Bombas de racimo: las nuevas minas

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DESARME: ACUERDOS CONTRA LA FABRICACIÓN

Eugeni Barquero

La campaña internacional ha llevado a un acuerdo contra las bombas de racimo. Eugeni Barquero pertenece a la Fundació per la Pau, una organización de la red contra estas bombas.
Acabamos la década de los ‘90 con la consecución de un tratado que prohibía el uso, fabricación y almacenaje de las minas antipersonas.

Ahora tenemos delante un nuevo reto. Debemos trabajar para conseguir que la comunidad internacional tome conciencia del enorme sufrimiento y la flagrante violación al derecho internacional humanitario que supone el uso de las bombas de racimo. Las bombas de racimo son como unos contenedores que una vez lanzados desde tierra, mar o aire, se abren, y en su trayectoria dejan caer centenares de cargas explosivas. Éstas quedan escampadas por una amplia zona de una extensión aproximada a la de tres campos de fútbol.
Estas bombas actúan de forma indiscriminada, por lo tanto no distinguen entre civiles y militares y, además, tienen unos efectos desproporcionados que se prolongan en el tiempo para perjuicio de la población civil. En principio las cargas explosivas deben explotar cuando llegan a tierra, pero en un gran número de casos esto no pasa (se calcula que entre un 5% y un 30% de los casos) y, por lo tanto, quedan activas como si se trataran de minas antipersona, hasta que alguien entra en contacto con ella y se produce la terrible explosión. De esta manera, estas municiones se convierten en auténticas bombas de relojería que provocan muertos y heridos incluso tras acabar el conflicto, impidiendo que las comunidades recobren la normalidad.

Estas municiones han sido utilizadas en los recientes conflictos de Kosovo, Afganistán, el Iraq y, también, en el del sur de Líbano, que tuvo lugar el pasado verano. En este último, que enfrentó a la guerrilla de Hezbolá y al Ejército israelí, se calcula que se lanzaron sobre la zona sur del país aproximadamente unos cuatro millones de estas municiones.

Y, de éstas, prácticamente una cuarta parte quedan todavía por explosionar o desactivar. Algunos estados, como Noruega o Irlanda, valoraron que era necesario darle un impulso a las discusiones gubernamentales sobre el control de estas bombas y pusieron en marcha una serie de convenciones.
El fin es llegar a 2008 con una propuesta de tratado articulado que sea un instrumento legal y vinculante al servicio de la prohibición de estas municiones. El proceso, pues, arrancó el mes de febrero de este año en Oslo, donde 46 países firmaron una declaración por la que se comprometían a la prohibición de este tipo de bombas. Y, más recientemente, tuvo lugar en Lima una nueva cumbre de países en la que a estos 46 se añadieron 28 estados que asumían este compromiso.

El Gobierno español viene participando en el proceso desde el principio, de hecho es uno de los 46 estados que firmaron la declaración de Oslo del pasado mes de febrero. A pesar de ello, debemos denunciar que el Ejército español dispone y puede utilizar este tipo de armamento, ya que tal y como explica el propio Ministerio de Defensa “las capacidades militares que proporcionan estas municiones son necesarias para el mantenimiento de la operatividad de las Fuerzas Armadas”. Así, en el Estado español se fabrican dos modelos de bombas de dispersión y se importa un tercero de los EE UU.

Si realmente el Gobierno del Sr. Zapatero quiere ser fiel a sus compromisos internacionales debería seguir los pasos de países de nuestro entorno. Países como Bélgica, que las ha prohibido, o Noruega, Austria, Hungría y, muy recientemente, Holanda, los cuales han decretado una moratoria sobre su uso.

Con el objetivo de contribuir a la regulación y control de estas bombas de racimo, en 2003, en Dublín se constituyó la Cluster Munition Coalition, una red internacional conformada por más de 200 organizaciones en 50 países.