Gernika: 70 años después

El 26 de abril de 1937 la aviación alemana bombardeó Gernika hasta
reducir la villa a escombros. Como el propio H. W. Goering manifestaría
años más tarde ante Maier y Sander en el juicio de Nüremberg, fue un
experimento. El objeto del ataque era comprobar la eficacia de la
aviación alemana: concretamente, valorar el daño material que un ataque
de esa naturaleza podía llegar a causar sobre una población de alrededor
de 8.000 habitantes en las mejores condiciones climatológicas y tácticas
(una ciudad abierta, sin dispositivos antiaéreos); cronometrar el tiempo
en que se podía llevar a cabo y estudiar el rendimiento de tal acto; y
la productividad de una masacre se estima en virtud del porcentaje de
muertos sobre el total de la población. Hablamos de víctimas civiles
todas ellas, en su mayoría ancianos y menores de edad. Por ello se
eligió que el día del ataque fuera un lunes, día de mercado en Gernika,
lo cual garantizaba una presencia mayor de habitantes en el exterior. La
estrategia del bombardeo estuvo asimismo tasadamente calculada a fin de
causar el mayor número posible de víctimas mortales.

Escudándose en el principio político de no injerencia en los asuntos
internos de un Estado, el Comité internacional de No-Intervención
procuró, desde un principio, subrayar el carácter civil y español del
conflicto. La prensa secundó dicha formulación y la historiografía
oficial continúa utilizando el término Guerra Civil española. Si bien
todos y cada uno de los pilotos que participaron en la masacre eran o
alemanes o italianos. Narciso Bassols e Isidro Fabela, representantes
del Gobierno mexicano en el seno de la Sociedad de Naciones, denunciaron
ante la Asamblea que la tesis del Comité de No-Intervención, que la
guerra en la Península era un conflicto civil, era falso. Por el
contrario, el Gobierno británico, árbitro del citado Comité, procurando
evitar que la difusión de los detalles del bombardeo provocase una
guerra mundial a destiempo, rubricaba el Acuerdo italo-británico en
abril de 1938, en virtud del cual las tropas italianas abandonarían la
Península Ibérica al final de la contienda a cambio del reconocimiento
de la soberanía italiana sobre Abisinia. A un mismo tiempo, Anthony
Eden, ministro de Exteriores británico, debía poner en duda la autoría
del bombardeo, sin negar por otro lado del todo los hechos. Eden dimitió
en protesta y por vergüenza. Sería rápidamente sustituido por Lord
Halifax, a quien no incomodó añadir a lo anterior la firma del Tratado
de Múnich con el régimen nazi el 29 de septiembre de 1938. Todos mentían
en aquel comité, cuya propia denominación era una gran farsa. Nadie
sería juzgado por el bombardeo de la población vasca.

Y de mano de la mentira llegó la guerra, porque adulterando la
naturaleza de los asuntos políticos no se solucionan los conflictos
humanos, simplemente se dilata en el tiempo su solución. El Comité de
No-Intervención no detuvo la guerra, ni evitó los sucesos de Durango y
Gernika. Más adelante sufrirían los habitantes de Londres y Liverpool
los efectos de los experimentos nazis en suelo vasco; Churchill,
político pragmático, no logró evitar el derrumbamiento del Imperio
Británico. Su estrategia no le permitió ganar la guerra sino, a lo sumo,
participar de la victoria. La ’realpolitik’ de la clase gobernante de la
segunda mitad de siglo XX no condujo, en fin, a la obtención de los
objetivos fijados con anterioridad al conflicto mundial y no evitó la
muerte de millones de personas entre 1936 y 1945.

Durango, Gernika y Otxandio constituyen tres expresiones sangrientas del
conflicto político vasco, víctima asimismo de la llamada política
pragmática, sustentada las más de las veces en falsedades zurcidas por
sistemas autoritarios o totalitarios, alejados en cualquier caso de la
voluntad popular. Desde 1789 no existe una sola generación de vascos que
no haya conocido la guerra y el exilio ligados directamente a razones de
orden político. Y, a pesar de todo ello, hay en España quien se aventura
a negar la mera existencia de un conflicto político vasco. Y se
resuelve: el pueblo vasco es un pueblo violento. Una mentira más,
causante de la dilación del conflicto y de la perpetuación de la
injusticia, y también sufrimiento, en nuestro país.

Los sucesivos gobiernos españoles, en los que ha primado lo pragmático,
han renunciado a actuar sobre el conflicto político vasco de forma
directa, mediante el diálogo y la consulta popular. Un sector importante
del pueblo vasco desea afirmarse como una nación soberana; si este
sector es o no mayoritario es algo que sabremos cuando el pueblo sea
consultado. Pero no consultar al pueblo no va a hacer variar su opinión.

Sustentar un principio político por encima de los derechos humanos
significa, entre otras cosas, impedir el ejercicio del derecho a votar
en referéndum cuál debe ser el estatus político de nuestro pueblo. Y
supone asimismo afirmar y reafirmar todo aquello que nos aleja de la
resolución del conflicto: que España es una nación y no un Estado
plurinacional; que los ciudadanos vascos son o españoles o franceses;
que no existe un conflicto político vasco y, por ende, que no hay lugar
para una solución política al conflicto fruto de una negociación; los
vascos han de saber hablar, leer y escribir en castellano o en francés
y, si lo desean y dependiendo de dónde residan, también en euskara (pero
no en todos los órdenes de la vida). Sobre todo ello, se rubrica,
utilizando los mismos pretextos esgrimidos por los sectores más
reaccionarios de siglos anteriores dirigidos a evitar el sufragio
universal, la libertad de credo, la igualdad de sexos u otros derechos
de la persona, que no conviene dotar al pueblo vasco del derecho de
libre determinación, ni permitir el diálogo como medio de resolución del
conflicto. Que es preferible ser realistas, que en ocasiones consultar
de forma directa al pueblo puede crear desequilibrios y divisiones, que
es preferible dedicarse a solucionar los problemas reales de esta
sociedad y, que sean cuales sean éstos, no deben sobrepasar el principio
de unidad del Estado: confundiendo éste con ’las reglas del juego
democrático’. Pero, suscribimos, la democracia no es un juego, ni los
derechos de la persona deben tener límites impuestos por principios
políticos.

A 70 años de los bombardeos de Gernika, Durango, Otxandio y otros muchos
lugares vascos y no vascos, la clase política española debería saber hoy
madurar sus reflexiones y la ciudadanía española, valorar si no es
preferible construir un Estado de Derecho en el que se respeten las
decisiones de los ciudadanos que lo componen sobre el único fundamento
del bienestar común, antes que continuar apuntalando la idea de un
Estado monárquico indivisible, sustentado más allá de los valores y las
vidas humanas; una idea que no es compartida por muchos españoles,
catalanes, gallegos y vascos. Resulta ciertamente difícil comprender que
siendo el conflicto político vasco, como muestran las encuestas, una de
las principales preocupaciones del pueblo y del Gobierno español, se
niegue su existencia, se opongan tantas trabas a su resolución o se
apueste abiertamente desde algunos sectores políticos por la negación
del diálogo como vía de resolución de los conflictos humanos.

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