Los dos activistas que fueron juzgados tras ser acusados por la Ertzaintza de una falta grave de desobediencia tras trepar y encadenarse a los muros del Gobierno Militar de Bilbao, finalmente han sido absueltos de una petición de multa de 700 euros a cada uno en sendas sentencias pronunciadas por las magistradas de los juzgados de instrucción 3 y 4 de Bilbao.
Durante aquella acción cuatro activistas se subieron a los muros del cuartel militar de Juan de Garay y desplegaron dos pancartas. En una se leía: «Gasto militar: 43.000 millones €» y en la otra: «#EragozpenFiskala #ObjecionFiscal», acompañada de un gráfico que comparaba el costo de un tanque Leopard con el de seis colegios. Desde entonces, este gasto ha aumentado de manera alarmante, alcanzando los 60.576,75 millones de euros en 2023.
La acción por la que las activistas fueron denunciadas se enmarcaba en la campaña de objeción fiscal al gasto militar (#EragozpenFiskala). Este acto de desobediencia civil consiste en dejar de pagar una parte de los impuestos que el Estado destina al ejército, redirigiendo esa cantidad hacia iniciativas transformadoras y solidarias al realizar la declaración de la renta en la campaña que está a punto de finalizar.