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Primer capítulo de una investigación que documenta cómo España vulnera sistemáticamente la legislación comunitaria a la hora de exportar armamento .

 Una empresa española presidida por Josep Piqué produce los motores de los cazas saudíes que bombardean Yemen

Una empresa española presidida por Josep Piqué produce los motores de los cazas saudíes que bombardean Yemen

La ley europea y española prohíbe exportar armamento a países en guerra, pero el Gobierno de Rajoy autorizó a ITP Aero a mantener sus lazos con Arabia Saudí
La compañía del exministro y exportavoz del Ejecutivo de Aznar continuó la relación hasta como mínimo 2017, dos años después del inicio del conflicto armado

Pol Pareja

Los cazas saudíes que bombardean Yemen desde 2015 llevan un motor producido en parte por una empresa española, ITP Aero, presidida por el exministro y exportavoz del Gobierno de Aznar Josep Piqué. La empresa también lleva a cabo para el ejército de Arabia Saudí el mantenimiento de estos motores.

Esta relación comercial, previamente autorizada por el Gobierno de Rajoy, podría vulnerar la legislación europea y española sobre exportaciones de material bélico, que prohíbe a los Estados autorizar el envío de armamento a países inmersos en guerras o que vulneran los derechos humanos.

Contactada por este periódico, ITP Aero ha rechazado responder al cuestionario enviado por eldiario.es y ha contestado que «actúa con integridad y sigue la regulación de export control de manera estricta en todos sus negocios».

Según una investigación de eldiario.es junto a Lighthouse Reports, las relaciones comerciales de ITP Aero con esta dictadura se alargaron hasta como mínimo 2017, dos años después de que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes empezaran la guerra en Yemen contra los rebeldes hutíes apoyados por Irán. Existen indicios, sin embargo, de que la relación podría mantenerse hasta 2019.

Los bombardeos sobre posiciones civiles y las reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército saudí, ampliamente documentadas por la ONU, no han impedido que algunas empresas españolas hagan negocios con esta dictadura, a pesar de que países europeos como Alemania, Dinamarca y Países Bajos han optado recientemente por suspender la venta de armamento a Riad.

Un bombardero letal

El Eurofighter Typhoon es un avión de combate producido por un consorcio de empresas españolas, italianas, alemanas y británicas. Alcanza velocidades supersónicas y tiene capacidad para efectuar bombardeos aire-tierra y aire-aire. Puede llevar hasta 12 misiles y bombas.

Los gobiernos británicos, alemán y francés han reconocido que este caza se usa por las fuerzas saudíes para bombardear Yemen. Según una filtración de documentos de la agencia de inteligencia francesa DRM, Arabia Saudí ha llegado a realizar unas 120 salidas diarias con este avión hacia objetivos yemeníes desde tres bases distintas repartidas por el país.

Esta investigación periodística ha podido geolocalizar a estos cazas en las bases mencionadas así como otro Eurofighter saudí sobrevolando la frontera yemení en 2016 con material preparado para efectuar un bombardeo aire-tierra.
Un Eurofighter saudí a punto de despegar, geolocalizado en la base del Rey Fahad, en el oeste de Arabia Saudí, el pasado 23 de abril de 2019.

Un Eurofighter saudí a punto de despegar, geolocalizado en la base del Rey Fahad, en el oeste de Arabia Saudí, el pasado 23 de abril de 2019.

La compañía presidida por Piqué resulta vital para la producción de este caza. Tanto en su web como en informes anuales de la empresa -que pertenece al Grupo Rolls Royce- asegura que participa en el «diseño, fabricación, montaje, ensayos y soporte en servicio» del motor de estos aviones, el EJ200.

También afirma que la compañía «realiza el mantenimiento de los módulos de los que es responsable de diseño para Austria, Arabia Saudita, Omán, Kuwait y Catar». En el reporte anual de 2017 de Rolls Royce, el grupo propietario de ITP Aero, también se confirma que la empresa produce los EJ200 para Arabia Saudí.
Dos cazas saudíes geolocalizados en la base del Rey Khalid, situada cerca de la frontera con Yemen, el pasado 10 de julio de 2019.

Dos cazas saudíes geolocalizados en la base del Rey Khalid, situada cerca de la frontera con Yemen, el pasado 10 de julio de 2019.

Según la documentación de ITP Aero, la relación comercial con la dictadura saudí se alargó como mínimo hasta 2017, año en el que se entregaron los últimos Eurofighter a este país. Sin embargo, en otro informe de la empresa publicado en 2019 sobre los resultados no financieros del año anterior, el régimen de Riad sigue apareciendo en una infografía como uno de sus clientes internacionales del motor EJ200. Piqué fue elegido presidente del consejo de administración a finales de 2017.

Middle East Propulsion Company (MEPC), una empresa saudí que lleva a cabo servicios de mantenimiento para aviones militares, aseguró en su cuenta de Twitter el pasado febrero de 2019 que varios trabajadores se desplazaban a las dependencias de ITP Aero en España para realizar una formación centrada en el mantenimiento del motor EJ200. En marzo de 2018, Arabia Saudí firmó un memorándum de interés para intentar adquirir 48 cazas Eurofighter más para su ejército.

Exportación previa a Reino Unido

Los motores producidos en la empresa de Piqué, cuya sede está en Zamudio (Bizkaia), son exportados al Reino Unido, donde se montan en el Eurofighter para después ser trasladados a Arabia Saudí. Según datos de la Secretaría de Comercio, las exportaciones españolas a Reino Unido de componentes para el caza Eurofighter superan los 451 millones de euros, solo entre 2015 y 2017.

A pesar de que la empresa exporta previamente a Reino Unido, la normativa sobre exportación de armamento del Consejo de la UE, aprobada en 2008 y legalmente vinculante, establece que las licencias de exportación «se concederán únicamente cuando exista conocimiento previo fiable del uso final en el país de destino final». También dice que los Estados deberán tener en cuenta «el uso potencial del producto acabado en el país de producción y el riesgo de que se pueda desviar o exportar el producto acabado a un destinatario final no deseado».

La misma legislación señala que los Gobiernos «denegarán la licencia de exportación cuando exista un riesgo manifiesto de que el receptor previsto pueda utilizar la tecnología o los equipos militares» para «agredir a otro país o para imponer por la fuerza una reivindicación territorial». El mismo texto añade que otro motivo para denegar una exportación es la «existencia del riesgo de que la tecnología o el equipo militar se desvíen dentro del país comprador o se reexporten en condiciones no deseadas».

El hecho de que los materiales exportados sean componentes de un motor de un caza y no armas en sí mismas tampoco exime de cumplir la legislación comunitaria. Los «motores aeronáuticos de propulsión» y los «componentes diseñados especialmente para ellos» también están incluidos en la lista común de material militar de la UE.

También la legislación española (ley 53/2007) establece que se deben denegar las licencias de exportación cuando los materiales «puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional» o «en situaciones de violación de derechos humanos».

La pujanza española en el sector bélico

España es el séptimo país que más armas exporta en todo el mundo. La importancia de este sector se ha ido multiplicando durante los últimos años hasta el punto de que, desde 2004, las exportaciones y autorizaciones de venta de armamento se han multiplicado por 10.

El mayor aumento, que coincide con la llegada de Mariano Rajoy al Ejecutivo, se da a partir de 2012 y alcanza su pico en 2017, cuando las autorizaciones para exportar armamento superaron los 21.000 millones de euros, multiplicando por cuatro las de 2016. Los datos completos de 2018 todavía no se han hecho públicos.

La pujanza de España en este sector, sin embargo, ocurre a costa de vulnerar en muchas ocasiones la legislación europea y española sobre venta de armamento, que prohíbe exportar a países en conflicto, a gobiernos que vulneren los derechos humanos e incluso a países que pudieran exportar ese material a otros Estados donde ocurren los supuestos mencionados anteriormente.

Quien toma la decisión en España sobre a qué lugares se pueden exportar armas es un organismo llamado Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMMDU), integrada por representantes de los ministerios de Industria, Turismo y Comercio, de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa, de Economía y Hacienda y de Interior. Las reuniones son a puerta cerrada y las actas son secretas e inaccesibles.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al que está adscrito la JIMMDU, no ha querido hacer ningún comentario para este reportaje.

El Diario

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