Cuestión nº 11. El ejército no es una institución democrática y, por ello, no tiene cabida en una sociedad libre y democrática

Grup Antimilitarista Tortuga

Tortuga continúa con su réplica a «Las claves del porqué», autoditirambo publicado por el ejército. En este caso respondemos a las ideas expresadas en su capítulo undécimo: «El Ejército no es una institución democrática y, por ello, no tiene cabida en una sociedad libre y democrática», que copiamos íntegramente más abajo. Asimismo, expondremos las dudas que nos genera un documento que, para ser debatido en profundidad, debería ser algo más preciso.

Exponemos a continuación las tesis del artículo y nuestra respuesta:

a: Comenzamos con la idea principal. El ejército se presenta como «una estructura jerarquizada, disciplinada y con una línea de mando bien definida» que ejerce «el monopolio del uso legítimo de la fuerza emanado del poder civil» a favor de la sociedad y que, por tanto, hace viable el carácter libre y democrático de esta.

Respuesta: Consideramos que, a partir de unas premisas no del todo ciertas y muy azucaradas, se extrae una conclusión nada fundamentada.

No negaremos que el ejército se organiza de manera jerárquica ni que, como parte del estado, goza del monopolio del uso de la fuerza. Ahora bien, querer hacer creer que ese monopolio es legítimo y que se ejerce en beneficio de la población es querer hacer comulgar con ruedas de molino.

¿Por qué disfruta el estado del monopolio de la violencia? ¿Por qué —tal y como expresa el documento al que respondemos— este emana del poder civil? ¿Cómo se puede justificar un monopolio de la violencia en una sociedad democrática? ¿En qué momento ha otorgado el pueblo ese privilegio al estado?

Las únicas respuestas que se nos ocurren son de naturaleza contractualista: en un determinado momento las gentes concedieron libremente este poder al estado para que asegurara un sistema democrático. La cuestión es que, como tantas teorías, el contractualismo sirve para legitimar todo lo que se le ocurra al poder, pero es falso.

¿En qué momento se firmó ese contrato? ¿Fue en el 78? ¿Se planteó en algún momento que no existiera un monopolio de la violencia? ¿O se impuso en el texto como un banco impone los intereses? ¿Cuánta gente entre la que padece la constitución del 78 la pudo votar?

Que desde un panfleto del ejército se defina como «legítimo», no ya el uso, sino el monopolio estatal del empleo de la violencia no debe sorprender a nadie. Ahora bien, lo que pedimos, al menos, es que se nos cuente de dónde emana esa legitimidad. Parece que del pueblo no. Y, si no procede del pueblo, nada puede tener de democrática.

Todavía podríamos pensar que, aunque no pueda demostrar un origen democrático, ese monopolio de la violencia se ejerce al servicio de la gente, como la vigilia de un ave en un nido que nunca deberá ser abandonado por los polluelos. Tampoco parece el caso. En capítulos anteriores hemos desarrollado con detenimiento la idea de que lo que realmente busca el estado español en sus intervenciones militares es ejercer de sicario de potencias mayores en su propio beneficio y en el de sus grandes empresas, no en el de las gentes de ningún lugar.

El contraste de las premisas presentadas (el desempeño legítimo del monopolio de la violencia y su empleo en beneficio de la sociedad) con la realidad demuestra que la conclusión extraída de estas (que el ejército garantiza la existencia de una sociedad libre y democrática) es un salto al vacío sin ningún sentido.

b: El texto muestra también ciertos rasgos de la estructura y la labor militar. Así, se nos presenta la similitud entre el ejército y las organizaciones «del ámbito empresarial o corporativo»; la pérdida de determinados derechos constitucionales entre los miembros de las fuerzas armadas; o el peligro en el que los soldados ponen su vida, el cual haría necesario el «uso de la fuerza».

Respuesta: Las dos primeras características no harían más que definir el perfil de una estructura que ya se nos ha presentado como jerárquica y disciplinada y, añadimos, no democrática.

Parece difícil defender que en una empresa privada exista la democracia. Parece más difícil aún hacerlo con una organización que niega ciertos «derechos constitucionales», como el de reunión o asociación, a sus miembros. Aun así —y teniendo en cuenta que en el documento que contrargumentamos en ningún momento se defiende que el funcionamiento interior de las fuerzas armadas sea democrático— lo que nos interesa es demostrar que esta sociedad, cuya teórica defensa se arrogan estado y ejército, no es, en absoluto, democrática.

Si entendemos la democracia como aquel sistema en el que las personas pueden participar en la gestión y solución de los asuntos que les afectan, podemos extraer fácilmente la conclusión de que nuestra constitución, al igual que cualquier otra, no es el fundamento de ningún sistema de este tipo.

¿Cómo se defiende que votar cada cuatro años supone participar en la solución de los asuntos que nos afectan? ¿Puede existir una democracia para 47 millones de personas?

Además, aunque respondamos de forma afirmativa a ambas cuestiones, entendemos que quien pasa ocho horas diarias (seamos optimistas) sometido a la jerarquía de una empresa o de las fuerzas armadas, difícilmente puede pensar que su cotidianidad está definida por la democracia.

Más aún, la simple existencia del capitalismo y las desigualdades sociales hacen imposible pensar en una sociedad en la que todas las personas tengan el mismo peso en la toma de decisiones y la misma libertad para actuar.

Por otro lado, en la tercera característica expuesta se vuelve a hacer mención, como en tantos capítulos precedentes, al riesgo que supone para la vida (de quien la ejerce) la labor militar. Ello exigiría el uso de la violencia.

Pareciera que mineros, camioneras, albañiles o ciclistas no padecen ningún riesgo. La siniestralidad laboral es una realidad que afecta a toda la población obrera. Y, por cierto, apostamos a que la mayoría de las personas no trabajan con un arma en la mano.

c: Tampoco faltan en el documento referencias al papel que las fuerzas armadas jugarían en el estado: el ya rebatido servicio a un sistema democrático, la defensa «de los intereses nacionales subordinados al poder civil», la jefatura del rey, su obediencia al gobierno, la misión encargada por el artículo 8 de la constitución…

Respuesta: Si bien es incuestionable que el ejército es parte de la estructura estatal y de poder, no lo son algunas afirmaciones del documento que adolecen de inexactitud, exceso de maquillaje o ausencia de verdad.

¿Qué «intereses nacionales subordinados al poder civil» defiende el ejército? La nación es la población autoconsciente con una idea común de cultura o sometida al poder de un mismo estado. Se reconoce explícitamente en el texto que el poder está por encima de las personas. Pero, además, ¿de qué intereses de la población es el ejército garante? ¿Existe la nación? ¿Son comunes los intereses de nación y poder?

Abordamos el contenido del mencionado artículo 8 de la constitución. Según este, las fuerzas armadas «tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Soberanía, territorio, constitución. Tres realidades —más allá del brindis al sol que supone aquello de que «la soberanía nacional reside en el pueblo español»— que no son más que fundamentos del poder estatal. De ese poder cuya defensa depende del ejército y en el que, como sabemos, no participa la gente de a pie.

Por último, y para no extendernos demasiado, no analizaremos la relación entre ejército y gobierno, pero invitamos a las gentes curiosas a que investiguen el asunto en los libros de historia.

En definitiva, admitimos —tal y como se presenta en «Las claves del porqué»— que las fuerzas armadas son una estructura vertical y disciplinada, pero negamos que sean la garantía de una sociedad «libre y democrática».

Además… ¿Una organización de estas características puede proteger una sociedad deseable? ¿«El medio está en el fin como el árbol en su semilla»?

CUESTIÓN N.º 11. El Ejército no es una institución democrática y, por ello, no tiene cabida en una sociedad libre y democrática

Por definición, un ejército -y en ese término genéri­co englobamos a los tres que constituyen nuestras Fuerzas Armadas- es una institución integrada por un conjunto de personas organizadas y equipadas dentro de una estructura jerarquizada, disciplinada y con una línea de mando bien definida para el cumplimiento de misiones específicas, con el monopolio del uso legíti­mo de la fuerza emanado del poder civil en beneficio de la sociedad a la que sirven. Son precisamente los ejércitos los que, por esta razón, posibilitan la existen­cia de una sociedad libre y democrática.
Hasta cierto punto su organización guarda similitu­des con cualquier otra del ámbito empresarial o cor­porativo; el factor diferencial reside en el hecho de que los militares asumen poner sus vidas en juego en el cumplimiento de la misión encomendada, que en ocasiones puede hacer ineludible el uso de la fuerza.
Ante este factor tan singular se precisan mayores dosis de disciplina y exigencia en el cumplimiento de las órdenes recibidas que en el resto de organismos e instituciones del Estado.
Es indudable que los ejércitos deben entregarse al servicio de los intereses nacionales subordinados al poder civil. Si bien por su propia idiosincrasia no cuentan con una estructura democrática -puesto que las decisiones no se toman por mayoría ni de forma colegiada- están al servicio de un sistema democrático.
Nuestro sistema político espera de nuestros ejércitos no sólo el cumplimiento de la misión que les asigna la Constitución en su artículo 8, sino también la elabo­ración de una doctrina militar que, como pensamiento estratégico, sirva para el mejor cumplimiento de los cometidos asignados, permaneciendo subordinados al Gobierno, el cual tiene como competencia la dirección de la administración militar según el artículo 97 de nuestra Constitución.
Los miembros de las FF.AA son servidores públicos que renuncian a algunos derechos constitucionales para estar al servicio de los ciudadanos y que actúan a las órdenes del Gobierno a través de la autoridad del ministro de Defensa y bajo la suprema jefatura de S.M el Rey. Por todo ello no solamente tienen cabida en una sociedad democrática, sino que constituyen la esencia y garantía de su existencia.

Ver también:

0-Las claves de la apuesta por un mundo sin ejércitos. Respuesta al prólogo del argumentario militar.
https://antimilitaristas.org/Las-cl...

Cuestión nº 1. Las inversiones en defensa van en detrimento de las correspondientes a sanidad y educación.
https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº 2. La inversión para la adquisición de los nuevos vehículos blindados 8x8 detrae recursos para gasto social.
https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº3. Los gastos en armamento y sistemas de defensa en España son inútiles, pues no se emplean en guerras y llegan a ser obsoletos sin haber sido utilizados realmente:
https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº4. El gasto militar en España es un gasto absurdo si se forma parte de alguna organización defensiva supranacional:
https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº5. Con el importe de un carro de combate Leopardo podrían adquirirse 440 respiradores:
https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº6. El ejército no puede vencer pandemias ni evitar catástrofes:
https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº7. España no tiene ninguna amenaza directa que la ponga en riesgo de un conflicto que haga necesario tener unas Fuerzas Armadas:
https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº 8. Los ejercicios, maniobras y actividades de instrucción militar causan agresiones al medioambiente, contaminan y dañan la flora y la fauna en los campos de tiro y maniobras y zonas de instrucción:
https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº 9. El ejército no debiera tener presencia en espacios educativos o de ocio infantil con la excusa de que es una profesión más: https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº 10. El ejército no puede participar en procesiones y otras manifestaciones de carácter religioso: https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº 12 (última). La participación militar en la resolución de conflictos, lejos de solucionar el conflicto, genera nuevos problemas: muertos, refugiados, violaciones, etc.: https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Hemeroteca de Insumissia: Mentiras para justificar el ejército español (del 1 al 10):
https://antimilitaristas.org/Mentir...