Su destino será la construcción de viviendas, polígonos industriales, dependencias municipales, equipamientos o zonas verdes Diputados del PSOE trabajan desde hace meses en el «proceso de desafectación» (Nota de Insumissia: algo que, en otros ámbitos, por ejemplo el policial y penal, suele denominarse también «liberación tras pago del rescate»)
El interés por desafectar
El Ministerio de Defensa es el primer interesado en deshacerse de aquello que no le sirve. La diputada socialista en el Congreso, Mamen Sánchez, explica que este departamento elabora un informe de todo lo que es susceptible de liberar, con el fin de transformar el coste que hoy en día le supone, en el beneficio resultante de su venta -entre los años 2004 y 2005 obtuvo 3,8 millones de euros en la provincia-. De ahí, la celeridad que ha imprimido a las últimas peticiones municipales, algo que, como recrimina Sánchez, no se corresponde con la actitud de los ayuntamientos, que luego se demoran en los que son de su competencia. Las desafectaciones también son objeto de trifulca política, y mientras desde el PP, el diputado Jesús Mancha recuerda que las ejecutadas en estos dos años de legislatura, salvo el Cortijo Garrapilos, son resultado de la gestión del anterior Ejecutivo de José María Aznar, Sánchez asegura que en los cuatro últimos años de su gobierno «no hicieron nada».
C. SOLÍS/CÁDIZ
Siete ayuntamientos reclaman a Defensa la liberación de más instalaciones y suelo militar
(En la foto:)SAN FERNANDO. Entrada del acuartelamiento de Camposoto. / LA VOZ
La situación geoestratégica de la provincia hace del Ministerio de Defensa uno de sus principales latifundistas. Sus extensas propiedades en municipios de la costa y el interior le convierten en foco de permanente demanda de desafectaciones ahora que el valor de suelo cotiza al alza. Y aunque en ésta y la anterior legislatura, con los gobiernos del PP y del PSOE, se ha ido abriendo el camino a la liberación de suelo e inmuebles castrenses en desuso, aún quedan muchos pendientes de revertir para su utilidad civil como viviendas, polígonos industriales y espacios libres.
Según ha podido saber LA VOZ, un grupo de diputados del PSOE trabaja desde hace meses en el proceso de desafectación de suelos, con el objetivo de que su liberación favorezca el desarrollo turístico e industrial de los municipios afectados desde hace años por la ocupación militar. Algunas de las negociaciones se encuentran ya muy avanzadas, y darán sus frutos en los próximos meses.
Cádiz, El Puerto o Rota ya vieron culminadas en parte o en su totalidad sus expectativas, y lo mismo pretenden ahora Vejer, Jerez, San Roque, Tarifa, municipios que, pese a no tener reconocimiento económico por su servidumbre militar, tienen mucho terreno adscrito a la defensa nacional, y por ello ultiman negociaciones. Mientras otros, como Barbate y San Fernando, mantienen reivindicaciones que rozan la categoría de históricas.
En el interior
La principal desafectación de los últimos meses, y la más rápida en su consecución -en el tiempo récord de medio año- fueron los 70.000 metros cuadrados del Cortijo de Garrapilos -6,3 millones de metros cuadrados-, en la pedanía jerezana de La Barca de la Florida. Vino motivada porque era un terreno agrícola dentro de esta finca dedicada a la cría caballar -Yeguada Militar de Jerez- que difícilmente se justificaba de utilidad militar.
A este suelo destinado a viviendas de protección oficial, equipamientos y un polígono industrial, está previsto añadir una segunda fase de 400.000 metros cuadrados. Según el alcalde de esta pedanía de 5.000 habitantes, Roque Valenzuela (PSOE), «la voluntad está, sólo falta el convenio» entre Defensa y la Gerencia Municipal de Urbanismo del Consistorio jerezano, en el que se establezca el contenido de esta superficie para tasarlo y fijar su precio -también falta el diseño que la Junta de Andalucía dé a la circunvalación de la población-.
En el mismo término municipal, al sur y lindando con la Sierra de San Cristóbal -frontera natural con El Puerto-, el Ayuntamiento de Jerez también ultima la obtención de 1,4 millones de metros cuadrados del Rancho de la Bola, cuya finalidad sería su incorporación a la red de espacios libres para su uso como parque periurbano.
En Vejer, la construcción de 70 nuevas viviendas de protección oficial en un terreno de 9.400 metros cuadrados es el fin que su Ayuntamiento tiene previsto dar al suelo resultante de una antigua estación de comunicación militar. Un proceso que, como explica su alcalde, Antonio Jesús Verdú (PSOE), culminará en un convenio que verá la luz a principios del próximo año.
En la costa
Aunque no forman parte de los beneficiarios de 500.000 euros anuales por servidumbre militar, Tarifa y San Roque poseen un alto porcentaje de su suelo destinado a fines defensivos.
San Roque logró en 1999 el Acuartelamiento Diego Salinas -52.000 metros cuadrados-. Y sus terrenos ya han sido modificados en un 60% para acoger 425 viviendas -como mínimo la mitad serán de protección oficial-, una zona comercial -8.000 metros cuadrados-, otra zona de equipamientos -10.000 metros cuadrados-, además de una biblioteca, dependencias municipales, un Palacio de Justicia -competencia de la Junta de Andalucía-, la Universidad Popular -4.000 alumnos- y la nueva Jefatura de la Policía Local.
A tenor del beneficio obtenido de la reutilización de este espacio situado en el centro del municipio, su Consistorio ahora negocia el Observatorio Militar del Príncipe Alfonso y pretende que se estudie la reversión de una de las baterías que jalonan el litoral, inevitables por su situación táctica frente a las costas africanas. Como explica el concejal de Urbanismo de San Roque, José Antonio Ledesma (USR), la batería de Borondo se encuentra un kilómetro tierra adentro, por lo que «existe una opción de recesión por parte del Ayuntamiento, ya que fue quien prestó estos terrenos a Defensa». La superficie que se libere tendrán que tener uso recreativo o medioambiental.
Esta batería quedaría excluida por su ubicación, al igual que la de Punta Candor en Rota por haber sido desafectada en 2002, del convenio suscrito hace quince días entre los Ministerios de Defensa y Medio Ambiente, por el que todas las propiedades militares litorales en desuso se incorporarán al dominio público marítimo terrestre. Esto repercutiría en las baterías de costa de la provincia que, una vez se haga un listado de las susceptibles de desafectación, pasarían a ser gestionadas por el departamento de Cristina Narbona.
Con ésto ya cuenta el municipio de Tarifa y por eso, su Ayuntamiento está más interesado por aquello que está dentro de la ciudad. Como los 100.000 metros cuadrados del Cuartel de Infantería de Marina que se encuentra junto a las murallas árabes y que se esperan recobrar con la firma de un convenio en el plazo de dos meses y que tendrían uso deportivo y de ocio. Y mientras para este cuartel la cuenta atrás es muy corta, el Consistorio acaba de abrir el diálogo para adquirir la Residencia de Suboficiales y el Campamento de Facinas.
Sin embargo, ambas negociaciones han estado paralizadas, en parte, por el expediente abierto al Ayuntamiento por el impago del precio «simbólico» de 6.000 euros acordado hace más de una década por uno de los emblemas de la ciudad: el Castillo de los Guzmanes.
El carácter de fortaleza militar de Cádiz y su necesidad perentoria de suelo también ha sido motivo de debate entre Defensa y su Ayuntamiento, lo que ha permitido que se disponga desde hace años de baluartes y murallas, el castillo de Santa Catalina y, recientemente, el Gobierno Militar para usos culturales y de ocio, mientras los cuarteles de Varela se convirtieron en viviendas, locales comerciales y zona verde. Todavía quedan pendientes de un convenio para que recalen en manos municipales el castillo de San Sebastián, la Delegación de Defensa, el Casino Militar, el castillo de Puntales, el Club Marte o las viviendas militares frente a La Caleta.
POR HECTÁREAS
DESAFECTACIONES
Pendientes
Conseguidas
Sierra del Retín de Barbate: 5.346 hectáreas.
Cortijo de Garrapilos (Jerez): 630 hectáreas.
Cortijo de Vicos (Jerez): 1.042 hectáreas.
Rancho de la Bola (Jerez): 142 hectáreas.
Base Naval de Rota: 2.274 hectáreas.
Instalaciones militares en San Fernando: 480 hectáreas.
Latifundio: Superficie de más de 250 hectáreas. Otros elementos característicos: bajos rendimientos unitarios, subutilización de la tierra, baja capitalización, bajo nivel tecnológico. Jerez: Falta una parte del Cortijo de Garrapilos de 400.000 metros cuadrados, y se espera la liberación de 1,4 millones de metros cuadrados en el Rancho de la Bola que serán parque periurbano.
Vejer: La antigua estación de comunicaciones de El Vor acogerá 70 viviendas de protección oficial.
San Roque: Reclama la batería de Borondo - zona verde- y el Observatorio Militar Príncipe Alfonso.
Tarifa: El Cuartel de Infantería -100.000 metros cuadrados- y la Residencia de Suboficiales y el Campamento de Facinas.
Cádiz: Castillo de San Sebastián, la delegación de Defensa, el castillo de Puntales, el Club Marte y las viviendas de Defensa en La Caleta.
San Fernando: Reclama el polvorín de Fadricas y Camposoto -un millón de metros cuadrados-.
Barbate: La Sierra del Retín.
Barbate: La Ayudantía de Marina -hoy sede de la Policía Local-.
San Fernando: El polígono de tiro Janer -65.000 metros cuadrados-.
Cádiz: El castillo de Santa Catalina, el Gobierno Militar, las bóvedas de San Carlos y Santa Elena, baluartes de Candelaria, Los Mártires y San Roque, murallas de San Carlos y Cortadura.
El Puerto: La Ayudantía de Marina -hoy es un aparcamiento- y la Sierra de San Cristóbal, - 77 hectáreas para zona verde, está pendiente de un fleco-.
San Roque: El Acuartelamiento Diego Salinas. 52.000 metros cuadrados para viviendas, palacio de Justicia, Universidad Popular e instalaciones municipales.
Tarifa: Castillo de los Guzmanes.
Rota: La batería de Punta Candor.
La Línea: 6.000 metros cuadrados del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) para vivienda protegida.
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