Sobre la «crisis aérea» y quién secuestró a quién

Este fin de semana, hemos visto como los medios de comunicación aplaudían la militarización de los aeropuertos y como la gente pedía el despido y la supresión total de derechos de los controladores aéreos. El propósito de este artículo no es discutir sobre quién tiene la razón en el pulso entre gobierno y controladores, sino analizar qué es lo que hay detrás de esta situación y cómo ha llegado a ocurrir, así como sus posibles consecuencias.

El conflicto surge en plena negociación de un convenio colectivo para los controladores aéreos. El martes anterior al puente, tanto el gobierno como USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) presentaron sus propuestas de convenio en la mesa de negociación. La principal discusión sobre este convenio eran las horas de trabajo, ya que los controladores exigían que las horas sindicales, las imaginarias (guardias), las licencias, las bajas por incapacidad laboral y las reducciones de jornada se incluyeran en el total de horas trabajadas.

Sin embargo, tres días después, el Gobierno dicta un decreto en el que se deniegan las exigencias sobre las horas de trabajo que exige USCA, y los controladores responden dejando de trabajar. Lo más curioso, es que el Gobierno dicta el decreto en el momento en que los controladores tienen poder de hacer más daño (y cabrear más a la población) y, sobre todo, en un momento extraordinariamente conveniente para el gobierno.

De esta manera, la ’crisis aérea’, desplaza de una posición de merecido protagonismo a las filtraciones de WikiLeaks en las que la diplomacia estadounidense dice cosas como que «Zapatero ha mostrado que cuando hay un asunto de particular importancia para el Gobierno de EE UU, puede ser dócil para trabajar con nosotros pese a la oposición interna», y da muestras de la obediencia del Gobierno de España ante EEUU en temas como los vuelos de la CIA, las causas judiciales sobre Guantánamo y el caso Couso o la ley antidescargas. Todo ello en un momento en el que, debido a su gestión de la crisis y los recortes sociales y laborales, el Gobierno está perdiendo el apoyo de su base electoral.

El desenlace del conflicto ya es bien sabido. Por primera vez desde la Transición, el Gobierno declara una especie de estado de excepción denominado ’estado de alarma’ en el que se suprimen una serie de derechos y se pone a trabajadores públicos bajo el mando de la ’Autoridad’ militar. Esta medida obliga a los controladores a volver a sus puestos de trabajo bajo la amenaza de ser acusados por sedición y desobediencia a los mandos militares que tomaron el control de la navegación aérea.

Los controladores se han equivocado, y probablemente ellos ya lo saben. El Gobierno les ha lanzado una provocación (poniéndoles en bandeja paralizar los vuelos del país durante el puente) y los controladores han entrado al trapo perdiendo (todavía más) el apoyo de la opinión pública y haciéndole el juego al Gobierno al desplazar de la escena mediática diferentes asuntos (WikiLeaks, crisis, privatizaciones, etc.). De paso, el Gobierno ha aprovechado para colgarse la medalla de haber solucionado la situación en 24 horas llevando a cabo inquietantes medidas de control social como es militarizar a un sector de la sociedad para juzgar por sedición a quien se niegue a trabajar. Y, para completar la jugada, los medios de comunicación ha contado su versión propagandística sobre cómo los controladores ’secuestraban’ al país casi como un capricho y el Gobierno rescataba la situación, mientras gran parte de la población aplaudía acríticamente.