Por una alternativa civil y noviolenta al conflicto en Venezuela

En los últimos tiempos Venezuela viene soportando una militarización creciente, que se evidencia con la aplicación de planes militares para el control de la población, una exaltación de los valores militaristas y la persecución de personas noviolentas defensoras de derechos humanos. Uno de los elementos que refuerza esta militarización es la venta de armas desde países de la unión europea, entre los que se encuentra el estado español.

Son elementos de este proceso de militarización social, el plan Zamora y la ampliación de la milicia nacional bolivariana, que se configuran como planes para una revalorización de lo militar como elemento identitario; es la unión cívico-militar que busca la comunión de las clases populares con el estamento militar, instaurando el concepto “el ejército como pueblo en armas” y presentando la idea que no hay otra solución que la violencia.

El plan Zamora supone que se extremen las medidas de vigilancia, control y patrullaje con mayor presencia de la Policía y de la Guardia Nacional, uno de los componentes de la Fuerza Armada. Además, el plan se ha traducido en detenciones masivas, en acusaciones por delitos militares como la rebelión y en la aplicación de la justicia militar a civiles.

Otro elemento de rearme militar es la ampliación y dotación armada de hasta 500.000 hombres y mujeres de la milicia nacional bolivariana, que es un cuerpo formado por civiles con entrenamiento militar y que da apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, a tenor de lo sucedido y de las rápidas reacciones de los diferentes actores y gobiernos internacionales, parece claro tener un carácter orquestado, que podría definirse como golpe de estado encubierto. Además del evidente militarismo presente en su discurso, es también evidente la tendencia neoliberal imperialista, donde agradece que personajes como Piñera, Macri, Duque y la «comunidad internacional» (Grupo de Lima), represores innatos de las clases trabajadoras, saqueadores que hipotecan los territorios indígenas y campesinos a las transnacionales, apoyen la constitución de "la asamblea legítima y del gobierno de transición”.

Se hace evidente el papel del imperialismo norteamericano en el conflicto, como guardianes de los intereses de las corporaciones transnacionales. Los estados capitalistas buscan el control de los recursos petrolíferos, energéticos y minerales de Venezuela, razón por la cual realizan injerencias en este conflicto, con ultimátum y reconocimientos incluidos. La llegada de ayuda humanitaria a territorio venezolano anunciada por la Casa Blanca, a través de Colombia y Brasil, es un elemento precursor preparatorio de una posible intervención militar.

El gobierno norteamericano promueve un bloqueo financiero y económico a Venezuela, limitando su posibilidad de hacer pagos a proveedores (incluyendo aquellos de alimentos y medicinas), ejecutar transacciones y cumplir a tiempo con sus obligaciones financieras en general. El cerco se ha venido recrudeciendo exponencialmente desde el 2017, limitándose notablemente la capacidad del Estado de importar medicinas y alimentos, con evidentes repercusiones en el bienestar de la población.

Por otra parte, el sector privado viene provocando un desabastecimiento de bienes de consumo, que se derivan hacia el mercado negro, como parte de una guerra económica para inducir el caos en la sociedad civil, y preparar un golpe de estado. La desestabilización promovida por la oposición con actos de violencia en la calle es parte de un plan dirigido desde las altas instancias del poder militar USA, para derribar el gobierno bolivariano, que cuenta con el poder del aparato del estado (policía, ejército, tribunal supremo) para ejercer el control político y militar sobre la población civil.

Nos parece lamentable la grave crisis económica que sufre Venezuela, producto de factores externos e internos, con responsabilidades gubernamentales directas, y que ha obligado a miles de personas a huir del país. El discurso dominante que sostienen las partes en conflicto refuerza la división y separación de la sociedad civil, de un modo populista/militarista se adueña de conceptos como pueblo, patria, nación para legitimar su posición, es la construcción del enemigo tanto interno como externo que alimenta esta espiral de la violencia.

Y el pueblo más empobrecido cada día, peloteado por los dos bandos, comiendo mal, padeciendo por los salarios casi invisibles, los contratos colectivos pisoteados, las paupérrimas condiciones tanto laborales como de salud pública, mientras que los sectores en conflicto se disputan el poder. Los dos bandos en conflicto, potencian la comunicación como arma de guerra, se acusan mutuamente, fomentan esta idea de los buenos y los malos, imponen una visión de la realidad manipulada, y construida como propaganda de los intereses que promueven.

Apoyar desde Canarias a quienes persisten en la noviolencia como forma de manifestarse, sin caer en la provocación violentista que implica todo este proceso de militarización. La creatividad y originalidad que han demostrado, constituyen un recurso social disponible para salir del atolladero político y social que vive Venezuela hoy en día. Por ello llamamos al amplio movimiento noviolento, antimilitarista y objetor de conciencia de Latinoamérica y el mundo a acompañar, dar seguimiento y respaldo moral a quienes hacen resistencia noviolenta a la militarización en Venezuela.

Proponer el diálogo, la reconciliación, la mediación, la celebración de iniciativas de paz que busquen los espacios de consenso necesarios para reducir la tensión, y abordar alternativas pacíficas, que se basen en la idea que no hay solución militar para regular el conflicto.

Canarias a 4 de febrero de 2019.