se dispone en el artículo 61 de la Carta Magna, pues sólo se podría prestar el servicio civil tras haber sido seleccionado como “No elegible” por presentar enfermedad, ser sostén de hogar, estar casado-a o tener sentencia firme de prisión.

La ONG señala además que el servicio civil, que en la Constitución posee el mismo rango que el militar, quedaría subordinado a las Fuerzas Armas, siendo operativizado bajo jurisdicción y reglamentación castrense. “La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su resolución 1998/77 ha establecido claramente que el servicio alternativo debe ser de carácter civil, fuera de la esfera militar y no bajo órdenes militares.

A pesar de su naturaleza civil y contradiciendo sus postulados humanistas, el presidente Nicolás Maduro mediante esta ley transforma al conjunto de la sociedad venezolana en un cuartel, a ser regulada por la jurisdicción militar”, señala el comunicado publicado recientemente por Provea.

INSISTEN CON LEY SAPO

Control Ciudadano manifiesta que el Gobierno venezolano ha decidido retomar el articulado de la Ley Sapo, dictada en 2008 pero invalidada al mes siguiente de entrar en vigor. Por la vía de un Decreto Presidencial, se activa un nuevo órgano de Seguridad del Estado denominado Brigada Especial contra las actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), al cual las instituciones públicas y privadas estarán en el deber de aportar toda la información que requiera en el despliegue de sus funciones.

Para la ONG presidida por Rocío San Miguel, será de tal magnitud el inmenso poder de esta nueva institución que los órganos de seguridad ciudadana, defensa, inteligencia, orden interno, relaciones exteriores y otras instituciones públicas o privadas estarán en la obligación de apórtale todas las informaciones que requiera esta Brigada, sin ningún mecanismo de control democrático y con el agravante de no especificarse en el instrumento de creación del órgano, definición o concepto alguno de los llamados Grupos Generadores de Violencia.

Un nuevo monstruo en el que podrán operar militares, dependiente jerárquicamente del Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz que además podrá declarar secreta cualquier información, hecho o circunstancia que conozca o sea tramitada por este órgano.

Está claro que los factores críticos, disidentes y opositores, algunos de los cuales ya han sido calificados por el gobierno como generadores de violencia, estarán en la mira”, sentencia San Miguel.

MILITARES MARCHANDO

La reciente sentencia de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ en la que se establece que la participación de los integrantes de la FAN en actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, “sino un baluarte de participación democrática y protagónica", es para San Miguel un golpe histórico a la institucionalidad venezolana que implica la legalización de la Fuerza Armada Nacional como el partido armado de la Revolución.

En el marco de una ruta de discursos políticos partidistas de mandos militares sin precedentes en la historia republicana, la permisividad de los poderes del Estado frente a la inscripción de generales y almirantes de alta graduación en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), así como las declaraciones de generales y almirantes en actos oficiales y en presencia de los representantes de los poderes públicos, donde refirieren a la existencia de una Fuerza Armada Chavista, todo ello sin la posibilidad de control democrático o sanción alguna que impida estas graves violaciones a la Constitución”.

Esta lectura del máximo juzgado del país, a juicio del abogado constitucionalista, José Vicente Haro, demuestra una vez más que con cada sentencia la Sala Constitucional “está desarmando, desdibujando y desnaturalizando la Constitución porque se están alterando sus normas y principios fundamentales”. Haro considera que se está reescribiendo otra Constitución que se aleja cada vez del deseo del Constituyente del 99 y que se acerca aceleradamente a la base el Plan de la Patria, “porque todo lo que dicen sus sentencias se puede encontrar allí”.

ENTREGANDO EL PODER A MILITARES

Para el abogado y profesor de derecho constitucional, Enrique Sanchez Falcón, las instituciones fundamentales del país han estado al servicio de un sector de la dirigencia de país que está entregando cada vez más el poder a los militares. Considera que esta pretensión se ha acentuado aún más desde que se impuso el lema “Patria, socialismo o muerte” en las Fuerzas Armadas. Que se les permita a los militares participar en actos públicos del PSUV, es a su juicio, una decisión absolutamente contraria a las disposiciones constitucionales.

LA BOTA PISA DESDE 1999

A criterio de Rafael Uzcátegui, coordinador del programa de monitoreo, investigación y difusión de Provea, desde el mismo momento en el que el fallecido presidente Hugo Chávez asumió el gobierno en 1999, comenzó un proceso de militarización del país.

El activista de derechos humanos recuerda que el primer hito formal quedó plasmado en la Constitución, al darles a los castrenses la posibilidad de votar y tener opinión política. Luego, tal como sostiene Uzcategui, vino la militarización de las organizaciones sociales de apoyo al Presidente, la promoción de las milicias y el esquema de la polarización de la política de ver al diferente como una amenaza.

El representante de Provea considera que si hubiera que describir cuáles son los puntos más predominantes de un esquema militar, nombraría en primer lugar la alta presencia de militares activos y retirados en altos cargos de la administración pública. En segundo lugar, el excesivo gasto para las funciones del ministerio de defensa.

Es la cuarta institución del Estado venezolano que más recibe presupuesto, y esto ha sido una constante. Por ejemplo, recibe 120 veces más dinero que el ministerio destinado a los pueblos indígenas aun cuando este último triplica en número a las personas que están en las Fuerzas Armadas. Además, Venezuela es uno de los países de América Latina que más ha comprado armas en los últimos diez años”.

Y por último, Uzcátegui considera el manejo discursivo de los altos funcionarios en un esquema integral de la nación que pasa por la militarización de las organizaciones sociales, en la promoción de las milicias y cuerpos combatientes de las empresas públicas y privadas.

En Provea teníamos expectativas muy grandes cuando el presidente Chávez designó a Maduro como candidato. Pensábamos que como venía del movimiento sindical, y de naturaleza civil y experiencia en las luchas sociales, iba a minimizar esta tendencia de militarización, pero más bien la ha profundizado”, asevera Uzcátegui, al tiempo que recuerda que una de sus primeras políticas del actual Jefe de Estado fue la promoción del Plan Patria Segura, que según dice militariza las políticas orientadas a la seguridad ciudadana.


:: Bitácora en www.rafaeluzcategui.wordpress.com : Twitter: @fanzinero

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Comentarios


  • Venezuela: El país como un cuartel (Keilyn Itriago Marrufo)

    10 de julio de 2014

    PROVEA: ONG financiada entre otros, según su propia web, por: Unión Europea, Fundación Ford, Fundación Merck, embajadas de Australia, Reino Unido y Países Bajos. Parece que en Provea a la hora de poner la mano para coger dinero no están tan preocupados por lo que hacen con los derechos humanos las entidades que les financian. Me gustaría saber si Ford, Merck y los gobiernos de las anteriores embajadas financian organizaciones que defienden los derechos humanos en sus respectivos países denunciando a sus gobiernos y multinacionales. Recordemos que el tema de los derechos humanos en países “díscolos” tantas veces ha sido coartada para intervenciones de EEUU, la OTAN etc.

    Me da la impresión de que PROVEA y Uzcátegui no pierden ocasión de denunciar todo tipo de cosas en relación al gobierno bolivariano, en perfecta sintonía con las campañas de desprestigio y sabotaje puestas en marcha por los líderes opositores de extrema derecha. Para mi no son trigo limpio y no me parecen una fuente de confianza para entender lo que ocurre en Venezuela.



    • Venezuela: El país como un cuartel (Keilyn Itriago Marrufo)

      6 de agosto de 2014, por  unizar.es">JR

      Matar al mensajero

      Bien. Una vez cuestionada la orgnización que difunde esta información ¿alguno de los datos expuestos son falsos? ¿expone medias verdades que tergiversan la realidad de la militarización (o no) de la población venezolana? Esperamos sus respuestas. Gracias



  • Venezuela: El país como un cuartel (Keilyn Itriago Marrufo)

    7 de agosto de 2014, por Pablo

    En mi opinión, la situación venezolana es compleja y es difícil hacerse una idea a partir del artículo y el post anteriores.

    No soy un experto en política venezolana pero sí es un proceso que sigo de cerca al tener familia allí que me remite información de primera mano (son todos muy antibolivarianos) y haber tenido la oportunidad de pasar alguna larga temporada en el país dejandome permear por sus diversas realidades políticas y sociales.

    Decir primero que yo no soy chavista ni antichavista. De hecho no apoyaría ni defendería nunca a ningún tipo de poder.

    Las cosas que se dicen en el artículo, como comenta unizar, seguramente son ciertas. Hay mucho peso del ejército en Venezuela desde que uno de sus coroneles encabezó la presidencia del país. Que haya mucho peso y que se hagan leyes que permiten a los militares participar en la política, que obligan a cierta inscripción en registros militares de la gente y tal es algo denunciable, desde luego. Pero estas cuestiones no convierten a Venezuela en una dictadura militar, como lo proponen algunos medios españoles conservadores. Ni siquiera en un estado más militarizado que otros. Mi sensación al pasear las calles de Venezuela y al hablar con la gente siempre fue de que no hay una especial presión policial ni mucho menos militar. Desde luego muy inferior a la que hay en España.

    El estado venezolano efectivamente tiene ejército, policía, gobernantes y corrupción. Mucha corrupción. Muchísima. Pero, al contrario de lo que nos cuentan los medios de por aquí, tiene un sistema parlamentario con las mismas supuestas garantías que los europeos. Los gobernantes chavistas han ganado siempre limpiamente sus elecciones, a veces por abrumadoras mayorías. El bolivarianismo, movimiento en el que se apoya la clase gobernante, no son cuatro militarotes con sus espadores. Es un importante movimiento social, masivo, nutrido sobre todo por las clases más desfavorecidas, que integra como mínimo a la mitad de la población del país. Guste o no guste, esa es la realidad. El tipo de gobierno que están ejerciendo los corruptos y militaristas gobernantes de venezuela (que eso no lo pongo en duda) es en realidad una política totalmente socialdemócrata. Como la que podría aplicar “Podemos” en caso de ganar las elecciones en España (no olvidemos que podemos tiene apoyos entre militares y policías también). Ahí está la clave de su larga conexión con sus bases populares.

    Por contra la oposición, lejos de las teorías de Uzcátegui me parece a mi, es una oposición antibolivariana, antisocialdemócrata, y por tanto conservadora. En ella hay conservadores moderados y ultraconservadores. Pero no socialdemócratas de izquierda, ni comunistas, ni anarquistas como dice Uzcátegui. De hecho no existen grupos anarquistas en Venezuela. No creo que haya uno solo salvo que se haya creado recientemente. Podríamos pensar que El Libertario es un grupo anarquista, pero viendo la trayectoria de Uzcátegui, su principal referente y no creo que haya muchos más miembros, y de la organización donde trabaja, a mi no me lo parece lo más mínimo.

    La oposición lleva décadas intentando derribar el gobierno bolivariano, no para reinstaurar la libertad y la democracia o para acabar con la corrupción. Lo que quieren es ocupar ellos el poder para administrar a su interés la renta petrolera. Los grupos económicos nacionales que financian la oposición y que son quienes financian los sabotajes, las marchas, las guarimbas y hasta el golpe de estado aquel que dieron, son los mismos que venían gobernando el país hasta entonces (con la misma o más corrupción que ahora pero sin las políticas socialdemócratas) y que se repartían los beneficios del petróleo venezolano hasta que fue nacionalizado por Chávez.

    Me parece bien criticar a todo estado, por muy socialdemócrata que sea, y más si realiza políticas militaristas. Bien. Pero un movimiento político opositor no tiene porqué ser necesariamente intachable y éste desde luego no lo es. Aunque coyunturalmente no ocupe la poltrona del poder, sus objetivos y medios pueden ser aún peores que los del propio poder. Como me parece que es el caso. La oposición venezolana es fuerte y tiene abundante financiación de dentro y de fuera. Han jugado al sabotaje y al golpe de estado, pero también a la desobediencia civil utilizando el manual de “revoluciones de colores” de Gene Sharp, el especialista en noviolencia al servicio de las estrategias de EEUU (este ejemplo, salvando miles de distancias ya que es otra realidad a su vez supercompleja, también es de aplicación a la crisis de Ucrania). Creo que Provea y Uzcátegui se encuentran encuadrados en ese frente común que a mi me parece torticero y creo que sus informaciones, aunque lo que digan pueda ser verdad, han de ser tratadas con sumo cuidado. Porque, por ejemplo, aquí en España los partidos de ultraderecha hacen campañas en contra de la banca y del capitalismo, pero no por eso reproducimos sus escritos en nuestras webs. Pues eso. Saludos.



    • Venezuela: El país como un cuartel (Keilyn Itriago Marrufo)

      7 de agosto de 2014, por Pablo

      Se me olvidaba. Dice el artículo:

      «A criterio de Rafael Uzcátegui, coordinador del programa de monitoreo, investigación y difusión de Provea, desde el mismo momento en el que el fallecido presidente Hugo Chávez asumió el gobierno en 1999, comenzó un proceso de militarización del país.»

      Si embargo, según la wikipedia:

      «En Venezuela el servicio militar es un deber (aunque no hay reclutamiento forzoso, según el artículo 134 CNB de 1999) (...) Cabe destacar que hasta la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, el servicio militar era con carácter de obligatoriedad por medio de reclutamiento forzoso (lo que coloquialmente se conocía como la»recluta«).»

      O sea, que hay que ponderar bien lo que se lee, sobre todo si la fuente es sospechosa, antes de hacerse una idea de las cosas.



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