Introducción a las Comunidades en Resistencia en Colombia

Colombia es sin duda un país donde la palabra violencia adquiere un especial significado, debido no sólo a la guerra civil que asola el país desde hace ya más de cuarenta años, sino también a la temible presencia del crimen organizado, de especial relevancia tras el aumento del negocio de la cocaína desde los años ochenta, a las bandas callejeras de los barrios populares de las grandes urbes, e incluso la violencia individual del ciudadano medio que se ha acostumbrado al clima de impunidad generado por el vacío institucional de buena parte del país. Muchas son las teorías sobre las causas de esta violencia endémica, que no se puede explicar tan sólo por factores económicos relativos a la miseria o la desigualdad en la distribución de la riqueza, en un país maravillosamente dotado de recursos naturales.

Esta situación de violencia generalizada se fundamenta por el contrario más bien en un problema institucional agravado por la situación de guerra y narcotráfico. Las oligarquías tradicionales no han dudado nunca en usar el asesinato y la masacre indiscriminada para conseguir sus objetivos económicos, que necesitaban casi siempre del sometimiento de la población a los mandatos de las corporaciones empresariales, nacionales y transnacionales, que explotan las grandes fincas agropecuarias y el resto de los fabulosos recursos naturales del país, especialmente oro, esmeraldas y petróleo. Esta actuación violenta fue imitada por los distintos grupos insurgentes que pronto convirtieron su propia continuidad en su único objetivo político, pero también por las bandas de narcos que viven del cultivo de coca. De esta forma que se fueron creando grandes territorios que, debido a la acción intermitente de las guerrillas o los narcos, a la impunidad con la que operan los paramilitares y a la ausencia de policía o ejército, no cuentan con una presencia continua de organizaciones que monopolicen la violencia, regular o irregularmente. Además, la continua violencia ejercida hacia las comunidades campesinas ha generado más de tres millones de desplazados que malviven en la miseria de los barrios populares de las grandes urbes, otro foco de violencia constante.

Sin embargo, en medio de este mar de barbarie surgen islas de civismo, que rechazan toda forma de violencia, provenga de donde provenga. Organizaciones de indígenas y campesinos que a lo largo de todo el país se declaran en resistencia a la propia guerra, son las llamadas comunidades en resistencia o a veces también comunidades de paz. La primera de ellas, e inspiradora del proceso de las demás fue derivada del llamado Proyecto Nasa, que el posteriormente asesinado sacerdote indígena Ávaro Ulcúe había puesto en marcha en los años 80 entre los paezes, pueblo indígena del departemento de Norte del Cauca que se denomina a sí mismo como los nasa, “la gente”. Paralelo a este proyecto de autogestión comunitaria en el que las exigencias por la desmilitarización de la zona y el rechazo a la violencia cobraba una especial relevancia, estaba la lucha pionera del Comité Regional Indígena del Cauca, CRIC, que a finales de los años 80 optó por abandonar la lucha armada que había mantenido a través del Movimiento Armado Quintín Lame. En el Norte del Cauca, donde el proyecto Nasa lleva funcionando durante un cuarto de siglo, la organización que aglutina las asambleas autogestionadas recibe el nombre de Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Uno de los logros más notables de esta organización y que manifiesta su apuesta por la noviolencia es la figura de los “guardias indígenas”, que patrullan por sus territorios, situados entre zona de montaña controlada por las FARC, sin más armas que unos waltitalki, el bastón de mando tradicional y la fuerza de grupo. Esta adopción explícita de la noviolencia fue la culminación de un proceso de resistencia que los propios paezes siempre dicen que duraba desde hace ya quinientos años, y se refieren como antecedentes a las luchas de la Gaitana contra los españoles en el siglo XVII, o la figura de Juan Tama en el XVIII. Sin embargo el movimiento indígena como tal fue imbricado por Manuel Quintín Lame en el siglo XX, cuyo ideal, el lamismo, comparado a veces con el zapatismo, impregna la doctrina política de carácter marcadamente anarquista (horizontalidad, asamblearismo, autogestión, colectivismo...) de estos indígenas que, debido en parte a la amenaza de desaparición como étnia que pesa sobre ellos, tienen una marcada identidad comunitaria. Al conseguir los indígenas colombianos importantes logros en la constitución de 1991, entre los que hay que destacar la consecución de tierras y el mantenimiento de un sistema jurídico propio, se reforzó entre los paezes el ideal lamista de autonomía y se declararon neutrales ante el conflicto entre insurgencia y contrainsurgencia.

Esta idea de neutralidad ante el conflicto fue mantenida también por la mayoría de las comunidades indígenas del país, aunque sin la capacidad de autogestión de los paezes, que han tenido la fuerza de arrebatar secuestrados tanto a la guerrilla como a los paramilitares acudiendo en masa a sus campamentos, sin más armas que la palabra y la fuerza del grupo, en un tipo de acción que ellos llaman “la montonera”. La idea de neutralidad fue también recogida en los 90 por el entonces obispo de la diócesis de Apartadó (situado en Urabá, en plena zona bananera, bajó control paramilitar) monseñor Isasias Duarte, posteriormente asesinado cuando regentaba la diócesis de Cali, y la propuso para las comunidades campesinas de Urabá que se encontraban acosadas tanto por la guerrilla como por los paramilitares y el ejército. Así un pequeño pueblo cercano a Apartadó, llamado San José, formado en los años 70 por desplazados de otras partes del país y en el que la Unión Patriótica (partido político de izquierdas eliminado literalmente por los paras) había conseguido gobernar en los ochenta, se constituyó como Comunidad de Paz en marzo de 1997. De esta forma, todos sus integrantes, que no eran el total de habitantes del pueblo, se comprometieron a no llevar armas, a no comerciar con actores armados, a no entregar información a cualquiera de los actores armados ni a pedir ayuda a ninguna de las partes en conflicto. Los demás habitantes del pueblo o las veredas que muchas veces por razones religiosas, al prohibirles su religión evangelista ser parte de otra comunidad, no forman parte de la Comunidad de Paz, también cumplen con esos principios por respeto a la misma. Esto implica, por supuesto, actos de desobediencia civil como la objeción de conciencia generalizada de los jóvenes en edad de acudir al servicio militar. Después fueron surgiendo otras comunidades de paz, como las Comunidades de Vida y Esperanza de Cacarica, Jinguamiandó y Curvaradó, situadas en el bajo Atrato, junto a la frontera con Panamá y formadas por afrodescendientes que retornaron en 2000 al lugar donde habían sido desplazados años atrás; o la Balsita, en Dabeiba. Así mismo, organizaciones campesinas como las de Sur de Bolivar o el Valle del Cimitarra se declaraban en resistencia a la guerra o surgían procesos como el la plataforma que une diversas comunidades afrocolombianas, el Proceso de Comunidades Negras, o el los indígenas U’wa, hostigados por paramilitares que buscan su desplazamiento para que ECOPETROL pueda acceder a los yacimientos de petróleo en Arauca.

De esta manera, viendo todos los lazos que mantenían en común tan diversas organizaciones a lo largo de casi todo el país, se constituyeron en 2003 como Red de Comunidades en Resistencia RECORRE. Una de sus primeras actuaciones como tal fue la declaración de ruptura con el sistema judicial colombiano, que había estado criminalizando sistemáticamente sus procesos y permitiendo actuar con impunidad a los militares y paramilitares que han venido cometiendo masacres sistemáticamente sobre estas comunidades con la intención de amedrantarlas y que se unan el proyecto paramilitar. Es decir, para que al desplazarse cedan sus terrenos a la explotación de alguna de las grandes empresas interesados en ellos y en el mejor de los casos se unan al sistema como jornaleros con un sueldo mínimo que se puede calificar como indigno, por no mencionar las consecuencias perversas que un desplazamiento puede ocasionar.

Para saber más:

Visita la web de RECORRE:

Visita la web de la Asociación de Amigos de la Comunidad de Paz ACOMPAZ:

Visitas otras noticias en INSUMISSIA sobre comunidades en Resistencia

WEBS DE LAS COMUNIDADES EN RESISTENCIA

Pueblo U’Wa

Proceso de Comunidades Negras

Asociación Campesina del Auraca

Asociación campesina Valle del Cimitarra

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Consejo Comunitario Cuenca del Rio Naya

Consejo Comunitario La Nupa Río Canaupaní

Federación Agrominera de Sur de Bolivar

Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca