El talante militarista del gobierno ZP. Análisis del gasto militar del Estado español en 2005

El presidente del Gobierno se comprometió ante sus electores, días antes del 14 de Marzo, a que si ganaba las elecciones congelaría el gasto de Defensa. Apenas han transcurrido 8 meses desde que las ganara para confirmar que, no sólo no lo ha congelado, que no sólo no hay ruptura con el anterior gobierno, sino que hay una pasmosa y previsible continuidad. Tan corto espacio para explicar las líneas maestras de esta continuidad obliga a sintetizar del siguiente modo:

  El gasto militar sigue en aumento . Las escasas partidas que no han experimentado subida se mantienen congeladas (caso de la I+D militar), a pesar de haber prometido su reducción e incluso su imputación a Defensa, y no a Industria (lo que exime a esta partida ser considerada como “gasto militar” a efectos políticos). Los aumentos vienen a consolidar un modelo de ejército profesional que, si bien tiene dificultades para superar la escasez de personal, no ve límites en seguir adquiriendo armamento. En 2005 se gastarán 2.230 millones de euros en este concepto, pues a los 1.996 millones previstos inicialmente hay que sumar lo que aporta la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, que destina de sus propios presupuestos 234 millones, que proceden de la venta de numerosos bienes muebles e inmuebles que el ministerio de Defensa está desafectando en los últimos años y que en su día enajenó -fundamentalmente a municipios- por el abstracto “interés de la defensa nacional”.

  Las empresas beneficiarias de estos programas de armamento (EADS-CASA, IZAR y Santa Bárbara, por mencionar algunas de las más importantes) se frotan las manos. Los aviones de combate, helicópteros, fragatas, buques, submarinos y demás seguirán aportando jugosos beneficios en las cuentas de resultados de éstas. ¿Que IZAR está en crisis?; aquí están los presupuestos para mantener la producción militar: para el próximo año la construcción de un nuevo buque de aprovisionamiento en combate para la Armada y el inicio de varios programas navales le reportarán un montante superior a los 500 millones de euros. Esto sin mencionar las ayudas a la construcción naval que se aportan desde subvenciones directas del ministerio de Industria y que al tratarse de ayudas a la construcción naval militar no revisten ningún viso de ilegalidad: no así las civiles, de las que pende la espada de Damocles en forma de sanción multimillonaria por parte de la UE. No podemos pasar por alto que sin estos presupuestos irracionales la inmensa mayoría de las empresas militares de este país habrían cerrado hace ya mucho tiempo. Aquí no opera la mano invisible del mercado, sino la mano concreta del Estado. ¿Podemos clamar contra el gasto militar y seguir pidiendo carga de trabajo en estas empresas?

  La pertenencia a la OTAN y a la Unión Europea obliga al Estado español a realizar un gasto militar cada vez mayor, que no sólo se traduce en aportaciones dinerarias a estas organizaciones (lo que se realiza desde los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa), sino en la obligación de realizar gastos (no inversiones) en los programas de armamento señalados y otros que están por venir, definidos por los poderosos “lobbies” de la industria militar europea y por las Líneas de Acción Estratégica que se recogen en las Directivas de Defensa nacionales -que considera “riesgos para la seguridad” Gibraltar o las “reivindicaciones territoriales sobre Ceuta y Melilla, islas y peñones españoles del Norte de África”- y europeas -el caso de la PESD (Política Exterior de Seguridad y Defensa)-, también recogidas en la flamante Constitución Europea, verdadera declaración de guerra que pretende la creación de unas Fuerzas militares europeas capaces de llevar a cabo toda la gama de “misiones Petersberg o de gestión de crisis” -traducido al común de los mortales como la defensa de los intereses de las multinacionales europeas en cualquier punto del globo mediante la utilización de la violencia militar-.

  Las subvenciones que el ministerio de Industria (de Ciencia y Tecnología durante el mandato del PP) otorga a las empresas de armamento a través de los programas de I+D se pretenden condonar. Podría empezar a cumplirse algo que llevamos años denunciando. Según los datos que nos aportan los boletines oficiales de las Cortes Generales, EADS-CASA, el Consorcio CEDIEF (para el desarrollo del avión de combate Eurofighter), IZAR y Santa Bárbara, deberían comenzar a devolver en 2005 -y al menos hasta 2020- los recursos que desde Industria se han ido satisfaciendo para los programas de armamento que se pusieron en marcha con anterioridad a 2004. En el proyecto de PGE no se contemplan estas devoluciones, nada simbólicas por otro lado: hablamos de un total de unos 20.500 millones de euros que deberían empezar a devolverse y no sabemos qué va a pasar con ellos. Atrás quedan los jipíos de Jaime Lissavetzky en las Comisiones de Defensa del Congreso, denunciando el alto gasto en I+D militar y la claridad en los plazos de devolución. En 2005 el gasto en I+D militar “cuantificable” será de 1.330 millones, algo a todas luces excesivo -como abuso, delito o crimen, pues es imposible considerar que sea bueno dentro de unos límites determinados-.

Desde la izquierda anticapitalista -social, política y sindical-, en este tema, nos mantenemos a la deriva, agarrándonos a los clavos que otros pusieron a arder, para quemarnos vivos, sin criterio, sin coherencia. Seguimos dando palos de ciego, como sísifos que empujan una y otra vez la piedra que otros ponen en nuestro camino.

Tor, 9/11/2004

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