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El recurso lo planteó el objetor fiscal valenciano Jorge Güemes con el apoyo de AA-MOC
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falla contra el derecho a la objeción fiscal al gasto militar
alternativa antimilitarista - moc valència
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en sentencia dictaminada recientemente, desestima el recurso de Jorge Güemes en el que solicita que le sea reconocido su derecho a la objeción fiscal al gasto militar, mediante la cual se destina a entidades sociales la parte del impuesto de la renta relativa al gasto militar.
El TSJ apoya su dictamen en que:
“aunque a la parte recurrente le asista el derecho a la objeción de conciencia por motivos ideológicos explicada en el art. 16.1 del a CE, tal circunstancia no explica un derecho a la objeción fiscal por motivaciones pacifistas en tanto que el reconocimiento de dicho derecho supondría un grave desconocimiento de otros derechos y valores constitucionales dignos de protección”
“la negativa a satisfacer los tributos que atienda a motivaciones pacifistas compromete la salvaguarda del ordenamiento constitucional por las fuerzas armadas; el derecho de los españoles a defender España y el sostenimiento de los gastos públicos”
Para aamoc-valència el fallo del Tribunal es «decepcionante»: «Lamentamos el fallo del tribunal en el que se alinea con las visiones más militaristas y cercenadoras de derechos fundamentales. El gasto militar es precisamente lo que compromete el sostenimiento de las cuentas públicas, debido a la desatención a las necesidades sociales que supone el gasto militar.» Según aamoc-valència, un ejemplo de ello serían los casi 30.000 millones de euros comprometidos por el M. de Defensa en la compra de nuevos sistemas de armamento en los próximos años.
Desde el pacifismo y el antimilitarismo se contrapone un concepto de defensa sustancialmente distinto del militar, «basado éste en hipotéticas amenazas al territorio nacional y, en realidad, dedicado a secundar políticas intervencionistas en función de los intereses económicos de las potencias occidentales», afirman desde aamoc-valència. «Frente a este concepto criminal de la seguridad y la defensa, nosotras defendemos el de “seguridad humana” del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), que incide en la defensa de las libertades y necesidades de las personas».
Para aamoc-valència, «la denuncia del gasto militar y el desvío de estos recursos a otros fines se justifica en el compromiso por defender unos valores y unos derechos sociales diametralmente opuestos a los que dice defender el ejército; defender los derechos colectivos históricamente conquistados, como la sanidad y la educación universales, o los derechos de los trabajadores, especialmente en estos años de agresiones sin precedentes».
Como ya se recogía en el texto del recurso presentado, aamoc-valència apoya al objetor fiscal debido a que éste no está buscando meramente amparo en contra de una decisión administrativa injusta que reclama que sea anulada, ni una salida personal (puesto que lo más fácil para él sería aceptar el embargo que ha sufrido), ni siquiera una legislación que regule estas acciones. Según consta en el recurso presentado por Jorge Güemes, «se trata de seguir un imperativo ético de ayudar a difundir la campaña y facilitar el ejercicio de la objeción fiscal, usando su caso como altavoz de los planteamientos pacifistas y antimilitaristas».
JORGE GÜEMES, al realizar Objeción Fiscal al Gasto Militar, restó un porcentaje igual al que en los Presupuestos Generales del Estado representan los gastos en materia militar y armamentística, y dejó constancia de ello en el propio impreso creando de su puño y letra una nueva deducción: “Por Objeción Fiscal al Gasto Militar”. Ingresando la cantidad detraída -210,43€- al colectivo Per L’Horta en el año 2006. Lo que argumentó en la propia declaración adjuntando una carta explicativa en el sobre de la declaración de la renta.
Cuando Hacienda le reclama las cantidades desviadas más recargos e intereses, Jorge mantiene la legitimidad de su acción y decide resistirse a la decisión administrativa, recurriéndola. Con ello, según el propio objetor, «no busco un trato de favor por parte del fisco, por supuesto; pero tampoco el reconocimiento de un derecho individual que permita evitar el pago de una parte de los impuestos relacionada con la estructura militar, sino más bien la reclamación activa de un derecho colectivo a vivir en un mundo en paz, que implica el desarmado progresivo de la maquinaria de la guerra». Hasta el momento, con el apoyo y asesoramiento de Alternativa Antimilitarista-MOC, Jorge Güemes ha recurrido las reclamaciones de Hacienda ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, cuyo fallo se ha conocido en fechas recientes.
Jorge es sólo uno de los cerca de mil personas que cada año desvían un porcentaje de sus impuestos de la renta como gesto activo, consciente, abierto y comprometido para reclamar «la progresiva eliminación del presupuesto militar y la abolición de los ejércitos». Esta insumisión fiscal colectiva a colaborar en los preparativos económicos de la guerra, la “objeción fiscal al gasto militar”, es promovida por los grupos de la red Alternativa Antimilitarista-MOC y apoyada (y practicada) por un creciente número de organizaciones ecologistas, sindicales, vecinales, políticas y medios de comunicación alternativos. «Se trata de un acto de desobediencia civil y por tanto no es legal, pero es a la vez una herramienta legítima de democracia directa, pues es abierto, apela a valores colectivos y busca someter a debate cuestiones que son sistemáticamente escamoteadas a la sociedad», dice el propio objetor fiscal.
La acción de Jorge Güemes y todas las personas objetoras fiscales, una más dentro del conjunto de actividades de los grupos pacifistas y antimilitaristas, «intenta desenmascarar, arrojar luz, cuestionar lo que aparece envuelto en el secretismo, la opacidad y el camuflaje». Según afirman portavoces de aamoc-valència, «más de la mitad del presupuesto militar está escondido en partidas fuera del Ministerio de Defensa, que la investigación militar se camufla dentro de la investigación civil, que se está subvencionando generosamente la fabricación de nuevos sistemas de armamentos, que sistemáticamente se acaba gastando más de lo presupuestado gracias al uso de los llamados fondos de contingencia, que el gasto en estas estructuras de muerte, violencia y dominación multiplica en muchas veces el gasto en cuestiones social y ecológicamente constructivas, que un buen número de bancos y entidades financieras invierten en la producción y comercio armamentístico y se benefician por tanto con el sufrimiento de personas que viven en otros rincones del mundo, que España está entre los mayores exportadores de armas del mundo...»
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Texto del recurso presentado por el objetor fiscal Jorge Güemes al TSJCV
