Venezuela: Las venas siguen abiertas (Rafael Uzcátegui)

En Venezuela la izquierda y la derecha coinciden en un aspecto: Es un país con amplias riquezas petroleras y mineras que hay que vender lo más rápido posible, olvidando las consecuencias sociales y ambientales de profundizar el modelo de desarrollo basado en el extractivismo.

A pesar que es el país latinoamericano con mayores reservas de petróleo y gas, en Venezuela no existe un debate sobre la contaminación de la industria energética o la presencia de compañías trasnacionales como existe en el resto del continente. El reciente “Informe sobre extractivismo en Venezuela”, elaborado por la iniciativa Laboratorio de Paz, es el primer documento que intenta visibilizar de manera sistemática llos diferentes problemas generados por la industria que sostiene la economía del país.

El programa de gobierno del presidente Nicolás Maduro, denominado “Plan de la Patria 2013-2019”, contiene el objetivo de duplicar el petróleo y gas extraído y comercializado, hasta alcanzar 6 millones de barriles diarios y 12 millones de pies cúbicos diarios respectivamente. La misma propuesta, no obstante, está incluida en las propuestas de los partidos políticos opositores al proyecto bolivariano.

La actividad extractiva es realizada por el Estado venezolano. En el caso de petróleo y gas coordinados por la compañía Petróleos de Pdvsa (PDVSA), que según su sitio web es la cuarta empresa a nivel mundial y la primera a nivel latinoamericano2. PDVSA se asocia con otras empresas energéticas (por ejemplo Chevron Repsol, ENI, BP…) para la explotación de los diferentes yacimientos a través de una modalidad de negocios denominada “empresas mixtas”, donde el Estado conserva la mayoría accionaria de, por lo menos, el 51%. Desde 1999 la ampliación de la actividad petrolera se realiza sin cumplir dos requisitos establecidos en la Constitución: La realización y difusión de estudios de impacto ambiental, en primer lugar, y la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas. Un tercer derecho afectado ha sido la demarcación de los territorios indígenas para ser entregados a las comunidades. El pasado mes de noviembre la Coordinadora de Organizaciones Indígenas del Amazonas Venezolano (COIAM) denunció que apenas se había demarcado y entregado el 12% de los territorios.

Militarismo y extractivismo

En el estado Zulia, territorio de la etnia wayúu –que representa el 52% del total de población indígena del país- se vive un proceso de militarización desde diciembre del año 2010 como consecuencia de la creación del llamado “Distrito Militar número 01”. Los indígenas, quienes practican el comercio binacional desde hace décadas, están siendo acusados de contrabandistas. El Comité de DDHH de la Guajira –una organización con 15 años de trabajo en la zona- ha contabilizado 13 presuntos ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practicados por efectivos militares. Además, las organizaciones regionales señalaron a Laboratorio de Paz que 760 indígenas Wayúu están siendo procesados en tribunales, acusados de “contrabandistas”, detenidos en condiciones de hacinamiento en una cárcel con capacidad para 300 personas. Según los propios líderes indígenas la militarización busca crear condiciones favorables para la construcción de infraestructura para proyectos de megaminería: “El Estado nos está gobernando militarmente por una razón: Pararú, que es parte de un puerto de aguas profundas con el que se gastará menos para el transporte y embarque de carbón”.

Los militares también realizan, directamente, actividades de minería en territorios indígenas. En el Parque Nacional Gran Sabana soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana extraían oro de manera ilegal, ocasionando la resistencia de las comunidades indígenas pemón. En dos ocasiones, diciembre de 2011 y febrero de 2013, son desarmados y detenidos por una multitud de indígenas en una de las acciones directas no violentas más inspiradoras que han ocurrido en Venezuela en los últimos años.

Guerrilla minera

La COIAM ha denunciado que “garimpeiros” ilegales provenientes de Brasil, junto a grupos irregulares de la guerrilla colombiana así como venezolanos, practican la minería ilegal destruyendo una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo en busca de oro, diamantes y coltán. Survival International, calcula que hasta 4.000 mineros ilegales -o garimpeiros- actúan en la zona. El Gobernador del estado indígena de la etnia Baniva afirmó La explotación ilegal de oro se hace de alguna manera con el beneplácito de las Fuerzas Armadas: Cuando los indígenas se quejan, inmediatamente

son reprimidos. La deforestación a causa de la minería ilegal en la amazonia venezolana se estima en 1.100 km2 al año.

En diciembre de 2014 la Organización de Mujeres Indígenas de Autana (OMIDA), estado Amazonas, denunciaron la presencia de miembros de la guerrilla colombiana en su territorio quienes, “protegen a los mineros ilegales, utilizando la coerción, amenaza y amedrentamiento como táctica para generar miedo y contribuir al desplazamiento de las comunidades indígenas”. En su pronunciamiento denunciaron, además, que los grupos identificados como miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reclutan a niños indígenas y que su presencia les impide desplazarse a sus lugares sagrados. Similares denuncias han sido realizadas por organizaciones indígenas del estado Bolívar.

China: El imperio tras la mina.

Sin discusión, consulta o participación en febrero 2013, el ejecutivo nacional aprobó la prospección y mapeo de las reservas mineras de todo el país con la estatal China Citic Group. La empresa China informó que junto al acuerdo de prospección había recibido la concesión de explotación de la mina de oro “Las Cristinas”, ubicada en lo que hasta el año 1997 era la Reserva Forestal Imataca. El propio presidente Nicolás Maduro informó a través de su cuenta twitter @nicolasmaduro: “La reunión con la empresa Citic ha sido muy importante (…) Acordamos desarrollo agroindustrial e inversión petrolera. Además de un mapa minero y la explotación de las Cristinas”. El 18 de noviembre de 2014 el Ejecutivo Nacional publicó el decreto 1.425 que autoriza la creación de las llamadas “Zonas Económicas Especiales” para atraer inversiones asiáticas, con énfasis en actividades extractivas.

Rafael Uzcátegui, Laboratorio de Paz

Si desea consultar el informe (en español) “Extractivismo en Venezuela”, visitar http://laboratoriosdepaz.org/

Declaración de la Red Latinoamericana Antimilitarista por el día mundial de acción contra el gasto militar