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Artículo de colaboración para Borroka garaia da! a cargo de Gasteizkoak.

La execrable inocentada del gobierno vasco para blanquear y promocionar la Industria militar

La execrable inocentada del gobierno vasco para blanquear y promocionar la Industria militar

Cuando el pasado 18 de noviembre se hacía público que “El Instituto de Gobernanza Democrática-Globernance” y el Gobierno Vasco presentaban un “Informe sobre el comercio y exportación de armas en Euskadi y el papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia y el control de exportaciones”, nuestra primera reacción fue de total sorpresa, porque aún retumba en nuestras cabezas la barbaridad declarada por el propio Urkullu en un programa de radio de hace poco más de dos años (04-09-2017) cuando se le preguntaba por la industria armamentística vasca:

… si hablamos de lo que es la industria de armas de caza, por ejemplo, ¿existe una industria armamentística? ¿A ese nivel tenemos que llegar también en la reflexión de lo que pueda ser la concepción de lo que es una industria armamentística?

Más aún cuando las primeras noticias sobre el informe que nos llegaban eran que tenía casi 100 folios y que en él, formando la industria militar, se recogía a casi un centenar de empresas… las mismas (salvo navarras y de Iparralde, claro) que recoge el libro de Gasteizkoak “Estas guerras son muy nuestras. La industria militar vasca“.

Ante todo ello nuestra pregunta era evidente ¿Qué había pasado en estos dos años para tal cambio de postura en cuanto a la industria militar vasca? ¿Habría conseguido convencer al Lehendakari de su ‘error’ sobre la cuestión el testimonio personal de Ina Robles, aquel bombero bilbaíno que hace dos años se negó a colaborar en el puerto de Bilbao con la carga de material explosivo que se destinaba a Arabia Saudí? ¿Se habría sensibilizado sobre el tema Urkullu tras visionar el magnífico documental de Joseba Sanz producido por Ongi Etorri Errefuxiatuak y titulado “Guerra hemen hasten da / La guerra empieza aquí”? ¿O es que habrían llegado hasta Ajuria Enea los ecos de la campaña de denuncia de la armagintza que bajo el título genérico de “Armas eusko label para la guerra” una decena de colectivos vascos hemos estado manteniendo en las calles y plazas durante más de un año?

Las informaciones que sobre la presentación del informe ofrecían los primeros teletipos, la noticia tal y como fue presentada en los teleberris, la propia duración del acto de presentación oficial del informe (una hora) y el hecho de que en esa presentación estuvieran avalándolo la Directora de Víctimas y Derechos Humanos y el Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, parecían apuntar a que la apuesta era seria, y el documento todo un hito para, con el impulso de las instituciones vascas, comenzar el camino para acabar de una vez por todas con esa realidad tan sangrante de que Euskadi sea una de las principales zonas en la fabricación y exportación militar de todo el Estado español.

Por ello nos volcamos con ansias en el citado documento, para leerlo con el detenimiento que reclamaba una de las personas que lo presentó públicamente. Y con esa lectura fuimos dándonos cuenta de lo que no podemos sino calificar de execrable inocentada orquestada a bombo y platillo por el Gobierno Vasco, cuya intención final no parece ser otra que, ante la creciente crítica social hacia los fabricantes y traficantes de armamento “made in Euskadi”, facilitarles toda una gran operación de blanqueado ético y social, con incremento de ayudas y/o bonificaciones sociales incluido. El Gobierno Vasco saliendo al auxilio y servicio de los mercaderes de la muerte vascos. Son palabras gruesas las que utilizamos, pero probablemente menos de lo que se merece la cuestión.

Por ello, y aunque tenemos intención de laborar un documento en el que demostrar detalladamente nuestros argumentos para esas afirmaciones, nos ha parecido imprescindible hacer público con inmediatez un resumen de todo ello.
Criticando la poca validez de las normativas de control de la exportación de armamentos

El documento del Gobierno Vasco comienza por constatar la laxitud de las normativas y reglamentaciones en torno al control de la exportación de armamentos, tanto a nivel europeo:

En definitiva, el texto europeo permite, en su caso, a los Estados miembros contraponer y priorizar los denominados intereses económicos, sociales, comerciales e industriales frente: al respeto de los derechos humanos

Como del Estado español:

En efecto, de la composición de la JIMDDU [la Junta Interministerial reguladora del comercio exterior de material de Defensa y Doble Uso ] parece reflejarse que son los intereses comerciales los prioritarios a la hora de otorgar o denegar las autorizaciones correspondientes en detrimento de otro tipo de intereses como pudieran ser la defensa o la seguridad del Estado. De igual forma, puede observarse cómo el sistema diseñado adolece de la representación de órganos administrativos especializados en materias relacionadas con el desarme, los derechos humanos o la cooperación internacional.

O la oscuridad existente en la información que el Estado ofrece sobre las exportaciones de material militar, policial o de doble uso:

En efecto, del sistema analizado parece poder concluirse que los datos sobre exportación de las empresas productoras de armas no quedan recogidos en los registros de aduanas debido a que se permite por parte de la Administración que determinadas partidas arancelarias, como las armas de guerra y/o vehículos terrestres militares, aparezcan de forma continua en blanco.

En esencia, este proceder reiterado con esta clase de mercancías y/o productos ostenta la condición o calificación de ventas emboscadas. Es decir, transferencias o ventas de productos relacionados con la industria armamentística sobre los que la Administración autoriza su encubrimiento o la modificación del código arancelario correspondiente por motivos de seguridad para que dichos productos sean indetectables y/o irrastreables. Y remarcar en distintas ocasiones que esas mismas normativas y reglamentaciones impiden a las instituciones vascas cualquier intervención en el control de las exportaciones de material militar, policial o de doble uso: Conforme al análisis efectuado en materia de competencia en comercio exterior, armas e industria armamentística es necesario subrayar que esta competencia queda sustraída a las Comunidades Autónomas. La lectura combinada de los artículos 149.1.3ª, 149.1.10ª; 149.1.13ª y 149.1.26ª CE permite apreciar cómo el Estado sustrae de manera inequívoca, al calificar de exclusivas las competencias allí citadas, la asunción de éstas por parte de las Comunidades Autónomas.

La deleznable propuesta para blanquear a la industria militar vasca

A todos esos análisis dedica casi dos tercios de su documento de 94 páginas. Pero lo alucinante, la execrable inocentada, viene después. Porque, tras el panorama descrito, lo lógico sería pensar que el Gobierno Vasco, de plantearse hacer algo en la materia, se centrara en ver cómo puede establecer controles sobre la producción de las empresas vascas de armamento; proponer cambios normativos para acabar con la laxitud de la normativa actual; impulsar medidas que favorezcan la conversión de la industria militar en civil de utilidad social; idear mecanismos para obtener la información que las empresas no suministran, o encabezar una pedagogía social que deje en evidencia las terribles consecuencias para el mundo de la fabricación y comercio de armamentos. Todo ello sería coherente con la parte del título del informe que dice “El papel de las instituciones vascas para la mejora de la trasparencia, el control de exportaciones y el cumplimiento del marco jurídico aplicable”.

Sin embargo, lo que nos encontramos es todo lo contrario. Lo que se propone es la creación de un “Código de Conducta o Ético Marco” al que se adhieran estas empresas, sin ningún tipo de control sobre su cumplimiento. Es decir, les facilita a los mercaderes de la muerte vascos un lavado de cara con ‘label institucional’ para que aparezcan ante la sociedad como defensoras de los derechos humanos y adalides del humanitarismo. No exageramos:

En el caso que nos ocupa, resulta de especial relevancia la posibilidad de crear un Código de Conducta o Ético Marco, al que se adhieran las industrias armamentísticas vascas (también serviría para el resto del sector industrial/empresarial vasco) con objeto de ejercer influencia sobre las prácticas de sus socios o negocios globales, y además, ser un medio para informar a los clientes y proveedores de los principios que rigen la empresa en su día a día.

Este Código Ético o de Conducta no constituiría un sistema de certificación, ya que no siguen unos estándares determinados (normas ISO, EMAS), sino que se limita a recoger en un documento interno una serie de valores, a título informativo, tanto para empleados como para clientes o proveedores. Así, no recoge un sistema de evaluación, desarrollo de procesos, implementación, u otros procedimientos que permiten constatar su ejecución y resultados en la estructura interna de la organización.

El contenido de este Código debería aludir a la protección de los derechos humanos, fundamentales, humanitarios, laborales, medioambientales y prácticas contra la corrupción y el soborno.

Por si no les queda claro a las empresas de la industria militar vasca el chollo que les ofrece el informe, éste se lo aclara:

A la industria armamentística vasca le interesa mucho promover la responsabilidad social y establecer una hoja de ruta con actuaciones concretas, que incluyan la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social, el respeto a los estándares medioambientales, su declaración de respeto a los derechos humanos universales, promover la transparencia, y sobre todo asegurar que la trazabilidad de sus productos es la adecuada. También pueden apoyar alguna iniciativa social-cultural-humanitaria. Asimismo, también existe la posibilidad de realizar “alianzas” público-privadas como las que promueve el Pacto Global de Naciones Unidas a través de las cuales las empresas colaboran con alguna agencia de Naciones Unidas u otro organismo no gubernamental.

Desde un punto de vista técnico-fiscal se pueden considerar como gastos deducibles una parte de las aportaciones que hagan las empresas para promover determinados proyectos culturales, innovadores, de protección de la sociedad, dentro de su plan de acción de RS. Desde luego ello redundaría en una mejora reputacional de la propia empresa.

Apoyar las ayudas a la armagintza, modificando la ley que lo impide

Pero, por si todo ello no fuera suficiente, y aquí entramos en la incalificable pirueta final, el informe propone arbitrar otras medidas fiscales que incentiven a las empresas de la industria militar vasca a adherirse al citado Código Ético: Para ello dedica nada más y nada menos que 10 páginas del informe al “Análisis del marco jurídico de aplicación de las deducciones fiscales a obtener por las empresas vascas en el sector”. Análisis que concluye diciendo:

Se podría explorar por parte de las instituciones competentes la posibilidad de incluir en la deducción quinta “Deducción por inversiones y gastos vinculados a proyectos que procuren el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del medio ambiente y el aprovechamiento más eficiente de fuentes de energía”, un componente social. De hecho, de manera genérica y algo abstracta se menciona cuando se señala el “desarrollo sostenible”. Ese desarrollo sostenible debería implicar conductas en un marco de responsabilidad social, de alcance cultural, educativo, de apoyo a colectivos en riesgo de exclusión, de promoción de conductas que protejan a la infancia, la protección de los derechos humanos, la preservación de los valores éticos en la empresa etc.

No obstante, reconoce que tiene un problema, ya que el Parlamento Vasco aprobó una medida que lo impide:

No obstante, no es menos cierto que el Parlamento Vasco ha tomado un posicionamiento público mediante la aprobación de la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad16 con los Países Empobrecidos, en la que se comprometía a no entablar colaboraciones de ninguna índole con “personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas”.

Así lo dicta expresamente el artículo 3.3 al indicar que:

“En sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el Gobierno Vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas.”

Norma que, por primera vez en un documento público avalado por el Gobierno Vasco, reconoce que, como venimos denunciando desde hace años, se incumple sistemáticamente:

Sin embargo, varias empresas del País Vasco son líderes tecnológicos en ingeniería, desarrollo y construcción de sistemas de misiles y alguna de ellas está especializada en aplicaciones específicas para labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). Varias de ellas han recibido subvenciones públicas para el desarrollo de su actividad.

Pero, y aquí llegamos a la pirueta final, ¿qué propone ante ello el informe? ¿exigir la devolución de las ayudas que no deberían haber recibido esas empresas? ¿mejorar los mecanismos de control en la concesión de ayudas para que no se vuelva a incumplir la norma?… Todo lo contario, variar la norma para que su propuesta de nuevas ayudas a las empresas de la industria militar vasca que decidan sumarse al Código Ético pueda ser legalmente viable:

En definitiva, aflora cierta contradicción que deberá de reconducirse mediante los cambios legislativos que correspondan entre lo dispuesto en el artículo 3.3 de la citada Ley y el facilitar subvenciones y/o mediante las instituciones competentes permitir deducciones de carácter fiscal por la integración del citado Código de Conducta Marco en las empresas vascas del sector.

Algunas consideraciones finales… y el primer bofetón de realidad al informe

Podríamos alargarnos más entrando, por ejemplo, al análisis del “Observatorio público de Derechos Humanos” que se propone junto al Código Ético (con 6 representantes de las instituciones vascas, una persona del sector armamentista, una persona en representación de la clientela del sector, dos profesionales del derecho y el ámbito empresarial y “una persona de reconocida experiencia, competencia y prestigio profesional que represente a la Sociedad Civil” –en otras palabras, el tonto útil del chiringuito-“), pero no creemos que merezca la pena extender más este resumen, pues con lo visto hay más que suficiente para extraer conclusiones.

Creemos que ahora se pueden entender perfectamente nuestras palabras iniciales cuando calificábamos la propuesta de execrable inocentada orquestada a bombo y platillo por el Gobierno Vasco, cuya intención final no parece ser otra que, ante la creciente crítica social ante los fabricantes y traficantes de armamento “made in Euskadi”, facilitarles toda una gran operación de blanqueado ético y social, con incremento de ayudas y/o bonificaciones sociales incluido. El Gobierno Vasco saliendo al auxilio y servicio de los mercaderes de la muerte vascos.

Nos da la impresión de que sobre quienes sí han tenido efecto las movilizaciones sociales y denuncias públicas sobre la sangrante realidad de la industria militar vasca es sobre los mercaderes de la muerte que de ella se benefician, sus empresarios e inversores, y que estos han acudido raudos a su tantas veces valedor, el Gobierno Vasco, para con su ayuda conseguir lavar su imagen, presentársenos casi como abnegados defensores de las causas humanitarias… y conseguir nuevas vías de apoyo económico a su producción de armamentos. Es la conclusión sobre el informe que nos parece más evidente.

Sucede, además, que con frecuencia la realidad, por mucho que se intente maquillar, es más rotunda de lo que les gustaría a los mercaderes de la muerte y sus valedores, y una prueba evidente de ello la hemos tenido a los pocos días de la presentación del informe.

Tras insistir una y otra vez a lo largo de él en la imposibilidad de las instituciones vascas para intentar hacer algo por controlar las exportaciones militares vascas, unos ‘simples periodistas’ han evidenciado claramente esa falacia, demostrando cómo, cuando se quiere, se puede, aún a pesar de los pocos recursos en comparación a la de las instituciones. Así, el 24 de noviembre el diario.es demostraba con pruebas contundentes cómo una de las principales empresas vascas de armamento, ITP Aero, produce motores de los cazas saudíes que bombardean Yemen:

Los cazas saudíes que bombardean Yemen desde 2015 llevan un motor producido en parte por una empresa española, ITP Aero, presidida por el exministro y exportavoz del Gobierno de Aznar Josep Piqué. La empresa también lleva a cabo para el ejército de Arabia Saudí el mantenimiento de estos motores.

Esta relación comercial, previamente autorizada por el Gobierno de Rajoy, podría vulnerar la legislación europea y española sobre exportaciones de material bélico, que prohíbe a los Estados autorizar el envío de armamento a países inmersos en guerras o que vulneran los derechos humanos.

Contactada por este periódico, ITP Aero ha rechazado responder al cuestionario enviado por eldiario.es y ha contestado que “actúa con integridad y sigue la regulación de export control de manera estricta en todos sus negocios”.

La noticia no es sino una bofetada plena en el intento de Urukullu por presentarse como el adalid de la ética en el comercio de la industria militar vasca, pues es precisamente esta empresa sobre la que el lehendakari hizo en 2014 las siguientes declaraciones:
Urkullu pone a ITP como ejemplo de la política económica del Gobierno vasco

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha puesto este viernes al Grupo ITP como ejemplo de la política económica que impulsa su Gobierno, ya que ambas se basan en las “4 i: inversión, innovación, industria e internacionalización”. El lehendakari ha intervenido en el acto con el Grupo ITP ha festejado en Euskadi, en Madrid lo hizo la pasada semana, su vigesimoquinto aniversario.

El acto se ha desarrollado en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo (Bizkaia) con la asistencia de 1.700 personas y autoridades como el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y la consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia.

Urkullu se ha congratulado del apoyo hace 25 años del Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia para la puesta en marcha de ITP, lo que ahora ha posibilitado la existencia de un importante sector aeronáutico en Euskadi. “Sois el motor turbopropulsor de Euskadi”, ha resumido el lehendakari ante los directivos y trabajadores del Grupo ITP.

(El País del País Vasco, 13-06-2014). https://elpais.com/ccaa/2014/06/13/...

Creemos que no hace falta añadir nada.

Fuente: https://borrokagaraia.wordpress.com...

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