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Kaosenlared.
Juicio a dos activistas por denunciar las inversiones del BBVA en la industria armamentística
Por KEM-MOC Bilbao
Hoy, 18 de octubre de 2021, los grupos que forman la Plataforma contra el BBVA y los colectivos que impulsan la campaña EHk Kapitalari Planto!, con motivo del juicio a dos de las activistas que tomaron parte en la acción realizada en marzo de 2019 con motivo de la celebración de la Junta de Accionistas del BBVA que anualmente tiene lugar en el Palacio Euskalduna, nos hemos concentrado ante la puerta de los juzgados para, además de mostrar nuestra solidaridad con las activistas encausadas, señalar y denunciar nuevamente el modo en que el BBVA logra sus beneficios, así como la criminalización y represión de la movilización social.
El objetivo de la protesta llevada a cabo en 2019 era denunciar que los beneficios del BBVA estaban, y siguen estando, “manchados de sangre” y que la guerra empieza aquí, y más concretamente las siguientes cuestiones:
El BBVA es el banco español que lidera las inversiones en industria armamentística, financiando empresas productoras de diferentes tipos de armas que posteriormente son utilizadas en diversas guerras, provocando la muerte y el desplazamiento forzoso de millones de personas a lo largo y ancho del mundo.
A pesar de haberse beneficiado de más de 13.000 millones de euros del rescate bancario, la entidad ejecuta cada año centenares de desahucios que afectan a los sectores de población más dañados por la crisis económica.
Forma parte del lobby bancario que presiona para profundizar en la privatización de las pensiones a costa del modelo público que protege actualmente a la inmensa mayoría de las personas jubiladas.
Este banco financia macroproyectos extractivistas con gran impacto social y medioambiental por todo el planeta.
Como consecuencia de aquella acción de protesta, seis activistas de las Plataforma contra el BBVA y la campaña EHk Kapitalari Planto! fueron sancionados por la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco utilizando la Ley Mordaza. Estas sanciones han sido recurridas por las activistas y los grupos organizadoras de la acción, por entender que la protesta y la movilización social son derechos fundamentales de la ciudadanía y la actuación contra las mismas a través de la Ley Mordaza supone un ataque a la libertad de reunión y de expresión y un intento de desmovilizar la protesta a través de multas. Hoy ha tenido lugar el juicio en la que se decidirá si se mantienen o se anulan estas sanciones.
