La ocupación de Líbano por parte de Israel es un acto criminal, decidido por Israel como única forma de solucionar el secuestro de dos de sus soldados por el grupo armado Hizbulá. El acto, igualmente criminal de Hizbulá, no debía en ningún caso haber sido respondido por las armas, dando lugar a una guerra que ha ocasionado cientos de muertes en ambos bandos pero que, sin duda, ha ocasionado mayor sufrimiento y dolor a la población libanesa, expuesta al poderío militar de un Estado como Israel.
La ocupación del Líbano por parte de Israel es el último movimiento de una estrategia programada por EEUU cuyo principal objetivo consiste en ejercer un control casi total de la zona de Oriente Medio, concretamente de un triángulo geográfico formado por el Mar Caspio, Golfo Pérsico y Mar Rojo. Los vértices de dicho triángulo coinciden con importantes enclaves de explotación y transporte de petróleo y gas, al mismo tiempo que son zonas de conflicto armado permanente. Israel, en esta última guerra, contribuye a dar un paso más en el control de otro importante vértice geoestratégico de gran importancia; el Líbano como línea salida de recursos energéticos hacia el Mar Mediterráneo.
De este modo, Líbano, un país que renacía tras sufrir una cruenta guerra en la que también participó Israel, tiene por tanto que “sufrir” su situación geoestratégica privilegiada en Oriente Próximo. Siria e Israel se han enfrentado siempre por poseer la influencia y el poder en este país mediterráneo. De esa manera, durante la guerra civil que asoló el país a finales de los 70 y principios de los 80, Siria tomó partido por los palestinos refugiados en Líbano e Israel por los grupos cristianos que se enfrentaban en el país. Ese enfrentamiento se tradujo en 1982 en la ocupación israelí de Beirut, dirigida por el entonces ministro de Defensa Ariel Sharón, quien amparó las matanzas de civiles palestinos llevadas a cabo por falangistas cristianos en los campos de refugiados de Sabra y Chatila. La ocupación militar es la técnica utilizada por Israel desde su fundación para apropiarse de territorios que nunca le han pertenecido, violando todos los derechos humanos de las personas que allí residen para forzar su partida y poder establecer su ideal sionista de un territorio sólo para judíos.
En mayo de 1983, Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo para retirar las tropas israelíes. Israel inició su repliegue unilateral y progresivo en 1985, dejando la llamada «zona de seguridad». Finalmente, en mayo de 2000, Israel retiró todas sus tropas del sur del Líbano por debajo de la frontera internacional. A principios del año 2005, tras el asesinato del primer ministro libanés, Rafik Hariri, se desencadenó un movimiento cívico entre la población cristiana que pedía la retirada completa de las tropas sirias y de sus agentes de inteligencia, con la oposición de Hizbulá. Gracias a la presión de los Estados Unidos esa retirada se consiguió, dejando el camino libre para la actual invasión israelí. La tensión entre Israel y Hizbulá fue entonces continuando hasta estallar finalmente el pasado julio con una incursión fronteriza de Hizbulá que se saldó con la muerte de ocho soldados israelíes y el secuestro de dos, respondido por Israel con el bombardeo continuado de las ciudades libanesas y por Hizbulá sobre las ciudades del norte de Israel. La destrucción indiscriminada de infraestructuras libanesas no responde por tanto a una lógica militar derivada del enfrentamiento con Hizbulá, sino a una lógica política de castigo de la población civil en un proceso que los militares llaman de «pacificación».
Y dentro de este proceso de destrucción indiscriminada de países enteros, en los que el Líbano tan sólo es un eslabón más después de Iraq, Sudán o Afganistán, surge la necesidad imperiosa de reconstruir todas aquellas infraestructuras claves para la explotación y transporte del petróleo (oleoductos), gas (gaseoducto) agua (acueductos). La guerra se convierte por tanto en un negocio en el que además del acceso a recursos naturales entran en juego los intereses de los fabricantes de armas y las concesiones para la reconstrucción de infraestructuras. Estas corporaciones para asegurarse contratos no necesitan si quiera ejercer un lobby sobre el gobierno estadounidense, el mayor proveedor de guerra del mundo, sino que simplemente sitúan a los miembros del ejecutivo dentro de sus juntas directivas, legalizando prácticas de corrupción totalmente ilegítimas. Condoliza Rice, Dick Cheney, Ronald Rumsfeld y el resto de «halcones» del partido republicano se lucran personalmente con el negocio de la guerra otorgando concesiones comerciales a las grandes transnacionales.
Tras el alto el fuego, Israel exige el cumplimiento de la resolución 1559 de la ONU, que establece el desarme de Hizbulá. La fuerza moral de Israel es nula al exigir esto, ya que nunca ha cumplido ninguna resolución de la ONU, ni siquiera la de su fundación -la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1947, que recomendaba la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo régimen internacional particular-. A pesar de ello se agarró al deseo de la ONU de crear el Estado de Israel como argumento para dar legitimidad a su existencia. Entre las resoluciones incumplidas por Israel se encuentran además la 194, de 1948, que establece el regreso de los refugiados palestinos a sus hogares; la resolución 242, de 1967, que “exige la instauración de una paz justa y perdurable en Oriente Medio”, que pasa por “la retirada del ejército israelí de los territorios ocupados durante el reciente conflicto”; la resolución 3236, de 1974, que insiste en el regreso de los refugiados y el derecho de la autodeterminación del pueblo palestino; y, finalmente, la resolución 1701 de la ONU, de 2006, que establece un alto el fuego entre Hizbulá e Israel en Líbano. Además Israel ha hecho caso omiso a la resolución del Tribunal Penal Internacional de la Haya acerca de la ilegalidad del Muro que está construyendo en Cisjordania.
El genocidio en Gaza y Cisjordania del pueblo Palestino, junto al incumplimiento de todos esas resoluciones debería ser más que suficiente para pedir la disolución del Estado de Israel, armado por EEUU y sostenido económicamente con sus acuerdos comerciales con la UE, y el establecimiento de una estructura política binacional en la que palestinos e israelíes puedan vivir en paz, entre ellos y con sus vecinos. Los numerosos grupos pacifistas, antimilitaristas y noviolentos de la zona, tanto palestinos como israelíes, tanto árabes como judíos, deberían liderar ese proceso de transición hacia la paz en vez de enfrentarse a la represión y rechazo de los grupos armados.
Frente a estas violaciones, como el incumplimiento del último alto el fuego en Líbano, la comunidad internacional se mantiene impasible, especialmente EEUU y la Unión Europea, que prefieren proteger sus intereses (electorales, económicos, estratégicos...) antes que exigir a Israel, un estado ilegítimo, que cese su violación de los derechos humanos. Todos los intentos del Parlamento Europeo en este sentido, exigiendo que los acuerdos comerciales con Israel se suspendan hasta que este país deje de violar los derechos humanos, han sido paralizados por el Consejo Europeo. La voz de la ciudadanía europea, opuesta siempre a las guerras como ha quedado demostrado, no puede ser silenciada por sus propios dirigentes. Por eso es necesario que se anulen de los intercambios comerciales con Israel y la condena de sus actos de asesinato y vulneración sistemática de derechos humanos.
Por otro lado, Hizbulá tampoco ha cumplido la resolución 1559 de la ONU, de 2004, que establece su desarme, continúa controlando grandes zonas del territorio libanés y no tiene ningún problema en escudarse en población civil después de realizar sus ataques e incursiones en Israel. A causa de sus ataques dentro y fuera de Israel y de su apoyo ideológico a otras organizaciones como Hamas o Yihad Islámica, es considerado por Estados Unidos y por otros países occidentales una organización terrorista. La posición de la Unión Europea es incierta: mientras el Consejo Europeo no ha inscrito a Hizbulá como tal en su lista de organizaciones terroristas, el Parlamento Europeo aprobó el 10 de marzo de 2005 por mayoría aplastante (473 a favor, 8 en contra, 33 abstenciones) una resolución no vinculante que etiqueta a Hezbolá como organización terrorista. En el Líbano es un partido político reconocido que incluso ha llegado a formar parte del gobierno. Esta organización es la principal expresión política y militar de la comunidad chií libanesa, actualmente el grupo religioso más numeroso del país.
Tanto los ciudadanos libaneses como cada vez más israelíes están pidiendo el final de la guerra. Manifestaciones en Beirut, concentraciones en Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades israelíes, exigen el fin de las hostilidades. A ello se une la deserción de oficiales del ejército israelí que se han negado a invadir, ocupar y matar por un supuesto deber de obediencia. Reconocemos y apoyamos el valor de estos desertores e intentaremos que estos actos se sigan produciendo. Exigimos, junto a libaneses e israelíes, el final de la guerra más allá del mero alto el fuego y el establecimiento de una paz digna, no sólo en Líbano, sino también en Palestina. Exigimos a Israel el fin de su política militar genocida. Exigimos a la Unión Europea que establezca las sanciones a Israel establecidas por sus propios acuerdos hasta que cesen sus actos ilegítimos. Concretamente, nos oponemos enérgicamente al envío a la zona de tropas del ejército español y cualquier otro, pues solo servirán a intereses económicos y geoestratégicos de corporaciones empresariales transnacionales, y proponemos que la iniciativa en torno a la construcción de la paz sea otorgada a las numerosas organizaciones antimilitaristas y noviolentas de la zona.
Asamblea Antimilitarista de Madrid.