Enseñanzas de la historia de la desobediencia para las campañas de objeción fiscal al gasto militar

Llega nuevamente mayo, y con el mes de la flores llega también la declaración de la renta, y con ella una nueva campaña de objeción fiscal a los gastos militares, y con ésta otra vez el debate de fondo acerca del sentido de la misma. Otra vez volvemos a escuchar reflexiones acerca de qué sentido deben tener los proyectos a los que se desvía el dinero, sobre si debemos o no patrocinar una campaña unificada, sobre si lo que hacen los otros no vale y lo bueno es lo que hago yo... Y es que, al igual que sucedió con la insumisión en los años 90, la objeción fiscal ha trascendido ya el ámbito puramente antimilitarista y está empezando a convertirse en una herramienta de acción política utilizada distintos grupos políticos de la más diferente orientación política. Lógicamente, desde estas distintas perspectivas el enfoque antimilitarista inicial se transciende y se adapta a nuevos contextos y luchas. Pero eso no es en absoluto un fenómeno nuevo, sino que es un fenómeno que podríamos denominar de «retroalimentación social» fruto del contacto necesario e imprescindible entre movimientos sociales.

Desde el ámbito académico, teóricos de los movimientos sociales como Sydney Tarrow o Charles Tilly (1) hablan de la aparición a lo largo del siglo XIX de lo que llaman un “nuevo repertorio de confrontación” en oposición a un “viejo repertorio” anterior. Este concepto haría referencia al conjunto de “medios de que dispone un grupo para plantear exigencias de distinto tipo”. De este modo, mientras que en el viejo repertorio predominaba la acción colectiva local, espontánea y desorganizada, tales como la ocupación de tierras, apropiación del grano, concentración o la fiesta, en el denominado nuevo repertorio las formas de acción variaban desde el mitin, la reunión con ocupación, la huelga, la manifestación o incluso la barricada. Por supuesto, este cambio en el repertorio fue debido a la aparición del movimiento obrero y a un importante cambio tanto en las reivindicaciones como en las formas de organización frente a las revueltas campesinas típicas del periodo anterior, pero también a la aparición de la democracia liberal como sistema político. Por otro lado no cabe duda que cada una de estas formas de acción han seguido una evolución distinta y que, mientras la barricada ha acabado siendo abandonada de la práctica política (de hecho las barricadas las hace ahora el poder, valga el ejemplo de las cumbres capitalistas) otras formas se han institucionalizado. Nadie duda que la huelga o la manifestación son considerados en la actualidad como prácticas extendidas sino ya derechos inalienables. De este modo, la aparición de un nuevo movimiento generó un nuevo tipo de prácticas que permitió que otros movimientos tradicionales, como el movimiento campesino o algunas luchas de liberación nacional añadieran a su repertorio de acción nuevas formas de acción que les permitieron enfrentarse con mayor efectividad al poder establecido que les negaba derechos. Porque no existe en el mundo una tendencia progresista hacia mayores cuotas de libertad, autogestión o justicia, como creían (y aún creen) los ilustrados, sino simplemente luchas sociales que han conseguido mayor o menos éxito según la efectividad que hayan conseguido en sus prácticas políticas.

Por otro lado, podríamos añadir que el siglo XX ha sido testigo de la aparición de los llamados Nuevos Movimientos Sociales, término con el que los académicos se refieren al ecologismo, el pacifismo y el feminismo, pero a los que habría que añadir otros como la okupación, el antimilitarismo (por diferenciarle del pacifismo), el antifascismo o la antiglobalización. Todos estos movimientos, herederos de tradiciones tan dispares como el anarquismo o el cristianismo de base radical, han renovado el repertorio de acción política en la misma medida que el movimiento obrero renovó el repertorio en el siglo XIX, pues tanto los sujetos como las reivindicaciones, las formas de organizarse, o incluso el propio Estado fueron cambiando. Así pues, se empezaron a extender diferentes formas de desobediencia civil tales como la objeción de conciencia y su variante la insumisión, el sabotaje, la objeción fiscal o las diferentes formas de acción directa noviolenta. Si bien muchas de estas formas de acción tuvieron su origen en el siglo XIX (recordemos tempranas campañas de objeción de conciencia no popularizada hasta la I Guerra Mundial, Thoreau encarcelado por no pagar impuestos para alimentar la guerra y el esclavismo o las acciones directas noviolentas de las sufragistas norteamericanas) no se extendieron hasta la segunda mitad del siglo XX.

De este modo, en los albores del siglo XXI la desobediencia civil ha quedado suficientemente legitimada como para poder decir que forma parte del repertorio de acción política actual. Para llegar a ello ha sido necesario un proceso largo en el que han jugado un papel importante pensadores precursores como Thoreau o Tolstoy, como activistas y líderes prácticos que necesitaban legitimar sus campañas de desobediencia como Moandas Gandhi en su lucha por la liberación de la India, Martin Luther King en su campaña por los derechos civiles de los afroamericanos, Bertrand Russel y sus campañas antinucleares o Noam Chonmsky en el movimiento contra la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Las aportaciones de estas y otras muchas campañas propiciaron el necesario salto al ámbito académico en los que teóricos como Rawls o Habermas integraron la desobediencia civil dentro de sus respectivas teorías de la democracia. Ambos científicos, representantes de escuelas de pensamiento que definen paradigmas que conforman las tendencias ideológicas actuales, trasladaron el debate al ámbito universitario de tal forma que cualquier teoría actual sobre la democracia y la participación ciudadana (cualquier ideología a fin y a cabo) debe incluir un posicionamiento en torno a las cuestiones que plantea la desobediencia civil o la objeción de conciencia.

El hecho de que instituciones tan sumamente reaccionarias como la iglesia católica haya llegado a abogar por el derecho a la objeción de conciencia, aunque sea, no nos sorprende, para atentar contra derechos de otras personas, como es la objeción de conciencia del funcionario público para no casar homosexuales, es un síntoma de que se ha conseguido una enorme aceptación del concepto. Puede que precisamente el término objeción de conciencia, tantas veces manipulado por el poder para quitarle ese componente revolucionario que sin duda tiene la desobediencia civil, nuestra querida insumisión, haya servido para dotarle de legitimidad incluso entre instituciones dedicadas precisamente a extender la sumisión. De hecho, una de las ventajas de la desobediencia civil es que es difícil usarse precisamente para hacer daño a otras personas, puesto que es difícilmente legitimable con coherencia. En el caso arriba mencionado, el escaso éxito de la objeción de conciencia homófoba demuestra la contradicción latente entre exigir razones de conciencia de carácter religioso a la hora de celebrar contratos civiles de otras personas, pues la conciencia es entendible sólo para con la conducta de una misma.

Gracias a la extensión del concepto, movimientos tradicionales vieron reforzada su praxis política con el nuevo repertorio de acción colectiva del movimiento obrero y nuevamente con el de los Nuevos Movimientos Sociales. Por citar un ejemplo, organizaciones campesinas sudamericanas como el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca en Colombia o las comunidades zapatistas de México han dado un nuevo sentido a las prácticas tradicionales de ocupación de tierra enmarcándolas en un contexto de legitimación proporcionado por las teorías de la desobediencia civil. No es que se haya inventado una nueva forma de acción política sino que se ha fundamentado consistentemente una práctica tan antigua como la propia desposesión de los labradores.

En el caso de la objeción fiscal habría que señalar que igualmente es una práctica antigua donde las haya, pues desde que existen recaudadores ha existido gente que ha cuestionado la legitimidad del uso dado a la recaudación, y tenemos ejemplos desde la antigua Roma hasta la actualidad en diferentes contextos sociopolíticos. Gracias a la expansión del concepto de desobediencia civil, esta forma de acción se ha extendido y ha podido tomar la forma de campaña perfectamente legitimada que como toda campaña de desobediencia civil genera un problema ético al Estado y sus funcionarios, sino que permite además dotar de recursos a iniciativas generalmente carente de ellos (a pesar de que su objetivo sea el cuestionamiento del gasto militar). Por eso, de igual manera que debemos congratularnos porque el éxito del movimiento obrero en el uso de la huelga y la manifestación supuso un gran éxito para todas las demás luchas reivindicativas, debemos celebrar la diversidad en las tendencias actuales de objeción fiscal. Los antimilitaristas seguiremos dotándole de un sentido lo más antimilitarista posible, los sindicalistas tratarán de dotarle de un sentido lo más sindicalista posible, los ecologistas lo más ecologista etc. Lo maravilloso es que desde organizaciones no estrictamente antimilitaristas empiecen a utilizar esta herramienta cuyo uso implica el cuestionamiento del militarismo que trabajamos desde colectivos antimilitaristas, y esto, a su vez, la extensión del debate acerca del manipulado concepto de defensa y seguridad que nos marcan desde el Poder. La extensión de la herramienta de la objeción fiscal lleva consigo por tanto un cuestionamiento a los conceptos impuesto acerca de qué hay que defender, como hay que defenderse y quién debe defendernos.

En vez de lamentar la pérdida del control que teníamos sobre nuestra pequeña campaña que año tras año lanzábamos desde el movimiento antimilitarista, festejemos la diversidad y la extensión que está teniendo esta forma de desobediencia civil tan netamente antimilitarista, pues implica una toma de conciencia sobre el grave problema de la militarización social. Va siendo hora, por tanto, de dejar de hablar de la campaña de objeción fiscal al gasto militar y empezar a hablar de las «campañas» de objeción fiscal al gasto militar y volvamos a centrar el debate en la deslegitimación del militarismo de guante blanco, para poder así acercarnos a esa sociedad desmilitarizada por la que luchamos.¿Seremos capaces?

NOTAS:

1) Para ver un resumen del desarrollo del concepto de repertorio de confrontación ver: Sydney Tarrow: “El Poder en Movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política”. Alianza Universidad Madrid 1997. Pag 65